La Estrella del Oriente / Inadmisible
El Nuevo Día / ‘Llokallas miedosos’
La Patria / Proliferan los accidentes
Opinión / Cada departamento debe elaborar su propio estatuto
La Razón / El ataque a la casa de Cárdenas
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Prensa y El Deber/ A contra ruta de la cultura del diálogo
Los Tiempos / Omasuyos y el nuevo estado (II)
El Nacional / No se avizora el mentado “cambio”
El Mundo / Lo encontraron parecido a Mandela y es idéntico a Mugabe
Correo del Sur / De las amenazas a los hechos
La Estrella del Oriente / Inadmisible
Anoche nos volvieron a dejar de una pieza las declaraciones del presidente Evo Morales, quien hizo todo un zigzagueo de palabrerías tratando de justificar la toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la violencia ejercida sobre su esposa, hijos y sobrinos que se encontraban en el domicilio invadido y quemado por una turba enardecida.
En cada palabra, el Presidente destilaba un profundo rencor y odio, tanto que podríamos afirmar que este era el único hilo conductor de todo el mensaje que le planteaba al pueblo de Bolivia sobre el tema en cuestión. También en sus palabras era fácil identificar una amenaza velada que inevitablemente aparecía en cada frase que encaminaba con precisión, a veces dando algunos giros, pero decidido a dejarle saber a Cárdenas que el resentimiento que Evo siente es infinito. Por todo esto nos quedó claro que el odio ha sido inoculado desde el corazón del Presidente hasta los comunarios que han obedecido y han puesto el cuerpo y que además se han ensuciado las manos por obedientes y obsecuentes.
El Presidente remarcó entre otras cosas, que el asalto que sufrió la propiedad de Cárdenas y la violencia desatada sobre su familia era un asunto que este tenía que resolver con su comunidad de acuerdo a usos y costumbres, “yo no sé, es un asunto entre ellos”, dijo sacudiéndose la responsabilidad de proteger a la víctima o de propiciar un adecuado resguardo a quienes han caído en manos de la turba. Además culpó al ex Vicepresidente de haber provocado este odio por haber estado actuando en contra de su persona, criticándolo y hablando en contra de su Gobierno; según sus propias expresiones.
Pero más allá de estas justificaciones que no son tales, y que muestran el corazón de hierro que tiene el Presidente, éste llegó a tocar una fibra sensible de las debilidades y dolores de las que están plagadas las vidas de los seres humanos. Llegó a mencionar algo que rayó en el irrespeto y en una falta total de sensibilidad, cuando le echó en cara a Víctor Hugo Cárdenas la vieja historia de haber cambiado su apellido de Choquehuanca a Cárdenas y de Condori a Conde.
Esto resulta espeluznantemente estremecedor en medio de los dramas que hoy se viven en Bolivia, con violaciones flagrantes a los derechos humanos, con ese tinte de racismo a la inversa de los indígenas hacia los mestizos que este Gobierno ha impuesto en el país, con todas esas cobranzas que nunca han resuelto ni resolverán nada, porque develan los puntos sensibles de la tragedia que hoy nos agobia en la medida que el propio ex Vicepresidente ha relatado con total sinceridad cómo su padre tuvo que cambiarse el apellido para ingresar a cursar estudios de técnico medio en la universidad, temeroso y lastimado por la discriminación que en los años 1940 se levantaba en el occidente del país sobre los indígenas.
Evo, le echó en cara a Víctor Hugo, algo que él no decidió y que además su padre realizó porque encontraba que esto lo liberaría de las presiones sociales y del marginamiento.
¿De donde salió el apellido Morales? ¿Quién se lo cambió en la familia del actual Presidente de los bolivianos?, nos preguntamos ante este gesto de dureza.
El Mandatario se mostró irascible y falto del más elemental sentido de respeto, al sacar a flote algo que forma parte de esa trama que se urde entre la historia social y familiar en medio de procesos difíciles y que deben ser parte del anecdotario, que deben entenderse como parte de las lastimaduras que ha generado el irrespeto a las diferencias y que no pude usarse como un arma para tratar de justificar el vandalismo y para tratar de herir y de bajar la moral a quien está sufriendo hoy un escarnio social desde dentro de su propia raza.
Cada vez nos queda más claro que Evo Morales no es ningún Mandela, Ayer nos mostró que está lleno de rencores, cargado de recelos, de malicia, listo para juzgar y dispuesto a hacerle pagar el precio del oprobio a sus contendores, dispuesto a descargar el peso del poder que hoy detenta sobre aquellos que no le simpatizan, que se oponen a sus políticas extremistas y racistas y que no se le arrodillan.
El Nuevo Día / ‘Llokallas miedosos’
¿En manos de quiénes está el país? El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas ha dicho que unos “llokallas miedosos” son los que están detrás del atentado contra su familia y su vivienda. Dijo que el Presidente de la República no puede sentir el mismo dolor por lo que le ha ocurrido, porque no tiene ni esposa ni familia. Evo Morales no hizo más que burlarse de él y justificar la reacción de la turba que estuvo a punto de asesinar a la esposa y los hijos de Cárdenas.
No es la primera vez que alguien usa el término “llokalla” para referirse a algún miembro del Gobierno. Con esta palabra aymara, con la que se denomina despectivamente a un joven, definió el ex senador Filemón Escóbar al viceministro Sacha Llorenti, por la insolencia de éste frente al cardenal Julio Terrazas. Lo tildó de “llokalla malcriado” y encima lo acusó de ignorar y faltarle el respeto a toda la trayectoria del líder religioso en su defensa de la democracia boliviana, desde que era apenas un cura de pueblo en Vallegrande.
Tanto Cárdenas como Escóbar son viejos políticos, cuestionables tal vez, pero en ningún caso se les puede atribuir a ellos actitudes malsanas como las que se están reprochando en este momento. ¿A dónde está conduciendo al país esta nueva clase de políticos de dedicación exclusiva a las tareas del poder? Son una suerte de yuppies de la política, que así como sus pares del mundo empresarial, se creen iluminados y con la fuerza suficiente para aplastar todo lo que se les opone, incluso los valores fundamentales de la sociedad como la familia y las creencias más arraigadas de la población.
Algunos son tan aventureros, que a estas alturas de la historia siguen asumiendo poses románticas en relación al uso de la violencia y en torno a los conceptos de “cambio” y “revolución”. Promueven y justifican el enfrentamiento entre bolivianos con discursos propios de la revolución bolchevique, que fracasó hace décadas en todo el mundo. Desprecian la vida y consideran que la muerte es el único conducto hacia la transformación.
Nada justifica la violencia y peor cuando constituye el método para asirse del poder y jugar con él como si se tratara de un experimento o una aventura de juventud. Suficiente dolor le ha traído a Bolivia este desenfreno en los últimos tres años, decenas de muertos, una región resentida por los constantes vejámenes, una industria hidrocarburífera destruida y hechos de corrupción que saltan todos los días y que no hacen más que denunciar que se está produciendo una orgía que puede superar a los viejos campeones del saqueo del sector público boliviano.
Lo que le ha ocurrido a Víctor Hugo Cárdenas es muy serio como para burlarse o atribuirselo a una falsa justicia comunitaria. Es la prueba de que la sed de poder de los que manejan el Gobierno está yendo demasiado lejos y compromete la vigencia de los derechos más elementales. El Presidente, que ya salió con uñas y dientes a defender a dos ministros acusados de corrupción, se hace mucho daño cuando justifica aventuras de gente con un historial nublado y que buscar el poder para satisfacer oscuras intenciones.
El atentado contra la familia de Cárdenas es la prueba de que hay aventureros que están jugando irresponsablemente con el poder.
La Patria / Proliferan los accidentes
En el último tiempo se vuelve casi cotidiana la información sobre accidentes de tránsito, lamentable por cierto. Un porcentaje de estos hechos se producen en las carreteras con saldo de víctimas fatales, muchos heridos y una cuantiosa pérdida económica para los afectados.
Nuestra ciudad no está al margen de otras del interior donde también el registro de accidentes es tan continuo que hace suponer una falta total de control por parte de las autoridades encargadas de regular el trabajo de los transportistas, en su generalidad, responsables de la mayoría de accidentes y también de los conductores particulares que se involucran en lamentables hechos.
Resultados de investigaciones demuestran que el mayor índice de accidentes de tránsito corresponde a conductores en estado de ebriedad o mozalbetes irresponsables que no miden peligro y consecuencias al conducir motorizados.
En el transporte público se ha distorsionado el sentido de responsabilidad que debería primar para conducir movilidades que ocupan decenas de pasajeros, cuya integridad física está en manos de los eventuales conductores. Una simple observación en la vía pública demuestra que especialmente en los “minibuses” y en algunos taxis son jovenzuelos inclusive sin licencia profesional o de categoría particular que conducen tales vehículos, por otra parte los “hijitos de papá” hacen estragos al mando de raudos motorizados, todos estos poniendo en peligro la integridad personal de los peatones.
A estos hechos que se tipifican como choques entre motorizados o de éstos contra objetos fijos, se suma una profusa cantidad de atropellos mayormente por irresponsabilidad de conductores, al no cumplir reglas de tránsito, por conducir sin precaución, o simplemente por ignorar las señales de tráfico.
El asunto se agrava mucho más cuando también el deficiente sistema de semaforización está ausente en esquinas de intenso tráfico, aún existiendo dicho aparato que sencillamente no es activado como debería suceder y en la mayoría de los casos, eliminando el funcionamiento de la luz amarilla que es señal de precaución para conductores, pero más para peatones.
Hay serias deficiencias en la señalización general del sistema de tráfico en las calles y avenidas de la ciudad. Las “cebras” no son respetadas por chóferes del servicio público o por particulares. Los peatones deben darse modos para cruzar en intersecciones de alto tráfico, esperando prolongado tiempo para hacerlo porque sencillamente ni el personal de Tránsito, ni los semáforos contribuyen a eliminar el caos existente en las calles.
Es urgente que la Policía Operativa de Tránsito, incluyendo sus patrulleros, cumplan labores de control en las esquinas de mayor tráfico, pero no sólo en la proximidad de mercados o la Plaza Principal, también en sitios donde cruzar de una a otra acera es realmente una aventura. Los atropellos han proliferado en la ciudad y los más damnificados por supuesto son los ciudadanos de a pie, esos que entre niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres tienen derecho a toda la seguridad necesaria que sólo puede brindar una Policía eficiente, que además tenga los medios de apoyo para cumplir sus tareas.
Opinión / Cada departamento debe elaborar su propio estatuto
El mejor método para elaborar y aprobar documentos de validez nacional y regional, es el centralismo democrático. Que las propuestas surjan de los niveles correspondientes, y que las autoridades nacionales las armonicen en una proyección global.
Entre las transformaciones que deben realizarse en el país para responder a los desafíos internos y externos de este tiempo, una fundamental, es la horizontalización de la administración del Estado. El orden imperante es muy parecido a ciertos reinos de la Edad Media. Aquí el Presidente de la República puede decir y hacer, absolutamente todo. Y en torno a tal autoridad hegemónica, sus ministros reproducen, sin límites, semejante centralismo, próximo al totalitarismo. La concentración del poder no sólo es antitética a la democracia, sino el mayor obstáculo para el desarrollo.
El gran avance de la humanidad, en el último medio siglo, se ha dado a través de la participación de la gente en todos los niveles y sectores del Estado. Esa participación enriquece las opciones ideológicas y también operativas. Las personas quieren y respetan las instituciones que toman en cuenta, honestamente, sus ideas así como sus necesidades y aspiraciones. La Edad Media, caracterizada por la voluntad absoluta del monarca, aunque todavía se repite en algunos lugares del Planeta, es algo de lo que las mentalidades más esclarecidas se avergüenzan.
La descentralización administrativa por la que, desde hace tiempo, luchan los pueblos de Bolivia, en los últimos cinco años se ha sintetizado en el postulado autonomista. El oriente boliviano y también el occidente quieren que cada departamento tenga el derecho de resolver sus problemas específicos, en la proyección de sus propias concepciones e intereses. Esta tendencia, en abierta contradicción con los deformadores de las aspiraciones populares, está dentro de las grandes transformaciones que deben ser realizadas para fortalecer el país. El centralismo ha hecho mucho daño al Estado, paradójicamente, incluso a la misma circunscripción geográfica en la que se asienta esa forma atrasada de administrar países. Los que aparentemente se benefician del centralismo, no salen del atraso ni de la pobreza, entre otros, por debilitamiento de su contexto nacional.
La autonomía, desde el principio, debe ser un acontecimiento, cualitativamente, diferente a las prácticas centralistas del pasado. Los principios, las normas, los objetivos y las instituciones autonómicas deben ser concebidas por las poblaciones interesadas en tal paso evolutivo. Resultaría una amarga ironía encomendar la redacción de los estatutos autonómicos a los poseedores del poder centralista imperante, sería como encomendar a los Reyes de la Edad Media la redacción de las constituciones necesarias para fundar Estados modernos.
La propuesta para que sean los departamentos los que redacten sus propias normas constitutivas, de ningún modo, excluye o anula la autoridad nacional constituida, el Presidente de la República y los ministros de Estado, tendrán que ser los encargados de proponer el modelo nacional dentro del cual serán establecidas las autonomías. Como encargados del proyecto global, en su momento, podrán hacer las observaciones necesarias para compatibilizar lo particular con lo general. Entonces de lo que se trata es de la capacidad democrática para dejar que cada nivel y sector cumpla su función plenamente.
La Razón / El ataque a la casa de Cárdenas
Lo ocurrido es gravísimo, pero ¿qué hubiese pasado si, por esas desgracias de la vida, los campesinos terminaban linchando a sus víctimas, como ocurrió en la localidad de Achacachi el 17 de noviembre del año pasado? ¿Es ésta la democracia que promueve el MAS?
Finalmente, los violentos cumplieron su amenaza. Lo hicieron 24 horas después de que el propietario de la vivienda atacada, el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, solicitara protección al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional, aunque, según aseguró, en ambos casos le colgaron el teléfono. Él advirtió lo que se veía venir y, pese a eso, nadie hizo nada para impedirlo.
El sábado, una turba enardecida de campesinos asaltó y tomó la casa del ex segundo mandatario de la Nación en la comunidad de Sankajahuira, cantón Huatajata del municipio Achacachi, a 90 kilómetros de La Paz. En el interior estaban la esposa de Cárdenas, Lidia Catari, sus hijos y otros dos familiares.
Las cámaras de la Cadena A registraron los incidentes, en los que se observa cómo los comunarios actuaron con saña luego de haberse organizado para atacar la vivienda. No sólo se contentaron con ingresar violentamente y quemar las pertenencias de la familia Cárdenas, sino que golpearon a los moradores hasta mandar a dos de ellos al hospital.
La razón fundamental de esta irracional acción fue la intolerancia política. Desde que Víctor Hugo Cárdenas hizo campaña por el No a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), campesinos organizados bajo la sigla del gobernante MAS comenzaron a azuzar a la gente de la zona para que reaccione en contra de la ex autoridad.
El hecho de que la Policía no haya actuado para frenar esta muestra de barbarie, so pretexto de evitar enfrentamientos, como lo ha admitido el Comandante Departamental de esa institución en La Paz, demuestra que, en Bolivia, las hordas socapadas por el oficialismo tienen carta blanca para arremeter contra la propiedad privada de los opositores. Increíblemente, un contingente policial permaneció impasible a 200 metros de la casa que estaba siendo invadida en Sankajahuira. Lo ocurrido es gravísimo, pero ¿qué hubiese pasado si, por esas desgracias de la vida, los campesinos terminaban linchando a sus víctimas, como ocurrió en la localidad de Achacachi el 17 de noviembre del año pasado?
¿Es ésta la democracia que promueve el MAS? ¿Una democracia de piedras, palos, chicotes, golpes de puño y patadas?
La reacción del Gobierno no es la que se esperaba de autoridades representantes de toda la población boliviana. Primero, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, para quien los campesinos tendrían que seguir “el camino” de la “expropiación”. ¿Sobre la base de qué respaldo legal se atreve a proponer ese camino el viceministro? ¿Así defiende la nueva CPE, a la que tanto se le ha criticado porque supuestamente podría abrir la posibilidad de atropellos contra la propiedad privada?
El vicepresidente de la República, Álvaro García, no lamenta ni repudia los ataques a la vivienda particular a cargo de campesinos partidarios del MAS, sino que, sulfurado, arremete contra el agredido, en este caso Cárdenas, acusándolo de pretender sacar provecho político a su desdicha. Si el ex vicepresidente promovió o no estos hechos violentos en contra de su propia familia, resulta una acusación temeraria que García tendría que demostrar con pruebas; mientras tanto, como autoridad, tiene la obligación de resguardar la seguridad de todos los bolivianos. Y esto es lo que el Gobierno no ha hecho el sábado.
La Prensa y El Deber/ A contra ruta de la cultura del diálogo
En el tema de los DDHH, poco a poco, en el exterior, la gente empieza a percibir que en la Bolivia de hoy brota la represión política embozada de procesos penales.
Como método de solución pacífica de desacuerdos entre actores políticos de toda colectividad, el diálogo constituye una práctica de la democracia moderna. A ésta, en los tiempos de hoy, caracteriza un natural e inevitable pluralismo ideológico y político, cuyas raíces son casi siempre económico-sociales y, a veces, hasta religiosas. En todas partes del mundo los demócratas de verdad buscan evitar que estas diferencias conduzcan a graves desavenencias en el seno de esa sociedad políticamente organizada que es el Estado, a fin de arribar a conciliaciones que garanticen paz y seguridad para todos.
Ningún diálogo da resultados sin concesiones recíprocas de las partes en el tema en disputa. En cuanto a posiciones se refiere, ambas se dan la mano en un punto de equilibrio que para ninguna de ellas entrañe victoria o derrota, pero tampoco infracción legal alguna. El acuerdo final debe encuadrarse en el ordenamiento jurídico-legal vigente y en la legitimidad que éste imprima a los acuerdos logrados.
Lo que se percibe en el Gobierno es un distanciamiento de los referidos principios. Está claro que con los prefectos de la “media luna” no quiere una discusión a fondo del problema de las autonomías, en la perspectiva de un acuerdo que reconozca el modelo de organización territorial, política y administrativa que el voto popular legitimó en varios departamentos. Sólo son admisibles concesiones menores respecto de la coordinación de lo nacional con lo regional, que no desfiguren el esquema ni atenten contra la voluntad popular expresada en las urnas regionales. Salta a la vista que el Poder Ejecutivo sólo quiere imponer la pseudoautonomía de la nueva CPE, que las regiones que determinaron la suya mediante aplastante victoria en las urnas la acepten sin alterar para nada la orientación centralista y parceladora de los modelos territoriales, políticos y administrativos departamentales que imprime en sus articulados. ¿Diálogo? De ninguna manera. Sólo monólogo en esta dirección…
No se puede excluir, naturalmente, de la concertación el tema referido a derechos humanos y libertades ciudadanas. Poco a poco, en el exterior, la gente empieza a percibir que en Bolivia brota la represión política embozada de procesos penales. Es legítimo que al Gobierno, los prefectos de la “media luna” le exijan un juicio ajustado a ley de las personas, en su mayoría pandinas, que fueron recluidas ilegalmente en el penal de San Pedro, violando jurisdicciones territoriales de jueces y fiscales. Éste es un paso necesario y previo a cualquier diálogo.
Es obvio que el Gobierno de Evo Morales no entiende la cultura del diálogo. Lo reduce a un puro despliegue escenográfico que apunta a fines propagandísticos. “Si dialogo es porque soy demócrata, y así me verán aquí y en el exterior”, parece ser la reflexión a la cual ajusta sus actitudes sobre el tan mentado tema.
El Diario / Cobarde agresión
Las autoridades del Gobierno y miembros del Movimiento Al Socialismo están recurriendo a todo tipo de justificaciones para deslindar responsabilidades y sobre todo minimizar la cobarde agresión que propinaron centenares de dirigentes y campesinos militantes de ese partido gobernante a la esposa, la hermana, dos hijos y un sobrino del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en represalia porque éste se opuso a la aprobación de la Constitución Política del Estado, elaborada en base al proyecto original masista y que fue sometida a referéndum el 25 de enero pasado. Es decir que “quisieron sentarle la mano” a Cárdenas atacando a sus familiares más directos, por haber propiciado el voto por el “No”, aunque sólo estaba haciendo uso del derecho que tiene toda persona a disentir, sobre algo con lo que no está de acuerdo. Lo que causa indignación es que una turba haya atacado y tomado por la fuerza la casa que el ex Vicepresidente posee en la comunidad Sank’a Jawira, ubicada en las orillas del Lago Titicaca. Los instigadores de esa agresión, que pudo haber tenido consecuencias lamentables, son activistas campesinos del partido del Gobierno, se dice de nueve comunidades cercanas a la que pertenece el afectado. No pasa desapercibido que la agresión y toma de la vivienda estaba planificada, la misma que fue denunciada, pero las autoridades policiales no se movilizaron para impedir ese abuso. Es más, cuando se denunció a las autoridades lo que estaba sucediendo en Sank’a Jawira con la familia del ex vicepresidente Cárdenas, ningún jefe policial atendió el asunto y prefirieron apagar sus teléfonos celulares o hacer que sus asistentes las atiendan, porque se trataba de un político contestatario a la actual administración gubernamental.
El ataque a la familia del ex vicepresidente Cárdenas y la toma de la casa que posee en su comunidad fueron planificados con bastante tiempo, a tal extremo que en reiteradas oportunidades los dirigentes campesinos y de militancia masista hicieron conocer su determinación de posesionarse del inmueble, para que sea puesto al servicio de la comunidad. Justificaron ese anunciado despojo mencionando que el afectado votó en contra de la nueva Constitución, acusándolo de traidor a sus “hermanos” campesinos y por las críticas que hace en contra del Gobierno masista. El objetivo de ese despojo era atemorizarlo y castigarlo por las observaciones que hace a la administración gubernamental y por cuestionar la Carta Magna vigente, que es objeto de cuestionamientos por los vacíos y errores que tiene, que fueron reconocidos incluso por constitucionalistas afines al Ejecutivo.
Varios dirigentes de la oposición denunciaron esos aprestos de violencia, es más, Cárdenas también hizo conocer los abusos que se planificaban en filas del masismo, lo que no tuvo repercusión en el Ejecutivo, menos en el MAS, arguyendo que se trataba de una exageración que tenía un móvil político para ganar protagonismo. Lo censurable es la posición que adoptan las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional, como también del Ministerio Público, porque se resisten a aceptar las denuncias y aseguran que nada de lo denunciado es cierto. Pero como se había advertido, un grupo de campesinos se reunió en un terreno a 22 metros de la vivienda de Cárdenas, donde empezaron a aleccionar a los comunarios que se encontraban en el lugar y a donde iban llegando campesinos de otras comunidades. Los ataques se los fue organizando desde la ocho de la mañana del sábado pasado, porque al medio día ingresaron por la fuerza al inmueble sin tomar en cuenta la presencia de los dueños de casa, a quienes los obligaron a abandonar el mismo. Cuando eran desalojados fueron agredidos con piedras, palos y látigos. Lo inaudito es que una menor de 15 años estaba entre los afectados, quienes lograron huir del lugar por ayuda extraña a los agresores y conducidas a un centro médico, en tanto el sobrino de Cárdenas fue conducido a una plaza donde se dice que fue amarrado a un poste y sometido a un castigo. En horas de la noche pudo ser rescatado y trasladado a un nosocomio.
Consumado el atentado, las autoridades minimizaron la agresión, expresando que esperaban los informes oficiales y las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía de Distrito, negando a la vez que los agresores sean militantes o dirigentes del partido de gobierno y que se trata de un problema de la comunidad. El ahora destituido Comandante General de la Policía negó que sus subordinados hubieran actuado con negligencia, dijo que controlaron la situación, pero después de cometido el atentado, porque no se presentaron al primer llamado que fue a las 10 de la mañana.
También es censurable que el Presidente justifique la agresión al decir que los comunarios tienen rabia porque Cárdenas se cambió de apellido. En tanto el Subsecretario del Interior, fuera de lugar aseguró que el afectado se está haciendo víctima de un hecho que debe ser investigado por el Ministerio Público. Dirigentes del MAS aseguran que los agresores no son masistas, pero a la vez dicen que es difícil controlar a la gente que votó por el partido del Gobierno. Lo que deben hacer las autoridades y dirigentes del MAS es proceder de la misma forma como lo hicieron con la gente que afirman participó en el enfrentamiento de Porvenir – Pando. Esto es fácil porque están identificados los agresores de la familia Cárdenas y lo único que resta es ordenar su detención y someterlos a la justicia, si no se lo hace así, significará que existe una concomitancia gubernamental.
Los Tiempos / Omasuyos y el nuevo estado (II)
Solidarizarse con Víctor Hugo Cárdenas es ahora la mayor obligación de quienes todavía creen la democracia
Hace algo más de un mes, un ampliado de campesinos del cantón Huatajata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, decidió expropiar la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas. Al hacer pública la decisión, dijeron que “manifiesta la necesidad de responder a las provocaciones del ex vicepresidente de la República”. Se referían al rol protagónico que jugó Cárdenas como el principal líder de la campaña en contra de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
El viernes 6 de febrero, en este espacio editorial, al comentar tal amenaza, decíamos que había que tomarla en serio pues era una prueba más de que “en todas las provincias del altiplano paceño, pero especialmente en la provincia Omasuyos, está ya en plena vigencia un régimen que se rige por sus propias normas. Es una región del país en la que ya ha dejado de estar vigente el Estado de Derecho y en su lugar se aplica un sinfín de medidas coercitivas en contra de quienes no se someten a los designios del Movimiento al Socialismo”.
Más adelante, afirmábamos que “El abuso (…) ha salido a luz y ha adquirido cierta notoriedad por ser el afectado un personaje cuyo prestigio impide que pase desapercibido. Pero es bien sabido que no es un caso aislado, sino uno más de muchos en los que los derechos básicos de ciudadanos insumisos son cotidianamente violados sin que haya quién los defienda en su heroica pero solitaria defensa de la democracia”.
Ha transcurrido poco más de un mes de entonces, y la amenaza ha dejado de ser tal para convertirse en un hecho consumado. La casa de Cárdenas ha sido tomada por los campesinos y su esposa, hijos, sobrinos y otros familiares han estado a punto de ser linchados de acuerdo a las ya conocidas prácticas de “justicia comunitaria”.
Durante todo este tiempo, el ex Vicepresidente, recurriendo a todos los medios a su alcance, pidió que las autoridades estatales hagan algo al respecto; que protejan su vivienda y a su familia, que den alguna señal de rechazo ante las amenazas de que estaba siendo víctima él y sus familiares. Todo fue en vano. La única reacción oficial consistió en declararlo, a través del viceministro Sacha Llorenti “traidor a la Patria”.
Una vez más, las más pesimistas previsiones han sido confirmadas por los hechos. Se ha puesto en evidencia que, como decíamos hace ya más de un mes, en Bolivia “se está consolidando un “nuevo Estado”, que tiene en las provincias paceñas una especie de laboratorio de ensayo”.
Solidarizarse con Víctor Hugo Cárdenas es ahora la mayor obligación e impedir que este caso quede en la impunidad la principal responsabilidad de quienes todavía mantienen viva la esperanza en la posibilidad de que Bolivia no sea sometida a un régimen totalitario.
El Nacional / No se avizora el mentado “cambio”
Diariamente podemos observar, sobre todo en los medios de comunicación audio-visuales, el evidente accionar del gobierno para convencer a todos quienes somos parte de esta gran Nación, que están trabajando para producir un “gran cambio” en el tradicional sistema de vida del pueblo boliviano, que aún persiste bajo condiciones de inequidad e injusticia y que se arrastra casi desde la fundación de la República, por lo que se pretende cambiarlo en el actual “proceso liberador”.
Sin embargo, han transcurrido tres años del actual proceso y ese anunciado cambio todavía no se vislumbra objetivamente. La situación de los bolivianos no ha mejorado, se mantiene un alto índice de desempleo, el sistema productivo está restringido y la agenda política sigue siendo prioridad. Si bien la economía ha crecido más que en los regímenes de gobierno anteriores, el contexto internacional hace prever una inversión de la tendencia y las propias autoridades gubernamentales prevén serios ajustes de cinturón.
Cuando se habla de cambio surge la interrogante que se pregunta sobre el objetivo y la intencionalidad política del mismo. Es cierto y evidente que han habido iniciativas plausibles, que han merecido el apoyo mayoritario de la población, fundamentalmente relacionados al combate al analfabetismo, el efecto positivo aunque limitado de los bonos y la renta dignidad, la nacionalización de los hidrocarburos, medida lamentablemente limitada por el propio gobierno, y el impulso a industrias estratégicas como el Mutún y la explotación del litio, entre otras.
Pero también hay sombras, que amenazan tapar los logros. La corrupción está mellando severamente la imagen del gobierno, haciendo que sean cuestionados los funcionarios más próximos a la cúpula oficialista, desatando además una serie de dudas sobre la verdadera lealtad política en sus líneas de verticalidad y sacudiendo fuertemente al partido gobernante cuyos integrantes no pueden ocultar compromisos políticos de un pasado criticado, que no limpia en absoluto las manchas que les han quedado fuertemente marcadas y que están reapareciendo con una andanada de muy serias denuncias.
Lo acontecido en YPFB destapó la olla de grillos, bichitos gritones y molestos, que están a la orden de algunos políticos de marcada experiencia que buscan asegurar su vigencia por lo menos una gestión más, objeto para el que se valen de muchas argucias aún poniendo en riesgo la estabilidad política del oficialismo que está sintiendo algunos remezones en su más íntima conformación partidaria.
Existen muchas formas de cambio, pero hay que buscar las que se presenten como buenas alternativas para mejorar la situación del país y de sus habitantes, se debe cambiar dando ejemplos de honestidad, transparencia y equidad, pues lo contrario es mostrar un cambio inverso que alienta la corrupción, que complica la jerarquía del Poder Ejecutivo, atropella el orden constituido, desconoce la institucionalidad y promueve un racismo que de acentuarse puede ser la causa, a breve plazo, de graves confrontaciones.
Es por eso que el cambio que todos anhelan es aquel que promueva la unidad frente a los enconos políticos, ese que busque un objetivo concreto para mejorar la vida de todos los bolivianos, un cambio que permita disfrutar en las mismas condiciones los beneficios del uso de nuestros recursos naturales y cuyas utilidades sirvan para el crecimiento armónico de nuestra Nación, sólidamente unida en la búsqueda de un desarrollo global, respetando el derecho autonómico de cada región y haciendo del Estado el instrumento para defender la democracia con respeto a las libertades ciudadanas, los derechos humanos y las leyes, atributos que sólo pueden darse a través de un cambio muy bien concertado para avanzar, pero de ningún modo para profundizar las actuales diferencias. Oficialismo y oposición deben cambiar su sentido de servicio a la Patria, deponiendo de una vez intrigas y calumnias. Hay que vivir solidariamente ya que ese es el único camino positivo para lograr un cambio efectivo.
El Mundo / Lo encontraron parecido a Mandela y es idéntico a Mugabe
Recuerdo que cuando el Presidente Morales recién electo inició una gira internacional con la mirada tímida, vestido con una chompa de franjas la prensa internacional lo llamó el nuevo Nelson Mandela, es más él se sintió honrado y cambió su itinerario y fue a Sudáfrica a saludar al verdadero paladín de la lucha por la igualdad de negros y blancos que dejó el resentimiento y la lucha en las celdas de la cárcel que lo acallaron durante casi tres décadas, que equivocados estaban todos, el Presidente Morales no se parece en nada a Mandela, es una copia del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. (La imagen de Mugabe se fue transformando, desde héroe de la independencia de Zimbabue en 1980 se ha ido deteriorando por su responsabilidad en la crisis económica de su país y por la dudosa legitimidad de su gobierno, al que se acusa de mantenerse en el poder durante 28 años recurriendo con frecuencia al fraude electoral y ejerciendo una violenta represión contra sus opositores. Además, se le acusa de haber instigado la masacre étnica conocida como Gukurahundi, la cual dejó un saldo de más de 20.000 ciudadanos de la etnia Ndebele o Matabele asesinados.)
El Presidente Morales asumió el poder como un héroe de los pueblos originarios y de la clase media que lo eligió con más del 54% en las elecciones del 2005, el Presidente Morales maneja la economía nacional con irresponsabilidad y después de conocer el destino de los denominados “fideicomisos” donde se dilapidan y malversan los ingresos nacionales, hoy después de conocer los manejos electorales de las consultas y referéndum nos demuestran que existe un fraude electoral, de la misma forma que Mugabe el Presidente Morales a través de sus movimientos sociales y los grupos de choque del Diputado Torrico ejercen represión violenta contra sus opositores, el más reciente la paliza contra los familiares de un ex Vicepresidente: Además existe sospechas que los acontecimientos del enfrentamiento étnico en Cobija fueron impulsados para buscar la intervención militar de un departamento que rechaza las políticas gubernamental, dejó un saldo de más de 15 muertos de ambos lados, mientras más conocemos a Mugabe más coincidencias vemos con lo que sucede en el país. Las declaraciones vertidas ayer por el Presidente Morales para justificar los hechos de Huata jata donde los grupos de choque soporte del gobierno expulsaron de su hogar a un ciudadano y su familia por el delito de no coincidir en la campaña por la aprobación de una Constitución, las declaraciones del Presidente, del Vicepresidente y algunos ministros con argumentos estúpidos carentes de legalidad e inteligencia son una bofetada al estado de derecho, a la justicia y sobre todo viola la democracia, hoy el mundo, el planeta, sabe que el gobierno de Evo Morales es una copia degradante de Mugabe y lo que es perverso con este justificativo se abre la puerta a la violencia y la intolerancia y el propio Presidente de Bolivia y el Alcalde de la zona exigen que el ex vicepresidente solucione la devolución con los asaltantes, es como que mañana las niñas víctimas de violación puedan solucionar su desgarre con el violador.
Personalmente hace casi un mes habíamos decidido no escribir sobre lo que hace o dice el presidente, simplemente por salud mental e intelectual no es agradable cada día sumergirse en los excrementos líquidos para ponerse al nivel de la política boliviana deshonrada en los últimos tres años desde que por un asalto democrático tomó el Poder el Presidente Morales, ese hombre nacido en Orinoca tuvo en sus manos la oportunidad de transformar un país con exclusiones e injusticias y decidió construir una tiranía donde cada día se pierde valores democráticos, respeto a los pilares donde debe existir respeto a la ley y garantías conforme a la ley.
Hoy Bolivia íntegra está desconcertada y dolida con lo acontecido con la familia y el hogar de Víctor Hugo Cárdenas, lo del sábado es la imagen de una Bolivia barbará donde las hordas de salvajes alcoholizados desde Palacio de gobierno, muestran el preámbulo de lo que puede suceder con cada uno de los bolivianos, este es un gobierno que alienta a la xenofobia, que la premia, hace días un delincuente que atacó y apaleó a periodistas (donde está el STPSC haciendo política a favor del MAS), a grupos autonomistas, lo designan como Viceministro de Salud, es como si a los violadores los designen Fiscales asignados a la defensa de los menores. El Presidente Mugabe… perdón Morales, ya no le queda tiempo ni dimensión política para parecerse a un hombre sano como Mandela y tendrá que conformarse con ser el remedo de Mugabe.
Correo del Sur / De las amenazas a los hechos
Una de las principales características de los procesos políticos serios y profundos -y el que se está desarrollando en nuestro país es uno de ellos, aunque muchos de los principales aspirantes a candidatos de la oposición se esmeren en banalizarlo- consiste en que van plantando hitos a lo largo del camino que conduce a su consumación.
En el caso boliviano, muchos de los más importantes fueron impuestos por el gobierno con la colaboración de la oposición parlamentaria al darle al nuevo régimen la apariencia de legalidad. Lo ocurrido en Pando el 11 de septiembre fue otro hito pues selló una derrota de la otra ala de la oposición, la cívico-regional y abrió el cause a una serie de acciones represivas.
Derrotadas la oposición parlamentaria y la cívico-regional, a los estrategas del oficialismo les quedó claro que el próximo paso tenía que ser impedir el surgimiento de una opción política capaz de hacerle frente con alguna posibilidad de éxito en las próximas elecciones. Y como era previsible, hacia ese objetivo se dirigió el grueso de su artillería.
Víctor Hugo Cárdenas, por haber sido el único líder que tuvo el valor necesario para encabezar la campaña en contra de la aprobación del proyecto de Constitución propuesto por el MAS, mientras los demás guardaban un elocuente silencio, fue identificado como el "enemigo principal". Pocos días después del referéndum del 25 de enero se decidió darle un escarmiento y un mes después, de las amenazas se pasó a los hechos.
Lo que era difícil prever, porque a pesar de todas las evidencias todavía cuesta aceptar la magnitud de lo que está ocurriendo en Bolivia, era que la brutalidad con que actúan los brazos operativos del régimen llegue al extremo de dirigir su furia contra la esposa e hijos del principal de sus rivales. Ni las peores dictaduras militares se atrevieron a tanto.
Lo que ocurrió en Omasuyos el pasado fin de semana, como muchos otros actos escenificados en Achacachi y sus alrededores durante los últimos años, es pues algo que ya no puede mirarse con desdén. Es la manifestación de algo que, aunque esté recién en su etapa embrionaria, anticipa la bestialidad que por no haber sido detenida a tiempo dio lugar a catástrofes políticas como la de Camboya en los años 70, Ruanda en los 90 ó, más recientemente, Darfur en Sudán.
Esa y no otra es la dimensión del "nuevo Estado" que cuya vigencia está ensayándose en el altiplano paceño. El acto perpetrado contra la vivienda de Cárdenas y su familia es todo un manifiesto que con hechos, y ya no sólo con palabras, anuncia el tipo de régimen que tienen en su mente los ideólogos de la "revolución democrática y cultural". Y si hay simpatizantes del MAS que no comparten esa visión, es ahora cuando deben hacerlo saber.
Si hay simpatizantes del MAS que no comparten esa visión, es ahora cuando deben hacerlo saber