La Estrella del Oriente / Condiciones para el diálogo
El Mundo / Entre San Aurelio y el Dr. Ferrada
El Nuevo Día / La gran ausente
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Los Tiempos / El dengue versus “el nuevo estado”
Opinión / Los linchados de Epizana aún no encuentran correcta justicia
La Razón / El aniversario de Santa Cruz
La Prensa / La corrupción y la CIA
El Diario / Las cárceles como espectáculo
Portadas
La Estrella del Oriente / Condiciones para el diálogo
Inútil y estéril sería que el pueblo haya reiterado por cinco veces consecutivas, mediante su voto, que en Bolivia existen dos marcadas visiones de país, que han definido una clara geopolítica electoral, que no ha podido romperse ni siquiera ante los actos de amedrentamiento, violencia, militarización y acoso permanente al pueblo de Pando y a los departamentos autonomistas.
Inútil sería que un prefecto, preso en calidad de chivo expiatorio, que junto a ciudadanos autonomistas sufra hoy un encarcelamiento injusto, si es que los prefectos y las autoridades que toman decisiones y están en representación de los pueblos del oriente o de la “media luna”, no dieran una lectura cabal al voto, o no se hagan carne de esta expresión y este mandato soberano, que incluso ha traspasado las barreras impuestas por una ensañada represión y violencia de Estado, amén del fraude electoral, que ha interpuesto el Gobierno tratando de que se rindan los pueblos que no aceptan su proyecto de país.
Los prefectos reunidos en Santa Cruz, han tomado en esa reunión las decisiones correctas, las que siempre debieron haber sostenido, sin bajar el nivel de definición para defender lo que les han planteado sus mandantes en cinco ocasiones, que se puede expresar en el sentido de que han manifestado el deseo de vivir en libertad, en democracia, con respeto de los DDHH, con una agenda productiva, con respeto a la propiedad privada y con respeto a las identidades culturales y no sólo raciales, las que están desencadenado acciones racistas y marginamientos. También Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, han expresado en cuanta oportunidad les han pedido su opinión que desean verdaderas autonomías, aquellas por la que estos pueblos han votado en sus referéndums por estatutos.
Los prefectos finalmente están haciendo lo que deben, lo que debían haber hecho desde el inicio, teniendo en sus manos el mandato y la esperanza de sus pueblos.
Tenemos sin embargo que hacer notar que el prefecto de Tarija, Mario Cossío, comenzó a jugar nuevamente su juego de cintura, queriendo puntear una dispersión de las acciones, tal como lo ha venido haciendo muy hábilmente este Prefecto que se está caracterizando por actuar como un verdadero caballo de Troya, por puntear acciones que no condicen con lo que su pueblo le ha mandado hacer vía voto.
Mario Cossio, debe tener razones personales para entregarse al Gobierno, pero no puede usar al pueblo tarijeño para ofrendarlo como botín o materia del canje que da muestras de estar volviendo a tramar. Cossío, si sigue en este juego pérfido, debe ser desconocido y sustituido antes que dejando operar como le conviene a él y no como su pueblo se ha expresado.
La resolución que ha salido de la reunión del viernes, ha dejado planteos que podrían reivindicar por primera vez el tema de los presos políticos, algo absolutamente justo y responsable; esperamos que en lo sucesivo los planteos se sostengan con firmeza, pues este es el requisito para hacer una oposición democrática y no negocios o negociaciones que no ofrecen verdadera resistencia.
También por primera vez, los prefectos se han dado su lugar, planteando que no se puede seguir mezclando el agua y el aceite, porque no se pueden sentar por igual los prefectos electos con los puestos a dedo.
El diálogo que el Gobierno plantea sólo será fructífero si se da bajo el respeto de condiciones elementales. Sobre requisitos que no se pueden negociar si se quiere lograr un pacto y no una mamada. Ese es el primer paso para construir y defender un proceso que se pueda considerar democrático.
El Deber / Tapón de boca…
El escándalo en YPFB, a raíz de una millonaria coima que una “operación volteo” a cargo de una banda criminal de jaez multifacética, encabezada por dueños de bares nocturnos y tratantes de blancas, impidiera que el jugoso botín llegara a manos del beneficiario, sigue acaparando los titulares de casi todos los diarios y canales de televisión del país. Y es altamente probable que tras las fiestas de carnaval el tema se desvanezca de los titulares en las primeras páginas de los diarios y en los principales espacios de los informativos de radio y televisión.
Es que el caso representa un mosaico de hechos en los que la realidad, por superar a la ficción, podría servir de trama a una novela de impacto o de un guión cinematográfico de suspenso… Nos referimos a emprendimientos que con toda seguridad se darán a plazo más o menos mediato. Recordemos el efecto inductor que en tal sentido operó el otrora sonado “Atraco de Calamarca”, de espectacularidad mucho menor al que ahora comentamos.
Entretanto, son los medios los que no descuidan detalle alguno del asunto, con despliegue exitoso de un género periodístico que, como el de investigación, en los últimos tiempos, salvando inevitables excepciones, referibles más a temáticas específicas que a hechos, sucesos y procesos del diario acontecer, se cultivaba muy poco.
Gracias a los medios de comunicación el pueblo se entera ahora de la identidad de los protagonistas y de todos los detalles de este episodio de corrupción con asesinato de por medio.
Muchos esperaban una reacción gubernamental adversa a tan meritoria tarea de información. Al cabo, la gente del Gobierno, empezando por el propio Jefe del Estado, siempre le echaba la culpa a la prensa y a los periodistas por todo lo que repercutía negativamente en su imagen y popularidad. Ahora, sin embargo, sus disparos van hacia otro lado. Impactan en la CIA, órgano que dizqué se habría infiltrado en YPFB para alentar una corrupción que perjudicara al Gobierno, como la que supone la coima seguida de “operación volteo”.
Si el Gobierno no ataca ahora a la prensa por el gran relieve informativo y de opinión que le imprime al caso, es simple y llanamente porque no tiene cómo negar la veracidad de los hechos ni la responsabilidad que cabe en los mismos a gente del MAS que, como Ramírez, eran del entorno de confianza del Jefe del Estado y de mucho peso en el Gobierno.
Pero, además, está de por medio la nueva Carta Magna del “Estado Plurinacional” y el efecto de tapón de boca que en estos casos opera contra los miembros del Gobierno. El Art. 108 del título III sobre “Deberes de las Bolivianas y Bolivianos”, establece en el inciso 8: “DENUNCIAR Y COMBATIR TODOS LOS ACTOS DE CORRUPCION”.
“Bolivianas y bolivianos” son también las periodistas y los periodistas de los diferentes medios privados de comunicación social del país. O sea que respecto a cuanto informan y opinan sobre el bullado y sangriento caso de corrupción en YPFB, no hacen sino acatar un precepto de la Carta Magna que el MAS hiciera aprobar por el voto mayoritario en un referendo.
El Mundo / Entre San Aurelio y el Dr. Ferrada
Hace unos días los diarios locales señalaban lo siguiente: “El abogado y dirigente masista José Ferrada Omonte fue aprehendido ayer en su casa por los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en poder de casi cuatro kilos de cocaína, según informó la fiscal Giovanna Rivas, tras el operativo”.
Según la ley 1008 en actual vigencia en el supuesto que una persona sea capturada con droga necesitaría como mínimo 18 meses para demostrar su inocencia, el cuento viejo de todos los narcotraficantes capturados, encontrados infraganti y otros es la misma novelita de siempre: “no sabía” “me pidieron que les haga el favor de llevar” “les guardé el paquete sin saber de quién era” “me lo dio un señor que no recuerdo su nombre” y si uno de ellos resulta inocente de verdad, también debe recorrer el pasillo de la amargura donde uno debe demostrar su inocencia, esta ley 1008 (que calificada como maldita) sigue en vigencia y el Dr. Ferrada culpable o inocente después de 15 días de encarcelamiento sale libre y no se vio a los fiscales argumentar que nadie le coloca 4 kilos de droga a nadie solo por hacerle daño, esta extraña y sospechosa liberación donde agiles Jueces la determinan ante la mirada distraída de los fiscales, este mencionado sospechoso de comercializar droga sale de cárcel haciendo vivas al MAS y a al Presidente Evo Morales, por la salud de la fe pública y cuidando la imagen del Presidente –que esté en boca de un sindicado narcotraficante es una ofensa- si existió un error en la detención del Dr. Ferrada este debe corregirse y el proceso continuar con el sospechoso bajo rejas.
Hace un par de días en un ingenio azucarero San Aurelio sucedió un accidente laboral, donde murió un trabajador a raíz de haber reventado una caldera, según denuncias en los medios el pasado año existieron otros dos accidentes, hoy un fiscal oficioso (no existe denuncia) sin que exista criterio o informe de la dirección del trabajo emite o mejor dicho “prejuzga” (tipificación penal del C.P.) que ha ordenado detener al Presidente del Directorio ( algo así si mañana un cajero le saco de su cuenta dinero, el fiscal ordena la detención del Presidente del Banco) cuando sabemos que en dicha empresa deben existir gerentes, administrativos e informes permanentes del ministerio de trabajo sobre las medidas de seguridad que les prestan a los obreros, de no existir este informe los del ministerio de trabajo y seguridad laboral pueden ser responsables por omisión ya que es el único ente autorizado para emitir y verificar las condiciones de seguridad de los trabajadores, el Fiscal que hace uso y abuso de los medios (parecen candidatos para alcalde) son los mismos que no hacen nada para investigar causas pendientes de negligencia o sabotaje como el de los trabajadores de salud -solo por ejemplo- mientras tanto como aquí no contamos con fiscales confiables (según Nardi Suxo) ayer llegó una comisión de fiscales de La Paz para clausurar y decomisar maquinas tragamonedas; aquí nuestros fiscales están tragando moscas, mientras de forma arbitraria sin hacer representaciones legales y actuando fuera de su jurisdicción natural , llegan fiscales confiables para hacer trabajo de lucha contra la proliferación ilegal de maquinas tragamonedas, las cuales paradójicamente cuentan con licencia otorgada en la ciudad de La Paz , por corruptos funcionarios que le ponen precio al vicio.
La pregunta es qué tiene que ver el Dr., sospechoso de narcotráfico y destacado miembro de asesores de la Delegada Presidencial con el accidente laboral de San Aurelio, si tomara como real la afirmación del fiscal auto asignado a San Aurelio -quien señala sin conocer ningún informe- que cuenta con mandamiento de detención del Presidente de la empresa, que podría incluso cerrar el ingenio, como si el miércoles Ramón Gutiérrez Sosa se hubiera despertado con la intención de asesinar o matar a su trabajador, es mucho más creíble la denuncia contra el Dr. Ferrada, que hacía comercio de lotes con droga, quiero dejar sentado que debe existir una investigación serena y responsable sobre los accidentes y la respectiva cancelación de las indemnizaciones señaladas por ley para los familiares, pero no se puede usar un lamentable hecho para hacer agenda de noticias y la aparición de candidatos, no seamos tontos aquí existe “felino cautivo” como la de un concejal del MUP que amaneció en un medio de comunicación solicitando que se expropien dichos terrenos y urbanizarlos para el bien social, esta teoría parece ser el meollo de lo que existe detrás de las denuncias contra el mencionado ingenio azucarero, mientras tanto el festejo con bebidas y otras cosas duró hasta esta madrugada en la casa del destacado profesional ejemplo de la abogacía Dr. Ferrada, y la fiscalía –pregunto- ¿habrá hecho una restitución de obrados para continuar el debido proceso contra los sospechosos de ser narcotraficantes?, no, ninguna, los fiscales se encontraban en los medios haciendo análisis sobre el caso de San Aurelio.
Claro es más fácil hacer escarnio sobre una empresa que trabaja, que produce, que genera fuentes de trabajo que meterse contra un abogado vinculado al partido del Presidente, mayor debería ser el reto de investigar como lo solicito el Presidente cuando señaló:”la lucha contra la corrupción debe ser contra todos y con mayor razón si es del MAS”, no quiero que se señale como defensor de Gutiérrez, pero San Aurelio es un ejemplo de la labor del trabajo, del esfuerzo de una empresa que hizo historia de la mano de su creador y no requirió préstamo alguno del estado para beneficiarse, miren que paradójico ayer mismo se vincula a otro ingenio azucarero (Unagro) con estar conectado con un policía (Carrasco) al que se el Presidente lo sindica de ser “agente de la CIA” la pregunta es ¿existe alguna guerra contra la producción cruceña?.
El Nuevo Día / La gran ausente
Los últimos informes sobre la epidemia del dengue están confirmando que se ha convertido en la mayor de la historia del país, con el potencial y auténtico riesgo de agravarse aún más si no se actúa con mayor decisión y responsabilidad. Conviene advertir que en Santa Cruz se ha concentrado el mayor número de casos y también los casos de mayor gravedad como el dengue hemorrágico. Hasta ahora, las autoridades sanitarias con el apoyo de varias instituciones y en coordinación con las autoridades ediles, han desplegado denodados esfuerzos para combatir los mosquitos adultos y eliminar los criaderos. A esta labor se han sumado los medios de comunicación y las cooperativas, brindando información valiosa.
Sin embargo, ha sido evidente que la gente, a la cual está destinada esa información y requerimiento de apoyo, de modo consciente o inconsciente sigue retaceando su aporte. La mayor parte de las víctimas del dengue proceden de las zonas más populosas de la ciudad y que son, al mismo tiempo, las de menores recursos. Por lo visto hasta ahora, la población asentada en estas zonas desfavorecidas es la que menos sabe sobre el dengue y los modos de prevenir la enfermedad. Quizás acostumbrada a las condiciones sanitarias deficientes y de características “rurales” en que vive, esta población no está participando como debiera.
Han surgido voces de protesta por la escasa atención prestada a estas zonas desfavorecidas en la lucha contra el dengue. Los vecinos han expresado su protesta porque la fumigación no ha llegado a ellos como debiera, y cuando lo ha hecho les ha parecido una burla, porque los carros fumigadores pasaban muy rápido como para realizar una eficaz tarea. Se han dado cuenta que de esa manera sólo se dilapidan recursos y se pierde tiempo, lo cual es posible que los desmotive en su participación. Sin embargo, dada la gravedad de la situación, resulta un imperativo replantear la estrategia para dirigir los mayores esfuerzos a los evidentes focos de infestación de mosquitos y potencial fuente de infección del dengue.
Conviene saber que las condiciones de pobreza dificultan todas las tareas. Por lo mismo, resulta urgente emprender un plan de acercamiento a los líderes vecinales para que con ellos se movilice a la población en riesgo. Para ello no se deben escatimar esfuerzos. Por otra parte, se hace preciso actuar sin paternalismos, promoviendo la toma de conciencia de que la salud es una tarea de todos y no solamente de las autoridades. Esta movilización de la población en la lucha contra el dengue debe partir desde la atención a sus más urgentes necesidades, así sea coyunturalmente.
Para nadie es desconocido que la acumulación de basura y de aguas detenidas por efecto de las lluvias en calles que no cuentan con drenaje pluvial son problemas sin solución para la gente que vive en esos lugares. ¿Es posible emprender actividades dirigidas a resolver estas urgencias y otras? Sin duda, pero no será posible sin un acercamiento sincero entre autoridades y vecinos. La lucha contra la epidemia del dengue requiere del aporte movilizado de la gente. La participación de autoridades, trabajadores sanitarios, ejército no es suficiente. Hace falta que la población participe, y pronto. Sin ella poco se va a lograr.
La lucha contra la epidemia del dengue requiere del aporte movilizado y consciente de la gente. Sin este requisito, poco se va a lograr.
Los Tiempos / El dengue versus “el nuevo estado”
Mientras el tiempo, los escasos recursos y energías se dilapidan en una estéril pugna, Bolivia pierde la batalla contra el dengue
Como si no fueran ya demasiados los motivos que inducen a ver con creciente preocupación la manera como están siendo administrados los asuntos de interés común en nuestro país en materia política y económica, se ha sumado durante las últimas semanas uno relacionado con la salud pública. Se trata de la epidemia de dengue que se agrava con cada día que pasa hasta ser motivo ya no sólo de preocupación, sino de máxima alarma entre los países vecinos.
Es que en Bolivia, como en otros temas, se están dando las peores muestras de ineptitud en la gestión estatal y las consecuencias, como no podía ser de otro modo, comienzan a manifestarse con todo rigor. Pese al tiempo transcurrido desde que el mal comenzó a manifestarse todavía no se ha definido una estrategia para hacerle frente y las autoridades gubernamentales se empeñan, como en otros asuntos, en darle un cariz político e ideológico a algo que nada debería tener que ver con delirios “refundacionales”.
En su lucha contra el avance del dengue, el gobierno tiene claras sus prioridades. Consisten en aplicar el “método cubano”, en contraposición del que califican como “método estadounidense”, el que se ejecuta a través de los servicios departamentales de salud, dependientes de las prefecturas, y, por lo tanto, “al servicio” de la oposición.
El “método cubano” tiene como su principal característica el ser ejecutado por brigadistas médicos enviados por ese país. Consiste, según el jefe nacional de la estrategia de control y prevención del dengue y la malaria, en "una atención integral al paciente, ir casa por casa, visitarlos y hacer el seguimiento respectivo, y no solamente esperar en los centros de salud".
El “método estadounidense”, que en realidad es un plan de acción aplicado a nivel latinoamericano, conocido como “Estrategia de Acción Integrada (EGI)”, es el que implementa la Prefectura cruceña.
Seguramente guiándose por esa lógica “antimperialista”, hace unos días una autoridad paceña instruyó la clausura de siete centros de Prosalud, con el argumento de que son financiados con recursos estadounidenses. Es verdad que luego la medida fue revertida ante la justificadísima indignación que provocó en la población, pero no deja de ser muy ilustrativa sobre los criterios que guían, en éste como en otros temas, la conducta gubernamental.
Así, mientras el tiempo, los escasos recursos y energías se dilapidan en una pugna que impide una acción conjunta entre las diversas instancias estatales para enfrentar el mal, el mosquito "aedes aegypti" continúa proliferando sin control y con él sus víctimas. Los “médicos” cubanos también proliferan, pero a juzgar por los resultados, los mosquitos llevan las de ganar y el dengue tiende a volverse un mal endémico en el territorio nacional.
Opinión / Los linchados de Epizana aún no encuentran correcta justicia
Si el linchamiento de los policías no encuentra culpables en la cárcel, si los jefes policiales que dilataron la ayuda no son procesados, se habrá sellado una forma irracional de actuar de un grupo humano enardecido, sean cuales sean los móviles.
Ha transcurrido un año, de uno de los sucesos más sangrientos y espeluznantes en la historia de la Policía Nacional, y hasta el momento los culpables no merecen la aplicación de sanciones por el crimen que cometieron.
El 26 de febrero del 2008, los policías Wálter Avila, Willy Alvarez y Eloy Yupanki, fueron linchados por una turba de pobladores de la localidad de Epizana a 126 kilómetros de esta capital, en una acción que alcanzó crueldad extrema: los policías resultaron golpeados, cercados en una vivienda, quemados con agua caliente y finalmente ultimados, sin darles la más mínima oportunidad. Las imágenes de estos crímenes las filmaron periodistas de Bolivisión, donde se tenían rostros de más de 100 personas que participaron en la barbarie.
La reacción del Comando Departamental de Policía fue tardía. El proceso judicial contra 21 imputados por sospechosos, se ha caracterizado por trabas que dejan duda sobre la probidad de fiscales y jueces. Varios de los sindicados han recuperado su libertad, y paradójicamente los familiares de los policías linchados, no sólo que no encuentran justicia, sino que son procesados por denunciar las irregularidades que se presentaron a lo largo de la investigación, como el sobreseimiento de diez personas identificadas como instigadores.
En este caso, como en la generalidad de otros, pero quizá con mayor atención en este, por sus características, el Estado tiene el deber de administrar justicia. Si el concepto de justicia falla, se degrada o cae en un vacío motivado por prejuicios o componendas obscuras, políticas, sociales o económicas, estaríamos dando paso a que las relaciones humanas se sometan a la mera fuerza.
Es precepto general que de la conducta y la decisión de quienes administran justicia, deviene una serie de consecuencias y hechos que marcarán la conciencia colectiva de la sociedad y el futuro de personas determinadas. Es decir, que la misión social del juez tiene relación con la vida, el honor y los bienes de las personas.
El saber y la conducta de los que forman parte del sistema judicial producen profundas transformaciones y cambios. Quizá por ello se afirma que quien administra justicia, o quien es parte de esta estructura, en sus respectivas responsabilidades, tiene el deber supremo de ver las leyes, pero además de observar la sociedad y sus valores.
Los tratadistas sostienen además, que si un proceso no se lleva a cabo en tiempo oportuno y la sentencia no refleja la verdad de los hechos y la aplicación de la ley penal, la consecuencia es el retardamiento y el descreimiento en la función social de administrar justicia.
Quienes tienen en sus manos este tan doloroso caso, no pueden olvidar que la ley es un conjunto de valores con intereses sociales significativos, de tal modo que su cumplimiento no sea digitado, tergiversado, manipulado, impuesto por presiones o por coacción, sin privilegios ni excepciones.
La Razón / El aniversario de Santa Cruz
Santa Cruz hace mucho tiempo que se ha convertido en la locomotora de la economía nacional, en la brújula que señala la vía del progreso al resto de los bolivianos. Hay una vía de crecimiento y consiste en el trabajo productivo. El reto está en que todos sigan su camino.
Santa Cruz de la Sierra cumplió su 448 aniversario y lo celebró con mesura, después de un Carnaval bien festejado. También tuvo que ver el estado de ánimo que reina allí en materia política, debido a las tensiones que no cesan.
De principio, ninguna autoridad nacional estuvo en los actos oficiales de la ciudad que se ha convertido en la sede de los mayores esfuerzos de progreso que realizan los bolivianos, concentrados sobre todo en tareas agroindustriales y ganaderas.
Esta ciudad es la capital del departamento más grande de Bolivia y tiene una población que pronto será la mayor de los nueve departamentos, a pesar de que Santa Cruz comenzó hace menos de 60 años su empeñoso progreso.
Allí se genera el 28,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Después de Tarija, éste es el segundo departamento en generación de exportaciones, con 26,3%.
Los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz recordaron la fiesta del 26 de febrero destacando que el suyo sea el departamento que más aporta en las recaudaciones tributarias de Bolivia.
También resulta importante indicar que las actividades económicas cruceñas no tienen que ver con la extracción de materias primas no renovables, sino con el trabajo esforzado de la tierra. Esa característica hace que las actividades económicas de esa región generen una gran cantidad de empleos, para trabajadores permanentes o eventuales que participan en los diferentes momentos de la actividad agrícola.
Sin embargo, la minería no es ajena a Santa Cruz. Importantes minas de oro están ubicadas en su territorio, como el caso de Don Mario. La riqueza minera más grande de Santa Cruz se concentra en el yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en la provincia Germán Busch, junto a la frontera con Brasil.
La explotación de la riqueza del Mutún se ha vuelto a demorar, a pesar de que la empresa india Jindal ha formado un contrato para avanzar en el proyecto. Pero antes de que comiencen las operaciones se ha dado el caso de la caída de los precios del hierro y del acero en el mercado internacional, como consecuencia de la crisis y sus impactos en la construcción.
Con el paso de los años, Santa Cruz se ha convertido en la capital de una nueva mentalidad boliviana, aquella que se encuentra alejada de la administración estatal y asentada, principalmente, en el esfuerzo de sus hijos.
En aquel próspero departamento reside la mayor cantidad de inmigrantes, tomando en cuenta todo el país; ellos han decidido afincarse en esa región durante los últimos 60 años.
El crecimiento de la ciudad ha sido planificado con cuidado en los años sesenta, pero, de todos modos, el flujo de emigrantes ha sobrepasado todos los cálculos.
Uno de los mayores méritos de los empresarios cruceños es haber puesto en marcha y haber mantenido la mayor feria exposición de Bolivia, que se realiza cada mes de septiembre con la exhibición de las actividades económicas legales del país.
Santa Cruz hace mucho tiempo que se ha convertido en la locomotora de la economía nacional, en la brújula que señala la vía del progreso al resto de los bolivianos. Por su ejemplo, hay una vía de crecimiento y consiste en el trabajo productivo. El reto está en que todos los departamentos sigan su camino.
La Prensa / La corrupción y la CIA
Aquellos decretos que autorizan las compras directas y que pasan por encima de la famosa Ley Safco deberían ser inmediatamente derogados.
La presencia de un capitán de Policía en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha llevado al presidente Evo Morales a denunciar que la Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos había penetrado en la mayor empresa del país, sacudida por un escándalo de espectacular corrupción en la que el principal presunto responsable es su ex presidente Santos Ramírez, uno de los hombres más poderosos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Esa denuncia no parece sino un intento por desviar la atención de la sociedad, puesta en Santos Ramírez, hacia la CIA, en una actitud que añade un nuevo ingrediente más de descomposición a las deterioradas relaciones boliviano-estadounidenses. El del Mandatario fue un desliz más de los muchos en los que ha incurrido durante su Gobierno y hay quienes ven en ello una intención de echar la culpa de la corrupción en YPFB al organismo de inteligencia foráneo para minimizar la responsabilidad de los principales acusados de los delitos supuestamente cometidos.
El Presidente anunció anteriormente que su Gobierno luchará contra la corrupción, “caiga quien caiga”. Ése debió y debe ser el lema principal si quiere evitar realmente que la podredumbre descubierta enlode la imagen del Ejecutivo.
Si el supuesto agente de la CIA ha sido quien, en el marco de una especie de complot contra el Gobierno, inficionó a la autoridad de YPFB a establecer todo un complicado sistema de corrupción, habrá que probarlo de la manera más contundente para que no sean motivo de burlas o de risas, o dar la sensación de que se quiere proteger a los responsables del escándalo desatado en YPFB.
El Ejecutivo deberá adoptar medidas urgentes para que la corrupción no haga más presas en la administración pública.
Aquellos decretos que autorizan las compras directas y que pasan por encima de la famosa Ley Safco deberían ser inmediatamente derogados. Son un verdadero peligro por la enorme tentación que generan. No es posible que las instituciones del Estado tengan que estar expuestas a que cualquier funcionario, entrenado o no en los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, sea tentado por esos decretos y se dedique a robarle al Estado.
Lo que ha sucedido en YPFB con la muerte de una persona y el volteo de casi medio millón de dólares es muy serio para no llegar a las últimas consecuencias, hasta establecer responsabilidades y hasta meter en la cárcel a quienes resultaren culpables para que cumplan penas ejemplares. Todos los que tuvieron que ver con este asunto deben someterse a las investigaciones.
El Gobierno debe apoyar esas investigaciones y no tratar de justificar la corrupción descubierta con argumentos nada serios porque, en medio, está en juego su prestigio. Los asesores del Presidente deberían también orientarlo en lo que debe decir y no exponerlo al ridículo, mostrando un total servilismo al aplaudir y defender todo lo que dice cuando se pudo haber evitado el desliz.
El Diario / Las cárceles como espectáculo
No es novedad la oferta de un “tour” para extranjeros por las dependencias de la Cárcel de San Pedro, el que incluiría la venta de cocaína y donde se puede apreciar familias íntegras compartiendo la condena de algunos reclusos, la compra-venta de celdas o la anticresis de las mismas, y el libertinaje cotidiano que reina al interior de lo que ha desnaturalizado al extremo el rol que debe cumplir en la sociedad este centro penitenciario. En efecto, hace años que esta “tourné” es parte de la oferta turística del país y al presente no se trata de un descubrimiento. Sin duda, viene gozando de mayor difusión y se promociona por los medios cibernéticos de última generación, pero es de antigua data, como que esta Casa Periodística se ocupó editorialmente del caso hace por lo menos una década.
De los recintos carcelarios del país se puede esperar todo y en especial del de San Pedro. Las escuelas o colegios fiscales, los hospitales públicos y las cárceles son el espejo más objetivo de la realidad de un país. Se puede preguntar cómo funcionan las cárceles de un país, para saber qué clase de país es. Pero no hubo ni hay Gobierno que se interese por la suerte de lo que debería ser ese instituto de sanción al crimen, de rehabilitación social de quienes delinquieron y de disciplina, que no quiere decir tortura ni maltrato sino simplemente “disciplina”. Tanta falta hace ésta, que en días pasados tres o cuatro peruanos y un colombiano, todos narcotraficantes, madrugaron a sus celadores escapando por un túnel cavado desde su celda hasta la espalda del Panóptico, que pese a esta denominación nadie vio ni se enteró y los cautivos gozan de buena salud. ¿Nadie se ocupa de inspeccionar para saber qué ocurre en el interior de las celdas? Los que sufren el robo de sus vehículos deben hacer contacto en San Pedro para el pago del rescate. ¿También lo ignora la autoridad?
Los internos no saben, pues, lo que es autoridad, seguridad, ni correcto cumplimiento de una pena. Los gobernadores o alcaides ignoran lo que ocurre más allá de sus escritorios, los policías y guardias se corrompen por poco dinero; el alcohol, la prostitución y la droga son moneda corriente. Muchos reclusos vuelven, pudiendo evadirse, porque en libertad carecerían de trabajo y el penal les brinda inclusive diversión. No se lo ha de admitir, pero no sería raro que el fruto de los “tours” se distribuya de arriba hacia abajo. No en vano los reclusos se organizan como cualquier sindicato o gremio, sin excluir a un encargado de hacienda y finanzas, y otro de sus miembros oficia de cicerone. En esas condiciones, si no se produce cocaína en su interior, al menos se la consume y si esto ocurre también se la comercializa. Estos extremos intolerables deberían ser objeto de una investigación seria, si no es mucho pedir.
Tampoco es misterio que muchos o pocos “turistas”, así entrecomillas, llegan por la fama tristemente célebre de nuestro país de ser emporio de cocaína y, por supuesto, con la finalidad de proveerse del estupefaciente o para trasportarlo a otros países, contando con la oferta de conseguirla en el recinto carcelario. No se sabe si lo logran efectivamente, mas, no se descarta que terminen con pistas seguras hacia su objetivo. Por lo demás, más que reclusorio San Pedro y por supuesto Palmasola y otras similares del interior, se asemejan mucho a una colonia de vacaciones, que a lo que deberían ser y, en otro sentido, son un postgrado de delincuencia.
Bajo un malentendido tratamiento moderno son muchos quienes aprovechando la liberalidad de las Facultades de Derecho y a fin de gozar de frecuentes salidas, terminan como abogados por ironía de su situación. Se supone el bagaje con el que ejercerán lo que debería ser un servicio a la ley y a la justicia. No obstante, los Colegios de Abogados con su silencio cohonestan el agravio al oficio que les corresponde defender. En fin, así andamos, mientras el Ministerio de Gobierno, administrador nato de estos recintos, se cruza de brazos y contempla indiferente “la cárcel más loca del mundo”, como la llaman en desmedro de Bolivia sus promotores desde el exterior.