Editorial El Diario.
Los bolivianos estamos próximos a votar a favor o en contra de un texto constitucional que por un acuerdo de partidos políticos con representación en el Congreso Nacional será sometido a referendo el 25 de enero de 2009. Dicho documento fue elaborado por el Movimiento Al Socialismo y aprobado en primera instancia de manera irregular y con el uso de la fuerza, precisamente por los constituyentes masistas, atenidos a su mayoría en la Asamblea Constituyente. Ellos hicieron lo que les dio la gana para aprobar el proyecto del MAS sin haberlo puesto a consideración de los constituyentes de los otros partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, por lo que a diferencia de otras constituyentes realizadas en el pasado, no hubo debate. Según los constituyentes que aprobaron el proyecto de Constitución masista, no se le debía cambiar ni una coma, pero al final tuvieron que buscar la ayuda de los “opositores” para la sanción legislativa, posterior promulgación y puesta a consideración del país por medio de una consulta popular en enero de 2009. Quienes dicen ser opositores al Gobierno, una vez más se convirtieron en viabilizadores de los planes del MAS.
Llama la atención que políticos “opositores” se prestaran para apoyar el proyecto de CPE masista, sin antes haberlo analizado a fondo, sin observar las irregularidades y atrocidades contenidas en el mismo. Si bien se logró hacer modificaciones en su texto, los mismos no son definitivos, porque existe la determinación del Movimiento Al Socialismo de hacerle cambios, en caso de ser aprobado en el referendo. Es decir volver a incluir lo que transitoriamente se sacó del texto constitucional masista. Este anuncio lo hizo un alto dirigente del partido del presidente Evo Morales Aima, aunque se dijo que se trataba de una posición personal. Pero la declaración proviene de un ex constituyente y dirigente campesino con ascendencia en zonas rurales, con formación contestaría que le caracteriza, además de contar con familiares con una reconocida convocatoria dentro del partido de gobierno.
Constitucionalistas han cuestionado la forma cómo se aprobó el texto constitucional por los constituyentes masistas, evitando la participación de los representantes de otras fuerzas políticas y agrupaciones ciudadanas representadas en la Asamblea Constituyente, porque pasaron por encima de disposiciones de la Constitución Política del Estado que son demandadas al Tribunal Constitucional, pero como este órgano del Poder Judicial no cuenta con los miembros necesarios para reunirse en Sala Plena, todos los reclamos, denuncias y observaciones sobre violaciones a la CPE quedan en saco roto. Este es el principal motivo para que el MAS mediante sus legisladores trabe las designaciones de autoridades de varias instituciones. Lo que está haciendo el partido de gobierno es cumplir con su estrategia para controlar el país por lo menos cinco años más, lo que es posible con la aprobación de la nueva constitución que permite la reelección presidencial de líder de los masistas. En los hechos se busca con esa aprobación polarizar a la población boliviana con el enfrentamiento entre citadinos y rurales, entre los de las clases medias con los indígenas, recurriendo para ello a resentimientos del pasado.
Lo cierto es que el nuevo texto constitucional tiende a la fragmentación de Bolivia, porque la Constitución masista reconoce a más de 30 etnias como naciones originarias con todos sus derechos. Esto significa volver al pasado, lo que puede ocasionar reclamos sobre territorios que quieran recuperar, por ejemplo los quechuas del Tawantinsuyu, que abarcaba regiones de Ecuador y Perú. Otra observación pesa sobre la llamada Justicia Comunitaria. En el país se quiere tener dos tipos de justicia, una la ordinaria para las ciudades y la originaria para las comunidades campesinas. Pero, ¿qué sucedería si un “originario” comete un delito en una ciudad y huye a su comunidad para que la justicia comunitaria lo libere de ser procesado en la justicia ordinaria?, ¿o si un citadino de paso por una comunidad es acusado de un delito, con el riesgo de ser linchado por los pobladores, como ya ha sucedido, pasando sobre la justicia ordinaria? ¿Quién garantiza en esos casos una aplicación correcta de la justicia? En otras palabras, lo que se está buscando es que la justicia tanto ordinaria como la llamada comunitaria estén controladas por el Movimiento Al Socialismo.
Por estas y otras observaciones se advierte que el proyecto de CPE masista está orientado a la fragmentación del país, destruyendo un ordenamiento institucional que costó mucho esfuerzo y sacrificio, además de que implica un retorno al primitivismo, cuando países vecinos, por el contrario, tienden a la unidad y el desarrollo constante, para beneficio de sus habitantes.