El País – Tarija
El País – TarijaLos cargos del IDH en las universidades
El Nuevo Día
Recordando Huanchaca – bajo el penoco
La Patria
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La Razón
Subeditorial – Una crisis que persiste
Nota del Día – Por el fútbol boliviano
Altímetro – Grandes en subasta
La Prensa
El Deber
Caminos, promesas sin cumplir- Marcelo Rivero
Los Tiempos
“Eres masista o fascista, no hay otra”
El Diario
La Estrella del Oriente
El Nacional
¿Caminamos hacia un Estado sin ley?
El País – Tarija
Los cargos del IDH en las universidades
Las universidades públicas están tocando fondo cuando de renovación se habla. El tema educativo en el país es una preocupación permanente no solamente por lo alejada que está de objetivos mínimos de excelencia académica, sino por el mismo manejo discrecional de los recursos que son administrados autónomamente.
Cuando los recursos de la venta del gas llegaron a beneficiar a Prefecturas, Municipios, Salud y Educación, fueron las universidades las entidades más beneficiadas en sentido de mejorar sus ingresos y recursos dedicándolos, por disposición legislativa, a ejecutar investigación, mejorar infraestructura y mobiliario. Pero el IDH se convirtió no en el financiamiento de mejoras e investigación, sino en la bolsa de regalos que las universidades públicas podrían manejar.
Sin embargo, en la actualidad las universidades están perseguidas de un mal, muy común en diferentes esferas y ámbitos sociales: la corrupción. La Contraloría General de la República inició una auditoría ampliada a las 12 universidades públicas por una presunta malversación de recursos asignados del IDH. Detectó una serie de irregularidades en el manejo de estos recursos a lo cual se suman problemas académicos como el caso de la vulneración a la base de datos de calificaciones, entre otros.
Por ello, con tono de urgencia, la Contraloría ya está trabajando desde dentro de las universidades auditando el manejo de los recursos provenientes del IDH. Entre los actos sujetos a fiscalización estarán aquellos forzados a ejecutar desembolsos y gastos de los mismos para evitar reversiones o redistribuciones, como ya se intentó en el pasado reciente.
Pero estando en estos “apuros” de gastar los recursos, las entidades educativas se ven obligadas a organizar programas de fomento a la investigación pero sin un adecuado seguimiento de su calidad, validez y solvencia, de manera que se permita el intercambio de experiencias y que los resultados sean relevantes para la misma universidad y la sociedad en su conjunto. Sería bueno auditar también la manera de planificar, ejecutar y recuperar los productos de las investigaciones de manera que su relevancia y pertinencia sean el principal componente de justificación del uso de los recursos en tales iniciativas.
En consecuencia, si de auditar se trata, la mira contralora debe acompañar a los diversos procesos que hacen a no solamente al uso, manejo y destino de los recursos económicos sino de la efectividad de los productos o resultados de los mismos considerando que el beneficio directo para estudiantes y docentes debe llegar de modo directo y tangible hacia una sociedad que financia la educación superior con la finalidad de mejorar permanentemente la calidad de vida del conjunto.
El Nuevo Día
La hora del planeta
Las iniciativas por la conservación de la biodiversidad y el equilibrio del medio ambiente tienen poca prensa y menos publicidad, pese a que se sabe que el planeta se dirige aceleradamente hacia una situación límite e irreversible, con las graves consecuencias previstas para la vida del ser humano y las demás especies animales y vegetales existentes. Se ha atribuido a la actividad productiva del hombre la mayor parte de los daños ocasionados al equilibrio ecológico. Sin embargo, hasta ahora se ha podido lograr acciones conjuntas y responsables de parte de los gobiernos del planeta, donde los países desarrollados se han destacado por retacear, de un modo inexplicable, su concurso y apoyo.
Resulta prudente, por tanto, apoyar las iniciativas dirigidas a la concienciación sobre los graves efectos del cambio climático –expresión del deterioro ambiental del planeta– que viene a ser más que una respuesta sensata frente al riesgo, una toma de decisión convencida de que es posible todavía revertir una inminente catástrofe para las generaciones del futuro. Hoy, por ejemplo, más de mil ciudades en el mundo formarán parte de la iniciativa: “La hora del planeta” apagando luces y aparatos electrodomésticos por una hora, para ayudar a conservar la vida de la Tierra en el marco de una campaña mundial para salvar el planeta.
Sin duda, con esta actitud se pretende demostrar que es posible disminuir sustancialmente la cantidad de dióxido de carbono que es lanzada al planeta. Se trata, pues, de una acción conjunta con plena convicción ecológica. Esta iniciativa, promovida por la Organización Mundial de la Conservación (World Wildlife Fund), busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global, con la participación consciente de todos. Se pretende lograr que mil millones de personas de todo el mundo no utilicen energía eléctrica por una hora, y así demuestren su preocupación sincera por el cambio climático.
Hoy, Bolivia se suma a las más de mil ciudades que apagarán las luces y los electrodomésticos por 60 minutos, entre las 20.30 y las 21.30. Con el apoyo a esta cruzada se dejará de emitir en Bolivia entre 70 y 100 toneladas menos de dióxido de carbono al planeta, si al menos la mitad de los bolivianos apagan las luces a esa hora de hoy. Si bien las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se han mostrado proclives a colaborar, está todavía por verse si la gente capta el mensaje y se suma a la iniciativa. Entonces se podrá apreciar el grado de compromiso de sus autoridades y habitantes.
Si todo sale bien, la “hora del planeta” puede llegar a ser el evento de participación masiva más importante del mundo, que demuestra la preocupación de los habitantes del planeta por los efectos nocivos del cambio climático. Esta manifestación colectiva espera ejercer suficiente presión sobre los líderes mundiales que se reunirán en Copenhague, Dinamarca, para discutir un nuevo tratado global sobre el cambio climático, para que los gobiernos asuman compromisos sinceros dirigidos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y resulta obvio que deben hacerlo antes que sea demasiado tarde.
Bolivia se suma a las más de mil ciudades que apagarán las luces y los electrodomésticos por 60 minutos, entre las 20.30 y las 21.30.
AsÍ nos ven 28 – 03 – 09
Las constituciones de Ecuador y Bolivia son las más extensas de América Latina; contienen un gran número de promesas ambiciosas o, simplemente, difíciles de cumplir. Las constituciones se vuelven cada vez más abarcadoras e incluyen cada vez más promesas, y uno sabe que el problema en Latinoamérica no es que escaseen las leyes sino que no se cumple con ellas. Cuando en una Constitución se introducen ideologías políticas u ofrecimientos o expectativas demasiado específicas, ella misma se convierte en parte del debate político y deja de ser su árbitro.
Recordando Huanchaca – bajo el penoco
Las fuerzas antidrogas de Bolivia están haciendo un excelente trabajo, como para demostrar que no les hacen falta los gringos de la DEA. Una avioneta por aquí, otra por allá, además de una fábrica gigantesca de cocaína en Santa Cruz, comparable a la tristemente célebre encontrada en las serranías de Huanchaca allá por 1986. Claro que hay algunas observaciones, como la que hizo la responsable de la ONU para el tema de las drogas, Cristina Albertín, quien felicitó por incautar tanta cocaína, pero pidió también que se atrape a los peces gordos. Y ya que hablamos de Huanchaca, hay que recordar que esa era una época de auge en el tráfico de drogas. En esa ocasión los peces gordos quedaron impunes y fueron a dar a la cárcel sólo algunos pobres diablos. Esa vez, el hallazgo de la fábrica fue producto de la casualidad y la impunidad llegó desde las altas esferas políticas.
La Patria
Cuando de dignidad se trata
Algunas medidas no claramente establecidas por autoridades del Gobierno a través de sus ministerios especializados, dejan dudas sobre la suerte de dos sectores que en el momento acaparan la atención del oficialismo y sus dirigencias, por un lado los comerciantes de ropa usada y por otro los micro y mediano productores nacionales.
Una serie de factores exógenos tienen que ver con la economía del país lo que afecta sensiblemente los sistemas de la productividad, pero que en el caso de textiles y otra variedad de prendas de vestir tiene doble impacto por la abierta permisión del Gobierno con comerciantes de prendería usada, pero sobre todo con los mayoristas que siendo muy pocos fueron identificados como los que mueven grandes capitales para la introducción por la vía del contrabando de centenares de toneladas de la ropa descartada en países del primer mundo.
Sucede que para el Gobierno el asunto es sumamente complicado, se trata de no entorpecer sus relaciones con potenciales electores, siendo un año en el que se pone en juego su continuidad, vale la pena jugar las mejores cartas para no disminuir un caudal de votos que puede tener significación especial a la hora de las decisiones ciudadanas.
Lo evidente es que de momento la cantidad de comercializadores de ropa usada, fuera de los capitalistas o mayoristas del sector que no son más de 30, suman por miles y están en todo el país, con mayor cantidad en el occidente, lo que garantizará de algún modo la diferencia que mantiene el partido oficial en la región en materia de votos. Sin embargo el hecho de ampliar el plazo para la comercialización de ropa usada ocasiona un enorme perjuicio a otros miles de micro productores y empleados del sistema que van perdiendo fuentes de empleo por la abierta competencia del comercio de prendería usada. Este sector igualmente puede pesar con mucha fuerza en la preferencia electoral de fin de año, por tanto hay una encrucijada para el Gobierno en la solución que pueda darse al problema de doble efecto social entre miles de ciudadanos.
Hay defensores y detractores del comercio de la ropa usada, un argumento que se utiliza es el de la dignidad nacional que no puede mellarse con el comercio de ropa usada pretendiendo sustituir la producción nacional que por la desleal competencia se ve obligada a reducir su tarea con el cierre de muchos talleres y medianas factorías, lo que se traduce en mayor gente desocupada y en la paulatina liquidación de industria nacional.
Si de dignidad se trata, el Gobierno tiene la obligación de salvar y apoyar la producción nacional haciéndola competitiva, con productos de calidad y con la garantía de suficientes mercados para expandir su comercio, empezando por asegurar el interno que debería sentirse orgulloso de vestir prendar legítimas con el sello de “Hecho en Bolivia”, descartando de ese modo la prendería usada entre la que –como decía algún comentarista– se encuentran los calzones de algunas actrices o políticas y las chompas y pantalones de los Jackson o los Smith, además con sello “made in Usa…da”. Recuperemos la dignidad y defendamos lo nuestro.
La Razón
El caso de los 33 camiones
Para curiosidad mayor, sobre la participación del ministro Juan Ramón Quintana, el informe dice que deberá ser el Presidente, es decir el Poder Ejecutivo, quien decida la responsabilidad de esa autoridad. Entonces, ¿qué investigó la comisión?, ¿para qué la conformaron?
El oficialismo de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados elaboró un informe preliminar sobre el caso de los 33 camiones que llevaban carga de contrabando a Brasil a mediados del año pasado, informe que ha dejado muchas más dudas que certezas. Para comenzar, el informe no está suscrito por toda la comisión, sino solamente por su presidente, el diputado Javier Zavaleta, quien ha optado por invitar a sus colegas a elaborar un documento alternativo.
El caso alcanzó fama debido a que el ex presidente de la Aduana Nacional, general César López, denunció que los camiones pasaron la frontera por una autorización ilegal que les dio el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La denuncia de López permitió conocer que en el hecho participó también el jefe del Comando Conjunto contra el contrabando en Pando de ese momento, almirante Rafael Bandeira, actual prefecto interino del departamento, con lo cual el caso se complicó todavía más. Pues bien, el informe del diputado Zavaleta niega que se hubiera tratado de contrabando. Lo sustenta con una ley que está vigente desde enero (pero no lo estaba en el momento del delito, en julio del 2008), al establecer una diferencia entre “contrabando” y “contravención”.
Para la curiosidad mayor, sobre la participación del ministro Quintana, el informe dice que deberá ser el Presidente de la República, es decir el jefe del Poder Ejecutivo, quien decida la responsabilidad de esa autoridad. Entonces, ¿qué investigó la comisión?, ¿para qué la conformaron?, ¿por qué Zavaleta quiere culpar al denunciante?
Voceros de la oposición dijeron que se trata de la mayor cesión de jurisdicción que haya hecho el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Un caso en el que el Poder Legislativo se declara incompetente para definir sobre el poderoso Ministro de la Presidencia. Lo que ha sorprendido más aún es que el informe dice que quien deberá dar cuenta de sus actos ante la justicia es el general López, justamente quien denunció las presuntas irregularidades.
El diputado Zavaleta tiene un apellido similar al de un gran pensador boliviano que se destacó en el exterior por sus profundos análisis sobre la realidad nacional, e incluso escribió libros muy acertados. Ahora, los colegas de este diputado le reprochan el haber firmado un informe que, de acuerdo con la sospecha del diputado Murillo, fue elaborado por el propio ministro Quintana, el principal acusado en este caso.
Pero el daño mayor que ha causado este caso es que el contrabando ha ganado espacios en la economía jurídica del país. Hasta hace poco, el paso de mercaderías por la frontera, ya sea de salida o de entrada, era un contrabando, es decir, un delito penado por las leyes. Ahora, se ha establecido un parámetro según el cual si el valor de la mercadería no es muy alto, sólo se trata de una “contravención”, no llega a ser contrabando. Más aún, al no tipificar este caso como de contrabando, se abre la puerta para que supuestos contrabandistas del 2008 se acojan a la Ley Financial para asegurar que cometen “contravenciones”.
El Gobierno debería hacer lo posible por evitar que estos hechos dañen a su imagen y, sobre todo, no dañen al necesario equilibrio de poderes. La opinión pública espera ahora el documento de los otros miembros de la comisión.
Subeditorial – Una crisis que persiste
Desde estas páginas nos hemos referido continuamente a la crisis que se vive en el país y que, de tanta persistencia, se ha estacionado entre nosotros. Las naciones pueden atravesar por crisis de distinta clase —Bolivia las ha transitado casi todas— pero vivir en una crisis permanente es un asunto que entraña mucha gravedad, porque termina enfermando a la nación y por tanto a sus habitantes.
Lo primero que afirmamos los bolivianos cuando se derrumbó la democracia formal fue que todo lo anterior se había debido a la corrupción generalizada, a esa democracia pactada, de favores, de ineficiencia y tolerancia. Pero he ahí que la llamada democracia “participativa” o revolución en democracia, no sólo que ha sido incapaz de desterrar los males de la corrupción, sino de incrementarlos.
El Gobierno, entonces, ha sido incapaz de detener la corrupción y ésta se ha elevado a las cotas más altas. Entonces, además de malos manejos, ha existido una administración pobre, sin metas, interesada en el beneficio propio, que ha llevado a Bolivia a pérdidas irrecuperables.
La nacionalización de los hidrocarburos, que se presentaba como una liberación para los bolivianos, se está convirtiendo en fuente de negociados, pero, además, no está cumpliendo con lo ofrecido en cuanto al “cambio”. La reposición de YPFB resulta ahora muy discutible por más de una razón que no es necesario mencionar en este espacio.
La crisis está influyendo decisivamente en la producción nacional. Los sectores agroindustriales del oriente están con problemas por innecesarias disputas con el poder central. Es seguro que su producción caerá sensiblemente. A esto se suma, como en el caso del gas, la pérdida de mercados, la ausencia en los grandes mercados mundiales, que con tanto afán buscan nuestros vecinos. Y la crisis se agudiza porque estos factores no permiten la creación de empleos y se enrumba hacia una mayor desocupación.
No hay una gestión que se pueda exhibir porque la política es el centro de atención del Gobierno y porque todo esfuerzo se empeña en el cambio político. La crisis ha echado raíces que no serán fáciles de sortear para recuperar el camino hacia el bienestar y el desarrollo.
Nota del Día – Por el fútbol boliviano
La selección boliviana juega hoy su undécimo partido por las eliminatorias, sin muchas chances para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, está penúltima en la tabla con sólo nueve puntos. Sólo sumar, aunque sea un punto, alentará el sueño de lograr el boleto.
Así las cosas y ante la inminente eliminación, es de esperar que el técnico debutante, Erwin Platiní Sánchez, comience a desarrollar el proceso que proclamó durante más de un año y que en la cancha de El Campín de Bogotá muestre el fútbol boliviano, aquel que el propio entrenador desplegó para convertir el sueño de USA 94 en una realidad y que lo llevó a triunfar en Portugal.
Estos partidos que restan de la presente eliminatoria deberían servir para combinar la experiencia de los veteranos con el hambre de gloria de los jóvenes que hacen sus primeras armas en la selección. Al margen del resultado, lo ideal es ganar, se debe mostrar buen fútbol, un cambio generacional y un claro proceso que busca un objetivo, tal vez no el campeonato mundial, ni siquiera la clasificación, sino la recuperación de una identidad futbolística asentada en un equipo trabajado y sometido a lo que dicta precisamente un proceso.
Es claro que ningún deportista, menos un futbolista de alta competencia, ingresa a la cancha a perder, pero las líneas que se trazan a la hora de encarar un partido, la convocatoria de jugadores fuera de actividad y la actitud de algunos, dejan dudas.
La selección boliviana de fútbol debe ser la vitrina para los mejores jugadores del país, no para los elegidos; en el cuadro de todos deben estar los goleadores del torneo local, los campeones del Apertura y del Clausura y los legionarios que estén en actividad en los clubes del extranjero, no glorias del pasado que aún no hacen pie ni siquiera en clubes de segunda división.
Altímetro – Grandes en subasta
El jueves, más de 500 objetos de El Rey, Elvis Presley, fueron vendidos en una subasta por internet; para abril se prepara un acto similar de algunas prendas que lució el rey del pop Michael Jackson, y no será raro escuchar que otras estrellas del espectáculo recurran al martillo y la puja para salvar su economía.
Las recaudaciones que se esperan son millonarias y mientras en algunos casos se anuncian objetivos benéficos, los de Elvis y Michael irán a la familia del primero y directo al bolsillo del segundo. Tal vez el renacido Jackson pueda disfrutar del dinero que recaude por la venta de sus extravagancias, pero en el caso del cantante de las caderas ágiles serán sus descendientes los que sonrían con casi $us 200.000.
Lo cierto es que a los grandes les llega la mala hora y para superarla deben abandonar sus gustos y someterlos para que el martillero los salve.
La Prensa
El turismo en Bolivia
Nuestra privilegiada y estratégica ubicación geográfica nos hace de relativamente fácil acceso como ‘país puente’ y refuerza las posibilidades para una explotación del turismo…
Por donde se lo vea, de uno a otro extremo de su diverso y contrastante territorio, Bolivia posee un vasto y atractivo potencial turístico que, sin embargo, hasta ahora no ha sido explotado adecuadamente para implementar una importante fuente generadora de empleos y divisas con la que también se conoce como la “industria sin chimeneas”. A diferencia de otros países que con menos que ofrecer al visitante hallaron un rico filón en la explotación del turismo, el nuestro parece desaprovechar los maravillosos dones que la naturaleza le entregó.
En algún momento, hasta los japoneses estaban interesados en conocer la oferta turística boliviana que se cotiza bastante bien con las Misiones Jesuíticas, el Parque Noel Kempff Mercado, el Salar de Uyuni, los valles mesotérmicos, el lago Titicaca o los caudalosos e imponentes ríos del norte, tan sólo por citar algunos de los lugares que llenarían los ojos al visitante que tendría mucho para elegir de un amplio abanico de atrayentes opciones. En cuanto a los estadounidenses que venían en buen número a dejarnos sus dólares, se les tiró las puertas en las narices exigiéndoles visa para entrar en Bolivia, como resultante de las asperezas gubernamentales con la potencia del norte. Con la desafortunada medida, numerosos “gringos” no se pusieron a llorar y, por el contrario, procedieron a borrarnos definitivamente de sus destinos.
Pero, en fin, nuestra estratégica y privilegiada ubicación geográfica en el corazón de Sudamérica nos hace de relativamente fácil acceso como “país puente” y refuerza las posibilidades para una explotación del turismo cada vez más intensa y extensa. Y aunque sobran los lugares que harían disfrutar a plenitud al excursionista extranjero, en Bolivia hay carencias esenciales no resueltas, como las de una buena red vial que permita la llegada sin contratiempos a los centros de atracción turística, lo mismo que una mayor y más completa infraestructura hotelera que ofrezca las condiciones indispensables de comodidad a quienes arriban en tren de descanso y recreación.
Pero más allá de la ausencia de políticas de fomento que estimulen la actividad, de la necesidad de buenos caminos o de más y mejores hoteles, en tiempos tan tormentosos como los que vivimos ahora se vuelve impensable al extranjero hacer turismo en Bolivia, desalentado además por la deteriorada imagen que se retrata en el mundo exterior. Las recientes calificaciones de organizaciones internacionales que nos encasillan como “país inestable o inseguro” no escapan de la atención del viajero que sin mucho pensárselo opta por otros destinos más confiables y seguros.
Entonces es una pena grande que no nos quieran visitar y que gente de otras partes pase de largo por los fundados temores que les inspira el inflamado clima interno instalado entre nosotros desde hace largo rato y que ha vuelto poco menos que inviable el desarrollo de la industria turística nacional, a pesar de su innegable potencial.
El Deber
Rescate en materia cultural
Bien vale la pena destacar, con énfasis mayor, en estos tiempos de valores invertidos y de imposiciones diversas, un par de esfuerzos orientados al rescate de nuestras manifestaciones culturales, aquellas que son propias de la vasta región cruceña y sobre las que en diversas ocasiones, y con no pocos bombos y platillos, seguramente con buenas intenciones de todas maneras, se han expresado y lo siguen haciendo instituciones u organizaciones locales de variado nivel.
En el caso que nos ocupa, uno de aquellos esfuerzos tiene que ver con la próxima presentación de 15 libros que permitirán conocer a fondo la historia y realidad de nuestras provincias. Es la resultante de un año de investigación a cargo de jóvenes egresados de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, bajo la guía de la reconocida historiadora Paula Peña. Todo el equipo de trabajo recibió instrucción sobre las técnicas de la investigación y luego llevaron a cabo sus propias tareas con la orientación de profesionales altamente capacitados.
A los quince textos se les concede un alto valor académico puesto que anteriores publicaciones sobre las provincias de Santa Cruz son muy escasas y algunas reinciden en los mismos errores.
En fecha reciente y por mera y feliz coincidencia, el tío de la historiadora Paula, Aldo Peña Gutiérrez, también aportó de manera significativa al ‘rescate’ cultural de lo nuestro con su bien editada obra Carnaval cruceño, ¿pa’ dónde vas? que en poco más de un centenar de páginas recrea las diversas facetas de la denominada ‘fiesta grande’ de los cruceños. Y si del carnaval se trata, pues muy oportuna cuanto eficaz puede considerarse la contribución de Peña Gutiérrez, en procura de enderezar el rumbo de una festividad tan propia del espíritu abierto y alegre de la gente de estas llanuras y que, empero, corre el riesgo de terminar completamente desvirtuada por efecto de algunos muy malos hábitos incorporados subrepticiamente en los últimos tiempos.
No es novedad alguna que aquellas manifestaciones o muchas otras cosas con las que nos identificamos los cruceños, están siendo sepultadas por el olvido, o avasalladas, o suplantadas por otros estilos que nos meten abiertamente, procedentes del interior o del exterior del país.
Por eso insistimos en resaltar el aporte de la historiadora Paula y de su tío el cantautor Aldo, en provecho de las generaciones actuales y las del futuro para que conozcan o reconozcan los que fueron, los que son y tienen que seguir siendo motivos emblemáticos del viejo y querido pueblo cruceño.
Caminos, promesas sin cumplir- Marcelo Rivero
Mucho antes de subir al poder, al tiempo de bloquear caminos y dejarlos en pésimas condiciones -con serio quebranto económico para el Estado-, porque provocaban derrumbes de enormes piedras, los gobernantes de ahora en sus andanzas proselitistas prometían vías en todas las direcciones del territorio nacional para que los productores lleven al campo lo necesario y traigan a los mercados el fruto de sus esfuerzos, especialmente en materia agrícola, ganadera, avícola, en porcicultura y otras actividades.
La cosa revestía carácter de urgencia, por eso las promesas eran de hacer realidad los proyectos en el menor tiempo posible, digamos uno, dos, tres años como máximo. Pasaron los tres años, hasta se le cambió el nombre a la entidad encargada de las vías, pero éstas siguen igual y si algo mejoraron, en ‘compensación’ empeoraron otras; es más, con serias denuncias de corrupción en la construcción de unas, en la refacción de otras y en el cobro del peaje, aunque este asunto compete a otro organismo.
Por tales motivos han surgido tantos conflictos sociales en diversos puntos de la nación, ya que la gente, que ve impotente cómo se malogra su producción, no encuentra más recurso que la medida extrema para exigir la ejecución de obras, vale decir el bloqueo de rutas. Es lo que está pasando en varias localidades del norte cruceño donde miles de pequeños productores agropecuarios, comunitarios dedicados a la compraventa, transportistas y vecinos en general que asimismo sufren perjuicios, tienen cortado el tráfico hacia el interior del país. La queja principal es la promesa incumplida, ¡que ya lleva dos años!, de pavimentar el importante trayecto entre Aguaí y Colonia Piraí. Este tramo y muchos otros en los meses lluviosos son intransitables, casi un solo fango, y en tiempo seco la polvareda no deja ver a los conductores ni a 10 metros de distancia. ¡Todo el santo año los usuarios sufren y arriesgan sus vidas!.
Y así están en el valle porque transcurre una ponchada de años y no termina el asfaltado desde Mataral hasta Vallegrande, o sea desde la vieja vía a Cochabamba. Se dice que el asunto es porque faltan 1,6 millones de dólares y que la Administradora Boliviana de Carreteras sugirió que se apele a la Prefectura cruceña. Lo que faltaba: se llevan los recursos que generamos por infinidad de conceptos, nos roban impuestos y regalías de los que también se apodera el centralismo y encima quieren que carguemos con lo que es de responsabilidad del gobierno. ¡Como cuando la Alcaldía puso toda la plata para la carretera a La Guardia!
Cumpla su palabra alguna vez el gobierno para no fallarle a la gente del campo. Si a eso le agrega las cifras millonarias que se recaudan por peaje -que según ley es para reparar caminos, otro será el cantar, Bolivia tendrá excelentes carreteras incluso en los olvidados departamentos de Pando y Beni.
Los Tiempos
“Eres masista o fascista, no hay otra”
Cada vez tienen menos cabida las visiones críticas, las dudas, los matices. Sólo hay lugar para los sumisos y los enemigos
“Ha llegado la hora de las definiciones”. “…si no son oficialistas, entonces son de la oposición, son de la derecha, son racistas y fascistas”. “Eres masista o eres fascista, no hay otra. Hay que definirse para defender este proceso revolucionario en el país”.
Esas son algunas de las frases con que el Presidente del “Estado Plurinacional”, conminó a una multitud de campesinos que fueron reunidos en uno de los actos con los que el Movimiento al Socialismo conmemoró el decimocuarto aniversario de su fundación. Fue un discurso que tuvo la virtud de aclarar una vez más, por si todavía fuera necesario, cuál es la lógica que guía los actos de quienes hoy tienen en sus manos la conducción de la “revolución democrática y cultural”.
Se trata, como es fácil comprobar, de una lógica en la que cada vez tienen menos cabida las visiones críticas, las dudas, los matices. “Están conmigo o contra mí” es la idea central, lo que lleva implícita una amenaza a todos quienes por razones ideológicas, éticas o simplemente prácticas, no estén dispuestos a apoyar sin cuestionamientos las directrices impartidas por la élite burocrática que se ha apoderado del MAS y, a través de él, del
Gobierno nacional.
Los términos drásticos y tajantes de las palabras de Morales tienen especial relevancia por las circunstancias en que fueron pronunciadas. Es que, como nunca antes, las manifestaciones de disconformidad con la manera como está siendo conducido el MAS y su “proceso de cambio” ya no sólo provienen de quienes no se sienten identificados con ese proyecto político, sino también desde sus propias filas.
Las voces de protesta por la expropiación del MAS, que de haber sido patrimonio de las organizaciones populares que hace 14 años le dieron vida, ha pasado a ser instrumento al servicio de una élite burocrática que nada tuvo que ver con su proceso de gestación y desarrollo, son cada vez más frecuentes.
La manera como dirigentes campesinos y de otros sectores populares que durante los últimos tres años han sido reducidos a la condición de simples “bloqueadores” o “cercadores”, a “mandar obedeciendo”, mientras el Gobierno ha sido entregado a individuos que nunca formaron parte del MAS, es uno de los muchos motivos de descontento.
Otra de las vertientes que está sumida en profundas dudas sobre las implicaciones éticas de su compromiso con el actual régimen y muchos de sus actos es la integrada por intelectuales y profesionales de larga trayectoria en la izquierda nacional, hoy desplazados por vulgares delincuentes que impunemente saquean el patrimonio nacional. Se puede pues suponer que es también a esas personas que está dirigida la conminación hecha para que se definan en términos inequívocos. Son ellos quienes ahora tienen la palabra.
El Diario
Violaciones a la CPE
A medida que pasa el tiempo surgen cuestionamientos al nuevo texto constitucional, el mismo que tuvo un tratamiento confuso e irregular en la Asamblea Constituyente, por lo que el Congreso Nacional lo modificó mediante consenso, con la ayuda de los llamados opositores al Gobierno, el que finalmente fue sancionado por el Legislativo en una sesión tensa y con la presión de un cerco al Primer Poder del Estado, por parte de dirigentes y militantes de los llamados movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo. El texto promulgado el 7 de febrero pasado ya es motivo de violaciones por parte de quienes la proyectaron e impusieron su aprobación, lo que indica que cuando estaba en plena elaboración, factores fundamentales fueron pasados por alto sin prever consecuencias en un futuro casi inmediato. En la actualidad se descubre vacíos, contradicciones, malas interpretaciones, repeticiones y articulados que no reflejan la realidad nacional. Al inicio de la elaboración de la nueva Constitución surgieron críticas por el dogmatismo y sectarismo con el que actuaban los constituyentes del MAS, quienes atenidos a su mayoría en ese cuerpo deliberante, querían imponer sus criterios, oponiéndose a todo lo que proponían los opositores. En la Constituyente se llegó a no permitir que las sesiones se desarrollen según el cronograma de trabajo. Por ello se tuvo que ampliar el mandato constituyente por unos meses. Dicho texto fue aprobado de manera irregular, primero en un recinto militar y luego en un inmueble de la Universidad Técnica de Oruro, reuniones a las que se les impidió asistir a los denominados “contrarios”. Finalmente el contenido de la nueva Constitución fue conciliado en el Congreso Nacional entre oficialistas y opositores, siendo sancionado y promulgado.
En las últimas semanas la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Transitoria del Régimen Electoral, elaborado por el Ejecutivo, documento considerado en Grande, en Detalle y en Revisión, sin modificaciones que la enriquezcan, sin el debate parlamentario que surge con este tipo de normas, porque la mayoría coyuntural que tiene el partido de gobierno en la Cámara Baja impedía una discusión franca y constructiva, dando lugar a la imposición mediante el rodillo parlamentario. En Senadores la situación cambia porque el oficialismo no tiene mayoría, por lo tanto el control lo ejerce la oposición. Allí ante la imposibilidad de lograr sus objetivos, el masismo instruyó a sus dirigentes trasladar a los representantes de los movimientos sociales afines al partido de Gobierno, para presionar la aprobación de las leyes que les interesa con cerco al Palacio Legislativo y agredir a los legisladores que se oponen al tratamiento y aprobación de las normas en los términos que interesa a los gobernantes.
Durante el análisis del proyecto de Ley Transitoria de Régimen Electoral por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, los legisladores de la oposición han detectado 21 violaciones a la Constitución Política del Estado, relacionados con los alcances de la Ley Electoral, la jurisdicción electoral en los territorios indígena originario campesinos, las atribuciones de la Corte Nacional Electoral, las circunscripciones especiales insertas en las circunscripciones plurinominales, la competencia para determinar el número de escaños en cada departamento, en 70 circunscripciones uninominales, la densidad poblacional en las circunscripciones especiales, y otras. Pese a esas violaciones, el MAS se resiste a aceptarlas y enmendarlas, exigiendo por el contrario que esa ley sea sancionada en el plazo que exige el masismo, en caso contrario a partir del 1 de abril los movimientos sociales se trasladarán a la Sede de Gobierno para cercar el Legislativo y obligar a la sanción de la ley que les interesa, para alzarse con el triunfo en las elecciones generales de diciembre del año en curso.
En su momento se dijo que la forma cómo fue sancionada y promulgada la Constitución en vigencia traería problemas a los gobernantes porque no se consensuó a ningún nivel, sólo se hizo consultas con algunas organizaciones laborales, gremiales, artesanales, pero de forma muy selectiva, es decir que no se tomó en cuenta a quienes tenían observaciones. Los masistas confiaron más en la mayoría parlamentaria que tienen en la Cámara de Diputados, sin percibir que los reclamos que a su turno realizaron las regiones y organizaciones sociales de diferente tipo serían el germen de los problemas con los que ahora está tropezando el Ejecutivo.
El Gobierno y el MAS están pasando por alto los problemas que se presentan cuando elaboran proyectos de ley que deben ser tratados por el Legislativo, es el caso de los cívicos cruceños que decidieron iniciar movilizaciones en contra de la Ley Transitoria de Reforma Electoral con la que se pretende regular los comicios de diciembre próximo y del 4 de abril del 2010, porque quiere conducir a un régimen dictatorial, donde no son respetados los derechos de los ciudadanos.
Para evitar mayores conflictos los legisladores deben estudiar cada artículo de la Constitución para encontrar los errores que contiene y una vez conocidos, proponer sus modificaciones, lo que significa reformarla. Tiene que primar el servicio para atender las necesidades y requerimientos del país. Las observaciones que están surgiendo pueden conducir a demandas de inconstitucionalidad, porque la Ley de Leyes atenta contra los derechos constitucionales de las personas naturales y jurídicas. Por eso es importante reparar los daños que se están causando al país y sus instituciones.
La Estrella del Oriente
Zabaleta perdió la chaveta
Editado por: Centa Reck
El informe realizado por la comisión del Congreso sobre el caso del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, ha sido al final de la travesía que hizo esta comisión, que comenzó con algunos miembros de la oposición y terminó sólo integrada por el oficialismo, un informe que se puede considerar como exclusivo del diputado Zabaleta y su mentor Juan del Granado.
El caso de gran importancia porque debiendo responder al esclarecimiento de la sindicación de contrabando en la persona de un ministro de Estado, cuestionado además por otros hechos entre los que se cuentan los luctuosos hechos ocurridos en Pando, termina en una final “rosa”, en un broche de oro en el que el culpable es liberado de todas sospecha y todo queda como que los trapitos sucios se lavan dentro de casa y además cambia todo el esquema jurídico sentando jurisprudencia para eliminar el contrabando al que ha convertido en “contravensión”.
La comisión que debería ser de esclarecimiento termina como ocurre ahora con marcada reiteración en una forma de exculpación del principal sospechoso, puesto que Zabaleta anula la prueba clave que existía sobre Quintana, desestimando el video que liga a Quintana con Chambi, procediendo a la utilización de un artilugio y amparado en uno de los recovecos de la nueva constitución, con el que libera también de culpa a los comerciantes, aduciendo que lo que se cometió en Pando disque no se puede llamar más contrabando, pues con la nueva Ley Financial se trata de “contravención”.
Por lo tanto, Zabaleta se decidió por no creer en el video en el que Jesús Chambi menciona que el paso de los camiones cargados de contrabando ha sido autorizado por el ministro Juan Ramón Quintana, y “sin miedo” ni prejuicio expresa que el audiovisual es auténtico pero que las palabras de Chambi están en otro contexto, aplicando uno de los reiterados pretextos que utiliza el oficialismo para salir del paso, que consiste en que todo lo que se pretende desestimar se dice que ha sido mal reproducido, usado, tomado o dicho en otro o fuera de contexto.
“Cuando Chambi viene a declarar a la Comisión, él no dice que el video es montado, sino dice que él no quiso decir que el ministro (Quintana) había autorizado el paso de los camiones, hecha esta aclaración ya no fue necesaria establecer la veracidad del video”, planteo en un contexto bastante particular Zabaleta.
Los “Sin miedo”, dicen que la fuga de la caravana de camiones no se constituye en un delito de contrabando sino en una “contravención aduanera”, pues el valor de las mercancías de cada camión no superaba las 200.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV), que equivale a 301.086 bolivianos. ¡Vaya, que bueno saberlo! para tomar apunte de la medida en la que podemos contrabandear sin que sea un delito; es un buen dato para futuros sucesos y sobre todo para informalizar la economía y formalizar el contrabando “sin miedo” a incurrir en la figura de comisión de delito.
El único que tiene responsabilidades penales según el informe Zabaleta es el presidente de la Aduana, César López, y el ex comandante del Comando Conjunto Rafael Bandeira, ahora prefecto de Pando; pero la decisión queda como era de esperar en la nueva monarquía del reino plurinacional, en manos del presidente Evo Morales. Se establece además que el ministro Quintana, habría cumplido con una “misión instruida” por el propio Jefe de Estado, cual era la de “solucionar un problema social”.
Aclaramos que en la nueva jerga legalista del Estado Plurinacional, solucionar un problema social, equivale a devolverle los favores a los que han hecho aportaciones para las campañas de gobierno y darle prioridad a las demandas de los que aportan y están adheridos al partido, así se tenga que pasar por encima de todas las leyes.
Sólo para contrariar y contravenir, les recuerdo que en el caso de los importadores de autos no se ha buscado ningún tipo de media para solucionar ese grave problema social, ¡Qué sospechoso no?
El Nacional
¿Caminamos hacia un Estado sin ley?
En el ámbito político opositor de derecha crece la preocupación al ver que el conflicto de Poderes se profundiza mientras las perspectivas de acuerdos o consensos se perciben cada vez más alejadas, colocando al país en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica nunca antes vivida. El gobierno, en reiteradas oportunidades, ha atacado al Poder Judicial, que a su vez ha respondido con observaciones sobre el rol de cada poder del Estado.
En ese orden de cosas, el Vicepresidente García Linera pidió la renuncia del Presidente de la Corte Suprema, quien le respondió que debe ocuparse de sus responsabilidades, y ratificó que no renunciará a su mandato que fenece el año 2015. Las acusaciones del gobierno contra el máximo tribunal de la nación se basan a la endémica retardación de justicia, especialmente en los juicios de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Asimismo, surge una nueva situación para perturbar y caldear más el ambiente. Ante la ausencia del Tribunal Constitucional, el Vicepresidente de la República propuso a los partidos políticos de la oposición un acuerdo por el que la Comisión Mixta de Constitución del Congreso asuma ese rol, debido a que el Tribunal Constitucional se quedó sin quórum. El argumento esgrimido es que para la aplicación de los estatutos autonómicos es imprescindible el control constitucional, por lo que propuso que sea la Comisión Mixta de Constitución, compuesta por Senadores y Diputados, la que asuma el rol del Tribunal Constitucional.
García Linera calificó al Poder Judicial de Bolivia de ser un reservorio de los viejos partidos de corte neoliberal que se lotearon durante 15 años la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y las cortes distritales de justicia. “Así se manejaba la justicia en el país y lo que quiere el gobierno actual es que esto se acabe. Que haya justicia pero no politizada, ni parcializada, ni loteada entre las fuerzas políticas”, dijo García Linera.
Es lógico que nadie quiera aceptar una justicia politizada, pero las soluciones que se perfilan, designaciones directas del Poder Ejecutivo o que la Comisión de Constitución se convierta transitoriamente en vigía de la aplicación de la Ley de leyes, tienden precisamente a politizar más el sistema. Para nadie es un secreto que cualquier comisión congresal es eminentemente política, y coyunturalmente, con mayoría oficialista. ¿Podría esa instancia ser un organismo independiente y confiable para el control constitucional? Creemos que no, puesto que la Comisión de Constitución del Congreso no es un escenario imparcial.
Lamentablemente, en este momento, el riesgo para la institucionalidad del Estado es tan grande, que de prosperar el proceso en que se ha empeñado el gobierno contra el Presidente de la Corte Suprema, éste organismo quedaría sin el quórum para poder trabajar, y de esta manera, se habrá caído en la pérdida absoluta de la legalidad en el país.
Recordemos que en la actualidad, el Tribunal Constitucional se reduce a una sola Vocal, la Dra. Silvia Salame. El Consejo de la Judicatura está paralizado y ahora la Corte Suprema opera con un mínimo de miembros. En septiembre de 2008 la Comisión Mixta de Constitución del Congreso Nacional, debía designar a los nuevos miembros del Poder Judicial además elegir al nuevo Fiscal General. Sin embargo la designación de las nuevas autoridades del Poder Judicial, quedó en nada por la decisión de la mayoría oficialista que determino esperar la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y esa determinación nos puso hoy en el actual y peligroso problema que estamos viviendo ante la intención de desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.