Ofensiva. La curia advierte que la medida pondrá en riesgo la educación católica y los programas sociales de ayuda a los pobres en manos de esa entidad.
MISA • Un sacerdote celebra una misa en Quillacollo, Cochabamba, durante la fiesta de Urkupiña.
La Razón
El MAS planea cobrar tributo por las misas
De aprobarse el texto constitucional, la Iglesia Católica perdería privilegios. Los campesinos le piden al Cardenal redistribuya las tierras que posee. El clero asegura que el Gobierno confronta.
El Movimiento al Socialismo (MAS) pretende que el Estado cobre impuestos a la Iglesia Católica hasta por las misas que oficia a solicitud de sus fieles. Desde Santa Cruz, el vocero del Arzobispado, Marcial Chupinagua, respondió que eso no les preocupa y criticó al Gobierno por su actitud de confrontación.
“Hay que separar la parte lucrativa de la parte de la fe y del trabajo social que pueda realizar la Iglesia. Dudamos, porque no sabemos cuál es el trabajo social que realiza, porque todo cuesta plata”, cuestionó el subjefe de bancada del oficialismo, Jorge Silva, al anticipar el cambio en la relación con el clero.
El anuncio se dio en momentos en que el gobierno de Evo Morales acentuó sus diferencias con el cardenal Julio Terrazas, a quien acusó de hacer actividad política por sus declaraciones sobre la situación del narcotráfico en Bolivia. Ayer, el Cardenal recibió la solidaridad de los cívicos cruceños y del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
De aprobarse el texto constitucional en enero, “la Iglesia Católica dejará de ser la religión oficial del Estado y, en consecuencia, perderá privilegios y, como prestadora de servicios, por ejemplo deberá pagar impuestos”, insistió el legislador.
“¿Cuánto cuesta un bautizo, un cabo de año, una misa de salud?; el cura no hace nada gratis. Las iglesias, especialmente la Católica, de un tiempo a esta parte se han transformado de asociaciones civiles sin fines de lucro a empresas prestadoras de servicios”, cuestionó Silva.
Según Chupinagua, cualquier cambio en su relación con el Estado deberá pasar por la modificación de los concordatos que se firmó con el Vaticano, aunque anticipó que los anuncios “no les quitan el sueño”, y atribuyó al Gobierno la “dinámica de atemorizar, amedrentar y presionar”.
“¿Cuánto tiempo de paz ha ofrecido el partido de Gobierno y el Ejecutivo desde que ha estado en el poder? ¿Cuánto tiempo de paz ha habido para el país, de convivencia pacífica sin que haya habido una inducción a la confrontación, a la búsqueda de provocación y enfrentamiento?”, criticó desde el Arzobispado.
Aunque se declaró católico, el dirigente de los campesinos y aliado del Gobierno Isaac Ávalos criticó al Cardenal por “estar mal ubicado” y le exigió “devolver las tierras que ellos tienen, a los hermanos indígenas, al movimiento campesino”.
Mientras el dirigente colonizador y líder de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, aseguró ayer que, si la jerarquía del clero no cambia de actitud, “él (Cardenal) se lo está buscando y el pueblo lo observará”.
Silva dijo ayer que el próximo año se “reglamentará el culto en Bolivia”, de tal manera de fijar reglas para que las instituciones religiosas que lucren, entre ellas las protestantes, tributen.
Diferentes organizaciones religiosas cruceñas y de El Alto expresaron su respaldo al Cardenal. El ex vicepresidente Cárdenas dijo que “él (Cardenal) está bastante sorprendido y preocupado” por los ataques a su persona.
El diputado Silva anticipó que “no nos preocupa” la relación con la Iglesia y no cree que haya problemas en la relación con el representante del Vaticano y decano del Cuerpo Diplomático, Giambattista Diquattro.
Puntos de vista
“Hay libertad de culto en el país”
JORGE SILVA. Diputado del MAS
“Una vez que la Iglesia Católica deja de ser la oficial, deja de tener privilegios. La Iglesia Católica se constituye como cualquier otra iglesia que existe en el país, como Ekklesía, Poder de Dios, Cristo Viene y otras. No afectará las relaciones con la Iglesia, porque no la estamos expulsando; simplemente que le estamos dando un nivel horizontal con las otras iglesias que existen en el país. Es más, garantizamos el libre culto.
La relación es de Estado a Estado
MARCIAL CHUPINAGUA.
Vocero del Arzobispado de SCZ
“Las cosas que se dan a nivel de la Iglesia están en nivel diplomático de acuerdos y concordatos con la Santa Sede, de Estado a Estado; entonces, a nosotros no nos tienen que alterar el orden del trabajo que hacemos, sino que ahí, de Estado a Estado tienen que darse esos acuerdos. Estas cosas no dependen ni del Cardenal, ni de nosotros; esto se hace de Estado a Estado y ahí, en La Paz, está el Nuncio Apostólico de Su Santidad.
El MAS planteará que la Iglesia no goce de exención tributaria
La entidad señala que este anuncio es injusto porque afectaría su labor social
Propiedad: la Universidad Católica, en la zona de Obrajes de La Paz, pertenece a la Iglesia
La Prensa
Actualmente, el Estado reconoce los privilegios impositivos por la labor social que realiza en el país.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que alista un proyecto de ley para que las “instituciones lucrativas” que dependen de la Iglesia Católica, como la Universidad Católica Boliviana (UCB), dejen de gozar de las exenciones tributarias como ocurre en la actualidad. La institución eclesiástica aludida considera que esta propuesta es injusta.
El jefe de bancada en Diputados del partido oficialista, César Navarro, dijo ayer que debe existir una norma que defina el pago obligatorio de impuestos de todos los ciudadanos e instituciones, incluyendo dependencias de la Iglesia que supuestamente tienen fines de lucro.
“Tenemos que tener la obligación de ampliar los ingresos del Estado para que exista una mayor distribución social de los excedentes económicos”.
Navarro aclaró que aún no se tiene preparada la norma porque actualmente la preocupación del MAS es la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
“Pasados los referendos (del 25 de enero) se va a discutir y analizar con mucho cuidado, y con la participación de todos los actores involucrados”.
Bajo el mismo criterio, el subjefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Jorge Silva, fue más allá. Sostuvo que “ninguna iglesia o templo” paga impuestos y que están obligados a hacerlo porque “están ocupando un espacio geográfico. La Alcaldía tiene que cobrarles impuestos como hace con cualquier ciudadano”.
Agregó que, una vez se apruebe el proyecto de Constitución, el MAS pedirá al Gobierno del presidente Evo Morales que rompa los convenios que tiene con la entidad religiosa, en especial en temas de educación.
De aprobarse el documento constitucional, el catolicismo dejará de ser la religión oficial.
La propuesta de Silva, sin embargo, no es apoyada por Navarro, quien aseguró que “no se perderá ningún convenio”, y que más bien estos acuerdos se constitucionalizaron, pues en el proyecto de Carta Magna se reconoce a los colegios de convenio.
Esta pretensión oficialista agrava la crisis actual entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia que aumentó después de que el cardenal Julio Terrazas afirmara el domingo en su homilía que los narcotraficantes están dominando Bolivia. Ese comentario fue vinculado a la oposición gubernamental por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
La voz de la Iglesia
El responsable del Tribunal Eclesiástico, Miguel Manzanera, en diálogo con La Prensa, lamentó esa propuesta oficialista. Espera que no sea una “especie de represalia” contra la Iglesia, pues esto “sería totalmente injusto porque la población sabe que (esta institución) contribuye mucho al bienestar social, al diálogo y a la mediación que serán muy necesarios considerando la temperatura social”. Al momento, el Estado reconoce los privilegios impositivos por la labor social que cumple la entidad religiosa mediante una ley de Notas Reversales que deriva de un convenio internacional firmado entre el Nuncio Apostólico del Vaticano y el Gobierno boliviano en 1993.
Manzanera explicó que en caso de que el Gobierno quiera cambiar esta norma, lo debe hacer mediante otra ley y “tiene que ser a nivel de convenio internacional, de lo contrario sería una falta de acuerdo”.
Esta entidad cuenta con parroquias, orfanatos, conventos, centros de rehabilitación, campos de retiro espiritual y a la Universidad Católica Boliviana (UCB) que tiene centros académicos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Por estas infraestructuras no paga impuestos a los municipios. La UCB tiene el rango de entidad pública, avalada mediante la Ley 1545. A diferencia de una estatal cobra pensiones para su mantenimiento porque no recibe nada del Estado, según el responsable de Comunicación, Enrique Eduardo.
Chupinagua pide a UJC agotar la instancia judicial
La Iglesia Católica Boliviana pidió ayer a los jóvenes opositores y autonomistas que solicitaron “asilo” en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Santa Cruz que antes agoten las “instancias encargadas de velar por la justicia”.
Marcial Chupinagua, portavoz del cardenal Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz, explicó que sólo se puede acudir a la Iglesia en caso de que esas “instancias o procedimientos” hayan sido rebasados y esté “en riesgo la vida y la dignidad de la persona”.
“Si no están las condiciones dadas y la situación no amerita, no habría necesidad de traspasar la función de esas instancias”, agregó Chupinagua, con relación a los 15 militantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que esta semana solicitaron “asilo” a la Iglesia.
Los jóvenes autonomistas pidieron refugio en la catedral de Santa Cruz, donde el martes llegaron a encerrarse por unas horas, pues temen verse afectados por las detenciones que en días precedentes ha ejecutado la Policía en coordinación con la Fiscalía.
La Fiscalía ha detenido y procesado a varios líderes cívicos opositores por su supuesta implicación con atentados a gasoductos y agresiones a jefes policiales durante las protestas sociales y políticas desencadenadas entre agosto y septiembre.
Las más recientes aprehensiones sucedieron el miércoles en Tarija, desde donde tres miembros del opositor Comité Cívico fueron trasladados a La Paz por su aparente implicación en un atentado contra el gasoducto que abastece a Brasil.
Las protestas de septiembre también derivaron en la toma de oficinas del Estado en las regiones gobernadas por la oposición, entre ellas Santa Cruz, donde participaron miembros de la UJC, encabezados por David Sejas, uno de los que ahora solicitan asilo. El peor episodio de la ola de protestas se vivió en Pando (norte), donde murieron 18 campesinos.
José Ross
Analista político
“La Conferencia Episcopal debería reunirse y volver a tomar algunas declaraciones que se deben hacer oficiales, así como años atrás sacaron un documento sobre la tierra y contra el latifundio. Ahora, los obispos deberían reunirse para decidir cuál va a ser su postura ante el proyecto de nueva Constitución Política del Estado, eso por parte de la Iglesia, y que también escuchen a los laicos, y sin que se encierren entre ellos. Ahora, por parte del Gobierno se tendría que haber hecho algún encuentro entre algunos ministros y, yo sugeriría, una parte del clero que sea un poco más de izquierda y tomar en cuenta a las unidades cristianas de base para calmarlos un poco, y decirle al Ejecutivo que no es tan grave la situación y que se callen un poquito. Pero desde luego, tienen que ser los obispos quienes opinen sobre la vida, las necesidades, pero desde la perspectiva del pueblo: somos la Iglesia Católica al servicio de las mayorías populares y no de minorías o de grupos de poder”.
Carlos Cordero
Analista político
“La Iglesia siempre ha sido vigilante, atenta de que los derechos de los ciudadanos estén adecuadamente protegidos. Cuando no vivíamos en un régimen democrático, la Iglesia fue uno de los grandes valuartes para la reconquista de la democracia y muchos hombres de izquierda, revolucionarios, entre los cuales se encontraba a don Evo Morales, fueron protegidos por la Iglesia. Ahora, cuando esta institución emite una opinión, creo que son reflexiones muy meditadas y es el Gobierno el que interpreta esas reflexiones como de índole político, pueden ser también definidas como políticas, pero no son político partidarias. Al Cardenal ni a ningún miembro de la Iglesia les interesa formar un partido político y arrebatarle el poder al presidente Morales. Lo que a esta entidad le interesa es que el Mandatario haga un buen gobierno y sea respetuoso de la ley y el Estado de derecho. El Ejecutivo debería desarrollar mayor capacidad de tolerancia y respeto a una institución que merece respeto porque siempre ha contribuido positivamente a la sociedad”.