Se conoce a financiadores de Rózsa, pero un juez frena las indagaciones

Fue irregular el uso del stand de Cotas. Jurisdicción. El juzgado de Tapia Pachi exigió detener las actuaciones que se hacen en La Paz. La Fiscalía de La Paz dará a conocer la próxima semana quiénes son los financiadores del grupo.

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Fiscal: Jorge Gutiérrez Reque informa anoche de los avances de la investigación sobre el presunto terrorismo

La Prensa

Hernando Tapia quiere que la investigación sea hecha por el fiscal Oscar Flores.

La Fiscalía de La Paz dará a conocer la próxima semana quiénes son los financiadores del grupo.

La investigación por el caso de presunto terrorismo puede quedar paralizada a causa de un recurso planteado por un juez cruceño, cuando la Fiscalía de La Paz ha logrado identificar a los financiadores, a quienes pagaron los pasajes aéreos y proporcionaron mapas militares para la milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores.

La madrugada del jueves 16 de abril, un operativo policial desarrollado en el cuatro piso del hotel Las Américas logró desarticular al mencionado grupo irregular, acción en la que murieron Rózsa Flores y sus camaradas Micheal Dwyer, irlandés, y Árpád Magyarosi, rumano, en tanto que sobrevivieron el boliviano-croata Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó.

A partir de ese momento, el fiscal paceño Marcelo Soza dirige la investigación del caso.

Sin embargo, alrededor de las 17.30 de ayer, el juez Octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz, Luis Hernando Tapia Pachi, presentó un recurso de inhibitoria, para que la juez Marcela Siles, quien conoce el caso, lo derive a la jurisdicción cruceña y que el fiscal Óscar Flores Velarde, de ese distrito, asuma la responsabilidad total de la investigación.

Tapia Pachi argumenta que los atentados perpetrados contra la residencia del cardenal Julio Terrazas y la del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, se produjeron en Santa Cruz y que los primeros indicios del caso de presunto terrorismo fueron presentados en esa ciudad.

En consecuencia, el magistrado sostiene que todo el proceso debe sumarse a lo poco que se hizo en Santa Cruz.

La Juez a quien se dirige el mencionado recurso debe, de acuerdo con el ordenamiento judicial en vigencia, decidir si acata o rechaza la solicitud.

En el primer caso, deberá enviar todos los obrados a ese Juzgado cruceño, por lo que la investigación, en el mejor de los casos, quedará paralizada durante algunos días.

De lo contrario, el pedido judicial deberá ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso la labor investigativa quedará automáticamente interrumpida hasta que el máximo tribunal del país se pronuncie.

El juez Tapia Pachi dice ser competente para conocer el caso.

Financiadores identificados

En conferencia de prensa ofrecida anoche, el fiscal del distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez Reque, anunció que, después de recibir los resultados de los peritajes a los que fueron sometidos los equipos electrónicos secuestrados en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril, se logró identificar no sólo a los financiadores, sino “los viajes, los contactos, las reuniones, la organización, los manuales de combate, los manuales de entrenamiento, mapas, planes operativos y de atentados”.

El director del Ministerio Público paceño explicó que en ese sitio se colectó “diferentes aparatos magnetofónicos, computadoras, discos, flash memories de alta capacidad y celulares”.

Gutiérrez Reque informó que en tales equipos se encontraron 27.678 páginas de archivos.

Entre éstos se hallaron mapas que ubican los diferentes centros militares de la capital cruceña y “se tiene los datos de quiénes habrían proporcionado todos esos elementos, que vinculan a este grupo terrorista con diferentes ciudadanos y también con militares”.

La autoridad se negó, sin embargo, a revelar el número y la función que actualmente cumplen estas personas, aunque prometió hacerlo la próxima semana, cuando se ampliará la investigación “contra otros posibles partícipes dentro de esta organización”.

El Fiscal de Distrito refirió que se ha comprobado que “varios conciudadanos e inocentes hubieran fallecido” en caso de haberse cumplido los planes de la organización irregular. “Estamos demostrando que este grupo terrorista tenía una estructura y financiadores”.

Calificó este hecho como uno de “los elementos más importantes de la investigación”, porque “se ha dado con quienes han financiado a este grupo delincuencial, quienes han comprado los pasajes, quienes habrían proporcionado mapas de centros militares”.

Lamentó que algún “personaje”, a quien definió como un militar en servicio pasivo, se prestara para proporcionar información castrense reservada.

Gutiérrez Reque confirmó que entre los financiadores hay civiles y militares, algunos de quienes se encuentran en territorio nacional y otras personas que se hallan, por el momento, en el exterior del país.

Marcelo Soza no estuvo presente en la rueda de prensa, en tanto que en un organigrama presentado por Jorge Gutiérrez volvieron a figurar Hugo Antonio Achá Melgar y Alejandro Melgar Pereyra en escalón inferior al Consejo Supremo de la organización irregular, en tanto que en el centro del llamado brazo armado apareció el rostro de Rózsa Flores rodeado por los retratos de sus cuatro camaradas, dos de quienes fueron muertos el 16 de abril y otros capturados con vida en el mencionado operativo de la Policía de La Paz.

“Presidente de Cotas abrió las puertas a la milicia”

Todos los indicios apuntan a que Juan Carlos Velarde, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), permitió que la célula de Eduardo Rózsa Flores estableciera una base de operaciones en el stand de la firma en el campo ferial de la capital cruceña.

El fiscal Marcelo Soza, quien dirige la investigación por el presunto terrorismo, explicó que las 23 personas que habían sido convocadas a declarar comparecieron como estaba previsto.

“Se ha podido evidenciar que de manera ilegal se ha instalado internet en el stand de Cotas, al igual que de esta manera estaban utilizando ese espacio las personas que formaban el grupo irregular”.

Velarde no fue citado porque el Ministerio Público tiene información de que se encuentra en Estados Unidos, adonde viajó el 21 de abril.

Las declaraciones permitieron conocer que la milicia no pagaba alquiler por el uso de ese espacio.

“Las personas que han declarado sostienen que ellas no conocían la existencia de explosivos en el lugar. Hay que tener en cuenta que se trata de consejeros de Vigilancia y Administración, pero estamos analizando los testimonios. Son 23 declaraciones. Hay que empezar a hilar las cosas”.

Los involucrados en el caso que no concurran ante la Fiscalía serán citados desde este lunes a través de edictos “para que se apersonen en forma voluntaria. En caso contrario se aplicará la ley. Serán declarados en rebeldía y demás medidas”.

Este lunes deberán declarar dirigentes y ejecutivos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), cuyo presidente, Guido Nayar, admitió haber sido citado y anunció medidas legales de defensa.

El caso del pasaporte

La comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el caso de presunto terrorismo en Santa Cruz indaga cómo fue posible que “Jorge Hurtado Flores” haya obtenido un pasaporte para viajar a Estados Unidos, España, Argentina o Brasil entre 2006 y 2008,

Jorge Hurtado Flores es una de las identidades con que Eduardo Rózsa Flores se manejaba en el país desde su llegada en febrero de 2006.

El supuesto mercenario obtuvo la cédula de identidad 1251746, expedida en Potosí y renovada el 17 de abril de 2007, documento con el que obtuvo un pasaporte para efectuar, bajo ese nombre, los viajes al extranjero.

En la Dirección Nacional de Migración se informó que los pasaportes se conceden al cabo de 24 horas de iniciado el trámite pues se toma ese tiempo para verificar la exactitud de los datos contenidos en el documento de identidad presentado por el interesado. La consulta se hace a la Dirección Nacional de Identificación Personal.

De igual manera, los diputados desean conocer cómo esa persona pudo obtener, con datos adulterados, visa para ingresar en Estados Unidos y España, adonde se sabe que viajó, según los reportes de la aerolínea que lo transportó a esos destinos.

El nombre anotado en el boleto debe coincidir con el del portador del correspondiente pasaporte.

Mercosur condena terrorismo

Los ministros del Interior, Gobierno y Justicia, responsables de la seguridad del Mercosur, expresaron una unánime condena a la acción del grupo irregular que actuó en Bolivia bajo el mando de Eduardo Rózsa Flores, quien murió en el operativo policial practicado el 16 de abril en Santa Cruz de la Sierra.

Como consecuencia de este acuerdo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, explicó que la decisión de los asistentes al encuentro “representa un apoyo a la democracia boliviana en términos similares a los expresados por la Unión de Naciones Suramericanas”.

Rada añadió que, sobre la base de la condena de los países miembros y asociados del Mercosur, se decidió incluir en la agenda del organismo multinacional un foro especializado en terrorismo, que hará un exhaustivo examen de la legislación que tienen en la materia las naciones del área y que un mecanismo de coordinación para combatir estos actos será consolidado en las siguientes reuniones, al igual que lo que ocurre, por el ejemplo, con la represión al narcotráfico o la aplicación de políticas migratorias y de seguridad ciudadana.

“Esta nueva forma de terrorismo, con un sesgo separatista, será combatido en forma coordinada, a través de intercambio de información y la coordinación entre las policías de los Estados”.

Los ministros Rada, de Bolivia, y Rafael Filizola, de Paraguay, dirigirán una reunión binacional que tendrá lugar el 23 de junio en Santa Cruz de la Sierra para considerar procedimientos para combatir el tráfico ilegal de drogas y el robo de automóviles en ambos países.

Bolivia pide vetar a HRF en la OEA

BOLIVIA SOLICITÓ oficialmente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no admita a Human Rights Foundation en la próxima asamblea general del organismo continental.

EL EVENTO tendrá lugar entre el lunes 1 y el martes 2 de junio en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, en una región asolada por un violento terremoto.

HRF BOLIVIA está implicada con la acción de una célula irregular, cuya presunta finalidad era la división del país.

EL PRESIDENTE de esa organización estadounidense en Bolivia, Hugo Achá Melgar, se autoexilió en Nueva York cuando se conoció que el grupo había sido desbaratado en un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra.

SEGÚN LAS INVESTIGACIONES, Achá Melgar tenía el nombre de combate de “Superman” y formaba parte de los financiadores.

Parte médico

Mario Tádic permanece en terapia intermedia del Instituto Nacional de Tórax.

El presunto terrorista no quiso dialogar con los medios que llegaron a ese nosocomio.

El boliviano-croata sufrió de una descompensación coronaria por hipertensión arterial.

Fue irregular el uso del stand de Cotas

Jurisdicción. El juzgado de Tapia Pachi exigió detener las actuaciones que se hacen en La Paz

El Deber

C. Peña y Lillo / M. Chuquimia

Al finalizar la declaración de los 23 consejeros de Cotas, que dieron su testimonio ayer en La Paz como parte de las investigaciones del supuesto caso de terrorismo, se conoció que la mayoría dijo que la utilización del stand de la telefónica en la Feria Exposición fue autorizada de manera irregular. El fiscal que lleva adelante las pesquisas del hecho, Marcelo Sosa, fue más contundente y aseguró que los funcionarios de la cooperativa apuntaron a Juan Carlos Velarde, presidente del Consejo de Administración, que pidió licencia por 60 días a su cargo, como el responsable de esta determinación que no fue conocida por ellos.

La autoridad judicial añadió que Velarde no se encuentra en el país desde el 21 de abril, cinco días después del operativo policial realizado en el hotel Las Américas, que acabó con la vida de Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, además de conseguir la detención de Mario Tadic y Elöd Tóásó. Además, en esa jornada, se encontró en el stand de Cotas armas y explosivos, supuestamente utilizados en los atentados en la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, y del cardenal Julio Terrazas.

Un abogado de los consejeros de Cotas señaló que de las afirmaciones de Sosa lo que está confirmado es que ninguno de los funcionarios subalternos de la cooperativa conoció del uso que se estaba dando al stand en el predio ferial y agregó que de los testimonios a los que tuvo acceso, en ninguno se afirma que la autorización hubiera salido de Velarde.

Sin embargo, por estas mismas explicaciones, quedó confirmado que la autorización para usar el lugar donde presuntamente sólo se realizaron reuniones de campaña autonómica no siguió el conducto regular para que sea otorgada.

El fiscal indicó que las declaraciones de los consejeros se deben analizar “porque hay que hilarlas todas y ver las congruencias que hubieran”.

Para el lunes se tiene prevista la declaración de varios personeros de Fegasacruz, entre los que se encuentra el presidente de esta organización ganadera, Guido Nayar. Sosa informó que a los dirigentes que no se encuentran en el país se los convocará por edicto y de no presentarse, se los declarará en rebeldía para juzgarlos en ausencia.

Los consejeros se negaron a declarar ante los medios de comunicación y al abandonar las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses lo hacían rápidamente. El abogado William Herrera, patrocinador de la gente de Cotas, dijo que sus defendidos no declaran por petición de la misma Fiscalía.

Por otra parte, el juez octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Hernando Tapia Pachi, ha pedido que su par de La Paz, Marcela Siles, que ejerce el control jurisdiccional del supuesto caso de terrorismo, se inhiba de continuar con las actuaciones procesales.

El juzgador afirma que él tiene competencia para seguir con las investigaciones, porque asumió primero el control jurídico de este hecho después de que la esposa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, sentó una denuncia el 1 de abril por el atentado que sufrió en su domicilio.

De acuerdo con la resolución de Tapia, el fiscal Sosa acusa a los supuestos miembros de la célula terrorista como los autores del atentado a la casa de Ávalos y del ocurrido en el domicilio del cardenal Terrazas.

Debido a la conexión entre ambos hechos, el juzgador cruceño exhortó a su colega paceña remitir los actuados hasta Santa Cruz para subsanar las fallas procedimentales de este caso, que fue prevenido primero por Tapia.

De igual forma, se solicita que el fiscal Óscar Flores, asignado por la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz para investigar lo ocurrido en la vivienda del viceministro, reciba todos los antecedentes del caso que ahora maneja Sosa, a fin de restablecer el control jurisdiccional previo que se violentó.

La decisión asumida por el juez Tapia ocurre después de que el ex líder cívico y agroindustrial Branko Marinkovic requiriera, hace 15 días, al fiscal Flores que le recepcione su testimonio y se declare competente de conocer este hecho.

Los abogados del empresario aceitero, Víctor Peralta y Jorge Asbún, trasladaron este mismo pedido ante el juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, que se pronunció el 21 de este mes dando curso a su solicitud.

A su vez, Guido Nayar, presidente de Fegasacruz y primer vicepresidente cívico; el titular de los empresarios privados de Santa Cruz, Pedro Yovhío; Rolf Murkel, vocal de Cotas, y Mauricio Roca, líder de la CAO, se sumaron al pedido de Marinkovic y enviaron a Tapia memoriales justificando esta medida y exigiendo el retorno del control jurisdiccional del caso.

Por su lado, representantes de diferentes organizaciones sociales cruceñas mandaron una carta al fiscal de Distrito, Jaime Soliz, pidiendo que asuma el control de las investigaciones de este caso.

No identifican a los financiadores

Los teléfonos celulares de los presuntos terroristas fueron ‘escaneados’ por el perito informático que reveló a las autoridades que esta labor permitió recuperar todos los mensajes enviados desde al menos 18 números celulares.

El peritaje permitió obtener detalles, incluso, de los mensajes borrados, porque, según el encargado de este trabajo, la memoria del teléfono almacena todos los mensajes de texto.

El fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, anoche señaló que en base a esa información ya se conocen los nombres de los supuestos financiadores del presunto grupo irregular, aunque no se dio mayores detalles de estas personas.

Los investigadores que trabajan con esta información identifican como ‘libros abiertos’ los mensajes que se enviaron desde los números celulares y ahora esperan la confirmación de los propietarios de los números a donde fueron enviados estos mensajes.

La Fiscalía solicitó a todas las empresas de telecomunicaciones informes sobre el ‘tráfico’ de las llamadas que hubo de los números que utilizaron los ahora investigados, detalles que de momento se conocen de cuatro sospechosos. Los teléfonos fueron los primeros en ser examinados por los investigadores y se espera un informe final hasta el lunes.

Entre tanto, ayer se conoció un pedido fiscal emitido por Marcelo Sosa, en el que se ordena y se fija un plazo de 48 horas a Saguapac para que entregue la lista de los funcionarios que conforman la asamblea de esta cooperativa. El documento fue recibido por la cooperativa ayer a las 10:45 y desde la institución se señaló que se cumplirá con lo solicitado por el fiscal.

Los cívicos se declaran en emergencia

El directorio del Comité pro Santa Cruz resolvió anoche declararse en estado de alerta y movilización permanente, tanto en la ciudad como en las provincias, para hacer respetar los derechos de las personas que son perseguidas por el Gobierno Nacional.

Para concretar las movilizaciones, las instituciones afiliadas al Comité Cívico deberán organizarse por su cuenta. En caso de que el Gobierno persista en las detenciones ilegales se convocará de forma inmediata a una Asamblea de la Cruceñidad, a fin de adoptar acciones que permitan la restitución de los derechos vulnerados.

Los cívicos de la región también conformaron la Comisión de Defensa de la Institucionalidad Cruceña.

  Más detalles  

Apoyo. Durante la reunión del Mercosur en Paraguay, los gobiernos que son parte de este bloque de países sudamericanos señalaron su respaldo a las políticas en contra del terrorismo en nuestro país. Al evento asistió en representación de Bolivia el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Reacción. Dos ex comandantes de las FFAA, Alvin Anaya Kipes y Jorge Zavala Osio, señalaron que el Gobierno alienta la división entre los bolivianos. Manifestaron que el presidente Evo Morales genera actitudes separatistas y xenofóbicas con sus declaraciones agresivas.