El Primer Mandatario tiene en sus manos la posibilidad de devolverle al país la institucionalidad perdida. Del respeto a este pilar del estado constitucional de derecho no sólo depende el futuro de su gestión, sino también la imagen de Bolivia hacia el mundo.
Editorial La Razón.
En el súbito intento de destituir al contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, se ha incurrido, nuevamente, en una falta contra la institucionalidad del país. El actual Gobierno ha cometido el mismo desliz en otras ocasiones.
En primer lugar, una comisión legislativa no tiene atribución constitucional alguna para determinar la suspensión o el nombramiento de autoridades ejecutivas, al margen de los casos señalados específicamente por la Carta Magna todavía vigente. Lo único que le corresponde al Poder Legislativo es proponer ternas al Ejecutivo para que, sobre esa base, el Presidente de la República pueda elegir a uno de los seleccionados.
En segundo término, Gutiérrez formó parte de una terna elegida por el Senado y fue designado en el 2005 por un periodo de 10 años, es decir, respetando lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Su suspensión y eventual destitución ameritan, igualmente, la estricta aplicación de las leyes. Por lo pronto, la autoridad que había sido nombrada por dos tercios de votos del Congreso, termina siendo suspendida de su cargo por la decisión de una comisión del Parlamento.
Cuando un gobierno, cualquiera que sea, actúa de forma tan precipitada, inevitablemente surgen sospechas. Y el Jefe de Estado tiene que ser el primero en evitar que esto suceda. Aunque añoso ya el proverbio, tendrá siempre significación: “La mujer del César no sólo tiene que parecer, sino ser”. Esto quiere decir que si el Gobierno es o está seguro de ser honesto, tiene que actuar en consonancia con tal presunción o certeza.
Resulta difícil creer que el presidente Evo Morales y sus colaboradores estuvieran buscando, adrede, sembrar un manto de duda sobre su gestión. Sería un total despropósito.
Mejor pensar en lo más razonable: en que las intenciones, con este tipo de cambios en instituciones fundamentales para la vida democrática de una nación, son las más sanas para todos.
Sin embargo, más allá de la discusión de fondo, el Gobierno no cuida las formas en su anunciado proceso de transformación del Estado. Con esta última medida, acumula 24 instituciones en manos de autoridades interinas, entre superintendencias y entidades públicas, sin contar las acefalías que asfixian a los principales órganos del Poder Judicial.
El repentino cambio de Gutiérrez en la Contraloría General llegó en momentos en que la autoridad ahora suspendida preparaba 18 informes en los que, según dijo, se contarían daños económicos al Estado superiores a los 1.000 millones de dólares.
El presidente Morales, desde el inicio de su mandato, ha procurado marcar diferencia respecto a sus antecesores, particularmente, en el tema de la corrupción. Ayer ha identificado a Migración y a la Aduana Nacional como entidades donde se habrían registrado situaciones de ese tipo a lo largo del año que concluye; anteriormente, había señalado a YPFB. Con las revelaciones del Contralor suspendido, prácticamente todo el Gobierno podría acabar estigmatizado por la corrupción.
El Primer Mandatario tiene en sus manos la posibilidad de devolverle al país la institucionalidad perdida en los últimos años. Del respeto a este pilar del estado constitucional de derecho no sólo depende el futuro de su gestión gubernamental, sino también la imagen de Bolivia hacia el mundo.