Mafiosos y corruptos están en el gobierno

imageEvo con su ahijado Santos Ramírez. El Presidente fue el padrino de su boda con Jiovana Cristina Navia Doria Medina, cuyos familiares están involucrados en el caso O Connor.

 

No es necesario ser un avezado detective, ni siquiera asiduo lector de las novelas de Agatha Cristhie, para percatarse que el atraco y asesinato perpetrado contra el empresario Jorge O´Connor D´Arlach* tiene muchos, demasiados, puntos oscuros y que no se trata solo de una acción delincuencial cometida por maleantillos de bagatela amparados por la más que evidente inseguridad ciudadana que existe en el país.



A parte de la suma involucrada, bastante respetable en nuestro país, existen otros elementos que, por decir menos, llaman la atención y sobre los cuales anticipamos que el gobierno y los masistas echarán cortinas de humo.

Los detalles de este truculento caso están reflejados en la prensa independiente que, afortunadamente todavía  subsiste en el país. Las conexiones familiares y políticas de los negociados que desde hace tres años se ejecutan en la empresa estatal del petróleo son mas que evidentes y ningún jerarca del MAS fue sancionado, solo se hizo un teatro en meses pasados para «castigar» a un funcionario de quinta, por un soborno de 800 dólares, quizá fue «castigado», precisamente, por la irrisoria suma frente al medio millón que, al parecer, es el nivel de las coimas para los ejecutivos de YPFB.

En el presente caso, no deja de llamar la atención que un empresario dedicado a negocios petroleros se dirija a la casa de un pariente del presidente de la empresa estatal del petróleo, Santos Ramírez, llevando consigo 450 mil dólares. No está demás tomar en cuenta que desde un inicio se dijo que en dicho domicilio se traspasaría a una computadora cierto tipo de información.

¿Información relacionada con licitaciones que realiza YPFB? ¿Se está vendiendo en YPFB cierto tipo de información a empresas petroleras para facilitarles se adjudiquen algunas obras? o es simplemente el pago de una comisión (soborno) al o los jerarcas que deciden las adjudicaciones y contratos del sector energético. Alguien podrá decir que estamos hilando demasiado fino pero si se averigua a cuanto asciende la fortuna del exmaestro rural (dignísima y enaltecedora pero mal pagada profesión) y actual presidente de YPFB, Santos Ramírez, podrá percatarse de que hay algo realmente sospechoso. (Recordarles que en una nota del pasado año informamos que don Santos había  adquirido una casa de un millón de dólares en la burguesa zona sur de la ciudad de La Paz).

En este caso, el componente estrictamente policial debe ser  resuelto por la policía y el Ministerio Público. De hecho ya ocurrieron las primeras detenciones y el asunto se va develando.

El otro, la corrupción política, debe involucar a las instituciones llamadas a fiscalizar, principalmente el Congreso Nacional. Ya no es posible confiar en el Ministerio Público de La Paz, puesto que el Fiscal de Distrito, Gutierrez, sabía  de los negociados desde el 5 de enero y se calló, tampoco dijo nada doña Nardy Suxo, viceministra de Transparencia, que  solo se ocupa  de investigar a los opositores y menos aun se podría esperar de la Contraloría General de la República hoy en manos del diputado masista Gabriel Herbas. 

Recordemos que un jefe policial no identificado recomendó a los periodistas que no investigaran más ya que había gente con mucho poder por detrás. En la actualidad ¿cual es la gente con poder en el país?  y aquí viene lo verdaderamente importante.

Santos Ramírez no es cualquier dirigentillo del MAS, fue presidente del Senado y goza de todo el respaldo de Evo, por eso dejó rápidamente la Cámara y se fue a manejar uno de los sectores estratégicos del Estado y puso a su muchachito de los mandados, el pobre Guillermo Aruquipa, en el cargo de Superintendente de Hidrocarburos y como ministro del sector a un ex agente de seguridad que entiende tanto de hidrocarburos como de astronomía. Se cae de maduro quién es el que maneja el área y no por su capacidad o conocimiento sino por el peso político y su estrecha cercanía con el Presidente.

YPFB, la principal empresa estatal, digna de mejor suerte, fue víctima del saqueo de diferentes gobiernos y el actual esta demostrando más angurria que los anteriores. Los masistas que la manejaron salieron todos con serias denuncias de corrupción, Ahí están los Alvarado, los Morales Dávila Olivera y otros, premiados después con interesantes cargos.

El drama del presente es que mientras el país se debate en la pobreza, la falta de inversiones y el aislamiento económico, los privilegiados del entorno presidencial, siguen haciendo de las suyas con total impunidad. El triste asesinato del ingeniero O´Connor, es la punta del ovillo de un sistema de corrupción disfrazado de nacionalización.

Se sabe que otro tanto esta ocurriendo en Entel y otras instituciones del Estado, Comibol, Aduana, INRA, Lotería Nacional, (ni que decir de lo que esta pasando con el narcotráfico, pero es tema para otro análisis).

Es de esperar que los bolivianos y los medios de comunicación, no nos traguemos, una vez más, las patrañas del gobierno que intentará con la «ayuda» de fiscales y jueces dejar este asunto en el ámbito estrictamente policial cuando de lo que se trata es de desenmascarar  la corrupción política y a sus operadores, llaménse Quintana, Ramírez o don Perico.

Finalmente se trata de exigirle al Presidente Evo que deje el discurso y castigue a los corruptos, el sabe quienes son. Si no lo hace quedará claro hasta donde llega el reparto de las «comisiones», sobornos, contrabando y otros «ingresos reservados».

 

* Datos adicionales:

Jorge 0’Connor D’arlach. Firmó un contrato por $us 86,35 millones. La víctima (37) era de Tarija, hijo del rector de la ‘U’ Privada Domingo Savio de Tarija. Presidía la empresa Catler -Uniservice, contratada por YPFB para instalar una planta de gas licuado en Río Grande, a 61 kilómetros de Santa Cruz. En julio de 2008 firmó contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para instalar dicha planta, por $us 86,35 millones. En días pasados, la petrolera hizo efectivo un pago de $us 4,5 millones. La constructora tiene 340 días para entregar la obra.

Empresa Catler Uniservice SRL se registró dos meses después de firmar contrato con YPFB. La compañía debe construir una planta de separación de gas por más de 86 millones de dólares.