Bienes Incautados procesa a 2 ex funcionarios por corrupción

Dircabi pretende modificar la imagen de desprestigio que tenía. El gobierno quiere ceder custodia de bienes de narcos. Entre el 80 y el 90 por ciento de los bienes incautados son devueltos a sus propietarios.

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Cuestionado. El abogado Denver Pedraza ahora defiende a los ex unionistas acusados de supuesto terrorismo (El Deber)

La Prensa

El Poder Ejecutivo quiere ceder custodia de bienes de narcos.

La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) abrió dos procesos penales a ex funcionarios por delitos de corrupción; presentó un anteproyecto de ley para dejar de custodiar los bienes y valores de narcotraficantes y verificó que las labores de anteriores gestiones no fueron hechas adecuadamente.

Esta entidad descentralizada funciona desde 2001. Hasta ese año, el responsable de administrar el producto de las incautaciones era el Ministerio de Gobierno de manera directa.

El actual director general de Dircabi es Yuri Aguilar, quien se hizo cargo de la entidad en febrero de 2007. “Recibí la Dirección en un momento complicado, porque mi antecesor había sido destituido por irregularidades. El Presidente y del Ministro de Gobierno me dieron la tarea de reordenar la oficina, que tiene un estigma de corrupción, que era fruto del mal manejo, de beneficio de los partidos en función de poder en los años anteriores”.

Los procesos

Están en pleno desarrollo los juicios contra el ex director general de Dircabi, Wilge Vega Claros, y el ex director de esa oficina en Santa Cruz Denver Pedraza. Ambos fueron nombrados en la actual gestión gubernamental.

Vega fue destituido el 16 de febrero, después de que supuestamente utilizó un departamento en el edificio Las Tres Carabelas como vivienda particular en la ciudad de La Paz, y habría cargado a la cuenta estatal los costos de mantenimiento.

El 14 de abril, Pedraza recibió un memorándum de despido por la comisión de supuestos hechos irregulares. Se lo acusó de vender espacios para gigantografía publicitaria y de haber chocado un automóvil incautado cuando posiblemente se hallaba en estado de ebriedad y por no actualizar el Sistema de Registro de Bienes Incautados (Sirebi).

Por estos hechos y otros, la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lo denunció por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Aguilar dijo que, en un reciente peritaje, se descubrió que Pedraza permitía que vehículos se rematen en 100 bolivianos. Inclusive un camión fue vendido en 300 bolivianos. La autoridad observó por doble partida a Pedraza, porque tiene por defensor en el proceso que se le sigue a un ex narcotraficante, y porque él, ahora, es abogado de los ex integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, implicados en actos de terrorismo.

Raúl Corro, quien también defiende a los unionistas, según Aguilar, es abogado de Vega. Otro caso de corrupción se develó en la presente gestión. “Se trata de una persona que aparentaba ser honesta —explicó Yuri Aguilar—, pero se descubrió que hacía cobros irregulares, también es procesado, y tiene de abogado a un ex fiscal (en materia de narcotráfico) que ha sido muy cuestionado, eso puede ser corroborado por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)”.

Sin embargo, todo ciudadano demandado tiene derecho a asumir su defensa.

El proyecto

El Director General de Dircabi aseguró que entre el 80 y el 90 por ciento de los bienes que son incautados a personas involucradas en el tráfico de drogas es devuelto a sus propietarios, después de que se llevan adelante los juicios bajo la Ley 1008. Precisó que “Dircabi se ha convertido en custodio de los bienes de narcotraficantes y no hay beneficio para el Estado”.

Mediante recursos poco claros, los “narcos” logran fraguar documentos de propiedad, y de ese modo recuperan su patrimonio a nombre de terceras personas. En Cotoca, Santa Cruz, una juez devolvió joyas, pese a que sus papeles habían sido falsificados por una notaria de fe pública.

Aguilar mencionó que hay casos en que la autoridad judicial permite que el narcotraficante recupere su patrimonio inclusive después de haber cumplido su sentencia, es decir, nada regula y evita que el infractor sea sancionado con la incautación de sus bienes fruto del negocio ilícito de las drogas.

Por ello, a iniciativa de Aguilar, se elaboró un anteproyecto de ley para evitar que los narcotraficantes se sigan beneficiando, pues establece un plazo de tres a seis meses para demostrar el derecho propietario de los bienes.El documento fue entregado al Ministerio de Gobierno para su revisión, de donde será remitido al Congreso Nacional para su análisis y aprobación.

La administración actual cuantificó que Dircabi, entre 2001 y 2005, recaudó 22 millones de bolivianos, como producto de remates y ventas de bienes incautados y valores.

La Ley 1008 de Régimen de Sustancias Controladas y Coca dispone que del total recaudado, el 75 por ciento sea entregado al Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y el 25 por ciento debe destinarse a cubrir los gastos operativos y de servicios básicos de Dircabi.

Aguilar dijo en que las anteriores gestiones nada se hizo con los 16 millones de bolivianos, que significa el 75 por ciento de lo obtenido, aunque esa suma debió invertirse en la construcción de centros de rehabilitación y cárceles, así como para el área de salud y educación.

“Este dinero se despilfarró, la Contraloría tendría que hacer una auditoría al respecto”.

El defensor de un procesado rechaza la acusación

El abogado Raúl Corro, que defiende al ex director de Bienes Incautados Wilge Vega Claros, explicó que su cliente en ningún momento se apropió de un inmueble y un automóvil que fueron confiados a la custodia de la institución bajo su responsabilidad.

En cuanto al departamento situado en el edificio Las Tres Carabelas, en la ciudad de La Paz, se confirmó su residencia, pero no lo hacía a título oneroso o con la finalidad de apropiarse del inmueble. En este caso lo usufructuaba, pero no hubo mala fe en esa acción y es lo que se ha propuesto demostrar en el juicio penal al que es sometido y en el que ha asumido su defensa legal.

Además, es evidente que utilizaba, aunque con carácter exclusivo, para atender asuntos de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el automóvil que le fue entregado por su antecesora, bajo inventario y destinado precisamente a esa finalidad eminentemente administrativa.

Corro aclaró que Vega Claros no empleó ese motorizado para paseos personales o en compañía de sus familiares.

En cuanto al hecho de que los patrocinantes tengan antecedentes por narcotráfico, dijo que éstos, al haber cumplido sus condenas, han pagado su deuda con la sociedad y están rehabilitados para cumplir todas las actividades que se planteen, con excepción de ocupar cargos en el aparato estatal, que no es el caso presente.

Denver Pedraza, entretanto, entregó al ex director de Migración Dante Castillo, un inmueble que Dircabi tenía en calidad de custodia, ubicado en el segundo anillo en la esquina de la avenida San Aurelio, en Santa Cruz. Al ser denunciado por las irregularidades cometidas, la ex autoridad acusó a la entonces viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, de pedir una vivienda ubicada en la avenida Melchor Pinto, signada con el número 333, para que la tenga en custodia una persona, sin embargo, la casa fue devuelta por sus malas condiciones.

Datos

El Código de Procedimiento Penal vigente desde 1999 rige el desempeño de Dircabi.

El 75% del producto de las confiscaciones debe ser invertido en infraestructura.

Cárceles y centros de recuperación son prioridades de acuerdo con las leyes vigentes.

Dircabi procesa a Pedraza y Vega por corrupción

Proyecto. El Poder Ejecutivo quiere ceder custodia de bienes de narcos.

El Deber

La Prensa. La Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) abrió dos procesos penales a ex funcionarios por delitos de corrupción; presentó un anteproyecto de ley para dejar de custodiar los bienes y valores de narcotraficantes, y verificó que las labores de anteriores gestiones no fueron hechas adecuadamente.

Están en pleno desarrollo los juicios contra el ex director general de Dircabi Wilge Vega y el ex director de esa oficina en Santa Cruz Denver Pedraza. Ambos fueron nombrados en la gestión del MAS.

Vega fue destituido el 16 de febrero, después de que supuestamente utilizó un departamento como vivienda particular en La Paz y habría cargado a la cuenta estatal los costos de mantenimiento.

El 14 de abril, Pedraza recibió un memorándum de despido  por diferentes hechos irregulares. Presuntamente vendió espacios para gigantografía publicitaria; habría chocado un automóvil incautado cuando posiblemente se hallaba en estado de ebriedad y no actualizó el Sistema de Registro de Bienes Incautados.

Por estos hechos, la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, lo denunció por uso indebido de influencias y  contratos lesivos al Estado.

Yuri Aguilar, director actual de Dircabi, señaló que, en un reciente peritaje, se descubrió que Pedraza permitía que vehículos se rematen en Bs 100. Inclusive un camión fue vendido en Bs 300.

La autoridad observó por doble partida a Pedraza, porque es defensor en el proceso que se le sigue a un ex narcotraficante, y porque él, ahora, es abogado de Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, implicados en terrorismo.

   Cambios   

– Proyecto. El director general de Dircabi aseguró que entre el 80 y el 90 por ciento de los bienes que son incautados a personas involucradas en el tráfico de drogas es devuelto a sus propietarios, después de que se llevan adelante los juicios bajo la Ley 1008.

– Plazo. Se elaboró un anteproyecto de ley para evitar que los narcotraficantes se sigan beneficiando, pues establece un plazo de tres a seis meses para demostrar el derecho propietario de los bienes. Ya está en revisión en el Poder Ejecutivo.