En casi 3 años, la nacionalización del gas avanzó sólo en papeles.
Ex ministro propone una recomposición en el mando de YPFB, como medida para despolitizar y salvar de la crisis a la empresa estatal.
Planta de energéticos. (foto archivo El Deber)
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La Razón
A casi tres años de que el presidente Evo Morales firmara el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo del 2006, el proceso bandera de su gobierno no logró ser operativo y avanzó sólo en su normativa; en ello coincidieron cinco expertos consultados por este medio.
Para el ex superintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, el proceso fue “políticamente exitoso”, pues fue más allá del propio decreto de nacionalización y logró, en muchos casos, casi el 100% de participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la actividad hidrocarburífera del país.
Sin embargo, aseguró, “ese éxito no se ha traducido en el tema operativo”, ya que hubo una importante baja en la producción de gas natural de alrededor de 42 a casi 37 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).
A decir del ex presidente de YPFB y actual asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, “el proceso como tal está consolidado, pero el cambio radical en toda la cadena productiva (de los hidrocarburos) requiere su tiempo y está avanzando progresivamente”.
Mientras, el senador oficialista, Félix Rojas, calificó el proceso como “altamente positivo” y que dejó beneficios económicos al país como la triplicación de los ingresos de las prefecturas, alcaldías y universidades.
El también ex superintendente del rubro, Carlos Miranda, sostuvo que hasta el momento “el resumen total de este proceso no es positivo”. Explicó que la exploración está prácticamente paralizada y la producción de gas va en franca declinación al no poder cumplir ni con el compromiso de exportación a la Argentina.
Agregó que la producción de crudo disminuyó y que las refinerías han llegado al máximo de su capacidad, por lo que el suministro interno de carburantes enfrenta serias dificultades que deben ser subsanadas con mayores importaciones de diesel y gasolina.
Al respecto, De la Fuente señaló que el 2005 se logró una producción histórica de 50.400 barriles de crudo por día y que hoy las cifras oficiales son de 44.000 barriles diarios. “Las refinerías privadas han salido del mercado porque no hay crudo para venderles y YPFB sólo tiene una capacidad de refino de 38 mil barriles”, añadió.
El analista y experto en temas de hidrocarburos, Humberto Vacaflor, manifestó que “los frutos de la nacionalización son hasta ahora la falta de inversiones nacionales y extranjeras”.
En diciembre del 2008, el entonces presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, informó que las empresas que operan en el país no cumplieron la inversión comprometida para la gestión 2008. Precisó que estas compañías invirtieron menos de $us 300 millones en lo referido al Capex (la inversión de capital), cuando en el presupuesto de inversión que presentaron a YPFB habían comprometido $us 311 millones.
Morales Olivera recordó que los contratos petroleros permiten al Estado “controlar y obligar a las empresas a realizar las inversiones necesarias para desarrollar las actividades productivas”.
A decir del presidente del Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), Mirko Orgaz, las empresas “continúan negociando” su inversión con el Estado, cuando tenían hasta seis meses de plazo para informar de ese tema después de suscribir los contratos. Orgaz acotó que “no se avanzó en la industrialización, ya que Bolivia sigue exportando materia prima”.
De la Fuente consideró que la nacionalización fue más una expropiación sin una indemnización previa. Añadió que ese pago es el que ahora están negociando las petroleras.
En cambio, para Orgaz y Vacaflor, el proceso de nacionalización fue una compra de acciones de las empresas extranjeras. “Son compras que como son apresuradas y por urgencias electorales, se hacen por facturas muy elevadas. Hay una larga negociación, pero las empresas están felices porque están sacando más (dinero) del que podían sacar en una venta normal”, dijo Vacaflor.
“No hubo una verdadera nacionalización como el pueblo quería, en cumplimiento de la agenda de octubre del 2003. Lo que hubo es una renovación de contratos”, opinó el dirigente alteño, Roberto de la Cruz.
El 2008, el Gobierno aprobó dos decretos para convertir a YPFB en una empresa corporativa (29507) y para permitirle realizar contrataciones directas (29506).
El economista Gonzalo Chávez atribuyó las fallas del proceso a la crisis de YPFB, por la que ya pasaron seis presidentes. “Vemos una empresa con serios problemas de gestión, de corrupción, sin inversiones significativas en el sector y con cuellos de botella en temas de diesel y aprovisionamiento de gas. No hemos crecido en nuestros mercados, no hubo inversión extranjera directa, por lo tanto la nacionalización se quedó todavía en el discurso”.
El caso de Santos Ramírez empañó la nacionalización
El reciente escándalo de corrupción al interior de YPFB empañó el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, encargado por el Gobierno a la estatal petrolera, coincidieron en afirmar expertos consultados por este medio.
“Por el momento y con los problemas de gestión y corrupción, la nacionalización todavía no ha mostrado sus virtudes”, dijo el economista Gonzalo Chávez.
El asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y el volteo de $us 450 mil, el 27 de enero, dieron pistas de un presunto soborno para el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por la adjudicación del proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos.
La investigación apuntó, además, a una serie de irregularidades en el contrato firmado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice (del cual O’Connor era presidente) para la ejecución del proyecto.
“La falta de personal calificado y la ideologización de la industria por parte del Gobierno, son los factores fundamentales para los fracasos que se están obteniendo, sumados al descubrimiento de la corrupción que está en pleno desarrollo”, dijo el ex superintendente Carlos Miranda.
Tras el escándalo, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez y a nueve ejecutivos de su entorno y ordenó una auditoría legal y técnica en Yacimientos.
Al respecto, el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente señaló que “es necesario hacer un nuevo rediseño institucional en Yacimientos”. “Tal como está diseñado, se tiene un presidente que es responsable de todos los procesos de contratación; lo que genera un incentivo perverso a que exista un mal manejo de los recursos económicos”.
El 18 de febrero, el presidente interventor de YPFB, Carlos Villegas, presentó una querella criminal contra Ramírez y 16 ex funcionarios de la institución por distintas irregularidades y presuntos hechos de corrupción.
De no realizarse cambios profundos en la empresa símbolo de la nacionalización, el proceso “apunta a una corrupción generalizada y a una reprivatización” de la estatal petrolera, advirtió el presidente del Comité Cívico de Camiri, Mirko Orgaz.
El analista experto en temas hidrocarburíferos, Humberto Vacaflor, recomendó “dejar de hacer designaciones políticas de amigos del Presidente o miembros del partido en función de Gobierno” porque ya se ha comprobado que dan como resultado “una gestión desastrosa” en la política del Órgano Ejecutivo.
Ríos propone una recomposición en el mando de YPFB
El ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos planteó la recomposición del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como medida para despolitizar y salvar de la crisis a la empresa estatal.
La propuesta de la ex autoridad contempla la creación, a través de una ley corta, de un directorio que sea representativo de la sociedad civil y cuyos miembros tengan experiencia en la industria hidrocarburífera, sean bien remunerados, independientes del poder político y nombrados por diferentes instituciones y estamentos sociales.
Las instancias incluidas en el planteamiento son el Gobierno, las prefecturas, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente coincidió con Ríos en la necesidad de crear en Yacimientos “un directorio multidisciplinario y sujeto a un control social”.
Señaló que esa instancia se ocuparía únicamente de los contratos petroleros, de adquisición de bienes y servicios, y de venta de combustible en el mercado interno. “Esos tres ámbitos son de naturaleza millonaria”. Agregó que las contrataciones se las realizaría a través de una agencia especializada en ese ámbito.
Mientras, el presidente del Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), Mirko Orgaz, sugirió “convertir a YPFB en una empresa autárquica, al margen del manejo político partidario” y cuyo presidente sea elegido por el Congreso por un período de 10 años.
El asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, manifestó que la reconstrucción de Yacimientos choca con “un vacío generacional de profesionales bolivianos” en el rubro y que el tema hay que afrontarlo con eficiencia y prontitud.
“YPFB tiene que volver a nacer, pero no con gente político-partidaria, sino con técnicos en la materia”, consideró el dirigente alteño Roberto de la Cruz.
La Crisis
Cambios • Desde el 2006, seis personas pasaron por la presidencia de la empresa estatal, encargada de la nacionalización de los hidrocarburos. Cinco de ellas estuvieron involucradas en irregularidades y corrupción.
Escándalo • El último en salir de YPFB fue Santos Ramírez, que fue destituido del cargo acusado de una serie de hechos de corrupción que salieron a la luz tras el asesinato de un empresario, el 27 de enero.