No tendrán resguardo policial y sólo deberán presentar, cada uno, dos testigos. Los fiscales habían pedido su detención preventiva.
Sesión: Chiquie (izq.), Gemio (centro) y Aruquipa (der.), ayer en el quinto piso de la Corte de Distrito
La Prensa
La Fiscalía no consiguió que los tres imputados fueran remitidos preventivamente a San Pedro.
La juez Séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, dispuso esta madrugada la detención domiciliaria sin custodia policial del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa; el director jurídico de ese ente regulador, Leonardo Chiquie, y el ex viceministro de Planificación Energética Misael Gemio, implicados en el caso YPFB-SIPSA.
La Fiscalía había pedido que los tres fueran arrestados preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.
La determinación fue tomada por la autoridad judicial tras una audiencia cautelar de casi diez horas que tuvo al menos dos cuartos intermedios y otras tantas interrupciones, en la misma sala, por las constantes consultas legales que hacían entre sí, por una parte, los miembros del equipo de fiscales y, por otra, los abogados defensores.
En la justificación de su resolución, Yañíquez aseguró que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para sustentar su hipótesis de que los acusados podían obstaculizar las investigaciones o huir.
Consideró además que la Policía Nacional no dispone en este momento de personal para asignarlo al resguardo de los tres imputados, por lo que sólo impuso a Aruquipa, Chiquie y Gemio la obligación de presentar este sábado, cada uno, dos testigos para dejar las celdas de la Policía Judicial.
En el curso de esta jornada miembros de la institución “verde olivo” y de la Fiscalía de Distrito verificarán los domicilios que declararon los tres sospechosos. La Juez también dispuso que podrán ejercer sus oficios en sus respectivas casas, para no privar a sus dependientes de un sustento seguro.
Antes de ser retornado a la celda, Aruquipa expresó a los medios sus rechazo de la decisión judicial y acusó a la Juez de haber emitido una resolución política.
Advirtió que en su casa se dedicará a trabajar en la aprobación en el Legislativo la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga.
Se declaró víctima de las anteriores autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes, según él, le tendieron una trampa. Pero no presentó pruebas.
El ex Superintendente fue aprehendido el lunes porque el 9 de septiembre firmó la Resolución 0895/2008 para incrementar entre el 48 y 68,1 por ciento el costo de la recalificación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Esa elevación, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, benefició a Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), firma constituida en septiembre por el entonces presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, quien ahora está detenido en el penal de San Pedro.
Gemio ya tenía desde hace casi un mes arresto domiciliario, que le fue impuesto por un juez en el marco de las indagaciones por las supuestas irregularidades en la creación de SIPSA.
Dictan arresto domiciliario para Aruquipa
La audiencia de medidas cautelares duró 9 horas y media. Guillermo Aruquipa, Leonardo Chiquié y Misael Gemio tienen que presentar dos garantes cada uno. Los fiscales habían pedido su detención preventiva.
EN LA TARDE • Guillermo Aruquipa (centro, de espaldas), en la audiencia de medidas cautelares que duró más de 9 horas.
La Razón
Nueve horas y media transcurrieron desde el inicio de la audiencia de medidas cautelares por el caso SIPSA, cuando la jueza Betty Yañíquez determinó dar arresto domiciliario a Guillermo Aruquipa, ex superintendente de Hidrocarburos; Leonardo Chiquié, ex asesor jurídico del ente, y Misael Gemio, ex viceministro de Desarrollo Energético.
Las tres ex autoridades fueron imputadas por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Aruquipa y Chiquié permanecían detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) desde el lunes 13; y Gemio guardaba arresto domiciliario desde el 20 de febrero por el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Tras tres suspensiones por recusaciones a los jueces, la audiencia de medidas cautelares para los tres imputados finalmente se instaló ayer a las 16.40 en el Juzgado 7º de Instrucción en lo Penal, de la jueza cautelar Betty Yañíquez.
Cinco abogados se constituyeron en la defensa de las ex autoridades. En el transcurso del proceso, Leonardo Chiquié lució calmado; mientras que Aruquipa se mostró serio, salvo cuando hizo un breve contacto con los periodistas que cubrieron el evento, a quienes saludó y sonrió en uno de los dos recesos que hubo.
A las 21.00, la defensa de los tres acusados presentó un recurso incidental para impugnar el procedimiento de aprehensión y la imputación. Entonces, se ingresó a un cuarto intermedio que duró 30 minutos, en los cuales los imputados aprovecharon para ir al baño, custodiados por efectivos policiales. Luego, la jueza Yañíquez decidió rechazar el recurso y la audiencia continuó.
A las 22.00, Chiquié asumió su propia defensa y explicó el actuar de la Súper en el caso de SIPSA. Una hora después, Aruquipa hizo lo propio, aseguró que no violó la ley y recordó el trabajo que realizó para garantizar el abastecimiento de combustibles.
A las 0.00, se produjo otro receso para la elaboración de la sentencia, que fue leída dos horas después, a las 2.00. Además del arresto domiciliario, Yañíquez conminó a cada uno de los acusados a presentar dos garantes. “Aunque no estoy conforme con la decisión, porque no he hecho nada, respeto la decisión”, dijo Aruquipa al final de la audiencia.
La CNC se excusa del arbitraje de YPFB y Catler
Según la gubernamental ABI, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) anunció ayer que se excusará del proceso de arbitraje solicitado por el consorcio Catler-Uniservice, ya que considera que no es la instancia competente y porque se trata de un pedido unilateral y no concertado con la contraparte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La semana pasada, la defensa del consorcio anunció que iniciaría un proceso de arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la CNC, por la decisión de la estatal petrolera de anular el cuestionado proceso de contratación de Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de gas en Río Grande (oriente).
“Si se hace la atención del requerimiento de Catler, tiene que ser porque las dos posiciones están de acuerdo en recurrir al arbitraje y en ese contexto la Cámara de Comercio no tiene nada que ver, sino el Centro de Arbitraje conformado por árbitros especializados en los diferentes aspectos”, dijo Guillermo Morales, presidente de la CNC, según la agencia del Gobierno.
De acuerdo con ABI, señaló que el pedido de Catler podría ser tomado en cuenta por la CNC si no fuera unilateral, para iniciar un proceso con árbitros bolivianos, aunque en “circunstancias especiales, se pediría la colaboración de jueces internacionales”.