Editorial de El Deber
Eso de infringir la ley es algo que en este Gobierno acusa una extrema recurrencia. Casi no hay semana en que la gente afín al Movimiento al Socialismo no agregue nuevas perlas a su largo rosario de contravenciones.
El último de esos atropellos a la legalidad es la forma en que viene contraviniendo leyes expresas en que se basa una resolución de la Corte Nacional Electoral del 21 de noviembre de 2008, que prohíbe terminantemente la aplicación de recursos económicos y uso de bienes públicos en campañas electorales.
Se trata de un principio sin cuya observancia se resiente el que corresponde al de la igualdad de oportunidades que debe regir en toda justa electoral. La paridad desaparece de la competencia político-partidaria, cuando el partido de Gobierno echa mano de los recursos y medios de comunicación del Estado para ganar terreno al adversario en una campaña por el voto ciudadano. La falta, además, de jurídico-penal (malversación de fondos públicos) también es ética.
Según varios trascendidos periodísticos, el Gobierno se vale de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac) para incurrir en el referido ilícito. Con aquella sigla se conoce a la institución creada para que ‘socialice’ la Constitución Política del Estado elaborada en Sucre y sancionada en La Glorieta. Después de hacer eso durante el tiempo que funcionó la fracasada Asamblea Constituyente, la Repac gasta cuantiosos recursos no sólo en tareas de divulgación del texto de la Ley Fundamental que irá a referéndum en enero del próximo año, sino también en campañas por radio, prensa y televisión a favor del Sí.
Una cosa es proporcionarle a la ciudadanía material que le ilustre sobre el tipo de país que diseña el proyecto de nueva Constitución, a fin de que la información le induzca a votar en una u otra dirección en la consulta de enero, y otra muy diferente es instarle abiertamente a que vote por el Sí, que es lo que hace la Repac con recursos que finalmente proceden de los bolsillos de los contribuyentes al fisco, por la vía impositiva.
La Repac debutó con un presupuesto de casi Bs 10 millones en la Asamblea Constituyente de Sucre, sobre los cuales no se han dado a conocer aún los resultados de una fiscalización desde el respectivo ámbito jurisdiccional. A esa suma se agregan ahora los Bs 4 millones que le asignó el Poder Ejecutivo para una ‘socialización’ de la CPE, que más que tal es una propaganda abierta para el ‘Sí’.
Definitivamente y como en el caso expuesto, el Gobierno sigue impertérrito en su marcha por la ruta de lo ilícito.
Defensa de docentes y autonomistas
Marcelo Rivero
En octubre me referí al intruso colocado por el gobierno para mangonear a su gusto en la educación en Santa Cruz, cometido que está cumpliendo a placer, transgrediendo preceptos, con absoluto desconocimiento de la Ley de Descentralización -no diré del derecho legítimo que tenemos a la autonomía porque ya es mucho pedir-, con prepotencia y sin pizca de respeto a las personas. El involucrado en bebendurrias con alumnos en un pasado no lejano, ¡por su excelente labor de entremetido!, podría ser nombrado viceministro, o ministro, quizás embajador.Tal labor incluye, como él lo dijo en septiembre, botar del magisterio a alrededor de 200 profesores (es decir a los ‘cabecillas’ porque son miles los docentes autonomistas), que asistieron al desfile cívico que convocó el Seduca que obedece a la Prefectura y que así se identificaron con aquel ideal, y por concurrir a las elecciones de su gremio donde los masistas son ínfima minoría, algo que al oficialismo le mortifica y que quiere modificar. Es más, el sujeto advirtió que los descendería del escalafón, propósito que seguramente, asimismo, está cumpliendo.
El 10 de noviembre, frente a los despidos, sostuve que en Santa Cruz no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante este nuevo atropello del centralismo, porque se está cometiendo una injusticia, porque se abusa y se vulnera las leyes vigentes, porque se intimida por el hecho de ser cruceños y autonomistas, porque se deja sin empleo a sacrificados maestros que viven escasamente al día, como lo testimonió a EL DEBER el pasado viernes una profesora que hace tres meses que no le pagan: “Estas lágrimas que ve son de sufrimiento e impotencia; me han convertido en una limosnera porque no tengo trabajo”.
En consecuencia, por los fueros de la legalidad, en rechazo a la torpeza de los mandones del masismo y sobre todo por solidaridad con nuestra gente autonomista, las autoridades locales y los líderes cívicos tienen que asumir medidas firmes y, dado el caso, convocar a la cruceñidad para reiniciar la lucha por derechos a los que no podemos renunciar ni dejar de lado.
Es que también ahora resulta que esbirros encapuchados del gobierno están tomando presos a cruceños por el ‘delito’ de proclamar su adhesión a la autonomía, como ocurrió el viernes pasado con otros dos jóvenes unionistas que acaban de ser trasladados a La Paz, bajo falsas acusaciones, al igual que tres anteriores. Claro, el objetivo es continuar la ola represiva en que se ha enfrascado el Poder Ejecutivo, decidido a amedrentar al pueblo, no a gobernar el país con coherencia y democracia.
No podemos impedir que se administre el Estado con las patas al extremo de que están sumiendo a la ciudadanía en más desesperanza y pobreza -y para rematar desuniendo a los bolivianos-, pero en nuestro terruño debemos hacer que se nos respete.