La última víctima

Por: Carlos D’Arlach *

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¿Quién va a asumir las pérdidas para el Estado y qué empresa responsable se va a animar a constituir sociedades de economía mixta con YPFB…?



Desde la curva Sur

La Prensa

El país ha visto el 31 de enero jurar al sexto Presidente de YPFB en tres años. Carlos Villegas, la mano derecha sobre el corazón y el puño izquierdo en alto, respondió con un “Sí, juro” a la pregunta del ritual. Para él, el juramento era una rutina en la que ha participado por cuarta vez, ya que fue nombrado Ministro de Planificación el 23 de enero de 2006, de Hidrocarburos, el 17 de septiembre de 2006; nuevamente de Planificación, el 9 de septiembre de 2008, y ahora Presidente de YPFB. La ceremonia es seguida por el cacareo de combatir la corrupción “caiga quien caiga” y la creación de una comisión de investigación del más alto nivel. Con una sola excepción, los cinco cambios de presidente se debieron a escándalos de ese tipo, aunque el anterior alcanzó proporciones mayores con una víctima fatal durante el robo de 450.000 dólares, presumiblemente destinados a pagar un “diezmo”.

Sin embargo, existe la sospecha de que las investigaciones estarán orientadas más a tapar que a averiguar la verdad por la hermandad a toda prueba que tienen los masistas para tapar hechos de corrupción. Pronto aparecerá el chivo expiatorio. ¿Por qué tanta susceptibilidad? Pues porque el ahora interventor Villegas ha sido Ministro de Hidrocarburos durante casi toda esta gestión de Gobierno y como tal ha ejercido tuición sobre YPFB durante las presidencias de Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa y la mitad de la gestión de Santos Ramírez. Se mantienen también en el escenario el ministro Saúl Avalos, el ahora súper Aruquipa, la viceministra Suxo; el nuevo contralor, Gabriel Herbas, ex diputado del MAS, y se agrega a la Comisión interventora el Ministro de Hacienda Arce, creador de los Fideicomisos. ¿Comisión imparcial con masistas investigando a masistas?

En efecto, el 9 de abril de 2008 se aprueba el DS 29506 que le autoriza a YPFB a hacer adjudicaciones directas por montos ilimitados, y apenas siete días después, YPFB aprueba su reglamento de Contrataciones Directas Nº 23/2008, que le da a su Presidente Ejecutivo facultades para realizar adjudicaciones en tiempos récord, sin limite de monto, y “concertar” con los ofertantes supuestas mejoras para YPFB, pero que en la práctica abren la puerta para exigir coimas. ¡Claro, era de esperar tanta confianza, no por nada se tratan de hermanos!

Pero eso no es todo, el 14 de mayo de 2008 se emite el DS 29564, que crea un fideicomiso, que suma ya 88 millones de dólares en el Banco Unión, que depende del Ministerio de Hacienda, para financiar la Planta de Gas en Río Grande. ¿Por qué fideicomisos si las instituciones del Estado pueden inscribir todos sus proyectos en su presupuesto anual? La respuesta es tan sencilla como aterradora: para evitar el control Sigma que rige todo el sector público y realizar transferencias y desembolsos sin ningún tipo de control. ¡El gabinete ha creado condiciones para facilitar la corrupción y debería renunciar en pleno!

¿Quién va a asumir las pérdidas para el Estado y qué empresa responsable se va a animar a constituir sociedades de economía mixta con YPFB con el 51% de las acciones, tal como se establece en los artículos 361 y 363 de la nueva Constitución, con la corrupción imperante en la empresa estatal?

Al final del camino, la verdadera víctima es el pueblo boliviano, que en tres años de Gobierno ha visto al país convertirse en importador de combustibles y marcha a las urnas a cada rato, distraído de sus necesidades insatisfechas, con el aparato productivo a media máquina, haciendo cola para comprar gas, gasolina o diésel. ¡El pueblo es, pues, la última víctima!

* Senador por Podemos, es geólogo petrolero

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