El ataque dio lugar a que Brasil militarice otra vez su frontera con Bolivia. Cinco mercenarios bolivianos violaron la soberanía de Brasil e intentaron secuestrar a ex funcionario de la Prefectura de Pando
Primera plana: el periódico A Tribuna publicó ayer el ataque que, según ese medio, estaba dirigido al ex Director del Sedcam
La Prensa
La Policía Federal recolectó cartuchos de proyectiles 9 milímetros que pertenecerían a las FFAA. 500 militares brasileños y dos helicópteros vigilan la frontera de ese país con Bolivia.
Cinco mercenarios bolivianos violaron la soberanía de Brasil e intentaron secuestrar al ex director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la Prefectura de Pando Julio Villalobos, uno de los principales implicados en la matanza en Porvenir. Como consecuencia de este hecho, el país vecino militarizó y reforzó la seguridad en la frontera con Bolivia desde el fin de semana.
Tres diarios brasileños, O Alto Acre, A Gazeta y A Tribuna, publicaron ayer en sus portadas este incidente.
La Asesoría de la Policía Federal (PF) asentada en el municipio de Brasileia informó a estos medios que “un grupo de bolivianos (cinco miembros) asaltó en Epitaciolandia (segundo municipio del estado del Acre) la casa donde está el refugiado, también boliviano, Julio Villalobos”.
O Alto Acre publicó que “la acción fue atribuida a un grupo de mercenarios del Gobierno de Bolivia que está actuando en territorio brasileño… ellos tienen la misión de capturar a adversarios de Evo Morales, refugiados después de haber sido decretado el estado de sitio en Pando”.
Según la versión de ese medio, a las 22.00, los asaltantes armados con pistolas y revólveres derribaron la puerta de la vivienda de Villalobos y penetraron en ella para secuestrarlo, pero él no estaba. Las casas vecinas también recibieron impactos de bala, cuyos cartuchos fueron colectados el lunes por la Policía brasileña. Los proyectiles, según esos medios, son calibre 9 milímetros, de uso de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Los mercenarios también habrían robado al ex Director del Sedcam cerca de 100.000 reales (40.000 dólares), dinero de la venta de su casa en Cobija, con el que pretendía comprar una vivienda en Brasil, porque en la que reside es de sus familiares. También sustrajeron joyas y otros objetos de valor.
Los periódicos brasileños afirman que ésta es la tercera vez que la vivienda del ingeniero es atacada. Él manifestó a los medios citados “que no volvería a vivir en Bolivia mientras Evo Morales sea presidente”.
El periodista Roberto Rocha, de la cadena radial brasileña Joven Pan, informó a este medio que la Policía Federal hace las pericias para esclarecer el hecho, pero dijo también que las investigaciones no descartan que en ese ataque hayan participado ciudadanos brasileños.
Además, otras casas de “refugio” bolivianos en Brasil habrían sido “observadas” por mercenarios en anteriores ocasiones.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, aseguró que no hay participación del Gobierno en el intento de secuestro del cual no tienen un informe oficial. “Que se investigue, que se demuestre si hay algo cierto. Nosotros no hemos pedido traer a nadie, el Gobierno no ha requerido nada sobre estas personas”.
El cónsul de Bolivia en Brasileia, José Luis Méndez Chaurara, dijo que se anotició del asalto por O Alto Acre, y pese a que el lunes visitó la Policía Federal, no le informaron del hecho. Además, aclaró que Villalobos vive en la ciudad de Río Acre y que sólo va de paseo a Epitaciolandia.
Unos 600 pobladores pandinos, entre funcionarios de la Prefectura de Pando y cívicos, huyeron a Brasil desde el 12 de septiembre, cuando el Gobierno dictó estado de sitio para frenar la violencia desatada en Porvenir el 11 de septiembre y la retoma del aeropuerto de Cobija ese mismo día.
Entre los que pidieron refugio a ese país está Villalobos. La abogada de las víctimas de Pando, Mary Carrasco, informó que ya hay una orden de aprehensión contra el ex Director del Sedcam.
Consecuencias
A causa de los disparos a la casa del ex funcionario, la frontera brasileña con Bolivia amaneció militarizada el domingo.
Medios de comunicación de Cobija informaron a La Prensa que desde el 23 de noviembre, cuando se levantó el estado de sitio en ese departamento, el límite había vuelto a “la normalidad”, es decir que no había militares en los puentes Internacional y de la Amistad que conectan a los dos países, ni exigían documentos de identidad. El periodista Rocha informó que la Policía Federal y el Ejército de su país se declararon en estado de alerta.
Durante la vigencia de la medida de excepción, según las fuentes consultadas, había unos 300 militares en la frontera, pero ahora son cerca de 500. En ese entonces el Ejército sobrevolaba la zona con un helicóptero, pero ahora lo hace con dos.
Méndez aseguró que todo es normal en la frontera y que los patrullajes aéreos se los hacía “siempre” en el marco de la cooperación entre los dos países.
El viceministro Chávez sostuvo que esa medida de seguridad es “algo que ellos (Brasil) tienen que ver internamente”.
La Embajada brasileña en Bolivia informó que hoy recibirá un reporte de lo sucedido en Epitaciolandia mediante el agregado policial que se contactó con la Policía Federal.
En septiembre se deportó a 3 miembros del Ejército
A mediados de septiembre, la Policía Federal brasileña deportó a tres miembros del Ejército de Bolivia porque estaban recabando información y fotografiando a los ciudadanos bolivianos que huyeron del país tras la matanza en Pando y luego de que fuera decretado el estado de sitio el 12 de septiembre.
Esos militares vestidos de civil, según informó la Policía Federal en su momento, estaban en Epitaciolandia y Brasileia, estado de Alto Acre. Fueron arrestados y echados de Brasil entre el 20 y 21 de septiembre. En su oportunidad, la Policía Federal dijo que al menos 600 bolivianos cruzaron la frontera y se refugiaron en las poblaciones brasileñas.
Sin embargo, la protección que da Brasil a los bolivianos que huyeron del país también limitó el trabajo de los medios de comunicación que fueron a hablar con los “refugiados”. El 28 de diciembre, cuatro periodistas y tres camarógrafos fueron rescatados en Brasileia y permanecieron retenidos por cerca de dos horas.
En esa oportunidad, los comunicadores y camarógrafos fueron llevados a la Policía Federal del municipio de Epitaciolandia, donde las autoridades hicieron borrar las grabaciones en territorio brasileño, y luego autorizaron a la prensa boliviana a desplazarse, pero sin filmar a los refugiados, por el temor a que esas imágenes sean entregadas al Gobierno de Evo Morales para que los persigan.
Posteriormente, a mediados de octubre, un periodista y un camarógrafo de Televisión Boliviana fueron detenidos por cuatro horas en la Policía Federal de Brasileia y multados cada uno con 194 reales (524 bolivianos) por filmar en territorio brasileño.
Proceso vuelve a juez Yañíquez
El proceso contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y 21 ex confinados volvió ayer a manos de la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, mientras que el Ministerio de Gobierno recusó al juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar que llevaría el caso de tres cívicos de Villamontes por el atentado al gasoducto Yacuiba-Río Grande.
La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz rechazó la recusación contra Yañíquez, interpuesta por la defensa del ex Prefecto y los ex confinados el 22 de noviembre, en la que se argumentó que la magistrada tenía amistad íntima con algunas autoridades del Poder Ejecutivo; sin embargo, no fue comprobada.
La notificación de ese fallo le llegó por la mañana a la juez, quien al no recibir los expedientes de la causa se excusó de hacer comentarios, según ANF. El ex Prefecto y 15 de los imputados están en la cárcel de San Pedro, estos últimos se acogieron al juicio abreviado luego de admitir su participación en los hechos violentos de Porvenir el 11 de septiembre. El resto quedó libre porque no se halló culpa. La audiencia para determinar si las 15 personas serán sometidas a juicio abreviado está prevista para mañana.
El proceso contra los villamontinos Felipe Moza Segundo, Carlos Alberto Zeballos Arnés y Carlos Fernando Rodas Montero, sindicados de provocar la explosión de una válvula gasífera en Tarija, quedó postergado porque los responsables de asesoría jurídica del Ministerio de Gobierno pidieron apartar del caso a la juez Décimo, Marcela Siles, con el argumento de que tiene “interés en el proceso y privilegia los recursos de excepciones y no la audiencia de medida cautelares”.
Siles había fijado para las 15.30 de ayer una audiencia de medidas cautelares para el presidente de los cívicos de Villamontes, Felipe Moza Segundo, además de Zeballos y Rodas, pero el acto no se llevó adelante por la recusación, por lo que el caso fue remitido al juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, Carlos Guerrero, quien se pronunciará hoy.
Los tres dirigentes están sindicados de terrorismo, atentado contra el Estado, asociación delictuosa y otros delitos. Por ese mismo caso están detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz el ex presidente del comité cívico de Tarija Reynaldo Bayard, el dirigente regional Gonzalo Salazar y José Vaca; los dos primeros se sometieron a un proceso abreviado. En el atentado al ducto, el Gobierno involucró como autor material al cívico cruceño Branko Marinkovic.
Punteo
El 11 de septiembre, la violencia se apoderó de la localidad de Porvenir, en Pando.
A raíz de esa situación, el Gobierno decretó estado de sitio el 12 de septiembre.
Entonces comenzó el éxodo de los funcionarios y cívicos por temor a las detenciones.
Muertes
La Unasur investigó los hechos en Pando y estableció responsabilidad del Sedcam.
La calificó como la empresa de la muerte porque movilizó maquinaria a la zona.
Jorge Villalobos era director de esa entidad, cuyas máquinas cavaron las zanjas.
Con las zanjas se pretendía evitar la llegada de los campesinos a Cobija.
El conflicto segó la vida de al menos 20 campesinos y otras cuatro personas.