A Santos Ramírez se le conoce por su habilidad para negociar y conseguir lo que se propone. Él y Quintana son hombres de mucho peso en el Palacio, ambicionan el poder, y su fama y larga trayectoria no condicen con la prédica del Gobierno, que se precia de ser el del cambio.
Editorial de La Razón
Definitivamente, el cambio ofrecido por el presidente Evo Morales, hasta ahora, no pasa por la rectitud y el manejo transparente de la cosa pública. Al menos, esa es la sensación que queda de las denuncias concretas, varias de ellas con pruebas, de que altos funcionarios del actual Gobierno se encuentran involucrados en escandalosos actos de corrupción.
Conjurada relativamente la crisis política nacional con el referéndum del domingo, que le dio la victoria al oficialismo, los pedidos al Gobierno se centran en la necesidad de que se dedique a combatir la difícil situación económica, no sólo por el mal trance financiero mundial, sino porque en Bolivia no se ha desarrollado una gestión administrativa conveniente y, por el contrario, se han perdido oportunidades y mercados.
Sin embargo, al parecer, a la crisis política le está siguiendo una crisis moral en el seno del gobierno del MAS. Cuando el escabroso asunto de los 33 camiones con mercadería de contrabando todavía no fue esclarecido, se suma otro presunto caso de corrupción que involucra a una nueva autoridad nacional.
Primero, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, apareció envuelto entre las denuncias por el extraño permiso otorgado a camiones que transportaban productos ilegales en Pando, una región que esa autoridad cercana al presidente Evo Morales prácticamente hizo suya antes y después del estado de sitio con el propósito de controlar las acciones militares que se desarrollaron en los últimos meses para suplir al prefecto elegido democráticamente, Leopoldo Fernández, ahora recluido en La Paz.
Ahora, se sospecha de otro allegado a Morales: el presidente de YPFB, Santos Ramírez, hombre influyente dentro del partido de gobierno a quien se señala por un supuesto negociado como parte de una adjudicación de Yacimientos a la empresa Catler Uniservice, de la que el empresario Jorge O’Connor Taborga, asesinado el martes en La Paz, era su presidente.
Las pistas que implican al ex presidente del Senado Nacional son cada vez más fuertes. Ayer se supo que Fernando Córdova, uno de los acompañantes de O’Connor el día de la tragedia, trabaja para Ramírez y, a la vez, es asesor legal de la Catler Uniservice. El miércoles, Córdova, mediante su abogado, denunció que había sido secuestrado y torturado en la zona de La Cumbre.
De por medio hay 450 mil dólares, que es el dinero que llevaba O’Connor en el momento del crimen, ocurrido, presuntamente, en el domicilio de un pariente de Ramírez. Falta probarlo, pero existen indicios de que esa cantidad habría servido para pagar una coima por la adjudicación de una licitación. Hace cinco meses, un contrato de YPFB vinculó a los mismos protagonistas.
A Santos Ramírez se le conoce por su extraordinaria habilidad para negociar y conseguir lo que se propone. Él y Quintana son hombres de mucho peso en el Palacio, ambicionan el poder, y su fama y larga trayectoria no condicen con la prédica del Gobierno, que se precia de ser el del cambio y que se ha acostumbrado a señalar la viejas formas de hacer política en el país.
La Policía Boliviana y la Fiscalía —que hasta ahora hicieron un buen trabajo—, demostrando absoluta independencia, no pueden conformarse con la detención de los supuestos delincuentes que mataron a O’Connor. La pista política, el trasfondo de este caso, también debe ser esclarecida.