Analistas dicen que el Gobierno no tiene un plan anticrisis y que se debe esperar la creación de nuevos subsidios. Hay temas sensibles en la CPE.
La Razón
El año electoral relegará una vez más la gestión económica, coincidieron en afirmar dos especialistas en temas económicos.
Teófilo Caballero, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, señaló que en los últimos meses no hubo gestión económica. Agregó que este año la economía también quedará relegada porque —dijo— el oficialismo se jugará sus últimas cartas para lograr la reelección de Evo Morales. “No habrá agenda económica, lo más grave es que no tenemos un plan anticrisis”.
El economista Armando Méndez consideró que “como la economía está secundarizada, este año sólo habrá que esperar la creación de fondos de subsidio para beneficiar a ciertos sectores”.
Más beneficios para lo comunitario
La Constitución Política del Estado (CPE) “da preferencia a la economía comunitaria y es contradictoria con el principio de pluralidad”, sostuvo ayer el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López.
El economista consideró que la Constitución debería implementar un modelo económico que beneficie a todos y esté acorde con lo que va pasando a nivel mundial. “Los países que se han estatizado demasiado o han colectivizado sus economías han terminado reconociendo la importancia del sector privado y abriéndole más camino”.
Para el ex ministro de Educación, Felix Patzi, el ámbito comunitario de la nueva CPE no excluye a nadie. “En lo económico permite la posibilidad de asociarse con otras personas para poder constituir una empresa comunitaria, que puede ser trabajada en forma directa y su propiedad puede ser de los propios trabajadores”, explicó.
Mientras, según la ANF, el viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado, señaló que la incorporación de lo comunitario a la CPE es un cambio positivo porque estas economías existen en el país, pero ahora serán incorporadas al Código de Comercio.
Ambigüedad con la inversión privada
El nuevo texto constitucional “tiene un blindaje contra la inversión extranjera”, manifestó ayer Teófilo Caballero, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.
Señaló que, al hablar de expropiación y reversión, el artículo 57 de la nueva Carta Magna establece que se aplicarán ambas figuras, excepto a los bienes urbanos. “Por lo general, la inversión extranjera se aloja en el área rural. Este artículo contribuye a la inseguridad jurídica”.
Teófilo Caballero agregó que el artículo 320 obliga a los inversionistas extranjeros a renunciar a su derecho de acudir a centros internacionales de arbitraje, que son los que precautelan las inversiones. “El inversionista preferirá algún país que le dé mayores garantías”, señaló.
El experto también sostuvo que el artículo 351 de la CPE señala que las personas naturales y jurídicas que establezcan contratos con el Estado, relacionados con los recursos naturales están obligados a reinvertir sus utilidades en la propia actividad. “Esto significa que el inversionista extranjero no puede repatriar capitales, dividendos ni utilidades”. Agregó que, por las condiciones, el Gobierno tendrá dificultades para aplicar estas disposiciones.
Una política monetaria supeditada
En el nuevo texto constitucional se establece que la política monetaria del país estará supeditada a la política fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que favorecerá al Poder Ejecutivo para solucionar sus problemas de déficit, advirtió el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López.
“Normalmente en política económica, tanto la fiscal como la monetaria deben coordinar pero tienen que mantener sus propias autonomías para lograr buenos resultados”.
López explicó que, en ocasiones, los bancos centrales son manejados directamente por los gobiernos de turno, que tratan de solucionar sus déficits a través de las entidades. Agregó que en cambio las autonomías de los entes emisores permiten llegar a estos extremos.
“Lamentablemente, la nueva Constitución le quita al Banco Central de Bolivia la posibilidad de tener una autonomía relativa”.
Según López, en el sector financiero la CPE habla de ser eficaz y eficiente pero al mismo tiempo de redistribución y equidad.
“Este tema preocupa porque los bancos captan recursos que después son colocados como créditos. Debieran existir mecanismos de protección para los depositantes”, indicó.
Excedentes controlados por el Estado
En la nueva Constitución Política, el Estado promueve las políticas encaminadas a consolidar el papel del Estado en el control de la economía, respetando la pluralidad productiva existente, afirmó el viernes el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera.
La autoridad destacó que lo más importante en el nuevo rol del Estado es que tendrá el control de los excedentes económicos para reinyectarlos en la economía. “El Estado ahora es el conductor de la economía, inyectará recursos, tecnología no sólo para los emprendimientos grandes sino también para todos los actores, sean estos pequeños, medianos o grandes empresarios”.
García señaló que las comunidades, los pequeños y grandes empresarios y todos los sectores serán incluidos, a fin de apoyar el desarrollo económico.
Explicó que con la nueva Carta Magna, el Estado no será un simple regulador, como lo estableció el modelo neoliberal, sino que ahora será un actor, en todas las instancias. Con respecto a la participación del sector privado extranjero, aseguró que ésta es importante pero la norma protege e impide que su apoyo signifique el dominio de la economía a partir de condicionamientos.
Se ratifica el papel productor estatal
El nuevo modelo económico que diseña la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el domingo 25, incluye al Estado como un actor productivo, afirmó ayer la ministra de Producción y Microempresa, Susana Rivero.
La autoridad, sin embargo, aseguró que las empresas estatales en ningún momento sustituirán al empresariado privado.
Explicó que en el nuevo esquema “hay una pirámide, donde en la punta está el Estado plurinacional. Al medio estarán los emprendimientos mixtos (estatales y privados) y en la base se ubican todos los emprendimientos privados y comunitarios que ahora gozarán del apoyo del Estado plurinacional”.
“La nueva Constitución reconoce a los principales actores de la economía nacional, el 94 % de los productores que antes no estaban reconocidos, pero el 6%, que es la empresa grande, seguirá gozando del apoyo estatal”, señaló.
El economista cruceño Teófilo Caballero sostuvo que en el nuevo modelo se estatiza la economía, porque se establece la creación de monopolios productivos. “Esto es un atentado a la iniciativa privada”, lamentó el experto.
El comercio e industria son excluidos
La Constitución Política del Estado (CPE) no incluye una sección relacionada con los derechos de las actividades industrial y de comercio, con lo que se garantice su aporte al desarrollo nacional, explicó el abogado constitucionalista Carlos Alarcón.
Señaló que en la sección sobre el derecho al trabajo y al empleo, la nueva Carta Magna sólo establece que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria y otra actividad económica lícita. Agregó que la CPE incluye que se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales que serán reguladas por la ley, “ pero no incluye un capítulo relativo a sus derechos fundamentales”.
Con respecto a la propiedad privada y a la expropiación, Carlos Alarcón advirtió que la aplicación de esta norma por los gobiernos de turno se presta a excesos y abusos.
El experto añadió que la CPE debería precisar que en las actividades industriales y comerciales para la exportación de bienes o productos nacionales, la propiedad privada sobre los medios de producción y las mercancías cumple una función social.