Piden que las entidades públicas sean manejadas por profesionales y no por políticos y afirman que acciones anticorrupción son insuficientes.
Los senadores Walter Guiteras y Roger Pinto (foto archivo ABI)
Por caso surgido en YPFB
Oposición desconfía sobre labor de la Viceministra de Transparencia
El Diario
Varios parlamentarios de la oposición expresaron ayer su desconfianza en la investigación que realizará la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, sobre los supuestos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque consideran que al ser parte del Poder Ejecutivo no podrá encaminar de forma imparcial el proceso.
La funcionaria intervino ayer las instalaciones de la estatal petrolera en La Paz para resguardar la documentación existente en el lugar.
Según informó, en Yacimientos se habrían producido “irregularidades” en la firma de un contrato para la construcción de una planta de gas licuado por 85 millones de dólares que se encargó a una empresa boliviano – argentina por adjudicación directa.
Ante ese hecho, el senador Carlos D´Arlach, familiar del empresario que fue asesinado el 27 de enero , Jorge O’Connor, dudó sobre la efectividad de la intervención del Gobierno y consideró que el único objetivo es encubrir supuestos actos de corrupción dirigidos por el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.
“Cualquier investigación que se realice debe efectuarse con absoluta objetividad y transparencia, pero me preocupa que en la intervención participe la viceministra Nardy Suxo; el Contralor, Gabriel Herbas, ex diputado del oficialismo; y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa que siempre ha sido empleado de Santos Ramírez, lo ha sido en el Senado”, expresó.
Por su parte, el senador Walter Guiterras, dijo que no le parece ético que la investigación esté liderada por la viceministra Suxo porque es “un mecanismo ejecutivo y operativo del Gobierno”. “Si bien tengo las mejores referencias de ella, deberían complementar las investigaciones del Ministerio Público y la comisión que se ha constituido en el Senado”, aseveró.
En la misma línea de opinión, el diputado Bernardo Montenegro dijo que fue una buena señal la destitución de Santos Ramírez, sin embargo, consideró que la autoridad de anticorrupción “deja mucho que desear en cuanto a su trabajo y es evidente que ella es una funcionaria más del Poder Ejecutivo. “Por ende el investigar a gente de su partido no nos da una garantía”, agregó.
Para el legislador, el equilibrio de la investigación lo dará la comisión multipardidaria creada por el Senado Nacional, porque ofrecerá importantes aportes al trabajo que realiza el Ministerio Público.
Por otra parte, se recordó que antes de ser presidente de YPFB, Santos Ramírez fue senador del Movimiento al Socialismo (MAS). Por ese motivo, surgieron algunas versiones de que el funcionario podría recurrir a su inmunidad parlamentaria para no someterse a una investigación.
La posibilidad fue descartada por el senador Walter Guiteras, quien explicó que ese privilegio sólo se mantiene en caso de que la persona haya sido designada por el Presidente de la República como ministro, embajador o Prefecto.
“No hay ningún sistema de inmunidad parlamentaria. El artículo 49 de la actual Constitución y nuestro reglamento lo establece y no dice nada sobre dirigir una institución descentralizada”, mencionó.
Oposición afirma que acciones anticorrupción son insuficientes
Los opositores piden que las entidades públicas sean manejadas por profesionales y no por políticos.
La decisión gubernamental de reemplazar al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por supuestos hechos de corrupción fue aplaudida por la oposición política en el Congreso.
Sin embargo, sus representantes advirtieron que eso no es suficiente y que las tareas de investigación del caso deben seguir hasta dar con todos los responsables.
“Habrá que investigar todo ese aparato montado en términos de corrupción que existe en YPFB”, dijo el senador opositor Walter Guiteras.
El legislador pidió garantías para precautelar la seguridad de los hermanos Fernando y Ernesto Córdova, al considerar que ellos pueden aportar datos importantes para aclarar el caso de los 450 mil dólares que supuestamente servirían para el pago de una “comisión” por la adjudicación de una licitación entre YPFB y la empresa Catler Uniservice.
“Ellos pueden aportar en términos de lo que fue el negocio, de lo que fue la muerte o el destino de las coimas. Sabemos que hay una intencionalidad de algunos actores complicados en esta corrupción que le quieren quitar la vida a los testigos de este caso”, agregó.
Mientras tanto, el senador tarijeño Carlos D’Arlach solicitó que la investigación sobre el caso O’Connor sea absolutamente objetiva y transparente.
Por su parte, la diputada podemista Claudia Paredes calificó la decisión del Gobierno de retirar a Ramírez de la estatal petrolera como una actitud positiva.
Asimismo, argumentó que ante alguna sospecha de corrupción se debe alejar a una persona de un cargo público, lo que es saludable puesto que se cumple con las leyes vigentes.
Los parlamentarios de Unidad Nacional (UN), como el diputado paceño Peter Maldonado, calificaron la decisión de Morales como “positiva”.
Según Maldonado, la determinación es un paso interesante para la lucha contra la corrupción, pero aún se observa que hay bastante por realizar en la estatal petrolera, una entidad que debe ser manejada por profesionales y técnicos y ya no por políticos que no tienen conocimiento del ámbito.
“Yo sueño que nuestra petrolera estatal tenga un elevado nivel de institucionalización y esa es una tarea pendiente que tiene el Gobierno”, agregó.
Adicionalmente, el senador oficialista Ricardo Díaz manifestó que la destitución de algunos funcionarios de YPFB es una clara muestra de la lucha contra la corrupción. Hizo notar que este “es el momento para que Santos Ramírez pueda defenderse sobre algunas acusaciones que hay en su contra”.