La medida apuntaba a que los hechos de Pando sean una contravención.Técnico sugirió que “hagan aparecer” facturas. Surgieron 114 propietarios.
Dirigente: Jesús Chambi presta declaraciones ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en la ciudad de La Paz
La Prensa
El dirigente Jesús Chambi dijo que los comerciantes no amenazaron con usar la fuerza por los camiones. La Aduana abrió un juicio contra los 114 propietarios de la mercadería contenida en los 33 camiones.
Fue un técnico de la Aduana Nacional quien sugirió a los comerciantes de Pando que “hagan aparecer” facturas para que la mercadería contenida en 33 camiones no sea considerada como contrabando, sino como una contravención aduanera. Así lo revela el dirigente de los propietarios de esa carga, Jesús Chambi Mamani.
Durante largos años, los comerciantes de Pando se dieron modos, apoyo político mediante, para llevar sus mercancías desde la Zona Franca de Iquique hasta Puerto Montevideo, en la abandonada frontera boliviano-brasileña, adonde ciudadanos del vecino país llegaban para adquirir electrodomésticos, televisores, teléfonos celulares, computadoras, ropa y otros objetos a precios bajos.
Un incendio acabó con Montevideo y a unos cientos de metros se edificó Puerto Evo, hacia donde siguieron fluyendo las caravanas de camiones.
La avenida Teniente Coronel Enrique Fernández Cornejo no sólo sirve para rendir homenaje a la memoria del fundador de la ciudad de Bahía, hoy Cobija, el 9 de febrero de 1906, sino para que se establezcan algunos de los más importantes locales comerciales de la capital pandina.
Allí, a una cuadra y media de la plaza Germán Busch, la principal de esa ciudad, se halla la nueva tienda de Chambi, que fue inaugurada el martes de ch’alla con bombos y platillos.
Presidente de la Organización Territorial de Base de Puerto Evo Morales y secretario general, con licencia indefinida, de la Cámara de Industria y Comercio de Pando, que agrupa a los empresarios y no a los vendedores minoristas, este orureño es el centro del problema.
A fines de mayo pasado, en una de las visitas del presidente Evo Morales a Cobija, Chambi lo interceptó en las puertas de la Alcaldía. “En plena plaza conversé con él. Le dije que nos ayudara a resolver nuestro problema. Inclusive me acerqué a su vagoneta y seguimos hablando”.
Los hechos
Mientras Chambi dialogaba con el Jefe de Estado, un convoy de 33 camiones avanzaba desde Iquique a Cobija, cuya área urbana es zona franca.
El 26 de julio, los motorizados fueron detenidos en la tranca del kilómetro 19, cerca de Cobija, y un día más tarde el cargamento fue detenido en Santa Rosa del Abuná. Pese a toda la evidencia en sentido contrario, Chambi aseguró a La Prensa que la madrugada del sábado 23 de agosto no había un solo militar en ese retén de control.
“Yo quisiera que usted hubiera visto cómo era el control en ese lugar. Eran unas tablas que de una patada se hacen a un lado. Ahora, por lo menos, hay unos caballetes de madera más altos”.
Desmintió, en consecuencia, que hubiera indicado al subteniente Christian Deheza que tenía autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para atravesar ese puesto.
Y en una reunión sostenida en La Paz , en octubre de 2008, entre los dirigentes de los “impor-expor”, como se conoce a orillas del río Acre a los comerciantes, y personal jerárquico de la Aduana, uno de los técnicos del organismo recaudador sugirió que para evitar que el caso sea etiquetado como “contrabando”, se amplíe el número de propietarios de la mercadería para que se trate de una “contravención aduanera”.
Así lo hicieron y 114 personas aparecieron como dueñas del contenido de los 33 camiones en cuestión. Todos aparecen en el proceso judicial.
“En esa misma reunión garantizamos que los funcionarios de la Aduana podrían hacer el aforo de la mercadería en Santa Rosa del Abuná”.
Aunque no oculta su molestia porque los técnicos aduaneros sobrevaluaron la carga, indicó que a fines de 2008 más del 60 por ciento de los comerciantes pagó los tributos omitidos. Consultado en torno a la cuantía de éstos, dijo que fluctuaron entre 44.000 y 100.000 bolivianos.
Reiteró que no son contrabandistas, aunque en años pasados “los importadores estuvimos obligados a prestar apoyo político a los gobiernos de turno para trabajar”.
Los dueños de los productos enfrentan un juicio penal abierto por la Aduana, en el que oficialmente Chambi no fue imputado, pero figura entre los procesados. “Siempre he dado la cara por mi pueblo y por Pando. Nunca he tratado de esconderme”.
“He presentado documentación de respaldo en sentido de que en el pasado trabajamos como quisimos hacerlo ahora, pero el actual Gobierno puso fin al apoyo político con el que en el pasado habíamos trabajado”.
Chambi reveló que desde el “descubrimiento de los 33 camiones” ya no fue posible transitar libremente, desde cuando pagan impuestos por las importaciones que realizan. “Por eso siempre hemos dicho que no somos contrabandistas”.
“Estamos en una contravención aduanera, el pueblo no se va a retractar, vamos a pagar nuestros tributos omitidos al Estado. Siempre hemos planteado eso. En mis declaraciones ante la comisión parlamentaria he ido a ofrecer la conciliación para pagar los tributos omitidos”.
Si se considera que contrabandistas son aquellas personas que internan mercaderías a un país sin pagar los aranceles dispuestos por ley, Chambi confiesa que lo fueron durante años, pero responsabiliza de esta situación a la ausencia de Estado. “En el pasado hemos trabajado libremente. Si el Estado hubiera intervenido, habríamos pagado, aquí hay una falta del Estado”.
Denunció que al conocerse el caso recibieron “todo tipo de ofrecimientos de los políticos opositores, nos garantizaron que esto acabaría con un beneficio social para el pueblo, Lamentablemente, no nos han hecho llegar ni una fotocopia de los informes finales de la comisión” investigadora de Diputados.
Fin del juicio
Se dibuja una expresión de alivio en el rostro de Chambi al decir que “he escuchado que se ha levantado el proceso de contrabando gracias a la Ley Financial. Así, todos pagaremos nuestros impuestos”.
“Si antes nos hubieran cobrado habríamos pagado, pero había autoridades que nos permitieron el paso. No sé si ese hecho habrá tenido precio, porque antes no era dirigente sindical. No soy militante ni dirigente del partido de Gobierno, pero éste ha puesto final a la situación irregular”.
“Yo tenía un camión pequeño de apenas 60 quintales, con un valor de unos 12 mil bolivianos. La carga estaba repartida entre tres personas. Como se recordará, de los 33 camiones había cuatro o cinco en contravención aduanera, y yo estaba en esa situación, pagué mis sanciones. Lo que me ata al caso es el juicio planteado por la Aduana, que es indivisible. Yo ya estaría liberado, porque yo ya pagué mi multa”.
En efecto, la nueva Ley Financial ha elevado la cantidad de Unidades de Fomento a la Vivienda para establecer el nuevo límite entre contrabando y contravención.
“Cuando haya algún resultado positivo hacia la población, me comprometo ante todos a volver a La Paz para llevar los documentos para demostrar que ni Cobija ni la pequeña población nuestra, que apenas tiene dos años, es de contrabandistas”.
Una fuente de la Fiscalía pandina, donde nadie sabe nada del tema, informó, a condición de no revelar su identidad, que pese a haberse producido los hechos en 2008, el Presupuesto 2009 será aplicado y el proceso por contrabando, archivado.
Un círculo de difícil acceso
La Cámara de Industria y Comercio de Pando no es una entidad a la que cualquiera pueda acceder, revela un comerciante minorista de Cobija que dice sentir en carne propia la fuerza de los comerciantes en gran escala que acaparan la mercadería y la distribuyen.
Uno de los requisitos para ingresar a esa Cámara, de la que Chambi es dirigente en uso de una licencia, es depositar una boleta bancaria de garantía por 28.000 dólares por cada lote de importación, pero esta disposición es relativamente reciente, pues hasta hace un par de años se exigía dejar los títulos de propiedad de un bien inmueble.
El ex dirigente del sector, René Uchani, explicó que “los importadores muy poco ayudan a los comerciantes minoristas. Ellos importan y venden su mercadería al por mayor y al detalle”.
Por ello, lamentó que “el comerciante minorista no ha sido tomado en cuenta en los alcances de la Ley de Zona Franca. Si traemos productos del Brasil en pequeñas cantidades, valuadas en 100 o más reales, tenemos que pagar impuestos de importación, que equivale al 1,5 por ciento” para el caso de los enlatados, mientras que las verduras están exentas de todo tributo.
Cronología de los hechos
26 DE JULIO DE 2008: un convoy de 33 camiones es interceptado en la tranca del kilómetro 19, cerca a Cobija. El líder de la OTB de Puerto Evo, Jesús Chambi, informa al subteniente Christian Deheza, agente del COA, que cuenta con autorización del Ministro de la Presidencia para pasar el punto de control con la mercadería.
27 DE JULIO DE 2008: el subteniente Deheza informa del hecho al Comando Conjunto de Cobija. El Comando determina y ejecuta la detención de los camiones en Santa Rosa del Abuná.
28 DE JULIO DE 2008: la Presidencia de la Aduana ordena la detención preventiva de la mercadería y de los 33 camiones.
30 DE JULIO DE 2008: la Administración de la Aduana de Cobija presenta ante el fiscal de ese distrito, Eloy Aspetti, una querella por el delito de contrabando contra unas 50 personas. Se ve a los comerciantes en el Palacio de Gobierno.
31 DE JULIO DE 2008: los comerciantes se reúnen en La Paz con el ex presidente de la Aduana César López, en sus oficinas. Jesús Chambi pierde el control y amenaza con retomar los camiones por la fuerza. Por la tarde, López aseguró haber ordenado al Gerente Regional de La Paz que hiciera el aforo de las mercancías retenidas.
4 DE AGOSTO DE 2008: técnicos aduaneros llegan a Cobija a efectuar el aforo correspondiente, la valoración documental y física de la mercadería. Informan a la Aduana que no existe el “espacio ni las condiciones”, pero efectuaron la valoración.
20 DE AGOSTO DE 2008: César López afirma haber informado por escrito del tema al presidente Evo Morales.
21 DE AGOSTO DE 2008: López se entrevista con el Primer Mandatario y le expone el caso. Según la ex autoridad aduanera, Evo Morales le dijo después “haz lo que diga la ley”.
23 DE AGOSTO DE 2008: César López se reúne con el jefe del Comando Conjunto de Pando, Rafael Bandeira, para evaluar la situación en Santa Rosa de Abuná. El COA informa que más de un centenar de contrabandistas armados recuperaron los 33 camiones.
7 DE NOVIEMBRE DE 2008: César López es relevado como presidente de la Aduana Nacional.
7 DE MAYO DE 2009: el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados libera de responsabilidad a los ministros Juan Ramón Quintana, Luis Alberto Arce, Wálker San Miguel, así como al actual prefecto de Pando, Rafael Banderia, e imputa por incumplimiento de deberes y contrabando a César López, Christian Deheza; Luis Fernando Sánchez, gerente de la Aduana Regional La Paz, y Mario Vásquez, ex administrador de la Aduana de Cobija.
8 DE MAYO DE 2009: el fiscal Carlos Gonzales, que investigaba el caso en el Ministerio Público de Pando, renuncia irrevocablemente a sus funciones. Ese mismo día, el abogado Eloy Aspetti es removido de sus funciones y el chuquisaqueño Fedor Vassily Dorado Careaga asume la conducción de la Fiscalía pandina.
Problema
Desde el año pasado, las personas que fletaron los 33 camiones no pueden recuperarlos.
La mercadería llegó a Puerto Evo Morales, pero los vehículos están en la Aduana.
Los propietarios exigen la liberación de los motorizados, aunque nada pueden hacer.