Esther Carmona tiene otro proceso pendiente por YPFB-Catler. YPFB anula el proceso contractual con Catler. Suxo pide que no liberen a Santos
Declaración: Carmona sale de la Fiscalía rumbo a la FELCC, ayer
La Prensa
SIPSA fue creada por el ex Presidente de Yacimientos para que hiciera la recalificación de garrafas de GLP.
Esther Carmona Nogales, la ex asesora del ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, fue detenida ayer por orden de la Fiscalía, que la acusa de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa por la supuesta constitución irregular de Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA).
Los fiscales Aldo Ortiz y Edwin Sarmiento tomaron la decisión después de escuchar por casi cinco horas la declaración de Carmona y de establecer, además, la existencia de riesgo de fuga y de que, al mantenerse en libertad, pudiera influir en los otros implicados del caso.
La imputada fue trasladada del Ministerio Público a una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) alrededor de las 14.00.
Ortiz y Sarmiento pedirán en la audiencia cautelar que se convocará para las siguientes horas la detención preventiva de Carmona en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.
Es el segundo proceso que enfrenta la ex asesora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien en 2006 fue la jefa de gabinete del presidente del Senado, cargo que ocupaba Ramírez.
El 18 de febrero de este año, la juez Marcela Siles la benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva solicitada por la Fiscalía por su supuesta participación en la firma irregular, en julio de 2008, del contrato entre Yacimientos y Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
Por entonces se le imputaron los delitos de contrato lesivo al Estado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y cohecho pasivo y activo, entre otros.
Carmona, además, formó parte de la comisión calificadora del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, pese, según la Fiscalía, a no tener experiencia en materia hidrocarburífera.
Integraron esa comisión los también masistas Julio Anagua Chumacero, Daniel Álvarez Dante, Javier Ernesto Guzmán Navarro y Diego Argandoña Aramayo, a quienes el Ministerio Público investiga.
Los otros militantes del MAS indagados en este caso son Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Roca, Federico Galán Laime y Richard Aguilera Montecinos.
El caso SIPSA
La Prensa reveló que Ramírez constituyó SIPSA el 4 de septiembre del año pasado al amparo de la Resolución Suprema 228612, con la cual fue designado responsable de YPFB.
Ramírez ocupó la Presidencia de SIPSA, mientras que Carmona y Rogelio Ashimine eran la vicepresidenta y el gerente, respectivamente.
La sociedad anónima se encargó desde entonces de la recalificación de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), tarea que anteriormente hacía la empresa Full Industry. Por esa certificación, SIPSA firmó un contrato con YPFB por 1,8 millones de dólares.
Directivos de la estatal petrolera negaron conocimiento del documento de creación de SIPSA y del contrato suscrito por ésta con Yacimientos para la tarea de recalificar las garrafas.
También se le concedió la administración del taladro PDV-08 adquirido a Venezuela para el pozo 34D en el campo Víbora, de Santa Cruz, donde aún no comenzaron las obras. Ese equipo debía ser manejado exclusivamente por la empresa y no por una firma privada.
Suxo pide que no liberen a Santos
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo ayer que el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez no debe ser beneficiado con la sustitución de la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, adonde fue enviado en febrero por un juez cautelar por su supuesta implicación en los actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La autoridad aseguró que la Fiscalía posee las pruebas suficientes para conseguir que Ramírez sea procesado y sentenciado por la firma del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Cordillera, Santa Cruz, por 86 millones de dólares, que no tiene avance de obra pese a que se desembolsaron 38 millones de dólares.
El abogado de Ramírez, José Luis Paredes (homónimo del ex Prefecto de La Paz), presentó un recurso de cesación de detención de su defendido porque no existe riesgo de fuga ni pruebas de irregularidades en el contrato YPFB-Catler porque éste no fue anulado.
El Directorio de YPFB anula el proceso contractual con Catler
Carlos Villegas deberá encontrar el camino legal para acabar con el trato
Lectura: una persona lee el documento emitido ayer por el Directorio de la estatal petrolera
La Prensa
La Resolución señala que se vulneraron tres leyes, la de Hidrocarburos, SAFCO y la administrativa.
El Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió ayer anular el procedimiento de licitación y adjudicación que derivó en la firma del contrato con la asociación accidental Catler-Uniservice. El Presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, deberá señalar la vía legal para acabar con ese acuerdo contractual.
Después de una reunión extraordinaria, el Directorio emitió la Resolución 3/2009, cuyo primer artículo instruye “declarar la nulidad del proceso de contratación para la ejecución del proyecto de la planta de extracción de GLP, determinación que incluye la resolución de adjudicación número PRS 087/2008 del 11 de julio 2008, en mérito a no haber sido autorizado por el Directorio de YPFB”.
El acuerdo fue suscrito en 2008 por 86 millones de dólares, de los cuales fueron desembolsados por Yacimientos 38 millones de dólares.
El 27 de enero de este año, el ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach, representante de Catler, fue asesinado de un disparo, en la puerta de una vivienda de la avenida Tejada Sorzano esquina Monje durante el robo de 450.000 dólares.
Tras la detención de los presuntos asaltantes, las autoridades reunieron pruebas para señalar al entonces presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez como parte de una red de corrupción que involucraría a O’Connor y otros miembros de Yacimientos. Debido a estos vínculos, Ramírez fue destituido por el presidente Evo Morales y remitido por un juez cautelar al penal de San Pedro de La Paz.
En su lugar, tomó las riendas de YPFB Carlos Villegas, quien hasta ese momento era el ministro de Hidrocarburos.
Los detalles
Según la agencia Erbol, la resolución fue leída ayer por Jhenny Medinaceli, secretaria del Directorio, en una conferencia de prensa junto con el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas. Asimismo, en la resolución se instruye al Presidente Ejecutivo de YPFB que asuma las acciones legales, administrativas, financieras y técnicas para evitar mayor daño económico al Estado, debiendo en consecuencia dar continuidad en lo posible al proyecto de construcción e instalación de una planta de extracción de líquidos.
Se respaldó también al Presidente de la empresa en las acciones legales asumidas en contra de ex funcionarios de YPFB, entre ellos Santos Ramírez, por la presunta comisión de delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, malversación y asociación delictuosa, así como a toda persona que haya tenido participación en esos supuestos delitos.
De acuerdo con la agencia ANF, Villegas, aseguró que este jueves comenzará a trabajar en las opciones para dar continuidad al proyecto de construcción e instalación de la planta extractora de gas licuado de petróleo. “Vamos a implementar diferentes acciones”.
“En su debida oportunidad les vamos a convocar y explicarles la estrategia y los resultados”, anunció Villegas, y aseguró que “por el momento es prematuro” referirse a las acciones que emprenderá la empresa.
El abogado de Catler-Uniservice, Iván Alemán, dijo el lunes a La Prensa que todo contrato “es ley entre las partes”.
Aseguró que el trato con YPFB fue “debidamente suscrito (porque) ha cumplido con todas las formalidades del Código Civil y del Código de Comercio”.
Además —continuó el representante— este acuerdo tiene una cláusula que manda que sólo un tribunal arbitral puede declararlo nulo.
El lunes, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, señaló que el contrato es nulo de hecho y no es necesario rescindirlo porque vulneró procedimientos que le otorgan legalidad. Este despacho analizó el documento y encontró faltas, entre ellas que se omitió la protocolización y que no se lo envió a la Contraloría General de la República.
La Prensa reveló falencias en este contrato, como las adendas que modificaron el requisito que Catler debió cumplir con la entrega de cartas de crédito, las que fueron sustituidas por pólizas, además de la falta de una empresa supervisora.
Los datos
Villegas dijo que comenzará a trabajar desde hoy para anular el trato.
El representante por la Prefectura de Tarija no firmó porque debió retornar a su ciudad.
El delegado de la Prefectura de Santa Cruz no fue acreditado por eso no estuvo en la reunión.