Suprema ordena allanamiento de la Corte Electoral de Potosí

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el padrón departamental. Este proceso es consecuencia de una denuncia formulada por el diputado Arturo Murillo.

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Potosí / El Potosí y La Prensa.- Por disposición de la Sala Penal Segunda de la Suprema y con apoyo de la fuerza pública, el fiscal orureño Edwin Orlando Riveros Bautista allanó ayer la sede de la Corte Departamental Electoral de Potosí para recoger información relativa al padrón regional.

Un auto supremo firmado por los magistrados José Luis Bautista y Héctor Sandoval respaldó la mencionada acción que responde a una denuncia formulada el 30 de julio por el diputado Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN).

La demanda del legislador se dirigió contra los miembros de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni, Jerónimo Pinheiro y Amalia Oporto por la supuesta comisión de delitos electorales, tales como la manipulación del Padrón Electoral, debido a lo que los fiscales solicitaron la entrega de los datos de la nómina de votantes y la base de datos del Registro Civil.

El proceso derivó el 10 de octubre en que la Fiscalía General de la República ordenara a sus legaciones distritales que efectuasen indagaciones sobre presuntas irregularidades en el listado de ciudadanos habilitados para emitir sufragios.

El director interino del Ministerio Público, Mario Uribe, instruyó que en cada capital se designe investigadores especiales para atender el caso.

Este proceso se lleva a cabo sin perjuicio de la auditoría a la que es sometido el padrón nacional por representantes de organismos internacionales.

El oficial de Policía Alfredo Saavedra dirigió al contingente de efectivos que participó en el operativo e informó que durante su desarrollo no se presentaron inconvenientes.

Refirió que los vecinos de la zona Norte de la Villa Imperial, donde se halla el edificio de la Corte, reaccionaron con alarma al observar el grupo de policías y fiscales, aunque no necesitaron apelar a medidas coercitivas para lograr la meta perseguida.

Orden de la CNE

El director de Comunicación de la CNE, Rubén Martínez, informó que Exeni, en cuanto se recibió el requerimiento del caso, ordenó a las nueve cortes facilitar la labor de los agentes del Ministerio Público, cosa que aparentemente sucedió en ocho departamentos, mas no en Potosí, por lo que fue necesario efectuar este allanamiento.

Riveros Bautista señaló que, en el marco del proceso de investigación, los datos obtenidos anoche serán comparados con los proporcionados por el organismo nacional para determinar si en realidad existen errores o si se manipuló de algún modo ese registro regional de votantes.

Con esa finalidad, el fiscal empleó un dispositivo electrónico, por lo que no retiró computadores o documentos.

Reacción oficial

El presidente del organismo electoral potosino, Guillermo Benavides, se limitó a señalar, mientras se desarrollaba la intervención, que había dispuesto la entrega inmediata de la información requerida a través de este procedimiento judicial.

El principal vocal potosino no quiso formular otros comentarios o declaraciones sobre el particular, y después de que el equipo de investigadores se retiró del lugar, apagó su teléfono celular, por lo que resultó imposible comunicarse con él.

El edificio donde funciona el organismo electoral no quedó bajo vigilancia policial y pocos minutos después del hecho la zona recobró la normalidad.

Tampoco el fiscal Riveros Bautista proporcionó mayores detalles sobre sus acciones de anoche en Potosí. Se alejó del lugar sin hacer comentarios.

El listado bajo la lupa

Durante una conferencia de prensa ofrecida ayer por la tarde por el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, sostuvo que el próximo 25 de enero los ciudadanos acudirán a emitir su parecer en el referéndum constitucional con el “padrón más auditado y confiable de la historia, con más medidas de seguridad y confianza” y que la consulta electoral se desarrollará bajo la observación de diversos organismos internacionales.

El diputado opositor Arturo Murillo, de Unidad Nacional (UN), planteó una denuncia por diversos delitos contra Exeni, diez días antes del plebiscito del 10 de agosto.

Después de conocerse los resultados de aquella consulta popular hubo una serie de denuncias de la oposición en sentido de que se produjo la votación de fallecidos y duplicidad de registros.

Ramiro Ayala, vocal de la Corte potosina, aseguró que el padrón del departamento es confiable, pues no se encontraron casos de duplicidad de inscripciones o la habilitación de difuntos.

El entrevistado aseveró que, de acuerdo con el procedimiento, se realiza la inscripción de electores y posteriormente se elimina del listado a quienes tienen doble o triple mención y se retira del documento en cuestión a los difuntos, con cuya finalidad se consideran los reportes de las oficialías de Registro Civil.

La CNE propuso introducir una “reingeniería” del padrón a objeto de que no dé lugar a la doble votación y la entrega a cada ciudadano de un carnet electoral, que le será útil para participar en todos los comicios convocados en el país.

Los hechos

El 30 de julio, un diputado opositor demandó a la CNE por “manipular” el padrón.

Diez días después se llevó a cabo el referéndum revocatorio del mandato popular.

El 10 de octubre, la Fiscalía revisó los listados del Padrón Nacional y la base del Registro Civil.

La CNE ordenó a las departamentales prestar pleno apoyo a la labor de los investigadores.