Unasur respalda la verdad de Evo en el caso Porvenir

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Apoyo. Mattarollo llevó un video al palacio en el que no incluye los testimonios de opositores al Gobierno*

Unasur reconoce que su informe es incompleto. No investigaron la muerte de los dos funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Pedro Céspedes.



La Razón

El coordinador de la comisión que investigó los hechos violentos de Pando entregó el informe al presidente Morales. Aseveró que la Policía actuó con pasividad y que grupos organizados arremetieron contra los campesinos.

El informe final de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre los hechos violentos de Pando coincide con la versión que maneja el Gobierno sobre lo sucedido. Sin embargo, responsabiliza a la Policía de las muertes. El documento fue entregado ayer por el encargado de la comisión, Rodolfo Mattarollo, al mandatario Evo Morales.

Mientras los familiares de las víctimas de lo acontecido en septiembre pedían justicia ayer en la plaza Murillo, dentro del Palacio de Gobierno, Mattarollo presentaba las conclusiones y reco- mendaciones del informe. Estaba rodeado de ministros, jefes policiales y militares, congresistas y medios de comunicación.

“El 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir se cometió una masacre”. Esa fue la primera conclusión a la que arribó la comisión de Unasur. Mattarollo explicó que ese día actua- ron grupos organizados por parte de la Prefectura de Pando que respondían a cadenas de mando.

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García destacaron el trabajo de Mattarollo. ´Tal vez somos una carga para los países de Unasur para tantas personalidades; una investigación científica sobre la masacre y lo que dijimos se verifica, lo que ha vivido el pueblo boliviano a partir de agosto, septiembre hasta octubre, un intento de un golpe de Estado civil´, dijo el Primer Mandatario.

Mattarollo señaló ayer que hubo masacre porque existió una violación flagrante al derecho a la vida que constituye un crimen de lesa humanidad y porque hubo una clara persecución racial, entre otros factores.

El Poder Ejecutivo acusó a Leopoldo Fernández, prefecto suspendido de Pando, por los hechos de Porvenir. Hoy está recluido en la cárcel de San Pedro.

Sin embargo, la Unasur responsabilizó a la Policía de las muertes en Pando. “Los funcionarios políticos (…) y los cuadros superiores de la Policía incumplieron de manera patente su obligación de preservar la vida y la integridad física de las personas que fueron objeto de ataque (…) Por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía”, manifestó.

Sin embargo, el informe refleja que durante la investigación, la comisión recogió más testimonios de campesinos que de personas afines a la Prefectura.

Así, el senador de Podemos Óscar Ortiz denunció que en Brasilea (Brasil), los comisionados eligieron sólo a cuatro personas refugiadas para que viertan sus testimonios.

Mattarollo dijo que se escucharon las versiones de ambas partes del conflicto. Afirmó que la comisión entrevistó al ex prefecto Leopoldo Fernández y a las personas que están en Brasilea.

Además, remarcó que los delitos, especificados por el informe, son ordinarios y no de función. “La función pública no consiste en alterar la vida”. Dicho argumento coincide con la posici{on de rechazar el juicio de responsabilidades a Fernández.

Sobre la muerte de dos funcionarios de la Prefectura, Pedro Oshiro y Alfredo Robles Céspedes, el comisionado indicó que hay versiones contradictorias acerca de su muerte, pero que ambos presentaban heridas de armas de fuego en sus cuerpos. Recomendó que se haga una investigación profunda al respecto.

Miguel Rivero, hermano del pastor que falleció en el aeropuerto, el 12 de septiembre, calificó el informe de Unasur como “basura” y reclamó porque la comisión no escuchó sus denuncias, según la red ATB, anoche.

El vicepresidente de la República, Álvaro García, defendió el trabajo de investigación de la comisión de Unasur y afirmó que fue imparcial y profesional.

Anoche, el vocero de la Iglesia Católica en Pando, Pablo Sulzy, dijo que los campesinos tenían armas. Mattarollo informó que no hay pruebas ni tampoco indicios que revelen que los campesinos estaban armados. Uno de los fiscales que investiga los hechos de Pando, Félix Peralta, indicó que el informe de Unasur se tomará en cuenta para la indagación que realiza la Fiscalía.

Tres de 10 conclusiones de la comisión

Muertos. De esa masacre fueron víctimas fatales un número no establecido de campesinos. El número enteramente comprobado (…) es de 20.

Organización. Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal.

Delitos. A la luz de los hechos, la comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia (…) Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Datos del informe

Actividades • El 15 de octubre hubo otra visita a Pando. Se realizó una entrevista a Rafael Vidal, defensor del Pueblo en Pando. Indicó tres factores para la escalada de violencia: acción de autoridades de Filadelfia (MAS), del prefecto Fernández y personas ajenas a la zona.

Quintana • El 25 de octubre, el Ministro de la Presidencia recibió a la comisión. Expuso los antecedentes políticos, económicos, institucionales de los sucesos de Pando. Se refirió especialmente al esquema de poder montado por el ex prefecto de Pando (Fernández).

11 de septiembre • Hay dos momentos: en las primeras horas con intentos de grupos prefecturales y cívicos de impedir la marcha…. generándose toma de rehenes por parte de campesinos y la muerte de dos ciudadanos de Porvenir. Alrededor del mediodía, la masacre.

Ahogados • El testimonio de Eduardo de la Vía y Luis Alberto Sequeiros dice: “Hubo ocho muertos en el hospital (…) de los seis cadáveres que fueron dejados en la morgue, dos de los cuales tenían signos de haber fallecido por sumersión (…) y dos entraron con vida (…)”.

Muertos • El listado “debe considerarse sujeto a futura corroboración”. Se mencionan 19 nombres y tres “casos especiales de carácter dudoso”, entre ellos el Cochalo que fue velado en la Federación de Campesinos, según testimonios; un NN y Wilson Sarzuri.

El sistema judicial • “Respecto de la actuación del sistema judicial penal, esta comisión considera ineludible resaltar que exhibe aspectos de marcada ineficacia (…). En Pando se han puesto de manifiesto: falta en general de recursos e infraestructura adecuada; falta de inmediatez en la actuación fiscal y judicial, ausencia del representante de la Fiscalía el momento de los hechos (…) No se ha materializado ninguna detención de sospechosos como autores directos (…)”.

Puntos de vista

“Parcializado e irresponsable”

Jorge Ortiz.

Presidente del Senado Nacional.

“Me parece un informe absolutamente parcializado e irresponsable que busca darle un cheque en blanco al gobierno de Evo Morales para desarrollar cualquier acto de violencia en el país. En ninguna parte del informe se establece que se hubiera investigado a las autoridades del Gobierno. Tampoco se investigó la muerte de personas no afines al MAS”.

“La justicia debe ser para todos”

CELIMA TORRICO.

Ministra de Justicia.

“Ojalá que los operadores de justicia trabajen en la investigación de los hechos, tomando en cuenta todas las recomendaciones del informe de Unasur. Y que ellos vean de hacer el trabajo transparente sin sacar cara por nadie. Eso es lo que se quiere, sobre todo para que no haya más impunidad y que la justicia sea para todos y que además no sea mercantilizada”.

“No ha existido imparcialidad”

KARLO E. BRITO.

Abogado de Leopoldo Fernández.

“El informe es totalmente favorable al Gobierno y no refleja en absoluto lo que ha sucedido en Porvenir y en Cobija. Esta comisión no mostró ningún tipo de imparcialidad en la investigación, y esto se ha reflejado en las conclusiones que se han leído hoy (ayer), en las que no se ha tomado en cuenta ninguno de los elementos de descargo a favor de Leopoldo Fernández”.

“DDHH ya llegó a esa conclusión”

ROLANDO VILLENA.

Presidente de la APDHB.

“Una cosa que parece importante es que como Derechos Humanos nos adelantamos a todas las investigaciones de lo que sucedió en Pando. Y que apuntaba a que era una masacre, cosa que algunos medios de comunicación se encargaron de desvirtuarla, pero al final se ratificó la posición de la Asamblea de Derechos Humanos”.

POLÉMICA | El Gobierno respaldó el informe presentado por la comisión, mientras la oposición criticó y descalificó los resultados de esa investigación sobre los sucesos violentos de Pando

Unasur reconoce que su informe no es completo

Los Tiempos

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El presidente Evo Morales recibe el informe sobre las investigaciones de Pando, ayer. | Abi

La Prensa y Agencias

La comisión especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que investigó los hechos de violencia acontecidos en Pando el 11 de septiembre concluyó que en El Porvenir hubo una «masacre planificada» y los responsables deben ser sometidos a un juicio ordinario, sin embargo admite que el trabajo no está completo porque resta por investigar la muerte de los dos funcionarios prefecturales Pedro Oshiro y Pedro Céspedes.

La comisión encarga a las autoridades judiciales bolivianas realizar una «investigación exhaustiva y sancionar a los responsables. El informe tampoco esclarece la muerte del pastor Luis Antonio Rivero y la del soldado Ramiro Tiñini, en el aeropuerto de Cobija el 12 de septiembre. Plantea, asimismo, investigar enterramientos clandestinos, que se devele dónde están las personas que permanecen desaparecidas, además del número de heridos y víctimas de torturas y tratos penales, crueles, inhumanos y degradantes. Recomienda indagar las ejecuciones sumarias de niños y la violación de mujeres, pues existen testimonios de ello.

Sobre la muerte de Oshiro, el informe señala que presenta una herida de bala, pero precisa que con base en testimonio directo, “el vehículo en el que el afectado se desplaza instantes antes del hecho colisionó de manera frontal con otro vehículo. No resulta factible, atendidas las particulares circunstancias de los hechos, determinar las causas de su muerte”.

Este informe, que generó ayer una fuerte polémica, fue descalificado por políticos y dirigentes regionales opositores, quienes consideran que la investigación se parcializó con el Gobierno, porque no se menciona la presunta responsabilidad del Ejecutivo en esos hechos.

Por su parte, el Ejecutivo justificó y respaldó el informe y aseguraron que será una prueba fundamental en las acciones judiciales iniciadas contra el prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros funcionarios prefecturales por esos hechos.

El documento, denominado “Hacia un alba de justicia en Bolivia”, fue entregado ayer por el representante de esa misión, Rodolfo Mattarollo, al presidente Evo Morales. Consta de 66 páginas, además de anexos y videos. El legajo fue elaborado, tras seis semanas de investigación, por encargo de los presidentes que integran la Unasur.

El informe reitera que al menos 20 campesinos, entre ellos tres normalistas, perecieron en esa jornada violenta. Sin embargo, Mattarollo reconoció que se manejan al menos tres cifras.

Añade que se produjeron “numerosas ejecuciones sumarias y extralegales” (es decir, la muerte de personas que no constan, ni se descubren) que “fueron practicadas por agentes pertenecientes a la estructura” de la Prefectura de Pando o “por personas afines a ella, que actuaron de manera conveniente o bajo la aquiescencia de dicho gobierno”, violación que, desde el punto de vista del derecho penal internacional, es un crimen de lesa humanidad.

No establece el número de desaparecidos porque los testimonios que dan cuenta de ello no pudieron ser confirmados y tampoco hay una cifra de heridos, pese a que se constató “innumerables” lesiones .

El informe señala que no fue posible probar la existencia de armas entre los campesinos. Ni siquiera los videos filmados por la prefectura pandina. Sí se observan hondas y palos. En cambio, existen múltiples evidencias, entre videos, pericias balísticas y testimonios sobre el inicio de la violencia y el porte de armas por parte de los sectores afines a la prefectura.

El informe, sin embargo, omitió la versión de los grupos cívicos prefecturales que fueron señalados como responsables de la masacre de Porvenir, pese a que de las 40 declaraciones que fueron recogidas. “Nos ha parecido inverosimil cierto tipo de explicaciones, existe en derecho, no quiero entrar en tecnicismos aquí, lo que se llaman indicios de mala justificación”, justifico Mattarollo.

Querella contra Quintana

El Consejo Nacional Democrático (Conalde) realiza la primera acción en contra del Gobierno, luego de los acontecimientos sucedidos entre septiembre y octubre pasado. Ayer, el prefecto Rubén Costas, anunció que presentará al Ministerio Público una querella contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien acusa de haber sido el causante de los hechos violentos registrados en Pando el 11 de septiembre.

Según la querella redactada por los asesores legales de los prefectos que integran el Conalde, Quintana se arrogó derechos del pueblo y actuó sediciosamente contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, generando un estado de violencia y zozobra.

“La acusación es por los delitos de genocidio, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, apología pública de un delito, conspiración, concesión de facultades extraordinarias, sedición e instigación pública a delinquir”, precisó Costas.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL INFORME•

La convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre de 2008, en Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, se cometió una masacre en el sentido empleado por la Organización de las Naciones Unidas.

• De esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número efectivamente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados.

• Las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos, que se constituye en un crimen de lesa humanidad.

• Aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de una empresa criminal.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

AL GOBIERNO

Se recomienda que el Estado boliviano, dentro del más estricto respeto a la legalidad democrática, proceda a desarticular cualquier organización privada o pública, cualquier cadena de mando y cualquier utilización de funcionarios y bienes públicos que tengan por objeto la realización de hechos criminales que violen los derechos humanos.

A LA JUSTICIA

La Comisión recomienda que las violaciones de los derechos humanos, constitutivas de delitos del derecho interno y del derecho internacional que han sido constatadas y que alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad, por su naturaleza imprescriptibles, sean juzgados como crímenes comunes por la justicia ordinaria, ya que no constituyen delitos de función y no corresponde por tanto el procedimiento de llamarlos juicio de responsabilidad. A este respecto se recomienda elaborar un programa en intercambio de experiencias de países de la región sobre los problemas relativos a independencia, objetividad y competencia de la justicia para juzgar grandes violaciones de los derechos humanos.

INVESTIGACIONES PENDIENTES

La Comisión propone profundizar las labores investigativas sobre las siguientes cuestiones: a) ejecuciones sumarias de niños, b) enterramientos clandestinos, c) destino de personas cuyo paradero se desconoce, d) heridos y víctimas de torturas y tratos o penales crueles, inhumanos y degradantes y e) Abusos sexuales.

RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS

La reparación debe encararse como una política de Estado y para su realización debería buscarse la contribución de la comunidad internacional. La política reparatoria deberá inspirarse en los principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente en esta materia y comprender tanto la reparación individual como la comunitaria. La reparación simbólica, que se expresa en otras cosas mediante el levantamiento de memoriales, los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, constituye un instrumento ético y pedagógico fundamental para la construcción de una cultura democrática.

A LA POLICÍA

La Comisión propone que se encargue una formación profesional y formación permanente de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad, conforme la doctrina democrática del Estado de Derecho, poniendo acento en la policía comunitaria, cercana a las necesidades de la población que una policía científica y técnica al servicio del Poder Judicial. Esas fuerzas deben estar formadas en los principios fundamentales del Estado de derecho y la institucionalidad democrática y en particular en la doctrina y práctica de los derechos humanos. El intercambio de experiencias con países de tradición democrática puede ser fructífero y debería ser facilitado por la comunidad internacional.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La Comisión recomienda que el Estado boliviano implemente y fortalezca todas las medidas positivas necesarias, legales y administrativas y judiciales, tendientes a eliminar las gran brecha que existe entre los grupos privilegiados y los que se encuentran en situaciones vulnerables en materia política, económica, social y cultural. La Comisión recomienda asimismo que los órganos competentes del Estado sancionen conforme a la ley, situaciones de discriminación creados por otros actores sociales.

APOYO TÉCNICO DE UNASUR

La Comisión recomienda que los indicios, evidencias y pruebas recogidas en este informe y sus anexos sean puestos a disposición de la justicia, a fin de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables, de conformidad con el derecho interno boliviano y con el derecho internacional en vigor.

La Comisión propone que Unasur ofrezca su colaboración técnica al Ministerio Público Fiscal en Bolivia, mediante consejeros en distintas materias relativas a la investigación y el proceso penal e incluso se ofrece realizar contribuciones en calidad de la llamada

Amicus Curiae que fundamenten la competencia de justicia ordinaria para juzgar el caso de Pando.

DIFUSIÓN DEL INFORME

Se recomienda que este informe escrito en castellano se traduzca al aymará, al quechua y demás lenguas habladas en Bolivia, como así también al inglés y al portugués para su más amplia difusión, y que igualmente se empleen versiones audiovisuales del mismo.

* foto El Deber