Con la producción nacional no se puede jugar. Todo gobierno debe procurar no caer en la tentación de imponer una actitud política en su relación con este sector, pues de él dependen las necesidades alimenticias de la población y la generación de divisas por la exportación.
Editorial La Razón.
La producción agrícola en Santa Cruz, es decir, la actividad del tercer sector exportador del país, se halla virtualmente paralizada. Un problema realmente inexplicable está impidiendo la cosecha de verano y, para completar este negro panorama, también la siembra de la temporada.
Y la situación tiende a agravarse. Dos millones de toneladas de girasol y un millón de toneladas de soya se encuentran almacenadas, con peligro de dañarse, porque los exportadores de aceite y otros derivados han dejado de comprar estos productos a los pequeños y medianos productores debido a causas relacionadas con las restricciones impuestas por el Gobierno nacional.
Es perfectamente entendible que, por motivos de diversa índole, en determinados momentos falte diesel u otros carburantes en el país. Lo que no se puede tolerar es la desidia o la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de abastecer de combustibles a la población. Este problema data de mucho tiempo y, lejos de resolverse, pareciera agudizarse.
Hace meses que no pasan dos días consecutivos sin que se escuchen noticias de escasez de diesel o gasolina en diferentes partes del país, sobre todo del oriente; y esto no ocurre, precisamente, porque los medios de comunicación se lo inventen: los conductores de vehículos públicos y particulares sufren el desabastecimiento de carburantes en carne propia.
El problema se ha vuelto incontrolable y ha terminado por cansar a los productores del agro, que el martes demostraron su fuerza con un tractorazo de Montero a Santa Cruz. Los sectores afectados sienten que son víctimas de una acción política del gobierno de Evo Morales. Resulta difícil de comprender que así fuera, porque ninguna buena gestión gubernamental se atrevería a ir en contra de la producción nacional.
En todo caso, el perjuicio no sería sólo para unos pocos dirigentes empresariales —a quienes se pretendería afectar—, sino para todos los trabajadores que aquéllos emplean en sus actividades comerciales.
Con la producción nacional no se puede jugar. Todo gobierno debe procurar no caer en la tentación de imponer una actitud política en su relación con este sector económico, pues de él dependen las necesidades alimenticias de la población y, paralelamente, la generación de divisas por la exportación.
En el caso de Santa Cruz, el 20% de su producción cubre de sobra el consumo interno y el restante 80% tiene que ser, necesariamente, destinado a los mercados externos.
Con su tractorazo, los productores agropecuarios han exigido al Gobierno que resuelva el problema de la escasez de diesel y deje sin efecto los decretos supremos 29460 y 29480, que prohíben las exportaciones de una docena de productos, entre ellos los aceites de soya y girasol, azúcar, arroz y otros.
La respuesta ha sido política y confrontacional. El presidente en ejercicio Álvaro García sostuvo que hay dos burguesías en Santa Cruz: una “rentista y especuladora” que “no hace economía, hace política”; y la otra productiva, que invierte, genera empleo y arriesga. Agregó que el Gobierno desea apoyar a ésta, para lo que contaría con 200 millones de dólares.
Desde que se arrogó la lucha de las autonomías, el Poder Ejecutivo dejó atrás el discurso de unidad. Por el contrario, está dedicado a marcar las diferencias que existen en el país.