Aunque los acuerdos de la Semana Santa permitieron desbloquear la aprobación de la Ley de Régimen Electoral Transitorio, todavía quedan muchas dudas en ese instrumento legal que debería regir en los comicios programados para el 6 de diciembre venidero.
Editorial La Razón
En vista de que el texto aprobado no podría ser modificado, ahora hacen falta grandes acuerdos que vengan a llenar los vacíos. Además, como no existe el Tribunal Constitucional, con toda la autoridad que tiene, ni siquiera se puede esperar que sean corregidos los elementos inconstitucionales que contiene la ley.
Para que el nuevo padrón sea elaborado en los plazos fijados, la ley autoriza a la Corte Nacional Electoral a hacer contrataciones y compras sin tomar en cuenta las leyes vigentes que fueron diseñadas para evitar irregularidades. Entonces, ha sido correcto que la Corte Nacional Electoral busque orientación internacional para el proceso de contratación de la empresa que ofrecerá el nuevo padrón.
Son muchos los detalles que deberán ser sometidos a los acuerdos. Por ejemplo, se ha incluido en la ley seis referendos sobre autonomía, cinco en los departamentos que se pronunciaron en contra el 2006 y uno en la provincia tarijeña de Gran Chaco.
En el caso de la provincia Gran Chaco, la ley menciona una autonomía; sin embargo, los políticos oficialistas y opositores han ignorado pedidos idénticos de algunas provincias del país que aspiran a lograr un estatus autonómico respecto de las capitales de departamento. Es el caso de Uyuni, en Potosí, que ha planteado un tipo mayor de autonomía, e incluso la creación de un nuevo departamento. La provincia Luis Calvo de Chuquisaca, en la región chaqueña, también se pronunció a favor de un referéndum autonómico, pero la sesión del Congreso Nacional realizada en la Semana Santa sólo dio curso al pedido de los chaqueños tarijeños.
Los dirigentes cívicos de Tarija dicen que la autonomía que el MAS ha ofrecido al Gran Chaco es de facto, con relación a la creación del décimo departamento. Y recuerdan que se trata ya en este momento del departamento más pequeño de la geografía nacional, como consecuencia de la Guerra del Chaco.
Además de estos temas, está pendiente la definición territorial y procedimental para la conformación de las siete circunscripciones especiales de los pueblos indígenas.
Aunque los dirigentes de los pueblos originarios han aceptado la solución congresal, es muy contradictorio que en la Constitución se hable de 36 naciones originarias, pero sólo se les asigne siete puestos en la nueva Bolivia.
Y está el tema del voto en el exterior, un ejercicio para el que ni la CNE ni el servicio diplomático están preparados. También están las dudas sobre el proceso de carnetización, a cargo de la Policía Boliviana, y especialmente aquel programa financiado por el Gobierno venezolano.
El padrón biométrico será más seguro que cualquier otro conocido, pero resta saber cuánto influirán en él las serias deficiencias en identificación.
Por otro lado, la ley no ha definido la reglamentación para el financiamiento de los partidos políticos en campañas electorales. Entonces, son varios los temas pendientes que requieren de un nivel de entendimiento y diálogo.