La Corte Suprema de Justicia debe definir el conflicto de competencia. Expidieron citaciones contra 32 cruceños. No habrá arrestos. Se calcula que las actuaciones de la Fiscalía estarán paralizadas por un mes.
Ayer: el fiscal Soza deja sus oficinas después de esperar al presidente de Fegasacruz, Guido Nayar
La Prensa
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Las cortes distritales de Justicia de La Paz y Santa Cruz no podrán emitir mandamientos, órdenes y citaciones en el caso de supuesto terrorismo mientras no se resuelva la inhibitoria.
La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, explicó que se trata de un conflicto de competencias que debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, es decir, que esta instancia debe definir si el juzgado de la capital cruceña o de la Sede del Gobierno tomará competencia plena sobre el proceso contra el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic, presuntos separatistas.
Estas dos personas fueron detenidas el 16 de abril en un operativo policial en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, en cuya oportunidad fueron abatidos a tiros el posible líder del grupo irregular, el boliviano-croata húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Micheal Dwyer y el rumano Árpád Magyarosi.
El Código de Procedimiento Civil en su artículo 19 dice que “durante la contienda y desde que el juez o tribunal requerido recibiere el oficio pidiendo su inhibitoria, ambos jueces o tribunales deberán abstenerse de todo procedimiento sobre lo principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar perjuicio irreparable”.
Un Juez de la Corte de La Paz, quien pidió su identidad en reserva, explicó que, en tanto no se resuelva este recurso, la Fiscalía no podrá realizar allanamientos, aprehensiones o citar para declaraciones, toda vez que para estas actuaciones debe ser el juez de la causa quien debe emitir la autorización, excepto disposiciones urgentes, como por ejemplo, si uno de los detenidos necesitase una orden de traslado a un centro médico por motivos de salud.
La inhibitoria surgió por una solicitud del ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; el presidente de la Federación de Empresarios Privados cruceños, Pedro Yovhío; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar; el representante de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Ruf Mulker, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Wálter Mauricio Roca, quienes fueron involucrados en el caso de supuesto terrorismo.
Este pedido lo hicieron al juez Octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Hernando Tapia, quien en un memorial del 30 de mayo pide a la juez de La Paz Marcela Siles “se inhiba de seguir conociendo dicha causa”, porque el caso corresponde ser investigado en la jurisdicción cruceña, donde se produjeron los supuestos atentados.
El despacho de Siles remitió los obrados a la juez Yañíquez el 4 de junio, porque había retomado competencia. Sin embargo, esta administradora de justicia explicó que en el tiempo establecido remitió la resolución a la central de notificaciones de la Corte Superior, y ahora corresponde notificar a las partes y al juez Tapia.
Posterior a este trámite, que se calcula que tarde unos 15 días, los obrados serán remitidos a la Corte Suprema en Sucre y una Sala Plena definirá la competencia en un plazo de cinco a 15 días, tal como establece el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil.
Marcelo Soza, el fiscal de La Paz que investiga el caso, pidió el lunes a la juez Yañíquez una orden para publicar edictos contra los prófugos de la justicia Alejandro Melgar Pereira, Hugo Achá y Juan Carlos Velarde Roca, para que se presenten a declarar sobre el caso terrorismo, en el Ministerio Público; sin embargo, esto también quedaría paralizado hasta que se pronuncie la Corte Suprema.
Guido Nayar pide suspensión de su declaración
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y ex ministro de Gobierno, Guido Nayar, pidió la suspensión de su declaración en la Fiscalía sobre el caso de supuesto terrorismo.
El empresario debió presentarse a las 10.00 de ayer en La Paz ante el fiscal Marcelo Soza para un interrogatorio, pero envió un memorial en el que manifiesta que existe una inhibitoria para que el proceso se siga en la jurisdicción de Santa Cruz.
Soza, sin embargo, consideró esta excusa como “una estrategia de obstaculización a la investigación, porque ya estaba notificado hace una semana atrás”.
Nayar fue involucrado por testigos como quien apoyó a la presunta célula separatista liderada por Eduardo Rózsa. El 1 de junio se presentó en el Ministerio Público de La Paz para responder además por una fotografía en la que se observa a Rózsa ante una computadora en el stand de Fegasacruz en la Feria Exposición cruceña (Fexpocruz). En esa oportunidad, el empresario negó todo vínculo con el caso de terrorismo.
La Fiscalía lo convocó nuevamente porque conoció que también era parte del Directorio de la Fexpocruz, donde el 16 de abril se secuestraron armas y elementos explosivos del grupo irregular.
Soza evalúa si pide un mandamiento de aprehensión para Nayar o si establece una nueva audiencia, aunque esto quedaría paralizado hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el conflicto de competencias.
Investigación de la comisión
A las 09.00 de hoy se reúne la comisión parlamentaria que investiga el caso terrorismo.
Los diputados deberán definir si la comisión continúa o no con la investigación.
En caso de continuar, faltará averiguar sobre los financiadores de la presunta milicia.
El caso Rózsa pasará a la Corte Suprema
Investigación. Expidieron citaciones contra 32 cruceños. No habrá arrestos
Organización. Las armas encontradas en el stand de Cotas han hecho que la Fiscalía convoque al directorio de la Fexpo
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
Las acciones judiciales del caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz quedaron en suspenso luego que la jueza Betty Yaníquez ayer se declaró competente para conocer el proceso y remitió el mismo a la Corte Superior de Distrito de La Paz, que a su vez debe enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia que será la instancia que defina si es Santa Cruz o La Paz la que debe procesar el denominado caso Rózsa. El problema surgió porque tanto Yaníquez (La Paz) como el juez Luis Tapia Pachi (Santa Cruz), se declararon competentes para tramitar el juicio.
Yañíquez explicó que este hecho paraliza las acciones judiciales del caso pues ayer el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Nayar, no se presentó a declarar y el fiscal que investiga el hecho, Marcelo Soza, informó de que la negativa para declarar le fue comunicada el lunes en la tarde.
El 29 de mayo, el juez octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Luis Tapia, envió una resolución judicial en la que solicitaba la documentación del proceso que investiga el Ministerio Público. Soza se negó a entregarlo porque asegura que Tapia sólo está a cargo del atentado contra la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, y que ese hecho no está conectado con el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas. Añadió que fue el Gobierno el que relacionó a Rózsa y su presunto grupo terrorista con los atentados contra las casas del Cardenal, de Saúl Ávalos y la radio del senador masista Guido Guardia.
Yaníquez cree que la Suprema tardará unos 20 días en procesar el caso. Hasta entonces, las acciones judiciales quedan paralizadas aunque el fiscal puede seguir con las investigaciones. Sus acciones están limitadas a la investigación, ya que Soza no podrá realizar allanamientos ni detener a nadie porque no hay juez para procesar una audiencia cautelar.
Los edictos presentados por el fiscal Soza el lunes tampoco podrán ser publicados, porque esa convocatoria requiere de una orden judicial.
Ayer debía presentarse a declarar Guido Nayar Parada, pero su defensa presentó un memorial recordando esta inhibitoria y no habrá declaración. El Fiscal preparaba un “pronunciamiento oficial” sobre el memorial de Nayar pero dijo que el ejecutivo intenta “obstaculizar el proceso” porque fue notificado con una semana de anticipación.
Pero no es el único caso, otros cuatro ejecutivos de Fegasacruz (Alberto Vásquez, Raúl Áñez, Nancy Cruz y Marbel Villarroel) que debían presentarse el lunes, no acudieron a la convocatoria y uno de ellos hizo llegar un memorial con el mismo argumento de Nayar. De ese modo las investigaciones pueden quedar paralizadas, ya que los convocados se niegan a acudir a la Fiscalía de La Paz.
Nayar dijo que no se presentará a declarar hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el conflicto de competencias. El ex ministro de Gobierno de Hugo Banzer exige que el caso terrorismo pase a jurisdicción de ese departamento, puesto que los sucesos vinculados con el grupo irregular de Rózsa ocurrieron en Santa Cruz, y piden que el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz vea el caso, al igual que la Fiscalía de Distrito.
Eso no disuadió a Soza, que hizo conocer una lista de otras 32 personas convocadas a declarar (ver recuadro), quienes deben presentarse la siguiente semana. Soza afirmó que estas personas corresponden al directorio de la Fexpo.
Diputados, en disputa por el caso
Los diputados que conforman la comisión especial que investiga el caso de supuesto terrorismo se reunirán desde las 9:00, en medio de una disputa política que llevó a acusaciones mutuas y con la propuesta inicial de su presidente, César Navarro (MAS), de cerrar la comisión con un informe que sea presentado al pleno.
Este anuncio ocasionó la respuesta de los opositores que desafiaron a Navarro a cerrar la comisión y reiteraron que ellos propondrán otra comisión en el Senado –controlada por la oposición- para continuar con la investigación.
El centro de la disputa es la filtración de documentos a los medios de comunicación, algo que Navarro rechazó; pero sus colegas opositores, como la diputada Marisol Abán (MNR) y el vicepresidente de esta instancia, Bernardo Montenegro (Podemos) ratificaron.
Ayer Navarro dijo que en al menos tres oportunidades los diputados opositores entregaron imágenes de video o documentos a los medios y luego lo acusaron de ser responsable de ese hecho, “debemos definir si queremos un trabajo institucional o político”, señaló.
La comisión debe definir la convocatoria de al menos cuatro autoridades nacionales: los ministros de Gobierno y Defensa, Alfredo Rada y Walker San Miguel, respectivamente; del comandante nacional de la Policía, general Víctor Escobar, y del jefe nacional de Inteligencia de la Policía. Además deberá definir la ampliación de las investigaciones a otras cuatro regiones: Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca.
Citados
Mauricio Roca
Edilberto Osinaga Rosado
Daniel Velasco Oyola
Federico Stelzer Castedo
Álvaro Justiniano Pereira
Miguel Ángel Antelo
Gabriel Dabdoub Álvarez
Zvonko Matkovic Fleig
Jorge Agnes Castano
Katia Vaca Díez Jiménez
Piedades Roca de Espinoza
Julio Roda Mata
Reynaldo Díaz Salek
Guido Nayar Parada
Freddy Suárez Antelo
Jaime Suárez Méndez
Ricardo Antelo Parada
María Teresa Suárez Achaval
Marco Antonio Herrera Sánchez
Claudia Cecilia Antelo Justiniano
Wilfredo Napoleón Rodríguez Salas
José Hurtado
Lía Marcia Mamani Choque
Darlin Satonaka Husipales
Yubinka Morales Rivero
Carolina Peña Marzana
Víctor Hugo Suárez Castedo
Roberto Justiniano Áñez
Luis Oswaldo Núñez Suárez
María Antonia Paniagua Alpire
María Alejandra Ulloa Moreno
Amenazas
– César Navarro pretende acusar ante la Comisión de Ética de la Cámara de Baja a sus colegas opositores Bernardo Montenegro (Podemos), Marisol Abán (MNR) y Pablo Banegas (Podemos) por supuesta filtración de documentos.
