La coca confiscada será industrializada

La disposición contradice a la Ley 1008. En el país existen nexos con cárteles de dos países. El Gobierno asegura que son organizaciones de México y Colombia.

imageLA LUCHA • La FELCN lanzó ayer una movilización estudiantil contra el alcohol, tabaco y las drogas, con el objetivo de prevenir este mal en más de 100 mil estudiantes de La Paz.
La Razón

El Órgano Ejecutivo pretende dar cumplimiento a la nueva CPE, que apunta a proteger a la coca originaria y busca convertirla en abono. Empero, la Digcoin alerta que la disposición contradice a la Ley 1008.



El Gobierno anunció ayer la decisión de industrializar la coca incautada al narcotráfico. La idea inicial es convertirla en abono. El objetivo es cumplir la nueva Constitución, que busca revalorizarla. En contradicción, un funcionario gubernamental hizo notar que esa disposición va en contra de la Ley 1008.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo a este medio —sin precisar fecha— que el Ejecutivo tiene planificado instalar una factoría con la hoja milenaria desviada al narcotráfico.

“Del 25 de enero para adelante, con la nueva Constitución Política del Estado, la hoja de coca por primera vez en la historia de la República es reconocida en su estado natural como patrimonio cultural de los bolivianos. Por tanto, hemos elaborado un proyecto para justamente hacer abono (con la coca incautada) que prácticamente va a servir para la agricultura”, afirmó Cáceres.

El artículo 384 de la CPE señala: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

Empero, el director general de Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin, oficina gubernamental), Luis Cutipa, expresó: “Esa coca no tiene ni olor ni sabor, es del año pasado, y puede servir como abono, tal vez; pero la Ley 1008 no está modificada, y creo que hay que cumplirla”.

En el artículo 7 de la Ley 1008 “Se definen como ilícitos todos aquellos usos destinados a la fabricación de base, sulfato y clorhidrato de cocaína y otros que extraigan el alcaloide para la fabricación de algún tipo de sustancia controlada, así como las acciones de contrabando y tráfico ilícito de coca…”. La coca, según la ley, debe incinerarse, y por eso la sugerencia de Cutipa.

El viceministro Cáceres aclaró por otra parte que la coca incautada hasta el 25 de enero de este año será incinerada con ayuda de procedimientos técnicos para evitar el daño al medio ambiente, “que ocasionaba las protestas de comunarios”.

Según datos oficiales de la Digcoin, entre 2008 y 2009 existe un registro de un millón 55 mil libras de coca secuestrada a los narcos que se encuentran almacenadas en depósitos de todo el país.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Óscar Nina, argumentó que no se puede continuar incinerando la coca porque se estaría yendo en contra del concepto de revalorización de la milenaria hoja.

“Esta fábrica de abono se va a convertir definitivamente en una contribución positiva para los trabajos agrícolas”, remarcó y añadió que se debe cumplir con la nueva Carta Magna.

GESTIONES

Despenalización • El 9 de marzo, el presidente Evo Morales, durante la 52 Conferencia de Estupefacientes de las Naciones Unidas, pidió que se retire la coca de la lista de productos prohibidos.

Industrialización • Los productores del Chapare y los Yungas tienen previsto instalar plantas de industrialización. No hay ni una.

En el país existen nexos con cárteles de dos países

Investigación • El Gobierno asegura que son organizaciones de México y Colombia.

El Gobierno reconoció ayer que en Bolivia operan intermediarios o nexos de cárteles mexicanos y colombianos, y para precisar sus ramificaciones inició una investigación con la Policía Internacional (Interpol) y oficiales de enlace de la Policía Nacional acreditados en esos países.

El viceministro de Defensa, Social, Felipe Cáceres, una vez más descartó la presencia de cárteles internacionales en el país.

«Son clanes familiares que tiene nexos evidentemente con narcotraficantes internacionales. En sus países deben haber cárteles, pero son intermediarios, ésa es la palabra correcta, son intermediarios; estamos hablando de Colombia y de México principalmente», sostuvo la autoridad.

Así lo afirmó La Razón en un informe publicado el domingo.

A falta de la DEA, oficiales de enlace trabajan en Brasil, Colombia, Chile y Perú con el fin de compartir información clasificada para prevenir la presencia de estas organizaciones