Cossío declaró que con 110.000 dólares se compró una computadora. “Ticoco” habló en 2007 con Hugo Morales.
El caso Catler-Uniservice aleja a proveedores serios.
Córdova canceló media campaña de Podemos en La Paz
Juzgado: Santos Ramírez, escoltado por policías, es llevado a celdas judiciales. Sucedió el jueves pasado
LA PRENSA
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De los $us 3,3 millones recibidos por Uniservice, en el Banco Unión quedan $us 918.000.
Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), autorizó por escrito al Banco Unión dos pagos por 3,3 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice, sin haber firmado la orden para el inicio de obras a fin de que se construya la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz.
Pese a las minuciosas inspecciones de personal del Ministerio Público en las oficinas de YPFB, no se pudo encontrar un documento que acredite que Ramírez instruyó al mencionado consorcio accidental a comenzar el trabajo.
Según datos que maneja la Fiscalía, el 2 de septiembre el Ministerio de Hacienda depositó en el Banco Unión 45 millones de dólares que debían pagar el 50 por ciento de la edificación de la mencionada planta energética.
El 2 de diciembre, Ramírez dispuso un primer pago de 1,65 millones de dólares.
Al día siguiente, con intervalos muy cortos, Jorge O’Connor D’Arlach (asesinado el 27 de enero), Mario Ángel Cossío, Luis Fernando Córdoba (todos ejecutivos de Uniservice S.R.L.) y Gloria Paola Miranda Meyer efectuaron retiros del mencionado fondo por 999.000 dólares.
Del total, Miranda se llevó 99.000 dólares para el pago de pólizas de seguros; no obstante, esta persona no tiene relación legal con la sociedad accidental.
Cossío cobró 110.000 dólares, y en su declaración jurada al banco afirmó que el dinero se destinaría a la compra de equipamiento, combustible y vehículos, aunque manifestó ante la Fiscalía que la firma no tenía oficinas en La Paz y que con esa suma se adquirió sólo una computadora.
Esa misma jornada, O’Connor D’Arlach sacó de la entidad financiera 580.000 dólares para el inicio de obras y el pago de garantías. Y luego realizó otro desembolso de 100.000 dólares para la compra de tubería.
Córdoba, por su parte, retiró otros 110.000 dólares para la adquisición de tubos.
Además, entre el 2 y el 8 de diciembre, O’Connor D’Arlach traspasó 200.000 dólares a dos cuentas abiertas a nombre de Uniservice S.R.L. en bolivianos y moneda extranjera, suma que extraería el 8 de diciembre, o sea, el consorcio cobró 1,199 millones de dólares en menos de una semana. El saldo en la cuenta ascendía a 531.000 dólares.
El 14 de enero de este año, Ramírez autorizó otro pago de 1,65 millones de dólares.
Al día siguiente, Cossío extrajo 55.000 dólares para la compra de tubería de hidrocarburos, mientras que Gloria Miranda, bajo el argumento del pago de seguros, retiró 78.000 dólares. Y Córdoba sacó 20.000 para la adquisición de maquinaria y adicionalmente se hicieron tres traspasos por un total de 210.00 dólares a favor de Uniservice.
El martes 27 de enero, O’Connor D’Arlach, Córdoba y Cossío retiraron los 450.000 dólares que serían robados en el atraco de ese día que le costaría la vida al primero. Según las declaraciones juradas al Banco Unión, ese dinero sería para la compra de válvulas y accesorios, tubería y maquinaria de hidrocarburos.
Los retiros de este segundo pago suman 1,2 millones de dólares, por lo que el saldo asciende a 387.000 dólares, lo que sumado al remanente del primer desembolso permite colegir que hay aún en caja 918.000 dólares.
A pesar de todos los pagos y retiros, el fiscal Edward Mollinedo sostuvo en la audiencia del jueves anterior que en la planta de Río Grande no ha comenzado la construcción.
El presunto soborno aleja a las empresas serias
La adjudicación de un contrato por 86.351 millones de dólares a Catler-Uniservice aleja a los proveedores serios y pone en riesgo el suministro de gas licuado y gasolinas, sobre todo para invierno, aseguró un profesional del área petrolera.
Y el descubrimiento de presuntos ilícitos, como el soborno de Catler-Uniservice, podría, y debería, llegar a la estadounidense Gulsby Process Systems, porque recibe millones de dólares de cuentas fiscales bolivianas sin tener contrato directo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dicen en el sector.
Según el ex vicepresidente de YPFB José Kreidler, “los proveedores serios de bienes y servicios no quieren participar puesto que tienen la sensación de que el concurso o licitación está ya arreglada”.
La adjudicación de la planta generó “dudas razonables” en el ramo que provee servicios a las petroleras, por lo que no participaron constructoras con experiencia. Es el caso de los proponentes serios Tecna, Exterran o Propak, que “salieron corriendo cuando se dieron cuenta del manejo del proceso”, indicó una fuente que pidió reserva de su identidad.
“Entre los que se mueven en esta industria fue claro desde el primer día que Catler Uniservice daba para tener más que una duda razonable”, puesto que esta asociación no tenía nada que hacer en un negocio de esta dimensión y grado de especialización, comentaron técnicos del área que prefieren el anonimato.
Un soborno “en muchos países es sumamente grave y tiene penas severísimas a los ejecutivos que lo practican”, puntualizó el ex ejecutivo de la petrolera nacionalizada el 1 de mayo de 2006.
“Ticoco” habló en 2007 por última vez con Hugo Morales
“Mi cliente vio por última vez al hermano del Presidente, don Hugo Morales Ayma, a mediados de 2007 en Rurrenabaque, departamento del Beni”.
Williams Sánchez, abogado de Luis Fernando Córdoba, admitió que su cliente conoce personalmente a Hugo Morales, pero aseguró que la última oportunidad en la que ambas personas se encontraron fue producto de la casualidad y desmintió que su representado le hubiese pedido acceder a un cargo ejecutivo en la Aduana Nacional.
Sánchez explicó que Córdoba Santiváñez conoció tiempo atrás al hermano del Jefe del Estado, con quien no mantuvo una relación de amistad, sino que se trataban como dos personas que alguna vez intercambiaron ideas y cuando por acción del azar se encontraban se saludaban y dialogaban entre sí.
Otro desmentido
Sánchez indicó además que su defendido nunca reconoció a un policía como el autor del rapto que sufrió el miércoles 28 de enero y que concluyó con un diagnóstico forense de 25 días de impedimento.
La denuncia fue hecha por Jorge Borda, abogado de Ernesto Córdoba, hermano de Luis Fernando, y la calificó como una “especulación”.
“Mi defendido nunca reconoció a nadie. No es verdad aquella versión. No vamos a demandar a nadie. Nosotros estamos abocados a la defensa en los dos procesos que el señor Luis Fernando Córdoba enfrenta y que son por robo y asesinato, por una parte, y contratos lesivos al Estado, por otro lado”.
Sánchez explicó que El Caballito no es un local nocturno que pertenezca a su patrocinado, sino que forma parte del patrimonio de su hermano Ernesto.
“No entiendo por qué se ha involucrado a mi cliente en este caso, si es una víctima más, como lo fue Jorge O’Connor D’Arlach o los demás asaltados el 27 de enero y ninguna de estas personas se encuentra bajo detención preventiva. Creo que aquí hay una mano negra que trata de perjudicar a Luis Fernando Córdoba”.
El abogado dijo que se siente seguro de que las personas que implicaron a su representado en el asesinato del empresario fueron obligadas a firmar papeles en blanco después de haber sido sometidas a torturas.
El caso Catler-Uniservice aleja a proveedores serios
dudas • Los expertos aseguran que, con los antecedentes, otras constructoras se retiraron.
LA RAZÓN
La bullada adjudicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa Catler-Uniservice, por la construcción de una planta separadora de licuables en el sector de Río Grande (Santa Cruz), aleja a proveedores serios y pone en riesgo el suministro de gas licuado de petróleo y gasolinas, aseguraron profesionales del área petrolera a la agencia ANF.
A ello se suma el descubrimiento de actos ilícitos como el presunto soborno por parte de Catler-Uniservice al presidente destituido de YPFB, Santos Ramírez, que podría incluso afectar a la estadounidense Gulsby Process Systems, que recibe millones de dólares de cuentas fiscales bolivianas, a pesar de no tener contrato directo con YPFB, afirmaron los especialistas a la agencia.
“Los proveedores serios de bienes y servicios no quieren participar, pues tienen la sensación de que el concurso o licitación está ya arreglado», señaló el ex vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, José Kreidler.
La adjudicación de la planta generó “dudas razonables” en el sector que provee servicios a las petroleras, por lo que no participaron constructoras nacionales con experiencia. Es el caso de los proponentes como Tecna, Exterran y Propak, que “salieron corriendo cuando se dieron cuenta del manejo del proceso”, indicaron en fuentes petroleras que pidieron guardar reserva. ANF
Córdova canceló media campaña de Podemos en La Paz
Rafael Loayza, senador suplente y ex jefe de la campaña presidencial de Podemos, afirma que Marco Córdova dio $us 20.000 de los 45.000 que se llegó a recaudar. Éste lo niega y dice que aportó en especie $us 500.
El diputado Marco Antonio Córdova, hermano de dos de los principales implicados en el volteo y posterior asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, pagó 20.000 dólares de los 45.000 que el año 2005 Podemos utilizó en su campaña electoral en La Paz, reveló el, por entonces, jefe de campaña y actual senador suplente de esta agrupación política, Rafael Loayza.
El aludido negó que hubiera hecho esos aportes, no obstante que Loayza mostró a La Razón un informe de gastos de la campaña y luego señaló que varias facturas fueron canceladas por Córdova, quien fue incluido en las listas de Podemos a último momento, en reemplazo de un ex diputado del MNR y como cuota de Alianza Siglo XXI.
“Eran 20 mil dólares que había aportado Marco a la campaña; yo presenté mis descargos, entregué el descargo al director administrativo Abel Martínez y a Tuto (Quiroga, jefe de partido). Es el único descargo, nadie más rindió cuentas”, aseguró Loayza.
Martínez admitió que era responsable financiero de la campaña de Podemos, pero afirmó desconocer si Córdova aportó 20 mil dólares. “No sabía de esas cosas, no sé de esos entretelones”.
Córdova negó que haya financiado la mitad de la campaña podemista para comprar un curul. “Es falso (…) no compré el curul. Se aportaba pintura, nos decían aporten pintura, serigrafía, no creo que ascienda ni a 500 dólares, no creo que vendan un curul, es una pena que Loayza se maneje en ese sentido”, aseguró.
Luego, al igual que Loayza, explicó que ingresó a las listas de Podemos como parte de la Alianza Siglo XXI, con la que firmó un acuerdo. “No fue casualidad”.
La situación de Córdova fue observada en Podemos, tras el escándalo que envuelve a sus hermanos por la presunta obtención ilegal de dinero.
El MAS espera conocer el fallo
El Movimiento al Socialismo (MAS) decidirá el futuro político de sus militantes Santos Ramírez y Jiovanna Navía Doria Medina (esposa de Ramírez), una vez que las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público sobre el presunto hecho de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) definan si son culpables o inocentes.
El jefe de bancada en la Cámara de diputados, César Navarro, dijo que el Tribunal de Honor del MAS, que es la instancia que analiza el comportamiento ético, político y jurídico de los militantes, decidirá después del fallo judicial si en el caso Ramírez “se están traicionando los principios del MAS”.
El diputado Gustavo Torrico dijo que se procederá de igual forma en el caso de Navía. “Esperaremos. Cuando diputados exigieron su desafuero, yo dije ‘no’; ella pidió licencia y se defenderá y se verá si es culpable. Entonces quedará desaforada”, acotó.