Pelea. Campesinos de Potosí y los “sin tierra” se amparan en la CPE.
El INRA dice que no legalizará ninguna ocupación en cualquier parte del país
Campesinos de Potosí y el MST se aprestan a tomar tierras
Ocupación: los colonizadores de San Julián permanecen armados en la región de San Ramón
La Prensa
El INRA señala que existen cuatro millones de hectáreas de tierras para ser distribuidas en el país.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí (FSUTCP) y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Santa Cruz se aprestan a tomar tierras en la “media luna” amparados en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que establece que la máxima extensión agrícola será de 5.000 hectáreas.
Sin embargo, la Carta Magna que fue aprobada en los referendos dirimente y aprobatorio del domingo señala específicamente que los nuevos límites de la propiedad agraria se aplicarán a los predios que se adquieran tras la puesta en vigencia del texto constitucional.
Santiago Cayara, responsable de Conflictos de los campesinos potosinos, anunció que la siguiente semana habrá un ampliado para “organizar” la “recuperación” de las tierras “que están en poder de los terratenientes”.
El dirigente justificó esta decisión alegando que la nueva ley fundamental sólo permite la tenencia de 5.000 hectáreas.
“Se tiene que cumplir lo que señala la Constitución. Como campesinos, nosotros hemos votado por 5.000”.
Pero el texto indica que esta medida se aplicará a las nuevas propiedades, cuestionó La Prensa. Sin embargo, el dirigente justificó que “como el proceso de saneamiento no avanza, entonces hay que tomar medidas…”.
En el departamento de Santa Cruz existen más de 16 familias que tienen propiedades por encima de las 5.000 hectáreas, por ejemplo, los Sánchez cuentan con 49.450 hectáreas y los Larsen, con 48.839.
En Beni existen al menos diez familias que cuentan con propiedades que sobrepasan la superficie límite, pero como la nueva Constitución señala que se respetan los derechos de posesión y propiedad de estos predios, no pueden ser expropiados o revertidos.
En ambos departamentos existen 1.046.881 hectáreas en manos privadas.
En Santa Cruz ya se abrió un foco de conflicto por tierras. Colonizadores de San Julián ingresaron en una propiedad que, según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, no tiene derecho propietario definido.
La autoridad explicó ayer que ese predio de unas 1.900 hectáreas tiene al menos cuatro litigantes, uno de ellos, de apellido Frías, habría vendido una parte del terreno a los colonizadores para que tomen posesión de él.
Rojas admitió que esta invasión afecta a dos propiedades, una de un menonita y otra de la Sociedad Sogima, que es de un ciudadano brasileño.
Otra toma se registró en la ciudad de Santa Cruz, en una propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; sin embargo, los invasores abandonaron ayer ese predio.
Un sector que también se apresta a ocupar tierras de empresarios que cuentan con más de 5.000 hectáreas es el Movimiento Sin Tierra del departamento de Santa Cruz. Vladimir Tórrez, representante de la organización que supuestamente es paralela a otra MST, afirmó que están “planificando” la toma de tierras con el respaldo de la nueva CPE.
“Estas tierras ya son del Estado y por eso nos pertenecen”.
Tórrez evitó dar más detalles sobre la estrategia y dijo que primero se organizarán para llegar a las propiedades.
El Director del INRA sostuvo que estas tomas no tienen sentido y que el Gobierno no reconocerá ningún asentamiento, porque las tierras que no cumplen una función económica social y son expropiadas deben ser distribuidas entre familias que no cuentan con parcelas para cultivar o tienen insuficiente extensión de terreno.
La autoridad informó que actualmente hay cuatro millones de hectáreas de tierras fiscales listas para ser distribuidas entre los campesinos e indígenas que no cuenten con propiedades. “De ellos apenas hemos distribuido 900.000 hectáreas porque no estamos logrando identificar a quienes cumplen ese requisito para la dotación de tierras”.
El presidente de la Confederación Agropecuaria del Oriente (Confeagro), Mauricio Roca, expresó su preocupación por estos anuncios y anunció que defenderán “con la ley” sus predios.
En tanto, el presidente de los empresarios cruceños, Pedro Yohvio, amenazó con bajar la producción de alimentos.
Gobierno alista ley de tierras
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, afirmó que el artículo 398 de la nueva Constitución Política de Estado (CPE), que se refiere a la máxima extensión de la propiedad agraria, será aplicada mediante una ley.
La autoridad explicó que el nuevo texto constitucional señala que aquellas tierras que no cumplen una función económica social o productiva serán revertidas al Estado para luego ser redistribuidas a otras personas que no cuenten con una propiedad.
“Presentaremos una ley de reclasificación de la propiedad agraria, que parta del nuevo límite que se ha fijado para la superficie y que nos permita una mejor articulación entre la nueva Constitución Política del Estado y la ley agraria”.
Otra de las razones para la reversión de tierras es el hallazgo de “esclavitud” y servidumbre en las propiedades agrícolas. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, dijo que ya existe un estudio sobre este asunto.
Costas pide que la Fiscalía actúe
La Prefectura de Santa Cruz, a tiempo de rechazar la ocupación de tierras, solicitó al Ministerio Público investigar estos hechos e iniciar procesos legales contra los autores.
Vladimir Peña, secretario de Justicia de la Prefectura cruceña, leyó la carta enviada por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al fiscal de Distrito, Jaime Soliz, para que actúe de manera rápida y efectiva para evitar y prevenir la multiplicación de “prácticas ilegales y delictivas”.
Un párrafo de la nota señala: “Se solicita el cumplimiento del mandato constitucional de promover la acción de la justicia, defensa de la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, investigando y acusando estas acciones delictivas y a sus autores ante los órganos judiciales competentes”.
El Secretario de Justicia aludió al informe presentado por los observadores de la Unión Europea que advierte la fragilidad institucional en el país y acusó al MAS de generar conflictos. “Esta práctica no es aislada, recordemos los enfrentamientos en Pando donde los campesinos fueron llevados con la promesa de dotación de tierras”.
Preocupación
La toma de tierras en San Julián, tras la aprobación de la nueva CPE, generó preocupación.
El Gobierno aclara que el conflicto se generó porque no está definido el propietario.
El INRA dice que no existe razón para las tomas porque hay 4 millones de hectáreas libres.
Opinión
Gonzalo Colque
Director de Fundación Tierra
El voto ciudadano mayoritariamente determinó que el límite sea de 5.000 hectáreas. Esto significa que de ahora en adelante ningún ciudadano boliviano podrá adquirir y acumular tierras en una extensión superior a las 5.000 hectáreas. En otras palabras, este nuevo límite tiene un carácter preventivo a futuro y no se aplicará a las grandes propiedades actualmente existentes porque éstas están reconocidas por el artículo 399. A modo de ejemplo citemos que si en este momento un ganadero tiene 10.000 hectáreas y las está trabajando, no puede ser considerado latifundista. Al contrario, el Estado tiene que garantizarle la conservación de sus tierras. Esta disposición constitucional contrasta con la Reforma Agraria de 1953.
Toman tierras en zona de San Julián
Conflicto. Unas 70 personas hicieron efectiva la ocupación del área 4 donde hay extensas zonas de cultivo de soya. El INRA afirma que no recibió ninguna denuncia hasta ayer
Ilegalidad. Como se observa en la foto, varias de las personas que decidieron tomar el predio productivo están armadas. Dicen que los campesinos precisan tierras
El Deber
Juan Carlos Salinas
La amenaza de toma de tierras en el municipio de San Julián (Santa Cruz) es un hecho. En el Área 4 de esa localidad se comprobó que unas 70 personas se encuentran instaladas a la espera de una redistribución de estos terrenos.
Serio y muy desconfiado este grupo explicó que llegaron para obtener una pequeña parcela y poder sembrar soya, maíz o arroz. Señalaron que no deseaban problemas y que iban a buscar la manera de negociar con los propietarios de estos predios, que en su conjunto suman unas 33.000 hectáreas. Sin embargo, se observó a varias personas con armas de caza.
Elías Mamani, el encargado de anotar a los campesinos interesados en contar con una pequeña parcela, señaló que no buscan la violencia sino que esperan que los que tienen grandes extensiones, de manera ilegal, las redistribuyan a los campesinos del lugar que no tienen nada.
En los predios pretendidos por estos campesinos hay extensas áreas sembradas de soya. Sobre este punto los tomadores de tierra indicaron que respetarán estos cultivos y que no los van a destruir sino que los que cuenten con los recursos técnicos (tractores y cosechadoras) podrán aprovechar lo sembrado.
Al respecto, algunos supuestos propietarios de estos predios afectados, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, denunciaron que el objetivo es tomar todas las áreas verdes de la zona y los terrenos privados que ya están cumpliendo la Función Económica Social (FES).
En el recorrido por este lugar se pudo observar distintos mojones (palos con una banderita roja) que sirve de referencia para los campesinos, pues les señala la zona y la superficie de la tierra a demandar.
Sobre este tema, el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) Christian Sattori, señaló que estos focos de conflicto por la tierra se deben a que el Gobierno ha confundido a los campesinos al prometerles todo una vez se apruebe la nueva Constitución Política del Estado.
“Éste es el resultado de la política de MAS en el tema tierra. Ahora todos sus seguidores piensan que tienen derecho a tomar o avasallar una propiedad privada bajo la excusa de que ganó la nueva Constitución”, sostuvo a tiempo de exigir al Ejecutivo que cumpla su palabra y garantice la propiedad privada.
Por su lado, el titular nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, hizo conocer que tiene a dos técnicos en la zona de conflicto y que por el momento no hay ninguna denuncia.
Otro aspecto mencionado es que las tierras donde ingresaron no concluyeron con el proceso de saneamiento y que eso amerita verificación.
Rojas precisó que en tanto no haya una denuncia y no se verifique la legalidad de las tierras tomadas, no se actuará para pedir el desalojo. Sin embargo, advirtió que se desalojará a quien corresponda cuando acabe el saneamiento.
A su vez, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, denunció que dirigentes de la Copnag paralela de Guarayos, afín al MAS, está reclutando gente para tomar las tierras productivas de la zona.
A tiempo de rechazar las tomas de tierras -por gente supuestamente ligada al MAS-, el prefecto, Rubén Costas, solicitó al Ministerio Público cumplir con el mandato de la ley, investigando y acusando las acciones delictivas.
En Palmarito dicen que no se moverán
Más de 100 familias siguen asentadas en la zona de Palmarito BG, según verificó ayer EL DEBER en la entrada a este predio, pues los ocupantes no permitieron el ingreso al interior de la propiedad. Tienen un puesto de control con guardias armados que vigilan el lugar.
Un grupo de campesinos afiliados a la Federación de Colonizadores de San Julián, dijeron que seguirán en el lugar, pues argumentaron que el menonita Jacobo Goertzen no tiene títulos legales para reclamar derechos.
Los campesinos se excusaron de dar sus nombres, pues indicaron que son objeto de persecuciones policiales a petición del menonita que, según dijeron, busca intimidarlos.
En ese sentido, denunciaron que el pasado 19 de enero tres de sus dirigentes fueron capturados por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a las puertas del INRA en la ciudad de Santa Cruz. / DM