Otros 2 casos de corrupción en el gobierno y un ministerio se queda sin empleados

Romero denuncia otros 2 casos de corrupción en el Ejecutivo.

Ministerio de Hidrocarburos se queda sin empleados por ser “ineficientes”

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El Ministro de Autonomías (foto) admitió de que la corrupción no pudo ser erradicada en el Gobierno

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El Ministerio de Desarrollo Rural investiga 16 consultorías inconclusas

La Prensa

El ex ministro de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y ahora titular de Autonomías, Carlos Romero, denunció que ha advertido al menos dos actos de corrupción en su anterior despacho y otro en su nueva dependencia.

La autoridad, en declaraciones ante la radio Erbol, aseguró que hechos irregulares como los descubiertos en los ministerios son recurrentes en otros despachos, prefecturas, municipios y universidades, pues están “institucionalizados”.

El primer caso de corrupción, descubierto a finales de 2008, se presentó en el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, en la licitación para la adquisición de mochilas fumigadoras para el área rural. Ahí se encontró una “suerte de corredor de adjudicaciones”.

Los “corredores de adjudicaciones”, por una pequeña comisión, hacen contactos con una de las empresas que ofrecen un determinado servicio, a la que facilitan los más importantes requerimientos técnicos, de esta forma la entidad tiene ventaja ante las demás para ganar la adjudicación.

La responsable del programa PASA y ex constituyente del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, en contacto con La Prensa, explicó que en este caso la empresa Proquim S.A., que obtuvo la información de una funcionaria cuyo nombre guarda en reserva, de todos modos no ganó la licitación, por lo que impugnó el proceso, pero como se advirtió la irregularidad, quedó sin efecto.

La funcionaria, acusada de tráfico de información, fue destituida de su cargo y ahora afronta un proceso administrativo.

El segundo se presentó en el mismo programa. Se trata de un chantaje de un funcionario a dos empresas constructoras que tenían contratos con PASA. El empleado pidió el 10 por ciento del pago para “agilizar” la entrega de los montos.

El dependiente fue despedido y el caso, remitido al ex Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, ahora Ministerio.

Revollo también informó que se somete a auditoría 16 consultorías que no fueron concluidas pero que recibieron sus pagos completos.

En esa dependencia gubernamental están a la espera de los resultados del estudio para analizar la forma de recuperar esos recursos y aplicar otras sanciones a los responsables.

La Prensa buscó una entrevista con la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, para conocer mayores detalles de estos casos; sin embargo, los responsables de comunicación del despacho ministerial indicaron que no era posible este contacto porque dicha autoridad estaba con una agenda recargada y que además no tenía datos exactos del caso o de hechos similares.

El Ministro de Autonomías también denunció que hubo otra irregularidad en el nuevo Ministerio que de Autonomías cuando éste aún era Viceministerio de Descentralización.

A principios de este año se ordenó la adquisición de material de escritorio para este despacho; sin embargo, hubo sobreprecio. “Por ejemplo, había disquetes (para computadora) por un costo de ocho bolivianos, cuando en el mercado no pasan de los dos bolivianos, y que una engrapadora tenía el costo de 85 bolivianos, (cuyo valor real) está mucho menor”.

Esta acción fue calificada por la autoridad como “inverosímil por pretender robar unos cuantos pesos” a nombre de este material.

Tres funcionarios fueron suspendidos de sus cargos por este hecho y ahora afrontan un proceso administrativo.

Indicó que, a pesar de que los montos no son muy significativos, “el detalle es que son hechos de corrupción, que tiene muchas formas, independientemente de su cuantía”.

Estas denuncias surgen después de que el 27 de enero comenzara un escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras el homicidio del empresario Jorge O’Connor, el robo de 450.000 dólares y el contrato irregular entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice.

Para el ministro Romero, la corrupción “es un mal que persiste” en esta administración y admitió que el Órgano Ejecutivo no ha tenido “la capacidad de diseñar los mecanismos contundentes para erradicarlo”.

La relación de casos atendidos en tres años

Denuncias atendidas por el ex Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

En 2006 atendió 807 casos

En 2007 atendió 1.128, el mayor número de casos.

En 2008 atendió 778 casos.

Casos de corrupción atendidos por sector en el Estado boliviano entre 2006 y 2007

En el Poder Judicial, 14 por ciento.

En el Poder Ejecutivo, 13 por ciento.

Otras quejas se generaron en las entidades descentralizadas, en total 12 por ciento.

Luego se ubican las prefecturas, con 9 por ciento.

Entidades de orden y seguridad, 4 por ciento.

Las entidades de defensa de la sociedad, como el Defensor del Pueblo, 7 por ciento.

El Poder Legislativo tiene el 2 por ciento, en tanto que en dependencias no especificadas se registró el 6 por ciento de las denuncias.

Casos de corrupción, por tipo de delito cometido, en tres años (2006 a 2008)

Conducta antieconómica, 24 por ciento.

Uso indebido de influencias, 15 por ciento

Contratos lesivos al Estado, 15 por ciento.

Peculado, 14 por ciento.

Incumplimiento de deberes, 8 por ciento

Malversación, 7 por ciento.

Otros casos, 2 por ciento.

Más denuncias

Al escándalo de corrupción en YPFB se suma otro relacionado con las licitaciones.

En el Ministerio de Desarrollo Rural se dio con un “corredor de adjudicaciones”.

Un funcionario pasó información técnica útil a una empresa para favorecerla.

Ministerio de Hidrocarburos se queda sin empleados por ser “ineficientes”

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El ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca (derecha) dejó cesantes a la mitad de los técnicos y empleados, por ineficientes

La Patria

Más de la mitad de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos quedaron cesantes por “ine-ficiencia administrativa”, es decir que la anterior gestión, dirigida por Saúl Avalos, dejó a los consultores fuera del Programa Operativo Anual 2009 de esa dependencia estatal, señalaron en el sector.

Sin la renovación de contratos temporales se produce un “despido masivo indirecto por ineficiencia administrativa”, indican en fuentes cercanas al Ministerio de Hidrocarburos al aclarar que no es un despido, sino una conclusión de contrato o que no se renovaron esos contratos. 

En el Ministerio de Hidrocarburos, de cuatro técnicos están despidiendo a tres. O en el caso de los Viceministerios de Producción y Exploración y el de Industrialización y Comercialización de diez quedaron cuatro técnicos. Con lo cual los únicos que permanecen serían Directores o Jefes de Unidad.

A la corrupción destapada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que obligó la intervención, desde hace un mes, ahora se suma la finalización de contratos con más de la mitad de los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos.

Por la “negligencia” del ex titular, Saúl Avalos, y de su director administrativo, Alcides Lino, los contratos con los consultores, que en su generalidad están en el nivel de “júnior”, no son parte del POA 2009, explicaron en fuentes gubernamentales. Los contratos que finalizaron el 31 de diciembre fueron ampliados con addendum por dos meses, por lo tanto, concluyeron el 28 de febrero, a raíz de lo cual, el viernes las autoridades distribuyeron cartas indicando a los consultores de las distintas áreas que entreguen los objetos de propiedad estatal y los descargos al Jefe de Activos Fijos, Carlos López.

Los addendum hasta el 28 febrero ya vencieron y los contratos “no fueron recontratados”, explicaron en el mismo Ministerio al señalar que se trataría tan sólo del 40 por ciento del personal. El argumento es la falta de dinero. Además, que sólo en dos o tres meses recién contarán con recursos para volver a contratar.

Otra explicación brindada en el Gobierno es que los sueldos de los consultores iban a ser cubiertos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero con el despido de Santos Ramírez y el cambio de autoridades en el sector, esta opción quedó fuera de control.

Oscar Coca llegó al Ministerio de Hidrocarburos el 9 de febrero y tomó posesión el 10, con el compromiso de garantizar la seguridad energética nacional y trabajar por el desarrollo del sector petrolero y de energía en general.