La SIP acudirá al encuentro con el presidente Morales con una delegación que conoce los casos de Bolivia.
La Prensa presentó denuncias sobre las amenazas de muerte anónimas.
Encuentro: Carlos Morales y Raphael Ramírez (izq.) junto al Presidente de la SIP (primero de la derecha), fue ayer
La Prensa
El presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, consideró anoche que el escarmiento público al que sometió el presidente Evo Morales al editor de Al Filo de La Prensa, Raphael Ramírez, el 9 de diciembre de 2008 fue “un acto humillante” y observó un ambiente de hostilidad del Gobierno contra los medios nacionales.
El directivo de la SIP, en entrevista con el programa No mentirás, de la red PAT, manifestó luego de observar las escenas del exabrupto presidencial: “Me parece que es humillante (…), por eso es que desató la protesta de los periodistas”.
Esta organización internacional llegó a Bolivia para realizar una lectura acerca de la libertad de expresión y prensa en el país. En ese marco, ayer se reunió con el jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales Peña, y el editor de Al Filo, Raphael Ramírez, quienes presentaron denuncias sobre las amenazas de muerte que llegan del anonimato y por teléfono desde la publicación de una nota sobre el caso de los 33 camiones con mercadería de contrabando que salieron de la Zona Franca de Cobija.
Asimismo, el Presidente de la SIP tomó contacto con la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) para recibir sus informes. También se reunió con autoridades del Órgano Legislativo y hoy a las 17.00 tiene prevista una cita con el presidente Evo Morales.
El 9 de diciembre de 2008, en un acto público por el Día de Lucha contra la Corrupción, el Jefe de Estado reclamó la presencia de dos periodistas de este medio que se encontraban asignados al Palacio esa jornada.
El presidente Morales hizo conocer su molestia por un titular que señalaba “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”.
La autoridad pidió a Ramírez demostrarle que esa información era veraz y sentenció que La Prensa no había dicho la verdad, cuando este medio basó su información en documentación oficial, a saber, dos cartas que hacían referencia a reuniones de los “comerciantes” de Puerto Evo con el Mandatario para hablar de la reexpedición de mercadería de la Zona Franca de Cobija.
Estos gremiales habían sacado su mercancía hacia la frontera con Brasil, el 26 de julio, en 33 camiones de manera ilegal, sin concluir los trámites aduaneros, y cuando llegaron al punto de control en el kilómetro 19, según el testimonio de un policía que custodiaba el lugar, los dirigentes de los comerciantes señalaron que tenían la autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para pasar esa tranca.
La Prensa abrió una investigación del caso y descubrió que los contrabandistas habían tomado contacto con el Jefe de Estado mediante cartas, lo que la noche del 9 de diciembre fue confirmado por el mismo Morales.
Después del escarmiento público, el Jefe de Estado decidió prescindir de los medios de comunicación bolivianos porque supuestamente no dicen la verdad y sentenció que “sólo un 10 por ciento de los periodistas (bolivianos) debe tener dignidad”.
Desde entonces no llama a conferencias de prensa sino solamente a medios internacionales, aunque durante la instalación de su huelga de hambre por la Ley Electoral Transitoria mandó llamar a los reporteros nacionales.
El Presidente de la SIP, quien se encuentra en el país verificando la libertad de expresión y prensa, dijo que “no se puede discriminar” de esta forma a los medios y anunció que hará conocer esta preocupación al presidente Morales con quien se reunirá hoy.
Santos Calderón dijo también a PAT que en Bolivia encontró una “serie de indicios preocupantes, como la agresión física a periodistas, juicios como el iniciado al periódico La Prensa”, entre otros temas.
Este matutino afronta una demanda del Gobierno por calumnias, desacato e injurias por el titular del 9 de diciembre.
La SIP llegó a Bolivia después de que el Jefe de Estado pidiera en abril a esta organización verificar in situ su informe que señalaba que en el país la libertad de prensa estaba amenazada.
Santos Calderón, consultado sobre las afirmaciones de que esta entidad defiende los intereses de la oligarquía o que forma parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), las rechazó y añadió que fueron inventadas por el ex líder cubano Fidel Castro “hace 40 años” y que las reprodujo el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Ratificó que la SIP es uno de los primeros organismos de defensa de la libertad de expresión y prensa de América Latina y que tiene 63 años de existencia.
Calderón, en un breve contacto con los medios, dijo que los criterios recogidos por esta institución serán transmitidos al presidente Morales, a quien también escuchará sobre la opinión que tiene de los medios.
“Hay muchas inquietudes sobre la libertad de prensa que marcan un ambiente de hostilidad entre el Gobierno y los medios: el caso del diario La Prensa, las medidas tomadas (por el Gobierno) como la columna sindical, el caso de agresiones físicas y verbales a los periodistas, y también las amenazas”.
El Jefe de Redacción de La Prensa denunció el amedrentamiento telefónico por parte de personas anónimas que piden suspender las investigaciones sobre el caso que salpicó a altas esferas gubernamentales.
Morales y el editor de Al Filo también recibieron amenazas de muerte por teléfono, incluso Ramírez tuvo que cambiar de número de celular para evitar acosos, pero la intimidación no terminó y también fue víctima de amenazas en la calle.
Uno de los familiares de Morales recibió una llamada que decía: “Dile a ese cabrón que deje de investigar y publicar mentiras. Lo estamos siguiendo y lo vamos a matar”. La advertencia fue denunciada ante el Ministerio Público.
Fiscalía rechaza denuncia de atentado a El Potosí
Mediante un requerimiento emitido el 13 de mayo, la Fiscalía de Distrito de Potosí rechazó provisionalmente la denuncia que El Potosí interpuso contra el autor o autores del atentado con dinamita del 1 de diciembre de 2008.
La noticia cayó mal en el seno de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí. El secretario ejecutivo de esa organización, Benigno Castillo, expresó su “total protesta y preocupación porque para la prensa siempre existen obstáculos”.
El director de ese periódico, Juan José Toro, dijo que “la cosa se veía venir” porque el fiscal asignado al caso, Edwin Alegría, ya había expresado su predisposición de cerrar el caso. “El fiscal incluso me reprendió cuando averigüé sobre el estado de la investigación. Me dijo que me limité a colocar la denuncia y me quedé de brazos cruzados. La investigación corresponde al Ministerio Público y la Policía y no al denunciante”.
El 1 de diciembre de 2008, un artefacto explotó en la entrada de El Potosí y destrozó la puerta de seguridad de vidrio reforzado. Ante la magnitud del hecho, el entonces prefecto en ejercicio, Juan Carlos Cejas, convocó a una reunión en la que las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía se comprometieron a extremar recursos para esclarecer este caso.
Pese a ese compromiso, el o los funcionarios que debían notificar a una persona que había sido propuesta por Toro como posible autor del hecho desistieron de su intento luego de buscarla en su domicilio y no encontrarla. Una representación de estos funcionarios señaló que dicha persona “no fue habida” y fue la base para que el fiscal Alegría rechazara la denuncia ateniéndose al principio de que se puede rechazar la denuncia cuando no se identifica al imputado.
Apuntes
Este matutino afronta un juicio del Gobierno por una nota publicada el año pasado.
La demanda se ventila en un Tribunal de Imprenta que fue constituido la semana pasada.
Asimismo, el Jefe de Redacción y editores recibieron llamadas telefónicas de amenaza.