Visita. Para el delegado de DDHH, se está violando el estado de derecho de los ciudadanos. Racicot escuchó ayer a la dirigencia cívica cruceña, que expuso los casos ocurridos durante la gestión del presidente Evo Morales.
Encuentro. Denis Racicot (izquierda) se entrevistó ayer, por primera vez, con la dirigencia del Comité pro Santa Cruz.
Christian Peña y Lillo H. | El Deber
Naciones Unidas, preocupada por debilidad de la justicia
El alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, afirmó ayer que una de las preocupaciones de esta entidad está centrada en el debilitamiento del Poder Judicial en el país, porque está afectando el estado de derecho de los ciudadanos. La posición fijada por el representante de la ONU, durante una reunión que sostuvo ayer por la tarde con la directiva del Comité pro Santa Cruz, fue cuestionada por el diputado oficialista Gustavo Torrico porque, en su criterio, responde a una línea internacional contra el Gobierno.
A juicio de Racicot, los actores políticos bolivianos deben buscar el consenso para elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y cubrir las acefalías en la Corte Suprema porque es una de las formas de restituir el estado de derecho de los ciudadanos.
“Estamos preocupados por la ausencia de las autoridades judiciales. Estas instituciones son muy importantes para garantizar la rectitud y el equilibrio de la magistratura en Bolivia”, precisó Racicot ayer, al finalizar su encuentro con la dirigencia cívica cruceña, que expuso, por más de dos horas, los casos ocurridos durante la gestión del presidente Evo Morales, los cuales consideran como atentatorios al estado de derecho y a los derechos humanos.
Consultado sobre el tema, el diputado masista Gustavo Torrico reconoció que el Congreso se ‘aplazó’ por no designar a las autoridades judiciales, pero cuestionó a Racicot, que también expresó su preocupación por la demora en la instalación de un juicio justo a los acusados por los hechos de Porvenir, por los cuales se encuentra detenido hace casi nueve meses el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
“Respeto su opinión, pero hubiera sido bueno que también se reúna con las víctimas de Porvenir. Él no conoce la historia de caciquismo que ha vivido Bolivia”, precisó el parlamentario oficialista.
Dijo que el representante de las NNUU en Bolivia sigue la línea de esa organización internacional, que concedió, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur), “asilo político a los masacradores de Pando”, en referencia a los 118 pandinos que huyeron a Brasil de la persecución gubernamental.
“Estamos monitoreando la situación legal del proceso en Pando. Si hay un juicio, debe ser justo y que se respeten los derechos de los imputados y de las víctimas. En igualdad de ‘armas’ deben defenderse y que se conozca la verdad jurídica de lo ocurrido”, precisó el delegado internacional.
A su vez, el presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, calificó como positivo el encuentro que tuvo con el representante de Naciones Unidas. “Le hicimos conocer que no hay justicia en Bolivia”, aseguró el dirigente y anunció que a partir de ahora tendrá un nuevo relacionamiento con esta comisión de las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, creada en el ente cívico.
Sobre este aspecto, Racicot aclaró que todas las instituciones y personas civiles tienen la misma oportunidad para hacer conocer sus denuncias. El delegado se reunirá hoy por la tarde con representantes de organizaciones sociales cruceñas y mañana viajará a Chuquisaca, para tener encuentros con autoridades y representantes de este departamento.
La visita de Racicot se produjo en vísperas del segundo mes del operativo policial en el hotel Las Américas, en el que cuatro ciudadanos de origen extranjero resultaron muertos a balazos acusados de formar parte de una célula terrorista.
Los dirigentes cívicos expusieron el problema, mientras que en La Paz, el fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, dijo que están buscando a un teniente de Ejército, un paraguayo y un súbdito español que son sindicados como los proveedores de armas y explosivos del presunto grupo terrorista. El uniformado no se presentó a declarar el viernes, pero trasladaron su presencia para ayer y tampoco obedeció el pedido judicial.
Cuestiona la justicia comunitaria
La justicia comunitaria, tal y como fue utilizada contra el dirigente indígena y funcionario de la Prefectura de Beni, Marcial Fabricano, es una acción que atenta contra los derechos humanos.
Ése fue el criterio que emitió ayer el alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, cuando fue consultado sobre el tema.
El funcionario de NNUU no se reunió con Maday Fabricano, hija del malogrado dirigente, que acudió ayer al Comité Cívico para intentar un encuentro con él.
Sin embargo, Racicot planteó la necesidad de generar discusión en el país sobre las formas de sanción que se contemplan en las normas jurídicas y en la justicia comunitaria, establecida en la nueva Constitución Política del Estado.
Maday Fabricano, que estuvo acompañada por su primo Yousy Fabricano, contó que su papá todavía sufre las secuelas de la tortura que le impuso un grupo de campesinos en una comunidad de Beni, donde fue azotado y acusado como traidor al movimiento indígena.
“Queremos entrevistarnos con esta persona (por el señor Racicot) para hacerle conocer todo lo que le pasó a mi padre. Le pediremos que se convierta en un vigilante en el proceso judicial que le iniciamos a los causantes de la tortura contra mi papá”, precisó Maday.
De acuerdo con la hija de Fabricano, estas personas no pudieron ser citadas por la Fiscalía, razón por la cual se tuvo que hacer un edicto para que presten sus declaraciones. Se sabe que la mayoría de los que ya se presentaron se acogieron al silencio.
Los informes
– Constitución. Se denuncia que el tema de la autonomía fue tratado de manera marginal por la Asamblea Constituyente y que no se respetó la decisión de cuatro departamentos (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) que votaron a favor de esta nueva forma de administración política. Califican como fraude la forma de aprobación del texto constitucional y aseguran que se violaron las libertades y los derechos humanos.
– Pando. Como parte de lo que señalan como la represión del Gobierno en contra de los cívicos, hacen un detalle de lo ocurrido en la localidad de Porvenir, Pando, donde hubo un enfrentamiento que terminó con la vida de varias personas. Aquí también se hace un acápite a la situación de los bolivianos que consiguieron refugió en Brasil.
– Ataques. Ponen como un ejemplo de los ataques políticos lo ocurrido en contra de la familia y los bienes del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, en marzo pasado.
Evo pide a los militares evitar el terrorismo
El presidente Evo Morales pidió ayer a las Fuerzas Armadas desterrar el ‘terrorismo’ y trabajar por la unidad del país, en coordinación con los sectores sociales y movimientos campesinos que apoyan el proceso de cambio.
“Lamentamos que algunos grupos nacionales y extranjeros estaban planificando la división de Bolivia; hago un llamado a los comandantes que es obligación de ustedes defender la unidad de la patria, el territorio nacional. Si no se defiende la unidad territorial, no habría razón de existir de las FFAA”, dijo Morales en el Regimiento Ranger, ubicado en Montero.
Por su lado, los diputados que conforman la comisión especial que investiga el caso terrorismo esperan los informes de distintas entidades para definir la lista de los nuevos convocados a declarar, coincidieron en afirmar los diputados César Navarro y Bernardo Montenegro.