Atrás. El Ejecutivo ve la forma para no perder $us 35 millones. “Estoy convencidísimo, el compañero Villegas no es culpable de nada», afirmó el presidente.
El gobierno busca rescindir el contrato con Catler Uniservice
El Ejecutivo quiere asegurarse de no perder $us 35 millones destinados a Gulsby
El Gobierno advirtió que no avalará un contrato con vicios de ilegalidad de hechos de corrupción.
La Prensa
El Gobierno del presidente Evo Morales anunció su intención de rescindir el “irregular” contrato que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó el 14 de julio de 2008 con la sociedad accidental Catler-Uniservice S.R.L.
Sin embargo, también busca impedir la pérdida de los 35 millones de dólares de una carta de crédito que la estatal petrolera abrió en un banco de EEUU para pagar la construcción de un equipo para la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, en manos de la empresa Gulsby Process Systems.
El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, anunció ayer que el Poder Ejecutivo no va a “validar por ninguna circunstancia un acto irregular ni se va a tener tratos ni contratos con empresas sobre las cuales existen procesos de investigación y denuncias muy serias”.
Una comisión de fiscales investiga las supuestas irregularidades en el contrato que YPFB suscribió con Catler-Uniservice S.R.L. para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por 86,5 millones de dólares.
Esta afirmación la hizo en el programa el Pueblo es noticia, que difunde Radio Patria Nueva, donde reconoció la existencia de un informe en el que se advierte que, si YPFB rompe el contrato con Catler-Uniservice S.R.L., el Estado boliviano podría perder los 35 millones de dólares de la carta de crédito abierta por el Banco Unión, por instrucción de Yacimientos, en el Commerce Bank de Estados Unidos, por lo que se sugería no rescindir dicho contrato.
Según ese informe, difundido por Erbol, el presidente de la compañía Gulsby, James G. Gulsby, y el ministro Arce, en una reunión que sostuvieron el 16 de febrero en Washington, estuvieron de acuerdo en que el “peor escenario” para ambas partes sería el de un litigio, en el que se verían perjudicadas y Bolivia podría perder esos 35 millones de dólares.
Arce aseguró que esta información “no es correcta” y que el Gobierno no sugirió mantener el contrato con ese consorcio que era de propiedad del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, menos sobre uno que tiene irregularidades, cuestionamientos jurídicos muy graves y también cuestionamientos técnicos.
Recordó que este contrato, por ejemplo, no presentó una certificación presupuestaria ni fue protocolizado en la Notaría de Gobierno de la Prefectura paceña y que incluye cuatro “curiosas” adendas.
Arce afirmó que YPFB está evaluando el informe que Gulsby entregó sobre el trabajo que desarrolla en la construcción del “termoexplorer” para la planta de Río Grande y será esta empresa la que asuma la mejor decisión sobre el contrato tomando en cuenta el precautelar los intereses del Estado, y anunció que el Gobierno no validará contratos que adolecen de irregularidades y están ensombrecidos con supuestos hechos de corrupción.
Arce subrayó que aun si no existiera un daño económico esto no salva de responsabilidades a quienes avalaron el contrato, situación que está siendo investigada por la Fiscalía.
El Ministerio Público envió a la cárcel de San Pedro al ex presidente de YPFB Santos Ramírez por las irregularidades en la suscripción del contrato y no descarta una imputación formal contra el actual presidente, Carlos Villegas, por haber, supuestamente, validado el contrato con Catler al haberle solicitado renovar una póliza de garantía de 1,6 millones de dólares.
En la oficina de prensa de la estatal petrolera informaron que hoy o mañana el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dará un informe sobre la decisión que tomará respecto del contrato con Catler-Uniservice y cómo se hará para evitar la pérdida de los 35 millones de dólares.
Según dos analistas, una forma de salvar y evitar cuantiosos daños económicos al Estado puede ser que YPFB tenga una relación contractual directa con Gulsby y con las otras empresas que fueron contratadas por Catler-Uniservice.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres manifestó a La Prensa que de todas maneras existirá un daño económico, pero para evitar que se agrave podría plantearse que Catler-Uniservice S.R.L. transfiera los acuerdos que tiene con Gulsby, eso siempre y cuando, aclaró, se confirme que el trabajo que ésta realiza haya cumplido las especificaciones del contrato que tendría que haber establecido la sociedad accidental.
Similar criterio expresó el analista Hugo del Granado, quien dijo que no habría problema en que YPFB tuviera una relación contractual con Gulsby.
La opción es negociar con Gulsby, dicen analistas
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres manifestó que una salida para evitar un mayor daño económico para el Estado, provocado por el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, sería la que este consorcio le transfiera el convenio que tiene con las subcontratistas de la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Antes, precisó, debe asegurarse de que estas empresas, Gulsby y las argentinas SICA y Lito Gonella, hayan cumplido el contrato suscrito con la sociedad accidental. Para ello, dijo, Yacimientos debe realizar una auditoría, a cargo de expertos, a los trabajos que desarrollan estas compañías para verificar el avance y si están dentro de las especificaciones y diseño que Catler tendría que haberles entregado.
Lo otro, dijo, sería ingresar en un juicio para recuperar todos los desembolsos hechos y esos litigios le costarían al Estado más de los 35 millones de dólares que están en una carta de crédito abierta en el Commerce Bank de Estados Unidos.
El analista petrolero Hugo del Granado virtió similar opinión y añadió que una relación contractual con YPFB dependerá “de cómo encamina la relación con Gulsby, porque a las empresas les interesa trabajar, producir y tener clientes; lo más probable es que Gulsby esté interesada en retomar la relación con Yacimientos sin importar quién fue la intermediaria”.
De acuerdo con Del Granado, “sería” natural que la estatal petrolera estuviese interesada en retomar una relación con la empresa americana, pero también habrá que ver el tema con las argentinas SICA y Lito Gonella. YPFB suspendió los pagos a estas firmas mientras se determine la situación jurídica con Catler y dure la investigación en el Ministerio Público.
Antecedentes
El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, hoy detenido en San Pedro, firmó un contrato con Catler-Uniservice S.R.L. para la construcción de una planta separadora de líquidos por un monto de $us 86,5 millones.
Catler-Uniservice subcontrató a las empresas Gulsby, de Estados Unidos, para la construcción del “termoexplorer”, pieza principal de la planta, y a dos compañías argentinas para la construcción de los tanques de almacenamiento.
YPFB no tiene ninguna relación con estas firmas, pero la empresa estatal era la que autorizaba los desembolsos a favor de ambas.
La petrolera instruyó abrir una carta de crédito de 35 millones de dólares en el Commerce Bank de Estados Unidos para pagar el avance de los trabajos de Gulsby. Ya se desembolsaron 13,2 millones de dólares.
Una comisión especial fue a verificar los avances del trabajo en Estados Unidos; el informe está siendo evaluado por YPFB. Otra fue a la Argentina con la misma misión.
Yacimientos también desembolsó 16,6 millones de dólares a Catler- Uniservice que fueron destinados, según la Fiscalía, a fines distintos del contrato.
El actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, fue observado por el Ministerio Público por haber solicitado a Catler-Uniservice la renovación de una póliza de garantía de 1,6 millones de dólares.
Para la Fiscalía, con esto intenta revalidar el contrato con el consorcio accidental, lo que es negado por esa autoridad.
Villegas será convocado por la Fiscalía a declarar como sospechoso en este caso.
Evo Morales ratificó su confianza en Carlos Villegas
La Patria
El presidente Evo Morales ratificó este domingo, su confianza en el ex ministro de Hidrocarburos y ahora interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas y fustigó a la oposición que impulsó el informe sobre el escándalo de corrupción, destapado en la estatal petrolera tras el asesinato del gerente de Catler Uniservice, Jorge O’Connor.
“Estoy convencidísimo, el compañero Villegas no es culpable de nada, tratan de acusarnos de los decretos de fideicomiso. Imagínense entre los gobiernos de Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, casi 50 decretos supremos de fideicomiso para privatizar, para entregar los recursos naturales a las transnacionales. Nosotros si sacamos también decretos supremos de fideicomisos para recuperar los recursos naturales, esa es la profunda diferencia que tenemos”, dijo en una breve declaración a la prensa al término de un encuentro de fútbol en el complejo deportivo de YPFB en la zona de Villa Fátima.
El Mandatario no ingresó en detalles sobre los presuntos vínculos y responsabilidades que estableció el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores en la investigación que realizó en torno a los hechos de corrupción que salpicaron al ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
El informe de la comisión encabezada por los senadores de oposición Walter Guiteras y aprobada por los senadores oficialistas, estableció responsabilidades en contra del ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas; el ministro de Economía, Luis Arce; el ex ministro de Hidrocarburos, Saúl Avalos y al Superintendente de Hidrocarburos, Antonio Aruquipa, los cuales deben ser investigados por incumplimiento de deberes y posibles daños al Estado, según recomendó esta instancia parlamentaria.
YPFB suspende pagos a dos empresas argentinas
La Razón
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó la suspensión de pago a las firmas privadas argentinas Lito Gonella y Sica Metalúrgica Argentina, dos subcontratistas para construir partes de una planta de gas por 86 millones de dólares, según informó ayer la estatal petrolera.
Lito Gonella y Sica fueron subcontratadas por la compañía privada Catler-Uniservice, de capitales bolivianos y argentinos, para la construcción de tanques semirremolques y de almacenamiento de gas y gasolina para la planta separadora de líquidos de gas que está en Santa Cruz.
Catler-Uniservice es una empresa investigada por la justicia boliviana por el supuesto pago de una coima (soborno) de 450.000 dólares al destituido presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien se encuentra preso en el penal de San Pedro desde principios de febrero mientras avanza la investigación judicial. «La presidencia ejecutiva de YPFB comunicó a las empresas SA Lito Gonella y Sica Metalúrgica Argentina SA, el congelamiento de cualquier pago solicitado por éstas, en tanto dure la investigación», sostuvo YPFB a través de un comunicado de prensa.
Además de Lito Gonella y Sica, una tercera empresa, Gulsby, con sede en Houston (EEUU), también fue contratada para la construcción de la planta separadora de líquidos de gas natural en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, el Gobierno no aclaró si a ésta también se le congelaron los pagos correspondientes.
Catler Uniservice —una compañía que se conformó de manera accidental al calor del tráfico de influencias, según las investigaciones de la Fiscalía y del propio Gobierno boliviano— se adjudicó la construcción de la planta de gas solicitada por YPFB por un monto de 86 millones de dólares. El escándalo salió a luz pública, con la muerte de un gerente boliviano de Catler. AFP