El caso YPFB toca al ministro Arce y al prefecto Aguilar.
La apertura de una carta de crédito para Gulsby pone en riesgo fondos de YPFB.
ACORRALADO • Ramírez está cada vez está más solo y la Fiscalía suma cada vez más acusaciones contra él.
El Nuevo Día
El Ministerio Público indica que dos parientes políticos del ex presidente de YPFB revelaron que el dinero iba para él. El monto era el 10% de un anticipo de $us 4,5 millones que la petrolera estatal había desembolsado días antes a Catler.
La Fiscalía de La Paz estableció de que el soborno de 450 mil dólares de la empresa argentina-boliviana tenía como destinatario al destituido principal ejecutivo de la estatal petrolera YPFB, Santos Ramírez, dijo ayer una fuente de esa institución.
El fiscal Sergio Céspedes, uno de los investigadores del escándalo que ha salpicado al gobierno, dijo que dos allegados de Ramírez se contactaron con el gerente del consorcio Catler Uniservice, Jorge O’Connor, antes de que éste sea asesinado en poder de 450.000 dólares, el 27 de enero pasado.
O’Connor, directivo de Catler, firma que se adjudicó en julio pasado la construcción de una planta de gas, por 86 millones de dólares, fue atracado por delincuentes en la puerta de una casa en un barrio céntrico de La Paz donde iba a reunirse con Javier Navía y Gonzalo Aramayo, familiares políticos de Ramírez.
«Sabemos que Javier Navía y Gonzalo Aramayo hablaron con la víctima Jorge O’Connor y que ambos le indicaron a dónde tenía que seguirlos», después de que el finado retiró los 450.000 dólares del Banco Unión, afirmó el fiscal Céspedes a la agencia gubernamental ABI.
Por este escándalo de corrupción, Ramírez, que se perfilaba como candidato a vicepresidente de Evo Morales, fue destituido del cargo, luego encarcelado, y recientemente expulsado de su partido, el MAS. Cuando el Primer Mandatario sacó a Ramírez el 31 de enero pidió que se esclarezca para quién era el dinero, porque ya se sabía de dónde venía (YPFB).
La Fiscalía acusa a Ramírez por seis delitos: conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y asociación delictuosa.
La defensa de Santos pedirá su liberación, con el argumento de que el Gobierno al dar continuidad al contrato entre YPFB y Catler está dando su aval y no habría el delito de contratos lesivos al Estado por parte del ex presidente / AGENCIAS
En Río Grande ‘no se colocó ni un ladrillo’
El fiscal Edward Mollinedo constató ayer que en Río Grande “no se ha colocado ni un ladrillo” de la planta separadora de líquidos, a cargo de la empresa argentina Catler Uniservice.
Mollinedo realizó ayer de 09.00 a 13.30 una inspección al lugar, acompañado de Miguel O’Connor, ejecutivo de esta empresa cuestionada por irregularidades en el contrato por 86,3 millones de dólares firmado con YPFB.
El fiscal anticorrupción reiteró sus críticas al presidente de YPFB, Carlos Villegas, por renovarle una póliza a Catler. Solicitó nuevamente la anulación del contrato.
O’Connor argumentó que en el lugar evidentemente no había nada, pero explicó que la construcción se realiza en EEUU y Argentina. La fase de instalación se realizará en Río Grande y arrancará en septiembre, añadió a la red ATB.
El caso YPFB toca al ministro Arce y al prefecto Aguilar
La Razón
Wálter Guiteras, presidente de la comisión del Senado que fiscaliza el caso, dijo ayer que el contrato fue protocolizado en la notaría de Oruro y no en La Paz, como correspondía, pues en esta urbe está el domicilio legal de la estatal.
• EL MINISTRO EN LA COMISIÓN • Luis Alberto Arce (segundo a la der.) brinda un informe a los senadores que investigan el caso de corrupción en Yacimientos. Ocurrió el 10 de febrero.
La comisión especial del Senado que fiscaliza los hechos de corrupción ocurridos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), decidió ampliar la investigación al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, y al prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, por sospechas de irregularidades en la firma del contrato del fideicomiso, en el caso Catler-Uniservice.
La información la dio ayer el presidente de la comisión, Wálter Guiteras, en una conferencia de prensa. El senador indicó que la protocolización del contrato entre el Ministerio de Economía (entonces Hacienda) y el Banco Unión, para la administración de los recursos del fideicomiso destinados a la provisión e instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), se la hizo en la Notaría de Gobierno de Oruro, cuando esto debía hacerse en La Paz, donde está el domicilio legal de la cartera de Estado y de YPFB.
“Fueron todos los personeros a Oruro a hacer la inscripción en una notaria que ha facilitado este proceso de inscripción”.
En declaraciones a la radio Erbol, el secretario general de la Prefectura de Oruro, Thomas López, confirmó que el documento se protocolizó en esa ciudad.
López sostuvo que sólo se cumplió una solicitud de la Notaría de Gobierno y de Yacimientos, “ante la posición intransigente y obstaculizadora de los prefectos de la oposición en su momento, como José Luis Paredes en La Paz, y como todas las prefecturas del país están habilitadas para cumplir la solicitud de protocolo. En este caso la prefectura de Oruro era la más cercana”.
El contrato del fideicomiso fue firmado el 14 de agosto del 2008, por la suma de 45 millones de dólares. Ese monto representa más del 50% de lo que costaría la obra (86,3 millones de dólares), conforme al acuerdo contractual suscrito entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler-Uniservice, el 14 de junio del mismo año, en la gestión de Santos Ramírez.
“Nuestra primera sospecha es que este documento fue firmado posterior al escándalo (asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y volteo de 450.000 dólares, sucedido el 27 de enero), y Oruro, su notario de gobierno y el señor Prefecto y testigos que se nombran en el documento han tenido que hacer un mecanismo protectivo abriendo espacios cronológicos, en tiempo para que ahí pueda insertarse”, dijo Guiteras.
El senador justificó su apreciación, al preguntarse por qué tuvieron que ir supuestamente “en caravana” el Ministro de Hacienda, los ejecutivos y gerentes del Banco Unión, además de Santos Ramírez, entre otros, a Oruro para que la Notaría de Gobierno de esa ciudad proceda a la protocolización del documento.
En este contexto, el legislador acusó al ministro Arce, al notario de la Prefectura de Oruro, al prefecto de ese departamento, a los testigos Nils Carrillo y Carl Torrico, al notario de Hacienda del Departamento de Oruro, y a Álvaro Gonzales Aramayo, por supuestamente prestarse a ese tipo de facilitaciones de carácter ilegal.
Guiteras incluyó en su acusación a la gerente del Banco Unión, Marcia Villarroel y a Iver Vargas, gerente regional de la entidad en La Paz. “Esto nos ratifica también la seguridad de que el ministro Arce es responsable componente con los demás implicados”.
El senador explicó que, al leer con detalle el documento del fideicomiso, vio que “el verdadero banquero era el Ministerio de Hacienda”, pues el Banco Unión sólo manejaba las cuentas.
“Quien autorizaba los desembolsos, quien asumía la fiscalización, la supervisión el seguimiento, el sistema de auditaje y quien tenía que dar su conformidad cada 15 días era el Ministro de Hacienda. Por tanto, de la lectura en detalle del contrato del fideicomiso, tenemos la absoluta seguridad de que el Ministro de Hacienda tiene corresponsabilidades en el escándalo de corrupción”, insistió.
En este marco, Guiteras anunció que solicitará formalmente que se amplíe el proceso de investigación. Indicó que la solicitud la realizará a título personal, si es que no logra consenso para hacerlo como Comisión.
Añadió que esta ampliación de la investigación será puesta en conocimiento del Fiscal General de la República y del Fiscal de Distrito de La Paz.
De acuerdo con el informe de Banco Unión, del fideicomiso de 45 millones de dólares, 35 millones de dólares fueron empleados para abrir la carta de crédito que garantiza el pago a la empresa estadounidense Gulsby, que fabrica las partes de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
De los 35 millones, ya fueron desembolsaron 13 millones de dólares como adelanto a la subcontratista. De los 45 millones de dólares, la estatal petrolera también sacó otros 3,3 millones de dólares, y los dio en dos pagos al consorcio Catler-Uniservice.
“… Tenemos la seguridad de que el Ministro de Hacienda tiene corres- ponsabilidad en el escándalo de corrupción”.
WÁLTER GUITERAS, senador de Podemos.
El contrato con Catler no debe ser validado
DEFENSA
Desde el punto de vista personal del ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, no debe validarse el contrato suscrito con la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, porque el documento fue elaborado al margen de la ley.
“No podemos en Bolivia validar, favorecer, legalizar actos que han sido realizados al margen de la ley, irregularidades que han sido cometidas. Bajo ningún título podemos validarlas, peor aún cuando hay posibles actos de corrupción que están ensombreciendo todo el marco contractual del Gobierno boliviano. No puede bajo ninguna explicación, ningún justificativo convalidar esos actos que se han dado al margen de la ley”, sostuvo la autoridad.
Arce reiteró que la decisión final sobre el futuro del contrato corresponde a la nueva administración de YPFB. Consideró que el documento no puede ser convalidado, pese a los compromisos económicos existentes “porque no se estaría siendo consecuente con la política anticorrupción”.
No hay avance en Río Grande y el Fiscal lo ve como una prueba
DESCARGO • Los abogados de dos de los acusados dicen que la planta se la construye en EEUU, y que estará montada en septiembre. Un experto señala que no debería haber grandes avances.
• LUEGO DE LA INSPECCIÓN • El empresario Miguel O’Connor conversa con los periodistas en la puerta del lugar donde debería construirse la planta separadora de licuables. Fue ayer.
Daniela Romero Linares
Enviada a Río Grande
La comisión de fiscales que investiga el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice, para la construcción de una planta de licuables en Río Grande (Santa Cruz), confirmó ayer que no existe ningún avance en la obra civil y anunció que la inspección realizada en el lugar es una una prueba en contra del ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
Ante esta aseveración, la defensa de dos de los involucrados aseguró que la planta es construida en Estados Unidos y que su instalación en Río Grande se realizará en septiembre de este año, es decir que aún están dentro de los plazos marcados. Mientras que el experto Álvaro Ríos advirtió que no debería haber grandes avances en la planta.
El fiscal Edward Mollinedo y su comisión arribaron a las 10.15 a la planta Repsol YPFB, a 60 kilómetros de Santa Cruz, donde el 14 de julio del 2008 el por entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, firmó el contrato junto con Miguel O´Connor D’Arlach (Bolivia) y Agustín Melano (Argentina), representantes de Catle-Uniservice para la construcción de la planta de licuables.
“No existe ni un solo ladrillo. (Deberían estar en construcción) todas las estructuras y las bases para que los tanques y el turbo expander que se construyen en Estados Unidos como en Argentina”, aseveró Mollinedo a su salida de la planta Repsol YPFB, tras 5 horas.
Asimismo, agregó que “este acto investigativo formará parte de las pruebas que vamos a ofrecer en un posterior juicio en contra de Santos Ramírez y la firma Catler- Uniservice”, sostuvo.
Advirtió que en el lugar no se hizo nada, “es un monte al que no permitieron a la Fiscalía ingresar. No se limpió el lugar, no se hizo estudio de suelo, de aire ni de impacto medioambiental”, manifestó. “Ésos son algunos de los detalles de la firma irregular de este contrato”.
Sin embargo, Miguel O’Connor D’Arlach, aseguró que “la planta se fabrica en Estados Unidos y ya tiene un avance muy grande en cuanto a desarrollo. Ya hubo inspecciones de YPFB y de otras autoridades que corroboraron el avance”. Indicó que en Bolivia sólo se instalará la planta construida que estará lista en el mes de septiembre.
El ex ministro de Hidrocaburos Álvaro Ríos comentó que “la empresa, que no tiene experiencia, debía hacer unas bases, y algunas interconexiones para dotar a la planta energía, gas y agua, y otras facilidades que requiere para operar. Este trabajo debería iniciarse de tres a cinco meses antes de que llegue el equipo principal. En este caso, ya se debería haber iniciado el replanteo de la obra, la ingeniería de detalle para la construcción. Sin embargo, no debería esperarse que haya grandes avances ahora”.
Mollinedo manifestó que Catler-Uniservice “tenía la obligación de empezar con toda la construcción de obras civiles en este lugar porque recibió 16,6 millones (de dólares) del Estado a través de fideicomiso”..
El contrato entre YPFB y Catler-Uniservice fue firmado el 14 de julio del 2008 en la localidad de Río Grande, provincia cruceña de Cordillera. La cláusula cuarta del documento señala que “la ingeniería básica, conceptual, ingeniería de detalle, obtención de la licencia ambiental, obtención de la licencia de construcción y operación y la construcción y puesta en marcha de la planta tendrán un plazo de 340 días calendario a computarse desde la notificación del contratista (Catler-Uniservice) con la orden de proceder”.
Según O’Connor D’Arlach, el proyecto recién empezará. “Están en la procura de una empresa supervisora, fiscalizadora y esperamos que en las próximas semanas se emita una orden de proceder. Sin ella no se puede iniciar un trabajo”, recalcó y añadió que si en las próximas semanas se la emite, en junio se iniciarían las obras civiles y la planta sería trasladada en septiembre u octubre, a más tardar. La Fiscalía no se pronunció sobre la orden de proceder.
Juan Carlos Revollo, abogado del ex gerente administrativo de YPFB, Marco Antonio Vega, coincidió con O’Connor y señaló que el Ministerio Público inspeccionó algo que todavía no se inició y por tal razón no tendría validez.
La defensa de O’Connor y Vega aseguró que la inspección fue irregular porque al primero no se lo notificó y al segundo lo convocaron a Río Grande pero no se advirtió que éste guarda detención domiciliaria en la ciudad de La Paz.
El abogado de O’Connor, Carlos Rocha, aseveró que su cliente mostró un plano de referencia a Mollinedo sobre el lugar en que debe estar la planta de licuables; pero el fiscal dijo que el empresario quiso impedir la inspección de la Fiscalía.
Santos Ramírez y Luis Fernando Córdova, involucrados en actos de corrupción que guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro (La Paz) no asistieron a la audiencia de inspección en Río Grande. Según Mollinedo, su defensa presentó memoriales para alertarlo.
Los medios de comunicación no tuvieron acceso a la inspección realizada por la Fiscalía.
“No existe ni un solo ladrillo. (Deberían estar en construcción) todas las estructuras y las bases…”
Edward Mollinedo, fiscal asignado.
“La planta ya se construye en Estados Unidos y ya tiene un avance muy grande en cuando a desarrollo”.
Miguel O’Connor Catler-Uniservice
La apertura de una carta de crédito para Gulsby pone en riesgo fondos de YPFB
El Banco Unión advierte que recuperará el dinero del fideicomiso aun si se rescinde el contrato con Catler
La Prensa
Arribo: el fiscal Edward Mollinedo llega a Río Grande vestido con una camisa y casco de YPFB
La estatal petrolera debía haber establecido una relación directa con la que construye las obras. Según el Banco Unión, la decisión de abrir la carta de crédito fue de YPFB y no de Catler.
La apertura de una carta de crédito de 35 millones de dólares por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la empresa Gulsby PS, subcontratada de la asociación accidental Catler-Uniservice y no de la estatal petrolera, pone en riesgo su patrimonio.
Esto debido a que el dinero salió del fideicomiso que administra el Banco Unión, que tiene la autorización de recuperarlo incluso de otras cuentas bancarias de Yacimientos.
La gerente general del Banco Unión S.A., Marcela Villarroel Gonzales, aseguró que existe una autorización de YPFB para que, en caso de que no pueda cumplir con la devolución del dinero del fideicomiso, el administrador puede empezar a debitar de sus otras cuentas bancarias.
Dijo que, ante la rescisión de contrato por la planta petrolera o cualquier eventualidad en relación con este proyecto, la entidad financiera tiene la obligación de recuperar el dinero que le fue entregado para administrarlo.
De acuerdo con el anexo 2 del contrato de fideicomiso del 8 de agosto de 2008, en una carta enviada el mismo día por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez Valverde al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, se extiende “una autorización irrevocable” para proceder a descontar de las cuentas de YPFB los recursos necesarios para cumplir el reembolso del fondo en el caso de incumplimiento en el cronograma de pagos.
En el anexo 1 se especifica que los pagos inician el 13 de marzo de 2010 por un monto de 3.792.792 dólares como primera cuota, hasta completar 12.
El contrato es sometido a un análisis en YPFB para su rescisión o continuidad.
El domingo, el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, aseguró que el Gobierno no va a validar ningún acto irregular ni va a tener contratos con empresas investigadas y con denuncias graves en su contra.
Sin embargo, dejó en manos de la Presidencia de YPFB la solución del problema y la forma de salvar los recursos otorgados.
La estatal contrató a Catler-Uniservice el 14 de julio de 2008 para la instalación de una planta de extracción de líquidos (gasolina natural y gas licuado de petróleo) del gas en el campo petrolero Río Grande, en Santa Cruz.
Aun así, la sociedad contratada subcontrató tres empresas, dos en Argentina, de nombre SICA Metalúrgica Argentina S.A. y Lito Gonella, y una en Estados Unidos, Gulsby PS.
Para esta última, YPFB abrió una carta de crédito en el banco Commerce Bank (EEUU); de este fondo ya se desembolsaron 13,2 millones de dólares.
En criterio del ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez, Gulsby y YPFB tenían que contar con un respaldo, pues “si se da un caso de ruptura de contrato, ambos deben tener un mecanismo para garantizarse”. Para eso, el Estado debió solicitar una boleta de garantía a Gulsby que pueda ejecutar y recuperar el dinero.
De la misma forma, para la subcontratada, la carta de crédito es una garantía de inicio de obras, entonces puede asumir el cobro del total entregado.
Advirtió que en este caso el problema está en que YPFB no debió abrir la carta de crédito para Gulsby, sino para la empresa con la que tiene firmado el contrato, que es Catler-Uniservice.
El ministro Arce señaló este acto como otra irregularidad del contrato, porque no podía ser abierta por YPFB para terceros. Sin embargo, Villarroel expresó que “la carta de crédito podía abrirla YPFB, podía abrirla Catler-Uniservice, eso lo puede hacer cualquiera de las dos porque Yacimientos era el beneficiario y Catler era el contratista”. Dijo que la decisión fue de YPFB.
Arce y Banco Unión serán incluidos por la comisión
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora; los ejecutivos del Banco Unión S.A.; el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, y el notario de Gobierno de Oruro, Álvaro Gonzales, serán incluidos en la ampliación de la investigación de la comisión del Senado sobre el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice para la instalación de una planta de extracción de líquidos del gas natural en el campo de Río Grande (Santa Cruz).
Esta decisión fue anunciada por el presidente de dicha comisión, Wálter Guiteras, quien señaló que la protocolización del contrato de fideicomiso se realizó irregularmente, en Oruro, cuando debió ser en La Paz por ser el domicilio legal de YPFB. Aseguró que se buscó una ciudad que facilitara esa inscripción, por lo que el ministro Arce tendría responsabilidad del seguimiento, control y auditaje de los recursos del fideicomiso porque autorizaba los desembolsos y tenía que dar su conformidad cada 15 días.
“Vamos a mandar en el día al Fiscal de la República y Fiscal del Distrito de La Paz la solicitud formal de para que se amplíe el proceso formal de las investigaciones contra las personas que antes señalé”.
El contrato del fideicomiso fue firmado el 8 de agosto de 2008 en Oruro, y la protocolización es del 14 de agosto en la misma ciudad. Los domicilios de las tres instituciones que firman el documento contractual están en La Paz; del Ministerio de Economía y Finanzas (antes de Hacienda), en la calle Bolívar de la zona Central; del Banco Unión S.A. (sucursal La Paz), en la avenida Camacho esquina calle Loayza, y de YPFB, en la calle Bueno.
Los representantes que firman dicho documento son el ministro Luis Arce Catacora; la gerente general del Banco Unión, Marcia del Carmen Villarroel Gonzales, y el representante legal Iver Javier Antonio Vargas Aspiazu, gerente regional de La Paz, mientras que por la estatal petrolera suscribió Santos Ramírez Valverde, recluido en la cárcel de San Pedro desde el 13 de febrero de este año.
Fiscalía ratifica que no hay obras
La comisión de fiscales del Ministerio Público que investiga las irregularidades del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Catler-Uniservice no encontró ninguna obra en el área de instalación de la planta de extracción de líquidos del gas natural en el campo gasífero de Río Grande, en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Así lo informó el fiscal César Romano, quien aseguró que en un terreno de 100 por 300 metros no se pudo verificar avance alguno de construcción del proyecto: “No hay una muralla, un ladrillo”.
La comisión cumplió la inspección durante la mañana de ayer con la presencia del representante legal de la asociación accidental Catler-Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach.
Ésta tiene un contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para erigir la planta, que incluye la construcción de las piezas y el montaje en el área petrolera. El acuerdo es “llave en mano”, vale decir que la contratada debe entregar el trabajo concluido y con la maquinaria en funcionamiento.
Para esta tarea, Catler-Uniservice subcontrató a tres empresas: dos en Argentina, de nombre SICA Metalúrgica Argentina S.A. y Lito Gonella, y una en Estados Unidos, Gulsby PS.
El viernes de la semana pasada, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturri, señaló que existe un pequeño avance verificado en EEUU, pero debe ser evaluado por los ingenieros de YPFB para definir si es lo que se requiere.
La comisión de fiscales evaluará también la situación de la empresa YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A. para tomar decisiones. Ésta tiene dos contratos firmados con YPFB Andina S.A., uno para el alquiler del equipo de perforación PDV 08 y otro con la estatal petrolera para la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo.
El proyecto del Gobierno
El fideicomiso abierto en el Banco Unión S.A. es por 45 millones de dólares.
Se hicieron dos desembolsos por un total de 3,3 millones de dólares para Uniservice S.R.L.
También se abrió una carta de crédito a nombre de Gulsby SP por 35 millones de dólares.