La investigación del volteo toca a la esposa de Ramírez.
Un fiscal afirmó que el domicilio donde se suscitaron los hechos pertenecía al hermano o a la esposa del presidente de YPFB, Jovanna Navia Doria Medina. El Presidente duda de las acusaciones. Ramírez se deslinda del caso.
LA RAZÓN
Un miembro que integra la comisión especial de fiscales que indaga el volteo de 450 mil dólares al empresario fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, reveló ayer que el domicilio de la calle Tejada Sorzano, donde se suscitaron los hechos, es de la familia de la diputada suplente del MAS Jovanna Navia Doria Medina, esposa del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
Según el representante del Ministerio Público, las indagaciones apuntan a que el dinero “iba a ser destinado a una coima”.
Ante la consulta de a quién pertenecía la vivienda de la calle Tejada Sorzano, el fiscal Marcos Vidal —en un contacto telefónico con este medio— respondió: “Al cuñado del señor (Santos) Ramírez, eso está confirmado, o (a) la nueva esposa. No lo hemos averiguado porque no nos ha dado tiempo, eso es lo que comentan los vecinos, pero todavía no hemos hecho la inspección ocular, entrar y preguntar a todos ellos, hacer las investigaciones (…). Más nos hemos abocado a colectar las pruebas”.
De acuerdo con fuentes de la pesquisa, el cuñado de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, esperaba la llegada de O’Connor y del dinero. El dato fue confirmado ayer por Vidal.
“Estaban presentes en el momento del hecho. Creo que en uno de los vehículos, o al interior de la casa, o esperando el dinero, la verdad no sé muy bien este punto, pero los que declaran dicen que él (Javier Navia) estaba ahí, porque han ido a la casa de él”, especificó.
Ayer, al salir de la audiencia cautelar de cuatro acusados, los periodistas le preguntaron a Luis Mamani, otro fiscal, si es cierto que Javier Navia esperaba en la puerta del domicilio y el representante del Ministerio Público respondió: “Efectivamente”.
• EN LA CELDA • Ernesto Córdova recibió a los medios antes de su audiencia cautelar. El detenido dijo que no es la primera vez que se realizaba ese tipo de movimiento de dinero.
La mañana del martes, O’Connor junto a Luis Fernando Córdova, Mario Cossío y otros se dirigieron a la central del Banco Unión para retirar 450 mil dólares. Luego, fueron rumbo a la vivienda en una vagoneta Cherokee de color negro; sin embargo, al llegar a la puerta del domicilio, cinco sujetos irrumpieron y les arrebataron el dinero. Uno de los delincuentes disparó a O’Connor en el cuello y éste pereció camino al hospital.
Dos días después, la Policía halló culpabilidad en los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova, y los presentó como “autores intelectuales” del hecho, además de otras tres personas como las autoras materiales.
Después, según fuentes investigativas, se conoció que Luis Fernando Córdova era asesor de O’Connor y trabajaba cerca al presidente de YPFB, y que incluso eran familiares.
En respuesta, el aludido dijo que “para ser pariente de Santos Ramírez mínimamente tendrían que hablar quechua y fundamentalmente no matar”, empero no descartó que existan vínculos en el caso con los hermanos de su esposa.
“Evidentemente, Santos Ramírez, en su vida privada, ha contraído un matrimonio, pero yo he contraído con mi señora esposa, yo no he contraído matrimonio con los hermanos de mi esposa”, dijo en conferencia de prensa.
Luego, Ramírez añadió: “Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, esa es responsabilidad de intuito persona, yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de otras personas, no siendo mis parientes”.
Desde Tarija, el presidente Evo Morales dijo que “duda” de las acusaciones a Santos Ramírez, aunque afirmó que es necesaria una investigación del caso.
El Primer Mandatario citó dos ejemplos de ex autoridades, que a su criterio también fueron juzgadas, y acotó que esta vinculación con Ramírez se trata de “otra calumnia de algunos otros grupos opositores”.
Ayer en la noche, la red Unitel difundió el dato de que la casa de Santos Ramírez, ubicada en el barrio de Calacoto, en la zona Sur de La Paz, estaría valorada en un millón y medio de dólares.
Según el fiscal Vidal, los 450 mil dólares habrían sido retirados del banco para pagar una coima, pero el dato no fue confirmado por la Policía.
“Eso apunta a que era para una coima, nosotros a lo que nos vamos a abocar es a la muerte, el atraco y la vida, más allá si ha sido para coima al final”. De acuerdo con Vidal, ese dato será confirmado o descartado la próxima semana.
Ayer en la mañana, Ernesto, hermano de Luis Fernando Córdova, afirmó ante los medios de comunicación que su hermano y Mario Cossío conocen los antecedentes del dinero y a quién iba a ser destinado.
“Tienen que preguntarle a mi hermano (les dice a los periodistas), hablen con él, al fin y al cabo si a nosotros nos han querido involucrar en esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y decirles de la plata; mi hermano sabe y Mario (Cossío) también”, afirmó en celdas de la Policía Judicial.
Según el detenido, su hermano, Mario Cossío, Jorge O’Connor y otros ya habían realizado ese tipo de movimientos bancarios en anteriores ocasiones.
“No es la primera vez que han sacado ese monto de plata, no es la primera vez, ustedes averigüen en los bancos cuánta plata… Ellos tenían contratos con Yacimientos y con una empresa donde estaban trabajando”, acotó.
Tras el asesinato, los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta y un vehículo Caldina de color verde. Ayer, la Policía informó que este último motorizado fue hallado cerca al local nocturno El Caballito, del cual Ernesto Córdova es propietario.
“Al cuñado del señor (Santos) Ramírez, eso está confirmado, o (a) la nueva esposa. No lo averiguamos porque no nos ha dado tiempo”.
MARCOS VIDAL, fiscal del caso de volteo de dinero.
“Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, esa es responsabilidad de intuito persona”.
SANTOS RAMÍREZ, presidente de YPFB.
Versión de Ramírez difiere de la información oficial
EMPRESA • Santos Ramírez dijo que firmó el contrato con una sociedad accidental y no con una SRL. Notas de YPFB del 2008 reflejan lo contrario.
• 14 DE JULIO DEL 2008 • Santos Ramírez (c) firma el contrato con Agustín Melano, representante de Catler Uniservice SRL.
La versión de Santos Ramírez sobre el contrato suscrito por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la empresa Catler Uniservice para la instalación de una planta separadora de gas en Río Grande, difiere de la información gubernamental que se dio en julio del 2008, cuando el presidente Evo Morales se prestaba a inaugurar el inicio de la construcción.
Tras las versiones de que la estatal firmó el contrato con una empresa fantasma, ayer Ramírez, presidente interino de YPFB, aclaró que el documento fue suscrito con una sociedad accidental de nombre Uniservice Catler Internacional y no con la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Catler Uniservice.
“… Ha habido alguna gente, que a propósito seguramente de hacer daño a la empresa, ha estado manejando una documentación, como que una sociedad SRL se hubiera conformado con capital de 50 mil bolivianos (…) Hay que hacer una diferencia contundente, YPFB no firma con una SRL, firma con una sociedad accidental”, indicó.
Las declaraciones de Ramírez son contrarias a las publicaciones informativas de julio del 2008, mes de la inauguración de obras de la planta de Río Grande. El 13 de julio, la propia gubernamental ABI emitió un cable informativo que señala que “la construcción de la planta en Río Grande fue adjudicada a la empresa Catler Uniservice SRL…”, en base a un comunicado de YPFB.
El 14 y 15 de julio, la misma ABI y medios impresos (La Razón, Los Tiempos, El Deber y El Diario, entre otros) hacen referencia a la empresa Catler Uniservice SRL en las notas sobre la inauguración de las obras.
En el número de septiembre del periódico Con Energía Propia, de YPFB, se describe a Catler Uniservice SRL como la empresa que se adjudicó la construcción de la planta de Río Grande. En cambio, en el número de octubre, el impreso de la estatal hace referencia a la “Asociación Accidental Catler Uniservice.
Según la ANF, la empresa Catler Uniservice SRL se registró en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) dos meses después de la firma del contrato. La red ATB ayer informó que la sociedad accidental mencionada ayer por Ramírez no está inscrita en Fundempresa.
“YPFB no tiene ninguna relación con esta SRL, que nos han achacado como si YPFB hubiera suscrito un contrato con esta empresa. Nosotros tenemos la documentación protocolizada para aclarar con la verdad”, dijo ayer.
Otra de las contradicciones de Ramírez tiene que ver con la persona con la que firmó el contrato. Ayer sostuvo que lo hizo con Miguel O’Connor, representante de la empresa; sin embargo, en la foto del acto aparece firmando con Agustín Melano. Luego de la firma, la Cámara Alta solicitó un informe sobre la empresa.
Funcionario de una Súper acompañaba a O’Connor
CASO • El empresario asesinado llevaba 300 mil dólares en un maletín, y él 150 mil en otro.
Mario Ángel Cossío Magalen, quien hasta el jueves fue funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos, era una de las personas que acompañó al empresario Jorge O’Connor a sacar los 450 mil dólares al Banco Unión, y a la casa donde fue asesinado en la Av. Tejada Sorzano.
“Hay un Javier (Navia), hay un Miguel (O’Connor), hay un Mario Cossío (que estaban en el lugar cuando ocurrió el asesinato, el martes)”, señaló Marcos Vidal, uno de los fiscales asignados al caso, quien confirmó luego que Cossío era funcionario de una superintendencia.
Otras fuentes relataron que esta persona renunció a su cargo la noche del jueves. Ayer por la mañana, La Razón llamó a la superintendencia. Primero contestó un funcionario, que respondió: “No está. Vuelva a llamar”.
En el siguiente contacto atendió otra persona, que primero solicitó: “Espere un momento”. Pasó un momento y añadió: “No está en nuestra lista de trabajadores”.
El juez Williams Dávila, en las conclusiones antes de enviar a cuatro personas sospechosas del asesinato, indicó: “Mario Ángel Cossío Magalen acompañó a Jorge O’Connor el momento del atraco. La víctima llevaba 300 mil dólares en un maletín y Cossío tenía 150 mil en otro”.
Este medio no pudo ubicar a Cossío para obtener su versión sobre los hechos ocurridos.
Otras fuentes señalaron que esta persona trabajó en la presidencia de la Cámara de Diputados, luego pasó por YPFB y hasta esta semana trabajaba en la superintendencia. La Fiscalía anunció que lo convocará.
Los datos
El hombre • Cossío trabajaba, al menos hasta el jueves, en una superintendencia, según confirmó ayer a este medio Marcos Vidal, uno de los fiscales que investiga el caso del asesinato de O’Connor.
La participación • El juez Williams Dávila aseveró que el día del atraco O’Connor llevaba 300 mil dólares en un maletín, mientras que Cossío llevaba los restantes 150 mil en otro, cuando fueron atacados.
“El Rufo” asesinó a O’Connor
BALÍSTICA • El disparo fue a 10 centímetros de distancia, dice el informe.
El fiscal que lleva el caso del volteo de 450 mil dólares y el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, Luis Mamani, confirmó ayer que quien disparó a la víctima fue Rufino Rodríguez Coca, según el examen de balística.
Rodríguez, alias El Rufo, fue aprehendido la madrugada del miércoles por efectivos policiales en Cochabamba, junto a Franz Michael Rodríguez Calero y Sandra Verónica Mamani Quispe, en posesión de 50 mil dólares.
Durante la audiencia de medidas cautelares, Mamani explicó ayer que de acuerdo con el examen realizado a los detenidos, se evidenció que Rufino Rodríguez disparó al empresario O’Connor.
“El informe que se tiene es que quien disparó contra la humanidad fue Rufino (…) lo hizo con tanta saña que fue a menos de 10 centímetros de distancia”.
El informe revela además que el proyectil ingresó por la boca y salió por el cuello.
La defensa de los acusados argumentó que ese examen no es confiable y que no hicieron la prueba del guantelete. Fuentes cercanas a la indagación afirmaron que esa prueba ya es antigua y que sometieron a los detenidos a un examen atómico.
Cuatro presuntos autores del crimen están en la cárcel
La defensa de los acusados denunció que se cometió irregularidades en las detenciones.
El juez 5º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, determinó ayer la detención preventiva de cuatro de los presuntos autores del volteo de 450 mil dólares y del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach.
Rufino Rodríguez Coca, Franz Michael Rodríguez Calero, Sandra Verónica Mamani Quispe, supuestos autores materiales; y Ernesto Córdova, presunto autor intelectual, fueron remitidos a la cárcel de San Pedro, en el caso de los varones, y la mujer al Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores.
Uno de los fiscales a cargo del caso, Luis Mamani, argumentó que los sospechosos cuentan con suficientes indicios de participación en el crimen de O’Connor D’Arlach.
Rufino Rodríguez, su mujer Sandra Mamani y otros implicados en el hecho partieron de Cochabamba el 25 de enero rumbo a La Paz, donde se contactaron con Ernesto Córdova y planearon el volteo y asesinato, según el informe del fiscal Mamani.
Asimismo, parte del dinero que O’Connor sacó del Banco Unión para entregar a alguien, estaba en manos de Rufino Rodríguez, pues los fajos de dinero tenían aún un cintillo que llevaba el logo de la entidad financiera.
El vehículo en el que llegó la víctima a la casa de la avenida Tejada Sorzano es de Ernesto Córdova, informó Mamani.
La defensa de los acusados argumentó que no existe ningún vínculo entre Córdova y los otros tres implicados.
Éstos denunciaron en la audiencia que en el momento de su detención fueron torturados. En el caso de Córdova, su abogado, Jorge Borda, indicó que fue detenido en horas no establecidas por la ley y que no tiene ningún nexo con los otros sospechosos.
Hasta las 22.30, Fernando Córdova, el otro implicado del caso, prestó su declaración informativa en el Hospital Policial Copacabana. El fiscal Aldo Ortiz afirmó que su informe será valorado junto al de los otros y hoy será sometido a medidas cautelares.
Detalles
Antecedentes • Según la red ATB, Rufino Rodríguez y Franz Rodríguez tienen pronturario por robo agravado. Fueron detenidos en octubre del 2006 y serían partícipes en el robo millonario de la empresa de rentistas jubilados en Santa Cruz.
Prófugos • El fiscal Luis Mamani informó que Yerko Soto Camacho y Ariel Carlos Montaño participaron en el asesinato y volteo del dinero, pero que actualmente están prófugos.
Evo duda de denuncias, pero pide investigación
POSICIÓN • Saludó que el Senado haya conformado una comisión para indagar.
El mandatario Evo Morales declaró ayer que duda que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, esté implicado en un caso de corrupción, que se desprende del volteo de 450 mil dólares, pero aseguró que el caso debe ser investigado.
El gobernante declaró a los medios en la ciudad de Tarija, luego de asistir a una reunión con alcaldes de ese departamento.
“Primero, algunas de las autoridades son permanentemente objeto de calumnias. Cuando Jorge Alvarado era presidente de YPFB, fue acusado de todo, nada demostrado. El compañero Manuel Morales Olivera. Han hecho sacar unas fotos, se defendió, demostró que no había nada y los acusadores se escaparon”.
Pese a ello, el presidente Morales dijo que «finalmente nadie puede dar su cabeza de nadie» y añadió que la justicia debe hacerse cargo del proceso. «Saludo que los senadores hayan organizado una comisión para investigar; que investiguen, (el caso) tiene que esclarecerse», aseguró según reportó la agencia ANF.
«Yo lo conozco al compañero Santos Ramírez, no creo, dudo estas acusaciones, pero está para investigación. No porque es un compañero Santos Ramírez, fundador de un instrumento político puede ser tapado, tiene que esclarecerse», insistió Morales.
ANF refleja la declaración del senador oficialista Antonio Peredo, quien dijo este viernes que Ramírez, “como cualquier ciudadano en Bolivia, está obligado a someterse a la justicia,porque existe una acusación seria en su contra y cuando es acusado de cualquier cosa, hay que aclarar su situación en las instancias que correspondan».
OPINION
Aclaraciones sobre contrato con empresa del finado O’Connor siembran más dudas
La Paz/ANF
La planta separadora de gas licuado de petróleo y gasolinas para Río Grande está en fabricación en Argentina y Estados Unidos, asegura el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, al señalar que la contratista es la «Sociedad Accidental Uniservice Catler International».
Para el presidente de YPFB, el orden de los factores sí altera el producto, porque asegura que el contrato «llave en mano» que firmó la estatal en julio del 2008 fue con la «Sociedad Accidental».
En conferencia de prensa después de tres jornadas de insistencia para que el presidente de YPFB aclarara las informaciones que le vinculan con un robo de 450.000 dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, ejecutivo de la adjudicataria de la planta de separación de Río Grande, finalmente, este viernes Ramírez expuso documentos y desmintió informes sobre las obras, la adjudicación y la relación.
A seis meses de firmado el contrato y de la ceremonia de inauguración de obras, la construcción de la planta aún no es visible, porque los equipos son fabricados por SICA y Lito Gonella e Hijo de Santa Fe, Argentina, y por Gulsby Process System en Houston.
Si bien el máximo ejecutivo de la estatal puntualiza que no es lo mismo «Catler Uniservice» que «Uniservice Catler», además que la primera es una «sociedad de responsabilidad limitada» (SRL) y la segunda una «sociedad accidental».
Sin embargo, la Resolución Administrativa 087/2008, del 11 de julio del 2008 que adjudica «a la empresa Catler-Uniservice» la «provisión e instalación llave en mano de planta de extracción de licuables de gas natural a ser instalada en el campo Río Grande ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz», además, los informes oficiales de YPFB indican que el contrato fue suscrito con «Catler Uniservice SRL», precisamente una Sociedad de Responsabilidad Limitada, como lo señala el número 5 de la publicación «Con Energía Propia», correspondiente a septiembre del 2008, en la que Juan Carlos Navia Doria Medina figura como editor.
«El contrato llave en mano fue suscrito el pasado 12 de julio entre la YPFB y la Catler Uniservice S.R.L. en Río Grande en la que participó el presidente de la estatal petrolera, y el presidente de la firma constructora, Agustín Melano», señala textual la publicación institucional.
Pero, este viernes, más de seis meses después, Ramírez aseguró: «Hay que hacer una diferencia contundente acá. YPFB no firma con ninguna Sociedad de Responsabilidad Limitada», es decir una SRL, «YPFB firma con una Sociedad Accidental».
Por lo general, las adjudicaciones de YPFB requieren el registro en FUNDEMPRESA. En ese sentido, en esa entidad no hay ninguna Sociedad Accidental Uniservice-Catler International. Sólo hay registros de Catler-Uniservice SRL y de Uniservice por separado.
Entre las varias dudas que persisten en el caso Catler Uniservice, el presidente de YPFB, sembró una más, porque según él, el contrato fue suscrito con Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y no con Agustín Melano, como lo señala la publicación de septiembre de la misma estatal.
Ramírez insistió, este viernes, que «YPFB no tiene ninguna relación con esta Sociedad de Responsabilidad Limitada», es más afirma que les «han achacado como que si YPFB hubiera suscrito un contrato con esta empresa».
El robo de 450.000 dólares y el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido el martes 27 de enero, complicó a Santos Ramírez. Sin embargo, este ejecutivo aseguró que sin garantías por parte de Catler Uniservice no desembolsan ningún monto.
Si bien para el proyecto de la planta de separación se conformó un fideicomiso inicial de 45 millones de dólares en el Banco Unión, igual los recursos se utilizan «cuando los técnicos de YPFB autorizan y respalda con informe técnico-legal».
LA PRENSA
Por orden de Nardy Suxo, la UIF indaga a Santos y éste se desentiende de parientes
El presidente de la estatal petrolera entra en contradicciones por la firma con Catler, pero Evo lo ratifica
Santos Ramírez dice que sólo se casó con su esposa y no con los familiares de su cónyuge.
El Viceministerio de Transparencia ordenó una investigación a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para establecer si hay irregularidades en el contrato de construcción de una separadora de líquidos en Río Grande, en tanto que una comisión de fiscales hará indagaciones en torno de una eventual vinculación del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, con la muerte de Jorge O’Connor.
Mientras tanto, el presidente Evo Morales salió ayer en defensa de su colaborador y éste aseguró no tener parentesco con los hermanos Córdoba y que no es responsable de lo que hagan sus familiares políticos.
Por disposición de Morales, la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, indicó que “no se encubrirá” a nadie en caso de ser ciertas las versiones en sentido de que el contrato con el consorcio Catler-Uniservice adolece de irregularidades en su contenido o en el proceso de adjudicación.
Con ese objetivo, Suxo solicitó a la UIF que intervenga en las cuentas de Ramírez; su ex esposa; su actual consorte, Jiovana Cristina Navia, y de otros, proceso que demandará entre cinco y diez días.
La Viceministra solicitó por escrito informes a YPFB, al Ministerio Público, Policía, Ministerio de Hacienda y a otras instituciones estatales para aclarar las denuncias.
Una comisión de fiscales que incluye uno especializado en corrupción pública y un grupo multipartidario de senadores efectuarán paralelamente otras averiguaciones sobre el caso.
Ramírez aclara
En conferencia de prensa ofrecida ayer a mediodía, Ramírez no hizo referencia a los 450.000 dólares arrebatados a Jorge O’Connor la mañana del martes 27, cuando fue asesinado.
No salió antes al encuentro de los medios de comunicación porque, “cuando era senador, estaba en la obligación de participar en la polémica pública, pero desde que asumimos la Presidencia de YPFB decidimos trabajar intensamente y exclusivamente por la empresa”.
Exteriorizó su disposición de acudir a todas las instancias que lo convoquen para explicar la legalidad de sus acciones.
Desmintió ser tío de los hermanos Córdoba Santiváñez, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte del contratista, porque “para ser parientes de Santos Ramírez mínimamente tendrían que hablar quechua y fundamentalmente no matar”.
“Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, ésa es responsabilidad de cada uno de ellos. Yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de terceras personas”. El titular de Yacimientos aseguró que sólo se casó con su “señora esposa”.
En referencia a la suscripción del contrato con la constructora de la planta separadora de líquidos en Río Grande, aclaró que no se trata de una “empresa fantasma”, pues es erróneo basarse en un legajo de Fundempresa, signado con el número MAT 142-400, que confiere la calidad de sociedad de responsabilidad limitada al consorcio, pues YPFB no puede rubricar contratos de esta magnitud con sociedades de ese tipo.
Dijo que se trata de una sociedad accidental, cuyos ingresos anuales superan los 20 millones de dólares, y respaldó su afirmación al mostrar el acta de constitución, aunque no distribuyó copias del documento en cuestión, pero afirmó que el proceso de adjudicación fue legal y que obedeció a razones de orden técnico y económico, pues su propuesta era más conveniente que la otra proponente, la estadounidense Exterran Hannover.
Sin embargo, en todos los documentos oficiales de la estatal petrolera figura que el convenio fue firmado con Catler Uniservice S.R.L. y el quinto número del boletín Con Energía Propia así como cables de la oficial Agencia Boliviana de Información (ABI) dan cuenta de que Ramírez suscribió el mencionado acuerdo con Agustín Melano, de nacionalidad argentina.
En la rueda de prensa de ayer, la autoridad aseguró que había firmado los documentos con Miguel O’Connor, hermano menor del profesional asesinado el martes reciente.
Consultado sobre el avance de obras, Ramírez mostró fotografías e informes de fiscalización de la fabricación de los equipos en Argentina y EEUU.
Citó a las factorías SICA Argentina y Lito Gonella e Hijo de Santa Fe, además de Gulsby Process System, en Houston, aunque al dar el número telefónico de una empresa establecida en Santa Fe hizo conocer uno correspondiente a Buenos Aires.
Admitió que el consorcio todavía tramita la licencia ambiental correspondiente y que, comoquiera que la modalidad del contrato es “llave en mano”, no se siente preocupado por el avance de las obras.
El superintendente de Empresas, Rolando Morales, informó ayer a la Red Erbol que el consorcio Catler Internacional, formado por la boliviana Catler Uniservice S.R.L. y la panameña Uniservice Catler Internacional, está legalmente establecido el país.
Una insistente versión, no confirmada, circuló en medios políticos en sentido de que el presidente Evo Morales había convocado de urgencia a su gabinete para analizar el caso y adoptar una posición.
Desde la muerte de O’Connor, Ramírez había evitado vertir comentarios públicos sobre el particular, pero esa supuesta reunión de gabinete pudo haberle recomendado la aparición pública.
Se conoció que durante toda la tarde Ramírez estuvo reunido con autoridades nacionales en el Palacio de Gobierno.
Ratificado por Evo
En un acto cumplido en la ciudad de Tarija, el presidente Evo Morales ratificó en sus funciones a su colaborador al frente de Yacimientos.
“Yo conozco al compañero Santos Ramírez y dudo de esas acusaciones, pero el caso está en investigaciones. No porque sea Ramírez del ámbito político puede ser tapado. No, tiene que esclarecerse, pero pongo dos ejemplos: Jorge Alvarado y Manuel Morales Olivera, ex presidentes de YPFB que han sido acusados, se han defendido y no hay nada hasta ahora e inclusive sus acusadores se escaparon al no tener pruebas”.
“Fernando sabe”
Ernesto Córdoba Santiváñez confesó ayer que su hermano Luis Fernando conoce la identidad del destinatario final de los 450.000 dólares arrebatados al ingeniero Jorge O’Connor el 27 de enero, cuando fue asesinado.
El implicado en el atraco y asesinato de O’Connor afirmó que la del martes no fue la primera vez que su hermano Luis Fernando acompañaba a la víctima en este tipo de transacciones en La Paz, por lo que pidió investigar el número de cheques que cobraron y los depósitos que realizaron.
Dijo que es inocente de todo cuanto se le sindica y que si tenía documentos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en su local nocturno, El Caballito, era porque había planificado presentar un proyecto a consideración de la estatal petrolera.
Señaló también que conoce por televisión al presidente de YPFB, Santos Ramírez, pero que nunca tuvo ninguna relación comercial con la autoridad.
“Tienen que preguntarle a mi hermano, lo que yo les pido es que hablen con él, al final y al cabo, si a nosotros nos están queriendo involucrar en todo esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y contarles a quién estaba dirigido el dinero, mi hermano sabe y también Mario Cossío”, un ejecutivo de Catler Uniservice.
“Creo que la prensa ya tiene la respuesta. Mi hermano tiene que explicarles, pero no fue la primera vez que sacan este monto de plata. Ustedes averigüen en los bancos cuántas veces han ido a dejar fuertes cantidades. Hay un contrato entre YPFB y una empresa donde estaban trabajando”.
Córdoba formuló estas declaraciones desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se encontraba recluido hasta ayer por la tarde, cuando fue trasladado al penal de San Pedro.
Entretanto, el diputado de Poder Democrático y Social (Podemos) Marco Antonio Córdoba afirmó ayer que no conocía las actividades y negocios en los que están implicados sus hermanos pues los delitos son intuito persona y no de familia y que deberán responder ante la justicia.
Una casualidad permite a la Policía aclarar el asesinato del ingeniero Jorge O’Connor
Cuatro imputados guardan detención preventiva, se busca a dos prófugos
Cautelar: el juez Williams Dávila ordenó ayer la detención preventiva de cuatro implicados, tres varones y una mujer, en el atraco y muerte del ingeniero Jorge O’Connor
Michael Rodríguez, uno de los detenidos, pretende acogerse a proceso penal abreviado.
Una casualidad facilitó a la Policía esclarecer el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, pues uno de los presuntos autores del crimen y su esposa estuvieron a punto de chocar con una patrulla policial en Cochabamba y al ser detenidos se encontró parte del botín.
El juez cautelar Williams Dávila ordenó ayer la detención preventiva en las cárceles de San Pedro y Obrajes, en La Paz, de cuatro personas por encontrar indicios de participación en este hecho delictivo.
El martes 27 por la mañana, al menos cinco atracadores robaron 450.000 dólares y uno de ellos asesinó con un disparo en la boca a O’Connor. Menos de 48 horas después, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) detuvo a cuatro implicados y aclaró el caso.
Sandra Verónica Mamani Quispe; su marido, Rufino Rodríguez Coca, y Franz Michael Rodríguez Caero fueron detenidos en Cochabamba, mientras que Ernesto Córdoba Santiváñez era aprehendido en La Paz.
El ovillo comenzó a desenrollarse con los testimonios de los dos primeros. La fiscal de Cochabamba Faridy Arnez Arce, en un documento al que tuvo acceso este medio, señala que a las 17.00 del miércoles 28 la pareja transitaba en una motocicleta negra a “gran velocidad” por la avenida Barrientos de esa capital. La mujer llevaba una mochila amarilla, pero se atravesaron en el camino de un vehículo de la FELCC que cumplía un patrullaje de rutina.
El motorizado casi colisionó con otro coche al esquivar a los imprudentes. Los agentes se lanzaron en persecución de la moto por cuadras hasta alcanzarla.
Rodríguez Coca se resistió a mostrar sus documentos personales, mientras que su cónyuge intentaba disimuladamente deshacerse de la bolsa, lo que llamó la atención de los policías, quienes revisaron su contenido.
En medio de pañales desechables, los uniformados encontraron 50.000 dólares en fajos.
Ya en la FELCC, Rodríguez declaró que ganó ese dinero con la venta de automóviles en La Paz, el martes 27, aunque confesó finalmente que Ernesto Córdoba le había contratado a él y a otras personas para cometer el atraco, planificado en coordinación con Luis Fernando Córdoba.
Ayer por la tarde, Dávila ordenó la detención preventiva de Rodríguez Coca, Franz Rodríguez y Ernesto Córdoba en la cárcel de San Pedro y la de Sandra Mamani en Obrajes. El mandamiento también es válido para los prófugos Yerko Soto Camacho y Ariel Carlos Montaño.
En plena audiencia cautelar desarrollada por tres horas, el principal imputado negó la declaración confesoria que había firmado en Cochabamba y denunció que él y su esposa fueron detenidos en su casa, a medianoche, y que los sacaron de la cama, los agarraron a patadas, a ella la arrastraron de los cabellos, empujaron a sus cuatro hijos (de uno, cuatro, siete y diez años) y les obligaron a inculpar a Ernesto Córdoba.
La fuerte suma es uno de los indicios que consideró el Juez para su detención, porque el dinero tenía los flejes de seguridad del Banco Unión, entidad de la que fueron retirados los 450.000 dólares. Además, tiene el antecedente de ser sospechoso de un atraco a la empresa Taquiña.
Acerca de Michael Rodríguez, hay indicios de que depositó 38.000 dólares en una financiera de Cochabamba.
Ernesto Córdoba, pese a que su abogado Jorge Borda, reclamó que su aprehensión fue ilegal, fue encarcelado porque el Juez consideró la primera declaración.
El magistrado ordenó la detención preventiva porque también encontró riesgo de obstaculización de las investigaciones.
En la audiencia, los fiscales asignados al caso, César Romano, Luis Mamani y Marco Vidal, imputaron a los cuatro los cargos de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa.
Los fiscales indicaron ayer, que Michael Rodríguez pidió acogerse juicio abreviado, es decir que revelaría “todo sobre el atraco”, pues creyó que de esa manera podría sufrir una condena menor, pero al tratarse de un asesinato no es posible aplicar penas más leves y el único beneficio que podría recibir es cumplir su sentencia en Cochabamba.
Fiscalía cree en un autosecuestro
La Fiscalía sospecha que Luis Fernando Córdoba Santiváñez, presunto autor intelectual del asesinato del Jorge O’connor, simuló haber sido secuestrado y torturado el miércoles en la zona cordillerana.
El abogado Johnny Castelú denunció el miércoles que su representado, al salir de su domicilio con dirección a la FELCC para declarar, fue subido por la fuerza a un vehículo y llevado a La Cumbre, donde lo golpearon hasta reventarle los tímpanos y romperle varias costillas.
Un agente del Ministerio Público dijo a este medio que “se sospecha de un autosecuestro” tramado para despistar las indagaciones.
Ayer fue trasladado del Hospital Arco Iris a la clínica policial.
El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, formó una comisión para investigar el atraco y la procedencia y destino del dinero.
El grupo es integrado por los abogados Luis Mamani, César Romano, Edwin Sarmiento y Edward Mollinedo, de Corrupción Pública.