Parece apresurado pensar que todo es el resultado de un montaje. El problema es que el MAS no tiene buenos antecedentes.
Editorial El Nuevo Día.
El atentado contra la casa del Cardenal Julio Terrazas ocurrido el miércoles quedó sepultado por un mar de informaciones, conjeturas, reacciones y sospechas en relación al hallazgo de una supuesta banda terrorista internacional que tenía intenciones, según el Gobierno, de asesinar a Evo Morales, a Álvaro García Linera y al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.
En lugar de estar obligado a dar explicaciones sobre el gravísimo hecho relacionado con el líder de la Iglesia Católica de Bolivia, el presidente Morales tuvo la oportunidad de denunciar el supuesto intento de magnicidio justo cuando llegaba a Cumaná, Venezuela, donde ayer comenzó la cumbre de los países que componen la Alternativa Bolivariana para Latinoamérica y de El Caribe (ALBA). Abrazado de Hugo Chávez, por fin, el primer mandatario boliviano ha podido “demostrar” ante sus colegas y la prensa internacional, que en el país estaba montado un complot para asesinarlo, versión que ha venido repitiendo durante tres años, pero sin presentar pruebas.
Parece prematuro dejarse llevar por las sospechas que se hicieron públicas este mismo jueves y que hablan de un “burdo montaje”, pero los sucesos de Pando están demasiado frescos como para depositar toda la confianza en lo que dice el Gobierno, cada vez que se producen hechos de esta naturaleza. El 11 de septiembre de 2008, en El Porvenir, el MAS dio abundantes señales sobre lo que es capaz de urdir y perpetrar y la capacidad fantasiosa de varios ministros quedó probada cuando el año pasado armaron toda una trama magnicida con una vieja carabina y la presunta habilidad de dos jovenzuelos a quienes se les atribuyó intensiones de dispararle al presidente Evo Morales desde una distancia de dos mil metros.
Antes de sacar conclusiones apresuradas, habría que comenzar invocando la fe de la Policía Nacional, cuya credibilidad está en juego, pese a que sus acciones en estos años no se han caracterizado precisamente por la independencia y el apego a las normas. Pero en todo caso, no han llegado a los extremos de las Fuerzas Armadas, salpicadas por la connivencia con el Gobierno en casos de represión, persecución política y contrabando. La ciudadanía ha aprendido a desconfiar de estos operativos cinematográficos armados desde La Paz, con encapuchados, con jueces y fiscales benevolentes con el oficialismo y con ministros que dictan sentencias frente a las cámaras de televisión.
El país ha ingresado ya en un período de campaña electoral, tal vez la más intensa y decisiva de estos años. El MAS ya no podrá contar con la ley electoral que había diseñado para borrar de cuajo a sus opositores en las urnas el seis de diciembre. El oficialismo tendrá que apelar nomás a lo que mejor sabe hacer, que es el uso de la fuerza para combatir a los que piensan distinto. Aplicarles motes como “oligarcas”, “golpistas”, “neoliberales” y “derechistas” ya no le alcanza al Gobierno para descalificar a sus oponentes. Ahora quiere demostrar que también son “terroristas”.
Lo peor es que la población está atemorizada e insegura. Los políticos deben serenarse por el bien de todos.