A manera de conclusión, los obispos dicen que la constitución carece de coherencia global y que subsisten en el texto temas no discutidos. Considera que el proyecto “es el resultado más de la correlación de fuerzas políticas, que de la expresión total de las propuestas y anhelos del pueblo boliviano”.
Editorial El Nuevo Día.
Los furibundos ataques del Gobierno a la Iglesia Católica no impidieron que la institución con mayor credibilidad del país emita su opinión, como lo han hecho muchas organizaciones de la sociedad, sobre el texto constitucional que será sometido a votación el 25 de enero. La Conferencia Episcopal se expresó “sin miedo” como lo había anticipado un día antes el cardenal Terrazas, blanco de la mayoría de los ataques.
La Conferencia Episcopal, un organismo de la Iglesia que reúne a obispos de toda Bolivia que no están bajo la autoridad de Terrazas, porque representan a jurisdicciones autónomas, ha emitido el jueves el documento “Llamados a ejercer un voto consciente, libre y responsable”, que resume lo que ellos consideran son los diez puntos positivos y los diez aspectos preocupantes del proyecto de constitución.
A manera de conclusión, los obispos dicen que la constitución carece de coherencia global y que subsisten en el texto temas no discutidos. Considera que el proyecto “es el resultado más de la correlación de fuerzas políticas y sociales, que de la expresión total de las propuestas y anhelos del pueblo boliviano”. Cuando afirma esto, exhorta a la población a “tomar una decisión fundada en los valores y principios de una sociedad más justa, libre, equitativa, solidaria, fraterna, sin discriminación e iluminada por los contenidos de la fe y la moral cristiana” y queda claro que existe una posición final que va más allá del análisis de las luces y sombras del texto.
Cuando los obispos se refieren a los aspectos positivos, admiten que existe un reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y de los sectores tradicionalmente marginados. Aparte de esto, casi todas las valoraciones tienen que ver con las correcciones y rectificaciones que se hicieron en el Congreso al texto que se aprobó el Oruro, sobre todo en el concepto de nacionalidad, los alcances de la justicia comunitaria, el control social y la libertad religiosa.
En lo preocupante, el documento señala el sesgo totalitario de algunos artículos de la constitución que podrían otorgarle al Estado la libertad para cometer abusos. La figura de traición a la patria y la aplicación discrecional del concepto de retroactividad de la ley, pueden ser usados fácilmente, según la observación, para desatar la persecución política. En cuanto a los derechos, los obispos reclaman el respeto a la dignidad humana, el derecho esencial, que no depende de condiciones históricas, culturales ni políticas y menos raciales.
También observa los riesgos en la administración de justicia, la libertad de expresión, el modelo exageradamente estatista de la economía, las amenazas a la educación y finalmente toca los temas que a la Iglesia le atañen particularmente. La Iglesia cree que el proyecto le abre las puertas a la legalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. En definitiva, consideran que la aprobación de esta constitución puede afectar a la convivencia pacífica de los bolivianos.