Allanan oficina de un abogado por caso Rózsa

Investigación. El fiscal a cargo de la pesquisa está en Santa Cruz. Soza implica a tres policías en el asunto, dos son ex comandantes departamentales.

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Conferencia. El director de la Felcc, Cnl. Miguel Gonzales, y el fiscal Marcelo Soza (dcha.) hablaron del asunto ayer



El Deber

Gustavo Ondarza

Un grupo de policías al mando del fiscal Marcelo Soza, que indaga el supuesto caso de terrorismo en el país, allanó ayer la oficina del abogado Alejandro Brown en el edificio Milenio para decomisar tres computadoras y material escrito para ver si hay más evidencias de que el jurista tenía relación con el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, señalado como el líder del grupo irregular que fue desarticulado en esta ciudad el 16 de abril durante un operativo policial.

Soza, que llegó de La Paz para tal fin, adelantó que tiene previsto realizar inspecciones y posiblemente otros allanamientos a sitios que hubiera utilizado Rózsa para preparar acciones paramilitares.

Brown aparece en una serie de fotografías junto al líder y también con otros miembros del grupo, en lo que parece ser una reunión social.

El nombre del abogado surgió a raíz de las investigaciones que hace Soza y después de haber ‘desclasificado’ las computadoras que se le decomisaron a Rozsa, y porque tiene relación de amistad con el también abogado Alejandro Gelafio Santistevan, recientemente detenido por su vinculación al grupo de Rózsa.

Además, según el fiscal a cargo de la investigación, descubrieron que Brown tenía ‘conversaciones’ vía ‘chat ‘con el boliviano-húngaro-croata, en el que hablaban sobre negocios de compra de armas de fuego.

En ese sentido, confirmó el mandamiento de aprehensión contra dicha persona de quien no se sabe su paradero, pese a las averiguaciones.

Brown surgió a la palestra pública en junio del año pasado, cuando se presentó como el defensor de un grupo de militantes de la Unión Juvenil Cruceñista que fue detenido por la Policía después de haber tomado por la fuerza el retén de la carretera a Warnes, como una medida de protesta contra el Gobierno central.

El ex presidente de esa institución David Sejas reconoció la relación, pero aseguró no saber nada de él.

Por otra parte, el juez VIII de Instrucción en lo Penal, Luis Tapia Pachi, criticó la actuación del fiscal Soza, pues el caso de supuesto terrorismo está en conflicto jurisdiccional porque su autoridad y la jueza Betty Yañiquez, de La Paz, han reclamado tuición para atender el asunto judicial.

En ese sentido, la situación debe ser dilucidada por la Corte Suprema, que ya recibió el reclamo, y mientras sucede ello se debe paralizar cualquier acción jurídica.

Soza refutó la versión, apelando al art. 19 del Código de Procedimiento Penal, diciendo que el mismo le faculta seguir con su trabajo de investigación.

Sobre otras citaciones, el fiscal no descartó emitirlas, aunque no especificó a quiénes; eso sí, confirmó que Guido Nayar, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, debe volver a presentarse el 30 de junio en La Paz.

Hasta la fecha hay tres detenidos y seis imputados por el caso, que forman parte de 128 personas entre declarantes, testigos y aprehendidos.

Fiscal implica a tres policías en el asunto

Al menos dos ex comandantes departamentales de la Policía fueron involucrados en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. El jueves, cuando se realizaba la audiencia cautelar en contra de Alejandro Santistevan, la Fiscalía mostró los manuscritos de Eduardo Rózsa, en los que figuran los nombres de los uniformados que están en la reserva.

En los manuscritos se lee el nombre del Cnl. Wilfredo Torrico, que fue jefe de Diprove en Santa Cruz en 2003, y otros dos: Freddy Torrico,  que ya tiene causas en el Tribunal Constitucional, y otro que figura como Coco Torres.

El comandante de la Policía, Gral. Víctor Escobar, dijo desconocer sobre los uniformados vinculados a Rózsa, pero que están “dispuestos a colaborar”. /MCh