Polémica | El oficialismo reaccionó ante la decisión de los prefectos opositores de utilizar el informe de Unasur para ampliar su acusación
Los Tiempos
Correo del Sur y Agencias. Los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija decidieron ayer no sólo acusar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sino también a los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel, por los hechos violentos sucedidos en Pando el 11 de septiembre pasado, sustentados en los informes sobre esos hechos, de la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y del Defensor del Pueblo.
Al margen de la polémica sobre la parcialidad o no de ambos informes, según el representante legal de los tres prefectos, Alberto Morales, estos «son una buena base para fundamentar la ampliación de la proposición acusatoria en contra de los otros dos ministros, porque establecen la inactividad de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) en la pacificación del conflicto
Según el ministro de Defensa, Walker San Miguel, esta acusación contra los ministros de Estado es una maniobra más de la oposición «para liberar al prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, detenido como principal acusado de la matanza de 20 campesinos, en el penal de San Pedro».
«Buscan someter a un juicio de responsabilidades a los titulares del Ministerio la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y de Gobierno, Alfredo Rada. Al impulsar este tipo de proceso tratan de colocar a Fernández en el mismo caso, lo cual lo libraría de enfrentar la justicia ordinaria», sostuvo San Miguel.
La misión de Unasur, que investigó los sucesos violentos de Pando, entregó su informe final el pasado miércoles al presidente Evo Morales. En él, además de establecer que en El Porvenir hubo una «masacre planificada», determinan que los principales responsables de la matanza son el Prefecto de Pando y los funcionarios de esa entidad y que no corresponde, por tratarse de delitos de lesa humanidad no son parte de sus funciones, un juicio de responsabilidades.
Acusación
A nombre de los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; y de Tarija, Mario Cossío, Morales presentó ayer la proposición acusatoria y solicitó a la Fiscalía General iniciar juicio de responsabilidades contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien lo involucran en los sucesos de Pando en el mes de septiembre.
Quintana es acusado por la supuesta comisión de los delitos de Genocidio, Incumplimiento de Deberes, Uso indebido de Influencias, Apología Pública de un Delito y Conspiración.
Morales dijo que la proposición acusatoria muestra la evidencia de que Quintana comenzó a ejecutar un plan a partir de agosto en Cobija, la entrega de vehículos días previos al 11 de septiembre, el uso de esos vehículos para el traslado de gente y de armamento.
Posteriormente, una vez ocurrido los hechos, la ejecución del estado de sitio decretado por el Gobierno, le correspondía al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, o en su caso el ministro de Defensa, Walker San Miguel, pero también se atribuye el ministro Quintana, difundiendo un spot adulterando el sonido y el audio sobre la supuesta «masacre» en el río Tahuamano.
El abogado sostuvo que los prefectos querellantes exigen una investigación transparente de parte del Ministerio Público, que establezca responsabilidades y aplique la justicia, con el debido proceso y la Constitución en la mano.
«Esa es una buena base los informes de Unasur y el Defensor del Pueblo para que nosotros podamos fundamentar la ampliación de la proposición acusatoria contra los ministros de Gobierno, Alfredo Rada y de Defensa, Walker San Miguel, toda vez que estas instituciones se rigen por una cadena de mando única y en último caso el Capitán General tanto de las FFAA como de la Policía es el Presidente de la República», afirmó.
El abogado no descartó que se amplíe la proposición acusatoria contra el mismo Primer Mandatario porque como primera autoridad del país, es el primer garante de la paz social, de la seguridad, de la institucionalidad, la Constitución y la democracia, pero tampoco habría cumplido estos principios.
Fiscalía citará a policías
El Ministerio Público anunció que convocará al Alto Mando de la Policía, en el marco de las investigaciones que realiza sobre los sucesos violentos de Pando. El fiscal Eduardo Morales, aseguró que la Policía no esta excluida de la investigación, “es una institución y las personas son autoridades, se los ha de convocar cuando vea conveniente el Ministerio Público (…)”
“Como el comandante seguramente, todos las autoridades principales de la institución van a ser convocadas también», dijo.
Contrariamente al informe que en la víspera presentó la Comisión Especial de la Unasur sobre la “matanza” de Pando, el Fiscal puso en duda los testimonios que daban cuenta que varias personas y niños habrían sido quemados con gasolina.
«Nosotros hemos ido a los pocos días y no hemos encontrado. No sabemos qué ha pasado con aquellos porque si hubieran sido quemados con las movilidades no creo que hubieran desaparecido hasta los huesos», aseguró.
Según el Fiscal es difícil determinar cuántas personas perdieron la vida producto de los violentos enfrentamientos en Pando, pero que en la lista de fallecidos —que dijo serían más de 20— no figuran menores ni mujeres.