Dicha cultura se asienta en la creencia de que el papá Estado debe estar dispuesto a resolver los problemas de los sectores afectados por la falta de empleo y recursos…
Editoial La Prensa
Está claro que uno de los pilares de la política social del presidente Evo Morales es la entrega de bonos en efectivo a sectores sociales vulnerables, como jubilados, niños, madres en estado de gestación y empleados públicos.
Se trata de una cuestión de dignidad que apunta a cerrar la brecha de injusticia social con recursos excedentes provenientes de la explotación de recursos naturales. Pagar una deuda social con fondos estatales que, antes, terminaban en la burocracia y la corrupción de unos cuantos privilegiados que usufructuaban del poder.
Incluso, teniendo en cuenta los aún altos índices de pobreza, desempleo y empleo informal que azotan a la mayoría de los bolivianos, la idea parece loable y económicamente razonable. De hecho, se supone que los recursos que se trasladan a dichos segmentos de la población se transforman, luego, en consumo para un mercado sediento de movimiento para impulsar la actividad económica. Sin embargo, la medida presenta contradicciones y llamadas de atención para un Gobierno que se precia de impulsar el desarrollo a base de producción y del trabajo real de los bolivianos.
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Es que los bonos no hacen más que profundizar el rentismo, como una tendencia histórica de la cultura económica. Es decir, pensar que es posible salir adelante en la vida de una sociedad sólo a partir del usufructo de la renta que deja la explotación de recursos naturales antes que del fruto del propio trabajo.
Dicha cultura se asienta en la creencia de que el papá Estado siempre debe estar dispuesto a resolver los problemas de los sectores afectados por la falta de empleo y recursos suficientes para su supervivencia. Aquella creencia, en diversos puntos de la historia, se ha visto negada por los hechos cuando llegamos al punto en que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para sostener el esquema rentista.
Sabemos que unos 274 millones de dólares se gastarán en esta gestión para el pago del Bono Juancito Pinto (Bs 200 para escolares de primero a octavo de primaria de colegios fiscales), la Renta Dignidad (Bs 200 mensuales para personas de más de 60 años), el “Juana Azurduy de Padilla” o Madre Niño-Niña (Bs 1.820 a cambio de controles médicos) y el bono anual de Bs 1.000 para los empleados públicos que no recibieron un incremento salarial. Esto sin contar con los bonos a la lealtad que se entregan a diversos sectores y grupos afines al Gobierno.
Esta andanada de bonos sólo logra una solución de corto plazo para los problemas de la pobreza y la exclusión social, ya que los recursos no necesariamente cumplen el fin al cual fueron asignados. Además resultan excluyentes para los contribuyentes que solventan parte de dichos recursos y que no se ven beneficiados con dicho reparto.
Además de la ayuda para los sectores más necesitados, sería interesante ver que el Gobierno pusiera en marcha una política concreta y sostenible para impulsar la producción y el trabajo de largo plazo para resolver la pobreza que afecta a millones de nuestros compatriotas. Ésta es una tarea pendiente de un Gobierno que se jacta de haber puesto en marcha un nuevo modelo de economía.