Desde hace mucho tiempo los actos del Gobierno originan dudas en la población, puesto que los anuncios que realizan no sólo miembros del Ejecutivo, sino también dirigentes del Movimiento Al Socialismo desorientan.
Editorial El Diario.
Los que más perjudican tanto a su partido, el MAS, como al Ejecutivo son aquellos funcionarios que sin contar con capacidad profesional ni experiencia para ocupar cargos de importancia, cometen errores y sobre todo incurren en corrupción. En esa situación surgen determinaciones gubernamentales para procesar a quienes se considera culpables de delitos, pero al final no se conoce los resultados de tales procesos y, por lo tanto, las sanciones quedan en teoría. Por ello las dudas sobre lo que hace la administración masista aumentan y la población empieza a perder confianza en que se hagan realidad los cambios que fueron anunciados en la propaganda electoral del ahora presidente Evo Morales Aima.
En el caso del reciente enfrentamiento entre fuerzas de elite de la policía con un grupo de presuntos terroristas que se dice tenían la misión de ejecutar atentados en contra de personalidades del país, incluidos el Presidente y Vicepresidente de la República, como también el Prefecto de Santa Cruz y otros, todavía no han sido presentadas todas las pruebas que respalden las denuncias que hicieron las autoridades. Como resultado del hecho murieron dos extranjeros y un boliviano y fueron detenidos un rumano y un nacional.
En el operativo realizado en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según vecinos del lugar antes del tiroteo se escuchó una fuerte detonación de un explosivo, que fue utilizado por los policías para abrir la puerta de los supuestos terroristas que pernoctaban en ese recinto. Se dice que hubo una balacera, pero no hay impactos de los disparos realizados por los que resultaron muertos en el enfrentamiento ni aparece el armamento con el que habrían defendido del ataque policial. También se anunció que los cadáveres de los terroristas serían enterrados en una fosa común, pero luego se dispuso su formolización y permanencia en la morgue del Hospital San Juan de Dios. Con hermetismo se viene manejando la detención y la realización de la audiencia de medidas cautelares, sin que se permita el ingreso de los periodistas al juzgado asignado al caso.
En las últimas horas el propietario del hotel donde se produjo el operativo aseguró que los afectados no salieron de ese recinto desde el pasado martes, por lo que se deduce que no son autores del atentado perpetrado en contra de la casa del Cardenal Julio Terrazas. Un despacho periodístico proveniente de Santa Cruz da cuenta que el grupo de policías de La Paz que fue a investigar el atentado contra el primado de la Iglesia Católica se alojó en el mismo hotel y que por casualidad advirtió la presencia de los terroristas. La demora en la presentación de pruebas sobre el supuesto magnicidio hace dudar de las denuncias que hicieron las autoridades no sólo en el territorio nacional sino también en el exterior, en ocasión de la reunión de dignatarios de Estado de los países que participan de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Incluso se observa que el Gobierno tenía listo un spot televisivo que salió al aire a las pocas horas del operativo realizado por los policías.
Por las revelaciones que van surgiendo en torno a la muerte de los presuntos terroristas, los partidos de la oposición y organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos de las personas demandan que el Gobierno haga una transparente indagación y no se aísle de ellas a las autoridades del Ministerio Público y al Comando Departamental de Santa Cruz.
Que no suceda lo mismo que pasó con el asesinato del empresario Jorge O’Connor y la sustracción de 450 mil dólares que debían ser entregados al entonces presidente de YPFB Santos Ramírez, ya que al parecer ese hecho se lo quiere ignorar y se da mayor importancia a actos de corrupción cometidos en la empresa fiscal del petróleo, como la adquisición de una planta quebrada de reparación de garrafas o la detención de nuevos implicados, cuando lo primero que se tiene que resolver es a quiénes favoreció la entrega de comisiones y desembolsos de recursos del Estado. No esclarecer de manera clara hechos de esta naturaleza, sólo siembra dudas en la población, lo que deberían evitar las autoridades nacionales.