Rechazan que Suxo investigue a Santos

La viceministra Suxo sabía en septiembre de las irregularidades. Desconfían que los masistas realicen la investigación a Ramírez.

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Fotografia: Disconformes• Los críticos creen que la investigación de Nardi Suxo sobre Ramírez no prosperará.



El Nuevo Día

Rechazan que Suxo investigue a Santos

Opositores y críticos del Gobierno desconfían y rechazan que sean masistas los que investiguen al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por presuntos actos de corrupción.

El analista económico que hizo campaña por el No a la nueva Carta Magna, Julio Alvarado, y el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, manifestaron, cada uno por su lado, que «una mano tapa a la otra», por lo que pidieron una investigación independiente en torno a este tema.

Tras destituir a Ramírez y sustituirlo por el ex ministro de Planificación, antes de Hidrocarburos, Carlos Villegas, el presidente Evo Morales instruyó intervenir la estatal petrolera y designó a la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, para iniciar una investigación jurídico legal, tarea que comenzará a partir de hoy. 

“La viceministra Suxo no puede participar porque es parte interesada, parte del Ejecutivo, es del MAS”, dijo Alvarado y advirtió que esta investigación podría ser politizada si no actúa una instancia independiente y no comprometida con el partido de Gobierno.

Afirmó que la investigación debería partir, en principio, de la información que arroje la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), respecto a las últimas transacciones bancarias que realizaron tanto Ramírez, como otros implicados en este hecho, entre los que se mencionan a su esposa Giovanna Navía Doria Medina y dos de sus hermanos, además de los asesores jurídicos y administrativos del ex presidente de YPFB.

«Debe ser el punto de partida para que la población conozca de dónde salió el dinero, qué movimientos se han hecho; se debe determinar si este es el primer retiro, la primera coima, si se dio anteriormente», indicó Alvarado al referirse a los $us 450.000 que fueron robados al gerente de la empresa Catler Uniservice, Jorge O’Connor, tras atracarlo y asesinarlo el 27 de enero pasado.

El Gobierno señaló a Santos Ramírez, como el principal responsable de las posibles irregularidades o actos de corrupción en el proceso de contratación de la Empresa Accidental Catler Uniservice, contratado por la estatal petrolera para la construcción de una planta separadora de licuables.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista con la Red Erbol, dijo que «al parecer» hubo irregularidades no sólo en el proceso de licitación, sino también en la adjudicación y en el desembolso de recursos económicos, que hizo YPFB a favor de Uniservice; y que como en toda institución, elresponsable es el jefe máximo, quien toma la decisión final.

Suxo hizo notar que otras de las irregularidades que se habría cometido es que los contratos no habrían sido enviados a la Contraloría General de la República, como señalan las normas cuando se trata de ese tipo de acciones en entidades estatales. Declaró que Uniservice ya tenía antecedentes de incumplimiento de obras antes que YPFB le adjudique la construcción de la plata separadora/ Agencias

Ramírez no hizo llegar los papeles del contrato

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción , Nardi Suxo, informó que a Santos Ramírez le solicitó los contratos para verificar el proceso de contratación de Uniservice y que no tuvo una repuesta favorable, debido a que hasta ahora nunca le hizo llegar esos documentos.

«Santos Ramírez había instruido a su jefa de gabinete, la doctora Ester Carmona, que él personalmente me iba entregar una copia del contrato, pero nunca lo hizo. El viernes pasado igual esperé en YPFB pero igual no se me entregó nada», aseveró.

Suxo confirmó a la Red Erbol que por ello hoy  intervendrá la estatal petrolera después de que el presidente Evo Morales le instruyó el sábado realizar esa acción para esclarecer los presuntos actos de corrupción.

«Vamos hacer una auditoría jurídica para acceder a toda la documentación que se tenga en el departamento legal de YPFB sobre este tema. Tiene que haber todas las copias», sostuvo.

El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Edgar Patana, lamentó los presuntos hechos de corrupción, al exigir la erradicación de la corrupción en YPFB y otras entidades.

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El argumento •  La destitución del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, reveló que el Gobierno carece de profesionales especialistas en el sector de hidrocarburos y que la estatal petrolera volvió a ser manejada como un botín político.

 El analista y ex activista por el No a la nueva Carta Magna, Jorge Alvarado, dijo que Santos es el quinto presidente que sale de YPFB con diversos cuestionamientos y criticó el hecho de que haya sido sustituido por el ex ministro de Hidrocarburos y últimamente de Planificación, Carlos Villegas.

Podemos • La oposición de derecha también se sumó a los aplausos al gobernante, quien tuvo que deshacerse de su estrecho colaborador, Santos Ramírez. «Celebramos la tardía decisión del Presidente, que dejó de ser el abogado de Santos Ramírez», afirmó de manera irónica el senador del partido Podemos, Wálter Guiteras.

Plazo •  La viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, explicó que su oficina investiga a la empresa Catler Uniservice que tiene plazo hasta junio para construir una planta de gas licuado de petróleo y gasolina en  Santa Cruz.

Empresa • Existen diferentes versiones sobre el naturaleza jurídica de la empresa Catler Uniservice SRL. Según el representante legal Agustín Milano, su sede es la ciudad argentina de Salta, con capitales argentinos y bolivianos. Además, cuenta con oficinas en Bolivia (Santa Cruz), Brasil (Río de Janeiro) y República Dominicana (Santo Domingo).

 

Suxo sabía en septiembre de las irregularidades

La Razón

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, recibió en septiembre las denuncias de irregularidades en el contrato que YPFB suscribió con Catler-Uniservice, para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, informó ayer el asesor del Comité Cívico de Camiri, Mirko Orgaz.

“En septiembre denunciamos al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que Catler-Uniservice no tenía respaldo financiero. Tenían Bs 50 mil como respaldo, para cumplir con un contrato de $us 86 millones.

Además, no tenía experiencia en el campo. La pregunta es ¿qué hizo en ese momento el viceministerio?”, dijo el asesor del Comité Cívico de Camiri, instancia que impulsó la creación de la planta separadora de líquidos. Este diario intentó entrevistar a Suxo, pero no logró su objetivo.

En una entrevista con la gubernamental radio Patria Nueva, Suxo dijo que estas irregularidades se denunciaron el año pasado, pero no especificó a quiénes. También informó que recibieron “llamadas de las empresas que se habrían presentado a esta licitación. Pese a tener, según ellos, todo para llevar el trabajo, no habrían sido tomados en cuenta. Al parecer, (el contrato) habría sido una invitación directa, pero además sin haberse cumplido los requisitos”.

Este hecho sale a la luz tras el asesinado de Jorge O’Connor D’Arlach, presidente de Catler-Uniservice y del robo de $us 450 mil.Entre las irregularidades que Suxo reveló ayer, mencionó que cuando solicitó una copia del contrato a la Contraloría para conocer el proceso de adjudicación, le informaron que éste no había sido enviado. Agregó que, por norma, una copia del documento debería ser enviado a esa instancia.

Mencionó que, al parecer, Catler-Uniservice, empresa accidental, se conformó de manera precaria y que puede hacerlo “pero para un determinado fin, no para un contrato de tal envergadura para el Estado”. Dijo, además, que YPFB, antes de firmar un contrato de este tipo, tenía la obligación de investigar los antecedentes de la empresa.