Contratación estratégica dio pleno poder a Ramírez
Fiscalía y Congreso tienen en la mira a Villegas y Aruquipa
Pablo Cossío Cortez no es socio de Uniservice SRL
Fiscales ligan a los Córdova con tres entregas de dinero
Una comisión irá a EEUU y a la Argentina a investigar
Morales Olivera reaparece como asesor ministerial
LA RAZÓN
Mecanismo • Un experto dice que el fideicomiso es positivo para el sector privado, pero no para el público, porque no tiene ningún control.
En dos años (2007 y 2008), el Gobierno constituyó fideicomisos para varios proyectos por 2.083,9 millones de dólares y entre éstos está el monto inicial de 45 millones de dólares para la planta separadora de líquidos en Río Grande de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyo manejo es cuestionado.
De acuerdo con los datos del Ejecutivo, entre el 2007 y 2008, en el sector público, se crearon 14 fideicomisos y dos créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) para el Tesoro General de la Nación (TGN), que serán manejados a través de esta misma figura.
El destino de este dinero se reparte en fideicomisos para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), YPFB, iniciativas productivas, programas de reconversión productiva comercial, compra de pasivos agrícolas de pequeños productores agropecuarios del área rural, financiamiento a medianos y grandes productores industriales, préstamos a empresas exportadoras amparadas en la Ley ATPDEA, entre otros.
Los fideicomisos ya establecidos figuran en el Presupuesto General de la Nación (PGN) reformulado del 2008 y fueron establecidos por distintos decretos, excepto el destinado al financiamiento del sector cañero.
Los créditos de 600 millones de dólares para el sector productivo y de 1.000 millones para YPFB, también serán desembolsados a través de fideicomisos.
Un experto, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó a La Razón que los fideicomisos no deben ser usados en el sector público, porque éste “no tiene control en la ejecución de los recursos”. “Su manejo se lo realiza de manera directa y discrecional, los montos disponibles están asignados en su totalidad y no necesitan de la solicitud al Ministerio de Hacienda”, apuntó.
“Los fideicomisos son instrumentos para operaciones con el sector privado, nunca para el sector público. Sólo este Gobierno empieza a usar con el sector público”. Apuntó que el fideicomiso “consiste en que Hacienda le da recursos a la entidad y eso lo registra como un desembolso, pero el gasto ya no lo registra, y no controla nadie. Ese es el problema y por eso es que el fideicomiso no debió haberse usado”.
El senador Luis Vásquez sostuvo que ahora, tras el destape del caso de corrupción en YPFB, se ve “en toda su magnitud” el efecto del sistema de adjudicaciones directas y fideicomisos.
“El sistema de contratación y licitación de obras… ha sido sustituido por un nuevo procedimiento que destruye toda forma de fiscalización y que destruye toda forma de control. Este nuevo sistema al cual lo podemos denominar el sistema de contratación y adquisición del MAS, ha sido complementado con la creación de fideicomisos”.
Para el analista Armando Álvarez, el fideicomiso es bueno para lograr transparencia, pero si es mal utilizado, puede ser negativo. En el caso de YPFB, dijo que hubo un error, porque la administradora (el Banco Unión) debió desembolsar directamente a la adjudicataria, de a poco y de acuerdo al avance, y no a una empresa intermedia (YPFB).
MÁS DATOS
YPFB • El fideicomiso para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es de 90 millones de dólares. El Estado ya desembolsó un monto inicial de 45 millones de dólares.
Diferencia • Un experto afirma que para el sector privado, el fideicomiso es como un crédito que debe ser devuelto. Para el sector público es como un desembolso a fondo perdido.
Contratación estratégica dio pleno poder a Ramírez
EXCEPCIÓN • La modalidad no establece requisitos mínimos para adjudicar una obra.
La figura de contratación estratégica directa, establecida por el Decreto Supremo 29506, otorgó poder absoluto al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, para la adjudicación de la empresa Catler-Uniservice.
“Con la contratación estratégica, el responsable directo de la misma era el máximo ejecutivo de YPFB (Santos Ramírez)”, dijo a La Razón un ex funcionario de la estatal petrolera que pidió mantener su nombre en reserva.
Mientras, una fuente del Legislativo señaló que la modalidad “no establece ningún requisito indispensable” para la adjudicación y que “las garantías (de los proponentes) están a discreción del presidente de YPFB y/o del responsable de la contratación, pueden ser Bs 1 ó 50.000”.
Agregó que tampoco se exigen requisitos mínimos sobre la experiencia de la empresa que se adjudique la obra y que con el decreto “se puede adquirir desde un tornillo hasta una refinería”.
Catler-Uniservice se adjudicó, el 10 de julio del 2008, el proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos en Bolivia por 86,3 millones de dólares.
El ex funcionario de Yacimientos reveló que en la estatal se sabía que una persona vinculada al Gobierno ingresó en una reunión de la comisión calificadora para la adjudicación y dijo que la obra “tenía que ser para el consorcio Catler-Uniservice”.
El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez del cargo y ordenó la intervención de la estatal.
ANTECEDENTES
Crimen • El 27 de enero se produjo el asesinato del ejecutivo de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, y el volteo de $us 450.000 en una casa de la Av. Tejada Sorzano (La Paz).
Corrupción • Las investigaciones del hecho dieron pistas de una presunta coima (comisión ilegal) para el ex jefe de YPFB Santos Ramírez, por la adjudicación de un proyecto.
Fiscalía y Congreso tienen en la mira a Villegas y Aruquipa
El presidente de YPFB y el superintendente de Hidrocarburos serán llamados a declarar por el supuesto caso de corrupción. Villegas reiteró que desconocía la situación, pero la comisión del Senado vio contradicciones en su informe.
• EN EL SENADO • El actual presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas (izq.), presta su declaración, en la que negó saber del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice. Ocurrió el 4.
El ex ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas y el superintendente del rubro, Guilllermo Aruquipa, serán convocados a declarar por la Fiscalía, en el marco de la investigación de las irregularidades cometidas en la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
El caso salió a la luz tras el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, uno de los ejecutivos de Catler-Uniservice, el 27 de enero. Tras dispararle, los delincuentes huyeron con 450.000 dólares que llevaba el empresario. Se presume que el dinero era una comisión ilegal para el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, por la adjudicación del contrato.
“También se ha expedido una citación para (que declare) Carlos Villegas (actual presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB), para el superintendente (de Hidrocarburos), el señor (Guillermo) Aruquipa”, informó el fiscal asignado al caso, Edward Mollinedo.
Villegas se presentó el miércoles ante la comisión multipartidaria del Senado que investiga el caso, y negó tener conocimiento del contrato entre YPFB y el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta.
Ayer, ratificó en Santa Cruz que desconocía el proceso de adjudicación y el contenido del contrato. No obstante, el presidente de la comisión investigadora del Senado, Wálter Guiteras, apuntó que se vieron contradicciones en las declaraciones de Villegas.
Recordó que, siendo ministro de Hidrocarburos, el actual presidente de YPFB envió en septiembre del 2008 una respuesta a una solicitud de informe de la Cámara Alta sobre el tema.
Agregó que varias instancias del proceso de aprobación del contrato tienen aprobación del director y el ministerio tiene representación en el directorio.
Mientras, Guillermo Aruquipa también fue llamado a declarar por los senadores, el martes.
El cronograma de declaraciones, agregó Guiteras, incluye el lunes a las 16.00 al superintendente de Empresas, Rolando Morales; y el miércoles a los ministros Luis Alberto Arce Catacora (Hacienda) y Héctor Arce Zaconeta (Defensa Legal).
Un ex funcionario de la estatal petrolera, que pidió mantener su nombre en reserva, reveló a La Razón que el contrato entre el Estado y Catler-Uniservice era de conocimiento del Ejecutivo.
Relató que después de la firma del acuerdo el 14 de julio, hubo una reunión en el Palacio de Gobierno en la que se decidió cambiar la entidad bancaria encargada de administrar el fideicomiso por el que YPFB obtuvo los recursos para el proyecto adjudicado a Catler-Uniservice.
“Hay una reunión entre el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, Santos Ramírez, Carlos Villegas y el ministro de Hacienda, donde se decide emitir un Decreto Supremo (29662)”. Agregó que el Ministerio de Hacienda estaba al tanto del documento, porque fue ese despacho el que firmó el contrato de fideicomiso con el Banco Unión. “Había un conocimiento pleno y cabal del Gobierno acerca del caso de Catler-Uniservice”.
Guiteras señaló que aún “está en debate” la citación para Ramírez, y la del diputado Marcos Córdova, hermano de los presuntos autores intelectuales del hecho.
LA FISCALÍA
Empresa • El fiscal Edward Mollinedo señaló que el lunes y martes, el Ministerio Público recibirá las declaraciones informativas de “todos los funcionarios de YPFB que han sido cesados de sus funciones”.
Ramírez • El Fiscal añadió que para precautelar la recuperación del dinero robado y el pago de los daños ocasionados al Estado, se realizará la anotación preventiva de bienes, como ya se hizo con los de Ramírez, a quien, además, se le congelaron las cuentas bancarias.
Pablo Cossío Cortez no es socio de Uniservice SRL
PRECISIÓN • Un gráfico de este medio incluyó por error al hermano del Prefecto de Tarija.
Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, no es socio de la empresa Uniservice SRL, según la Escritura de Constitución No 1007/2006 de la mencionada empresa, que tiene sus operaciones en la ciudad de Tarija.
El documento señala que los hermanos Miguel y Jorge O’Connor D’Arlach Taborga conformaron la empresa Uniservice SRL (10-VIII-06), con un capital de Bs 800.000. No se observa el nombre de Pablo Fabián Cossío Cortez.
Tras la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, el 27 de enero del 2009 en la Av. Tejada Sorzano y en posesión de $us 300.000, la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró a La Razón (29-I-09) que “Miguel O’Connor D’Arlach Taborga resultó ser el hermano de Jorge O’Connor… es una sociedad de Miguel O’Connor, donde están todos sus hermanos… una sociedad con el hermano del prefecto de Tarija —Mario Cossío Cortez— Pablo Fabián Cossío Cortez”.
“Esta sociedad que tenían estas personas se adjudicaban curiosamente todas las obras de Tarija y por esa razón nosotros hemos presentado documento de Registro de Comercio, nómina de los socios y la sociedad accidental. Con el Sr. O’Connor D’Arlach tienen varias empresas: Centrocom, Centro Educativo, Uniservice, Translogin… está certificado por el Registro de Comercio”, aseveró Suxo.
Ayer, el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, formalizó ante el Juzgado de Instrucción Primero en lo Penal de Tarija una querella formal en contra de la viceministra Suxo, acusándola del delito de desacato, debido a que presentó una proposición acusatoria con datos falsos.
Suxo dijo ayer a Erbol que “(la querella) me tiene sin cuidado ese tema.. sus asesores no le informan bien al prefecto” Cossío.
Este medio publicó el 3 de febrero una infografía en la que se incluyó al hermano del prefecto Cossío como socio de Catler Uniservice SRL. Se trata, evidentemente, de un error. La Razón pide disculpas al prefecto Cossío y a su hermano Pablo por la inclusión incorrecta de sus nombres en dicha publicación.
Fiscales ligan a los Córdova con tres entregas de dinero
CASO • Mollinedo afirmó que hay evidencias de posibles vínculos con retiros y cobros de dinero, pero todavía continúa la investigación.
• EN LA FISCALÍA • Ernesto Córdova sale de la Fiscalía, ayer, con resguardo policial luego de su entrevista con uno de los investigadores del caso. No declaró nada a los medios presentes.
La comisión de fiscales que investiga el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach vincula a los hermanos Córdova, implicados en el caso, con tres entregas de dinero anteriores a la que supuestamente se iba a realizar el 27 de enero antes del volteo.
“Existen las evidencias, se ha establecido que se ha producido tres cobros, tres retiros de dinero y estamos tratando de establecer ese vínculo con las entregas de esos montos de dinero en las que los señores Córdova han participado”, informó uno de los fiscales a cargo, Edward Mollinedo.
Luis Fernando y Ernesto Córdova Santibáñez son los presuntos autores intelectuales del volteo de 450 mil dólares y del asesinato de O’Connor D’Arlach, quien llegó el martes 27 de enero a una casa de la avenida Tejada Sorzano a entregar ese dinero, supuestamente una coima.
Ayer, los dos hermanos debieron declarar ante la Fiscalía. Mollinedo lleva adelante la pesquisa sobre contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, cohecho pasivo y activo, y otros.
Ambos convocados se acogieron al derecho del silencio. Ernesto estuvo en la Fiscalía con su abogado y resguardo policial. Tras una reunión de 15 minutos, salió rumbo al penal de San Pedro, donde guarda detención.
Su abogado, Jorge Borda, aseveró que su cliente no conoce nada sobre el traslado del dinero ni los supuestos vínculos que su hermano Luis Fernando habría tenido con O’Connor y con el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
En celdas judiciales, hace una semana, Ernesto aseguró que su hermano conoce del tema porque no era la primera vez que realizaba estos pagos. Borda afirmó que no sabe nada al respecto.
Por la tarde, los fiscales se presentaron a la clínica policial Virgen de Copacabana donde tenían que recibir la declaración de Luis Fernando Córdova, sin embargo éste se acogió también al derecho del silencio.
Su defensor, Williams Sánchez Peña, aseveró que su cliente se encuentra delicado de salud y que cuando se recupere prestará su declaración ampliatoria. Aseveró que Luis Fernando fue quien auxilió a O’Connor luego que le dispararon.
El fiscal Mollinedo señaló que el hermetismo de ambos hermanos preocupa, pero que el Ministerio Público encontrará otros mecanismos para continuar con la investigación del caso.
Durante la jornada de ayer, la Fiscalía realizó otros allanamientos en diferentes lugares. Hoy se prevé una nueva declaración de la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía.
Salinas tiene un antecedente
Yolanda Salinas Álvarez, esposa de Luis Fernando Córdova, tuvo un proceso penal hace nueve años aproximadamente por un supuesto fraude de más de 200 mil bolivianos en un juego de la Lotería Nacional.
Luego de iniciarse un juicio, tras dos años del hecho, un juez resolvió el sobreseimiento definitivo de Salinas y otras personas implicadas en el caso.
Ayer, la comisión de fiscales que investiga el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach citó a Salinas en calidad de sospechosa para que preste su declaración informativa.
Su abogado, Williams Sánchez Peña, aclaró a los medios de comunicación que su cliente no conoce el caso en el que su esposo está comprometido.
Luego de permanecer al menos 45 minutos en la oficina del fiscal Edward Mollinedo, Salinas salió del lugar, ocultó su rostro y no declaró a los medios. Su defensor dijo que es por seguridad.
“El Rufo” dice que no conoce a los hermanos acusados
HECHOS • Dijo que su declaración ante la Fiscalía es falsa. Asegura que lo amenazaron.
Rufino Rodríguez Coca (alias El Rufo), quien está acusado de disparar y matar al empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, durante el volteo de 450 mil dólares, el 27 de enero en un domicilio de la Av. Tejada Sorzano de La Paz, reiteró que no conoce a los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdova, presuntos autores materiales de ese hecho.
En el acta de su declaración en la Fiscalía del Distrito de Cochabamba, donde fue detenido junto a su esposa al día siguiente del volteo y asesinato, supuestamente señaló que un día antes se reunió con “Ernesto (Córdova) y otras personas donde planificamos realizar el atraco y nos fuimos para realizar un reconocimiento al banco Unión”.
Aseveró, según ese documento, que en el lugar “Ernesto nos nos enseñó por dónde iban a sacar el dinero…Luego nos dirigimos a la casa de Ernesto que está ubicada en la Tejada Sorzano y seguíamos planificando para realizar el atraco al día siguiente…”.
En esa declaración, el presunto delincuente relató que “Ernesto me llamó constantemente para coordinar el momento de la salida de estas personas con el dinero”. Señaló que los siguió en una moto. “Antes de que ingresen a la casa no quisieron soltar el dinero y es por eso que yo le disparé directamente a su cuerpo y él (O’Connor) se cayó en el suelo soltando el dinero”.
Sin embargo, luego aseveró que ese documento es falso. “Me hicieron firmar un montón de papeles blancos, la Policía, a torturas, a mi esposa la querían matar, yo nunca he venido a La Paz, me inculpan tal vez porque tengo un antecedente. Mi esposa no tenía ni un centavo, ni para pagar el alquiler tenemos. No conozco a los Córdova, no sé quiénes son”.
Denunció: “Me amenazaron con matar a mis hijos. Hasta a mi hijo de un año lo han botado al piso, a su madre la han pegado. La fiscal me ha amenazado, si tú no te inculpas, a tu esposa la voy a matar. De mi casa me han sacado a la una de la mañana, cuando dormía”. La Policía dijo que se lo detuvo en una moto, en la calle, por coincidencia.
Una comisión irá a EEUU y a la Argentina a investigar
CASO • El Gobierno buscará datos sobre las empresas que conforman Catler-Uniservice.
Las comisiones conformadas por el Ejecutivo para investigar la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) viajarán a EEUU y Argentina en busca de información oficial sobre las empresas y las obras, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.
“La comisión está trabajando intensamente para recoger la información. Hemos conformado dos equipos para que se trasladen a EEUU y Argentina, y traigan información oficial sobre el estado del cumplimiento del contrato por parte de la empresa Gulsby en EEUU y por parte de otras empresas que están construyendo algunos equipos en la Argentina”.
La credibilidad del consorcio Catler-Uniservice, conformado por seis empresas, ha sido cuestionada tras el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, ejecutivo de la compañía, de la que se presume se adjudicó la obra en forma irregular.
“Por el momento sigue vigente el contrato y una vez que tengamos los resultados e informe de la comisión sabremos definir las decisiones correspondientes”.
Ayer en la mañana, un grupo de personas cargó en vagonetas varias cajas, presumiblemente con documentos, extraídas de las oficinas de Catler-Uniservice en Santa Cruz. El guardia que se encontraba en el lugar indicó que “se trataba de documentación de otra empresa, que la habían traído hace un tiempo por algunos problemas que hubo”. Si bien sostuvo que Uniservice ya no funcionaba en ese edificio, en el ingreso aún se ve el letrero de la empresa. Redacción Santa Cruz
Morales Olivera reaparece como asesor ministerial
Retorno • El ex presidente de YPFB trabaja en Hidrocarburos y dijo estar libre de delitos.
Manuel Morales Olivera, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), volvió al sector energético y ayer se presentó como asesor del ministro de Hidrocarburos y Energía, Saúl Ávalos, puesto que dice ocupar desde hace cinco meses.
“En cuanto Saúl Ávalos fue posesionado, me pidió que lo colaborara, cosa que acepté y tengo el cargo de asesor del ministerio desde septiembre del 2008”, dijo.
Morales Olivera llamó a una conferencia de prensa para informar que está limpio de las acusaciones y denuncias que hicieron algunos senadores contra su persona el 2007 ante la Fiscalía, por supuestas irregularidades en el proceso de negociación de los 44 contratos petroleros.
Hace algunos meses —dijo el ex presidente de YPFB— la Fiscalía, en tres requerimientos estableció que no hubo daño económico al Estado, tampoco contratos lesivos al Estado, ni conducta antieconómica, ni los delitos de falsedad material e ideológica, ni incumplimiento de deberes. “De esta manera se estableció que yo no cometí ningún delito”. Manuel Morales Olivera sostuvo que, por el contrario, los contratos que negoció son “beneficiosos” para el país, porque reportaron a la estatal petrolera más de 200 millones de dólares adicionales el 2008.
Morales Olivera ejerció como presidente de YPFB entre el 29 de enero del 2007 y el 23 de marzo del mismo año. Luego fue relevado del cargo por los errores que cometió en los contratos de operación que la empresa firmó con las compañías petroleras Petrobras, Andina y Total.
Ayer, Morales manifestó que no se cometieron equivocaciones y que se aclaró que “hubo el error de mandar fotocopias de los contratos al Parlamento nacional y ese error no correspondía al equipo de negociación”.