Cuando Evo posesionó a López en Aduana, aseguró que jamás perdonaría a los masistas relacionados con el contrabando. Quintana es su mano derecha. Surgen pruebas que implican a Bandeira.
Aclaración:el ministro Juan Ramón Quintana negó en una conferencia de prensa el viernes las acusaciones del general César López
Quintana dice que no se irá y no se querellará contra nadie
El Comando Conjunto de Pando se quedó de brazos cruzados 29 días
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La Prensa
Quintana dice que no iniciará ningún proceso judiciales contra quienes lo difaman.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró ayer que no renunciará a su cargo pese a los cuestionamientos que surgieron en su contra porque presuntamente influyó en la liberación de 33 camiones con contrabando que salieron de la zona franca de Pando el 26 de julio y que fueron interceptados por el COA. La autoridad tildó de “difamación” y “patraña” esas denuncias y anunció que no asumirá ninguna acción.
“Tiene todo el derecho de pedir mi cabeza, mi renuncia, todo lo que quiera, pero mientras yo me mantenga hasta el último segundo en el Gobierno, usted no encontrará a un ciudadano, que no haga otra cosa que trabajar al servicio de este proyecto político”, aseguró el Ministro en declaraciones a la red Uno. Hasta ayer, la autoridad se encontraba en Cobija (Pando), adonde fue para iniciar la campaña por la aprobación del nuevo texto constitucional.
El jueves 4 de diciembre, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) César López reveló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga este caso que Quintana había pactado con contrabandistas la liberación de mercadería de contrabando proveniente de Chile y cuyo destino era Brasil a cambio de lograr apoyo para revocar el mandato del ex prefecto de ese departamento Leopoldo Fernández.
Estos hechos denunciados por el titular de la Aduana y otros que constan en documentos de esa entidad fueron calificados ayer por Quintana como “difamación, calumnia o infamia”.
Frente a esas acusaciones, la autoridad dijo que no hará “absolutamente nada”, ni presentará una querella contra sus detractores. “Me pueden investigar todas las cuentas, me pueden investigar la billetera, este ciudadano saldrá más pobre de este Gobierno (…) pero decente, cuidando el prestigio de mis hijos, de la comunidad, del pueblo boliviano”.
Negó que el prefecto Rafael Bandeira y su persona tengan relación alguna con los contrabandistas. “Ahí está la Fiscalía, que tiene que perseguir uno por uno a cada uno de ellos, tiene que detener, incautar sus vehículos, tiene que hacer la investigación, y nosotros estamos dispuestos a asistir a cualquier escenario para explicar qué es lo que ha ocurrido acá, pero (…) el Ministro de la Presidencia no tendrá ningún tipo de compromiso, bajo ninguna circunstancia, con las actividades ilegales”.
A los cinco meses del hecho, la Fiscalía recién retomó esa investigación y citó a 114 personas.
Según la denuncia, Quintana pactó la liberación de 17 camiones, pero los comerciantes se aprovecharon de su venia y sacaron 33 motorizados de la zona franca. Oficiales del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron los coches la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, a 19 kilómetros de Cobija, pero los contrabandistas aseguraron tener el visto bueno de Quintana.
El agente del COA subteniente Christian Deheza dijo en un informe que Jesús Chambi, uno de los comerciantes, le alcanzó su celular para que se contactara con Rafael Bandeira, entonces responsable del Comando Conjunto de Pando. Así lo hizo.
Al rato llegó al lugar el subcomandante del Comando Conjunto, capitán Óscar Abastoflor, quien acusó a Deheza y a los efectivos del COA de haber recibido dinero por dejar pasar los camiones. Tras esa acusación, los efectivos del COA se replegaron y los camiones siguieron su curso.
El 28 de julio, según consta en al menos tres informes de la Zona Franca de Cobija, Bandeira dijo tener conocimiento de este hecho, por lo que instruyó retener los camiones en el puesto militar de Santa Rosa de Abuná, paso obligado a la localidad fronteriza de Montevideo o Puerto Evo.
Después, de acuerdo con las mismas fuentes, Quintana se contactó con López para decirle que dejara pasar los camiones, pero éste se negó, entonces Bandeira solicitó el mismo favor.
Incluso para lograr una solución de este problema hubo dos reuniones, una de ellas en el Palacio de Gobierno el 30 de julio y la otra en la Aduana el 31, en las que, sin embargo, no se llegó a ninguna solución porque la entidad recaudadora argumentó que la única alternativa era que los camiones retornaran a Cobija y que se sometieran a la ley.
El Ministro reconoció, según El Deber, que sí se reunió con los “gremiales”, pero para negarles toda posibilidad de negociación, por lo que incluso pudo haber sido amenazado.
Comando Conjunto pasivo
Documentos a los que tuvo acceso La Prensa dan cuenta de que el Comando Conjunto de Pando actuó de manera pasiva entre el 26 de julio, día en que fueron descubiertos los 33 camiones con contrabando, y el 23 de agosto, día en que los motorizados huyeron por la fuerza.
Al menos tres cartas fueron remitidas por el administrador de la Zona Franca Cobija, Mario Vásquez, a Bandeira para pedirle que escoltara los camiones de regreso a esa capital. En una misiva fechada el 29 de julio, el ahora Prefecto da curso a esa solicitud. El operativo debía realizarse el 1 de agosto, pero fue suspendido porque en la reunión del 30 de julio en el Palacio Quemado se debía encontrar una solución a este asunto.
Al no haber resultados en ese encuentro, el administrador reiteró su solicitud de escolta de los camiones el 4 de agosto.
Sin embargo, en una reunión entre Bandeira, la delegada presidencial Nancy Texeira, el senador Abraham Cuéllar (ex UN) y funcionarios aduaneros, el actual Prefecto dejó en claro que, pese a haber dispuesto la escolta de esos camiones, eso no era posible por la oposición de los transportistas y los comerciantes. Señala también que una intervención por la fuerza requería una instrucción superior.
Así, el 23 de agosto, los comerciantes, con apoyo de los pobladores de Santa Rosa y Montevideo, lograron tomar el puerto y el pontón para que los vehículos cruzaran el río Abuná. Según el informe emitido ese día por el agente del COA Omar Zegada, los policías aduaneros y los efectivos de la Naval que custodian ese puesto militar y los camiones fueron rebasados. Aclara que no pudieron usar la fuerza para neutralizarlos porque enfrente estuvieron mujeres y niños.
El Gobierno espera resultados de la investigación
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo, en relación con las acusaciones contra el Ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, por supuestos vínculos con contrabandistas, que antes de tomar alguna determinación o sacar una conclusión se debe investigar esas denuncias que pesan contra la autoridad.
“Ni siquiera se inicia el proceso de investigación y (los de la oposición) ya están sacando conclusiones. Esto es un grave error. Por supuesto que hay una comisión, seguramente trabajará, recibirá también las declaraciones y la versión del Ministro y en función de eso podemos sacar conclusiones, no nos anticipemos”.
Agregó que esos cuestionamientos deben ser demostrados y que para ello existe una comisión de investigación en la Cámara de Diputados y confía en que se esclarecerá la verdad.
El jefe de Podemos, Jorge Quiroga, emplazó al presidente Evo Morales a destituir a Quintana en un plazo de 24 horas para demostrar con hechos su consigna de lucha contra la corrupción. “Ha llegado la hora de que el presidente Morales demuestre al país que él gobierna con transparencia”.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sostuvo que en las indagaciones que se llevan adelante sobre este caso se establecerá qué ocurrió.
De todas maneras, expresó su confianza en que Quintana no tiene nada que ver con la acusación que fue formulada por el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) general César López.
Además dijo que le llama la atención a actitud del ex funcionario porque denunció estos hechos cinco meses después de que ocurrieron y posteriormente a su destitución de la entidad.
Otros datos
La mercadería en los 33 camiones procedía de Chile y debía ser trasladada a Brasil.
Debía llegar a la población fronteriza de Montevideo, también llamado Puerto Evo.
Para llegar a esa localidad se debe cruzar el río Abuná en del puerto de Santa Rosa.
Evo calla; Quintana dice que no se irá
Contrabando. El ministro insiste con su defensa y surgen pruebas que implican a Bandeira
Cuestionado. El ministro de la Presidencia soporta una lluvia de críticas y los opositores piden que Evo lo destituya
El Deber
H. Ugarte y La Prensa
El presidente de la República, Evo Morales, guarda silencio respecto a la situación del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y éste señala que no renunciará a su cargo y que las investigaciones por el contrabando de mercadería detectado en Pando seguirán su curso. Entre tanto, suman y siguen las críticas en torno al cuestionado ministro.
El Poder Ejecutivo prefirió guardar silencio ayer en torno al pacto con contrabandistas que involucra a Quintana; sin embargo, el ministro volvió a señalar que las denuncias en su contra “son una difamación y patraña”.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, ayer, en Palacio Quemado, con ocasión de la visita de la ex rehén colombiana Ingrid Betancourt, evadió las preguntas de los periodistas.
“Tiene todo el derecho de pedir mi cabeza, mi renuncia, todo lo que quiera, pero mientras yo me mantenga hasta el último segundo en el Gobierno, usted no encontrará a un ciudadano que no haga otra cosa que trabajar al servicio de este proyecto político”, aseguró el ministro, que hasta ayer se encontraba en Cobija, adonde fue para iniciar la campaña para la aprobación del nuevo texto constitucional.
El jueves 4 de diciembre, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) César López reveló ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga este caso, que Quintana pactó con contrabandistas la liberación de mercadería de contrabando proveniente de Chile, cuyo destino era Brasil, a cambio de lograr apoyo para revocar el mandato del prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández.
Frente a esas acusaciones, la autoridad dijo en una entrevista con la Red Uno que no hará “absolutamente nada”, ni presentará una querella contra sus detractores. “Me pueden investigar todas las cuentas, me pueden investigar la billetera, este ciudadano saldrá más pobre de este Gobierno (…) pero decente, cuidando el prestigio de mis hijos, de la comunidad, del pueblo boliviano”, indicó.
Quintana también negó que el prefecto Rafael Bandeira y su persona tengan relación alguna con los contrabandistas. “Ahí está la Fiscalía, que tiene que perseguir uno por uno a cada uno de ellos, tiene que detener, incautar sus vehículos, tiene que hacer la investigación y nosotros estamos dispuestos a asistir a cualquier escenario para explicar qué es lo que ha ocurrido acá, pero usted no tendrá, el ministro de la Presidencia no tendrá ningún tipo de compromiso, bajo ninguna circunstancia, con las actividades ilegales”.
Según la denuncia, el ministro pactó la liberación de 17 camiones, pero los comerciantes se aprovecharon de su venia y sacaron 33 motorizados de la zona franca.
Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Carlos Pablo Klinsky, la presencia de Quintana en Pando en los últimos días es para borrar las pruebas que tiene en su contra sobre el contrabando. “Si el Presidente no destituye inmediatamente a este ministro, será cómplice y nosotros iniciaremos un juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales”.
Roly Aguilera, secretario general de la Prefectura, manifestó ayer que el Gobierno ya no puede ocultar la corrupción que se vive en el país y que tiene la capacidad para mentir, mostrar videos montados, con el fin de dar una imagen falsa en el exterior. “A Evo tienen que darle el Oscar de la mentira”, sostuvo.
Aguilera pidió a Morales dejar a un lado la tolerancia para que a Ramón Quintana se le inicie un proceso judicial.
Pasividad en el Comando Conjunto
Documentos a los que tuvo acceso La Prensa dan cuenta de que el Comando Conjunto de Pando actuó de manera pasiva entre el 26 de julio, día en el que fueron detectados los 33 camiones con contrabando, y el 23 de agosto, día en el que los motorizados huyeron por la fuerza.
Al menos tres cartas fueron remitidas a Rafael Bandeira para pedirle que escolte los camiones de regreso a Cobija. En una misiva fechada el 29 de julio, el ahora prefecto da curso a esa solicitud. El operativo debía realizarse el 1 de agosto, pero fue suspendido porque en la reunión del 30 de septiembre, en Palacio Quemado, se debía encontrar una solución a este asunto.
Al no haber resultados, el administrador de la zona franca de Cobija, Mario Vásquez, reitera su solicitud de escolta de los camiones el 4 de agosto. Sin embargo, en una reunión entre Bandeira, la delegada presidencial Nancy Texeira, el senador Abraham Cuéllar (ex UN) y funcionarios aduaneros, el actual prefecto deja claro que pese a haber dispuesto la escolta de esos camiones, eso no era posible por la oposición de los transportistas y los comerciantes. Señala también que una intervención por la fuerza requería una instrucción superior.
Así, el 23 de agosto, los comerciantes, con apoyo de los pobladores de Santa Rosa y Montevideo, lograron tomar el puerto y el pontón para que los vehículos pasen. Según un informe, los efectivos aduaneros y los de la Naval que custodian ese puesto militar fueron rebasados.
El accionar de Bandeira
Inicio. Los oficiales del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron los carros la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio, a 19 kilómetros de Cobija, pero los contrabandistas aseguraron tener el visto bueno de Quintana.
Contacto. El agente del COA, subteniente Cristhian Deheza, dijo en un informe que Jesús Chambi, uno de los comerciantes, le alcanzó su celular para que se contacte con Rafael Bandeira, entonces responsable del Comando Conjunto de Pando. Así lo hizo.
Retenidos. El 28 de julio Bandeira dijo tener conocimiento de este hecho, por lo que instruyó retener los camiones en el puesto militar de Santa Rosa de Abuná, paso obligado a la localidad de Montevideo o Puerto Evo. Luego Quintana se habría contactado con César López para decirle que deje pasar los camiones, pero éste se habría negado.
Relación de Quintana y López provoca conflictos en el MAS
DESTITUCIÓN | Cuando Evo Morales posesionó a César López en la Aduana, aseguró que jamás perdonaría a los masistas que tuvieran relación con el contrabando. El Ministro aludido es su mano derecha.
Los Tiempos
La relación entre el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el ex presidente de la Aduana, César López, causó problemas dentro del gobierno desde que el ex general del Ejército se hiciera cargo de la Aduana Nacional. Desde entonces, algunos movimientos sociales afines al oficialismo exigieron la destitución de ambos, pero los pedidos nunca fueron atendidos.
Hace un año y medio, el 14 de junio de 2007, Juan Ramón Quintana, junto al presidente Evo Morales, defendía de los dirigentes alteños al militar retirado que ahora denuncia a Quintana de tener una relación con el contrabando, por haber instruido el ingreso de un convoy de 33 camiones con mercadería de contrabando en Pando.
En esa época, los dirigentes de la Fejuve y la COR de El Alto, impugnaron la posesión de López en la Presidencia de la Aduana, debido a que fue parte del Estado Mayor en octubre de 2003, y estaba relacionado con los enfrentamientos de la guerra del gas que provocaron más de 60 muertos.
Tras la posesión de López en la Aduana, un periódico paceño reveló un informe en que el militar retirado instruía la des-trucción de algunas antenas de los medios de comunicación, para que dejaran de informar sobre los enfrentamientos en la ciudad alteña. Esta revelación provocó que los dirigentes vecinales y obreros de esa urbe exigieran el cambio del nuevo funcionario.
Frente a los reclamos alteños, el Presidente dijo que conocía la transparencia y la honestidad de López y el Ministro de la Presidencia sostuvo que el general era “un amigo entrañable y un militar sin mancha”.
Cerca de 18 meses después, Quintana tuvo que aclarar por qué se posesionó a López en la Aduana y dijo que su amistad se forjó en el Ejército, cuando ambos eran oficiales de alto rango. «(Fueron) dos años de actividades académicas en el Colegio Militar bajo el mando de López, donde él era jefe de estudios y yo subjefe».
Además admitió que López “me pidió que fuera testigo de su matrimonio y con todo gusto le acepté, porque yo fui oficial del Ejército».
Pese a esclarecer la relación Quintana aseguró el viernes que: «yo no tenía absolutamente nada que ver con la designación de (César) López. Y sí fui testigo de su matrimonio, fue simplemente un accidente».
De la misma forma en la que los alteños pidieron la destitución de López, ahora los dirigentes de los campesinos, Isaac Ávalos, y de los colonizadores, Fidel Surco, también pidieron que Quintana sea apartado de su cargo, pero el Gobierno no asumió ninguna decisión al respecto.
“Yo sé que (el general César López) tiene bronca porque lo botó de la Aduana, debería haber hablado en su momento. Nosotros respaldamos al ministro Quintana, pero si hubiera cometido algún acto de corrupción debe dejar el Gobierno”, dijo Ávalos, mientras que el ex asambleista del MAS en Cochabamba, Román Loayza, conminó a César López para que aporte más datos que coadyuven al esclarecimiento del hecho.
El presidente Evo Morales no se pronunció directamente sobre el caso, pero en un discurso emitido en Cochabamba aseguró que su gabinete deberá estar listo a escuchar las difamaciones que vendrán de los opositores en el futuro.
Estas declaraciones contradicen por completo a las que emitió durante la posesión de César López en la Aduana el 14 de junio de 2007, ocasión en la que aseguró que “aquí no se perdona a la gente que negocia con el contrabando, porque hay gente que autoriza y fomenta el contrabando y sea cualquiera persona o autoridad, sea familiar de Evo Morales Aiyma, Álvaro García Linera o algún militante del MAS se debe castigar”. El silencio presidencial en este caso es evidente.
Soldado leal a Evo
Aunque César López fue destituido de la Aduana sin que se esclarecieran los motivos por los cuales se asumió esta decisión y a pesar de que ahora se encuentra enfrentado al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien acusó de ayudar a los contrabandistas, se declaró como un ‘soldado leal y honesto’ a Evo y al proceso de cambio y aclaró que “cumplirá su deber ciudadano allí en donde por ley debe responder por sus actos”, según Erbol.
“El general César López Saavedra fue, es y será un soldado firme, leal y honesto con el pueblo boliviano, el presidente de los bolivianos Evo Morales Ayma, el proceso de cambio, la patria y las Fuerzas Armadas”, señala un comunicado enviado por el militar retirado. López, declaró ante la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que hay informes del COA, del Fiscal adscrito a la Zona Franca de Cobija y de otras autoridades, que involucran a Quintana con el convoy de 33 camiones que transportaban contrabando.