Medidas contra la inseguridad

Editorial de La Razón.

Según dicho proyecto de ley, quienes conduzcan en estado de ebriedad recibirían una sanción de hasta tres años de cárcel. Los choferes que estando ebrios ocasionaran un accidente, con víctimas mortales, serían encarcelados por asesinato con una pena de 10 años de prisión.



El crecimiento y la gravedad que ha alcanzado la inseguridad ciudadana en Bolivia dieron lugar a que, en forma coincidente, el Senado y el Gobierno aprueben y propongan medidas dirigidas a endurecer la legislación existente y, en otros casos, imponer otras nuevas, entre éstas para sancionar de forma más severa los accidentes de tránsito y los secuestros.

En el Senado se aprobó un proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana, que pasó a la Cámara de Diputados y está dirigido a introducir modificaciones en el Código de Procedimiento Penal e incluso en el propio Código Penal. Con esa propuesta se espera reducir en 60 por ciento la tasa de criminalidad; por otra parte, para la operabilidad de la nueva legislación, se plantea crear el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya misión sería la de formular el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

La parte más novedosa del proyecto de ley es la acumulación de penas al imputado. A manera de ejemplo: el asaltante de un banco tendría una pena por robo; si mata a una o más personas, otra condena por asesinato, y si toma un rehén, una más por secuestro. En la actualidad, si alguien comete varios delitos, la justicia lo condena por el más grave, agravado en un tercio, lo cual hace que las penas resulten ser benignas. Con la acumulación de penas, se podrían sumar hasta 200 años de cárcel.

La ley en ciernes, sin embargo, implicaría una contradicción con el proyecto de Constitución Política del Estado que será sometido a votación el 25 de enero, pues este documento prevé al respecto lo mismo que la legislación vigente, es decir, hasta 30 años de prisión como pena máxima.

La idea de la acumulación de penas se fundamenta en que, de esa manera, se evitaría que los delincuentes reincidentes obtengan la libertad a través de las medidas cautelares y sustitutivas. Esto, según el senador proyectista Luis Vásquez (Podemos), da lugar “a que los autores de delitos entren por una puerta y salgan casi de inmediato por otra”. También la Fiscalía General de la República se ha pronunciado, a través de su máxima autoridad interina, Mario Uribe, a favor del endurecimiento del Código de Procedimiento Penal. Esta autoridad, que declaró al respecto tras enterarse de la noticia de los linchamientos en Achacachi, considera que las medidas cautelares son flexibles.

Otro de los problemas más acuciantes de la actualidad es el de los accidentes de tránsito. En este punto, según dicho proyecto de ley, quienes conduzcan en estado de ebriedad recibirían una sanción de hasta tres años de cárcel. Los choferes que estando ebrios ocasionaran un accidente, con víctimas mortales, serían encarcelados por asesinato con una pena de 10 años de prisión.

Con relación al esfuerzo gubernamental por combatir este problema, el Poder Ejecutivo presentó el martes 18 el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas, que, sin entrar en los aspectos jurídicos, establece objetivos generales y la finalidad de reducir el índice delictivo y el crimen organizado.

El plan del Gobierno prevé una necesaria lucha frontal contra un flagelo de los últimos tiempos: la ola de secuestros express, en los que la mayoría de las víctimas son niños.

Ojalá estos proyectos se conviertan en uno solo, consensuado, y se apliquen lo más pronto posible. El alto grado de inseguridad que se vive en el país exige acciones inmediatas.