No es erróneo sostener que el régimen ha cerrado con broche de oro la labor depredadora a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos durante el año que concluye
Editorial Los Tiempos.
Si todavía existían dudas sobre el tipo de Estado que está instaurándose en nuestro país, con nueva Constitución o sin ella, el Movimiento al Socialismo ha decidido despejarla al asestar un golpe a lo poco que queda en pie de la institucionalidad republicana. Ha decidido, en la línea de arbitrariedad de que viene haciendo gala, convertir a la Contraloría General en una nueva repartición Poder Ejecutivo, de modo de lograr que los actos de los funcionarios públicos no sean fiscalizados.
Las circunstancias en que se dio este paso son elocuentes, vale decir cuando habían comenzado a ser investigadas al menos siete denuncias contra dependencias del sector público por presuntas irregularidades.
No menos significativo es el hecho de que la Contraloría haya estado en la fase final de la evaluación de las auditorías realizadas a las empresas petroleras nacionalizadas, las mismas que habrían puesto en evidencia un daño económico de mil millones de dólares.
Según informe del Contralor suspendido, también estaban en curso auditorías sobre la contratación de impresión de billetes para el Banco Central de Bolivia (BCB), la compra de aviones chinos por el Ministerio de Defensa, el contrabando de combustibles en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la adquisición de equipos por el Ministerio de Salud, la compra de insumos para la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), la construcción de caminos por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y los gastos de la Representación Presidencial en la Asamblea Constituyente (Repac).
Como se puede ver, el MAS tenía abundantes motivos para sentirse incómodo con la labor que realizaba la entidad fiscalizadora. Lo que no tenía ni tendrá es el respaldo legal para que su determinación sea algo más que un acto arbitrario y una manifestación de desprecio por la juridicidad todavía vigente.
En este contexto, no es erróneo sostener que el régimen ha cerrado con broche de oro la labor depredadora de la institucionalidad a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos durante el año que concluye, a la vez de haber dado una enésima muestra de lo que será su plan de acción a lo largo del entrante, sin que importen los resultados que arrojen las urnas en el referéndum de enero próximo.