El Gobierno los considera sospechosos de la matanza de Porvenir que dejó 11 campesinos muertos por impactos de bala, y presenta reclamo.
Indagación: la ex líder cívica de Pando Ana María Melena (derecha) con otros dos refugiados en Brasilea, en septiembre de 2008
Brasil refugia a 118 implicados en la masacre de Porvenir
EL GOBIERNO NO TIENE INFORMACIÓN OFICIAL AL RESPECTO
La Prensa
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El Cónsul de Bolivia en Brasilea dijo que pedirá información a las autoridades brasileñas.
El Gobierno de Brasil concedió refugio político a 118 pandinos supuestamente implicados en la masacre de Porvenir, del 11 de septiembre de 2008, que dejó al menos 11 campesinos muertos por impactos de bala. El Gobierno de Bolivia no emitió comentarios porque no recibió la información oficial.
El cónsul de Bolivia en Brasilea (ciudad brasileña ubicada al frente de Cobija), José Luis Méndez, proporcionó ayer esta información a La Prensa y anunció que el lunes iniciará “las consultas de rigor” con las autoridades de Brasil para obtener la versión oficial y la nómina de las personas beneficiadas con esa medida.
El diplomático se enteró de esa decisión a través de las publicaciones de los diarios brasileños de este viernes y sábado.
“Es un trámite —explicó Méndez— iniciado mediante Acnur (Programa de las Naciones Unidas para los Refugiados) por los que se denominaban refugiados bolivianos, que estaban viviendo, desde el año pasado, en Brasilea o Epitacelandia luego de dejar Bolivia porque supuestamente eran requeridos por las autoridades por las acciones de violencia de septiembre”.
Acnur hizo la representación, a nombre de los connacionales, ante el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, instancia que aceptó el pedido porque consideró que hay el “riesgo de persecución política” en contra de los solicitantes.
De acuerdo con medios digitales del vecino país, la fuente de esa información es el ministro de Justicia, Tarso Genro, importante dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), quien habría defendido la otorgación a los bolivianos del estatus de refugiados políticos bajo el argumento de que se trata de “personas del pueblo, trabajadores, comerciantes. No hay interés por parte nuestra si los conflictos los colocan en la izquierda o en la derecha”.
Según El Deber, Carlos Suzuki, esposo de Ana Melena, dijo que la ex dirigente cívica es una de las beneficiarias con el refugio, pero evitó hacer comentarios pues las autoridades brasileñas le advirtieron de que, desde ese momento, ya no podía hacer declaraciones políticas.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseguró que el Gobierno no tiene información oficial sobre este asunto.
Sobre los refugiados
La Prensa no pudo contactarse con Melena y el vicepresidente de esa institución, Ricardo Shimokawa, para conseguir sus versiones al respecto.
Según la Red Erbol, Shimokawa consiguió trabajo en el lado brasileño como ingeniero forestal. Pero otros refugiados no tuvieron tanta fortuna y se dedican incluso al comercio informal para poder subsistir.
Este medio tampoco pudo contactar a un representante de la Embajada de Brasil en La Paz.
Desde septiembre del año pasado dejaron el departamento de Pando decenas de supuestos cívicos y ex empleados prefecturales que temían las represalias del Gobierno. Méndez comentó que la situación de algunos de ellos debe ser aclarada todavía, pues cruzan la frontera para ingresar hacia Bolivia o permanecen en el país algunas semanas y luego vuelven a Brasilea o Epitacelandia.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en julio de 1951, establece mecanismos de protección a favor de personas que demuestran ser víctimas de persecución política, religiosa y racial.
Pero el asilo no podrá ser otorgado a quienes hubiesen “cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos…”.
La masacre de Porvenir
El 11 de septiembre del año pasado, en el sector denominado Cuatro Cañadas, próximo al municipio de Porvenir, grupos cívicos y miembros de la Prefectura de Pando cercaron una caravana de campesinos afines al MAS.
En esa acción perdieron la vida al menos 11 trabajadores del agro por impacto de bala, además del funcionario prefectural Pedro Oshiro.
Ese día fueron aprehendidos por los cívicos 15 campesinos, quienes fueron golpeados y entregados a la Policía de Cobija. Horas después, un fiscal de esa capital los imputó por las acciones de violencia del 11 de septiembre y un juez los envió a la cárcel de Villa Busch.
El 5 de junio, la Fiscalía de Pando decidió liberar de culpa a los 15 comunarios porque no cometieron ningún delito.
Como consecuencia de la muerte de los campesinos, el 16 de septiembre fue detenido el ahora ex prefecto pandino Leopoldo Fernández (Podemos), quien desde ese mes guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz. Méndez recordó que Brasilia dio refugio a la ex cívica Ana Melena; al vicepresidente de esa institución, Shimokawa, y a otras dos personas “cuyos nombres no recuerdo en este momento”. Pero es novedad que “haya 118 refugiados”.
En mayo de este año, el Gobierno peruano otorgó refugio a los ex ministros de Participación Popular Mirtha Quevedo y de Salud Javier Torres, y asilo al de Desarrollo Económico Jorge Torres, miembros del gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).
Todos estos ex funcionarios de Estado afrontan un juicio por la muerte de por lo menos 67 personas durante la represión militar de septiembre y octubre de 2003 en el altiplano y El Alto, que además dejó medio millar de heridos de bala.
La Paz pidió a Lima la suspensión de la medida y exigió la extradición de los ex ministros. Sin embargo, la administración de Alan García dijo que su país tomó una decisión soberana.
En 2007, Perú solicitó la suspensión del asilo otorgado al peruano Wálter Chávez, pero La Paz se negó. Chávez es acusado en su país de haber mantenido relaciones con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Pandinos no son “molestados”
El cónsul boliviano en Brasilea, José Luis Méndez, negó que los refugiados pandinos sean “molestados” por grupos de militares de Bolivia que cruzan la frontera vestidos de civil.
El diplomático hizo esa declaración para refutar las versiones difundidas por medios radiales de Pando que afirmaron esta semana que miembros de las Fuerzas Armadas e incluso de la Policía boliviana van a Brasilea y Epitacelandia para “amedrentar”, “vigilar” y “contabilizar” el número de pandinos que viven desde el año pasado en esas localidades fronterizas del vecino país.
Una de esas informaciones indica que por ese motivo las unidades militares brasileñas desplegaron —desde que se conoció la concesión del estatus de refugiados políticos para esos bolivianos— un cordón de seguridad en torno de los lugares donde residen los pandinos, con el propósito de impedir que sean “molestados”.
Méndez aseguró que una de sus funciones como Cónsul es la de mantener contactos regulares con las autoridades brasileñas, las que en “ningún momento” alertaron a ese representante de la presencia de militares, en ropa civil, en la zona.
Añadió que también mantiene comunicación constante con importantes cargos del Comando Amazónico, con asiento en Cobija, y con funcionarios de la Prefectura de Pando.
Reconoció que, en este momento, el Consulado puede hacer muy poco por los bolivianos que se refugiaron en Brasil, pues carece de recursos para ello. Pero señaló que organizaciones evangélicas, grupos civiles y hasta la Iglesia Católica brasileña proporcionaron asistencia humanitaria a los connacionales.
Su número aún está por determinarse, aunque las autoridades brasileñas, dijo Méndez, tal vez tengan una cifra basada en la cantidad de pedidos de refugios enviados a través de ACNUR.
Sobre el asilo
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados (Naciones Unidas), establece que se otorgará refugio a una persona “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, como consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
Bolivia concedió refugio político al peruano Wálter Chávez, acusado por las autoridades de su país de mantener vínculos con el subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En 2006, los paraguayos Blas Concepción Franco Aquino y Ángel Acosta Centurión recibieron refugio en Bolivia. En su país los acusaban de estar involucrados en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas.
El mes pasado, Lima otorgó asilo a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Todos ellos son procesados por el caso “octubre de 2003”.
Los datos
Según los reportes de la prensa de Brasil, hay 118 pandinos como refugiados políticos.
Entre esas personas se encuentran los cívicos Ana Melena y Ricardo Shimokawa.
Pero ambos habrían recibido el estatus de asilados políticos a fines del año pasado.
Otros detalles
El 11 de septiembre de 2008, al menos 11 campesinos murieron en Porvenir.
Entre las víctimas hubo también normalistas paceños que residían en Pando.
Los agrarios acusan a los cívicos y miembros de la Prefectura de haber disparado a quemarropa.
El 16 de septiembre fue arrestado el entonces prefecto Leopoldo Fernández (Podemos).
Desde ese mes guarda detención en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Decenas de cívicos huyeron a Brasil por temor a las represalias del Gobierno boliviano.
Brasil dio refugio a 118 desplazados de Pando
Matanza. El esposo de Ana Melena aseguró que la ex cívica pandina está entre los que se beneficiaron de la protección del Gobierno de Lula. La abogada de campesinos muertos plantea revertir la medida
Preocupación. La mayoría de los pandinos que tiene refugio vive en Epitaciolandia y Brasileia, a unos pasos de Cobija
Pablo Ortiz | El Deber
A casi nueve meses de la matanza en Porvenir, el Gobierno de Brasil decidió otorgar refugio político a 118 ciudadanos bolivianos que viven en las ciudades fronterizas de Brasileia y Epitaciolandia. Según la agencia Ansa, la decisión fue adoptada por el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) con el aval del ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, uno de los dirigentes más importantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Los bolivianos que recibieron el asilo son socorridos por la administración de Lula da Silva desde septiembre pasado y vivían en el coliseo de Brasileia.
El diario Estado do Sao Paulo informó de que los bolivianos se beneficiaron con el refugio política porque en Brasil consideran que sufren persecución política y carecen de garantías para que se les siga un proceso legal imparcial.
“Son personas del pueblo, trabajadores, comerciantes. No hay interés por parte nuestra si los conflictos los colocan en la izquierda o en la derecha», dijo el ministro Genro, citado por Estado do Sao Paulo.
Consultado al respecto, el esposo de Ana Melena, Carlos Suzuki, aseguró que la ex dirigente cívica es una de las beneficiarias con el refugio, pero evitó hacer comentarios porque las autoridades brasileñas le advirtieron que, a partir de ese momento, ya no puede realizar declaraciones políticas.
Más de 300 ciudadanos bolivianos cruzaron la frontera con Brasil por los puentes que unen Cobija con Brasileia y Epitaciolandia, el 16 de septiembre de 2008, luego de que el Ejército boliviano tomara prisionero al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
El 11 de septiembre, en la localidad de Porvenir, se produjo un enfrentamiento entre campesinos afines al Gobierno y partidarios autonomistas que provocó nueve muertos, siete campesinos y dos de los afines a Fernández. Un día después, el Gobierno dictó estado de sitio en el departamento amazónico y en la acción de retoma del aeropuerto de Cobija, que estaba ocupado por los autonomistas desde el 5 de septiembre, fallecieron un pastor evangélico y un policía militar, por impactos de bala.
Fernández se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, a la espera de un juicio ordinario, pese a que la Corte Suprema de Justicia indicó que le corresponde un juicio de responsabilidades y ordenó que sea trasladado a Sucre para ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión brasileña no ha agradado a las víctimas de septiembre. La abogada que representa a las familias de los siete campesinos fallecidos, Mary Carrasco, anunció que, a través de la cancillería boliviana, extremará recursos para revertir el refugio de los 118 bolivianos, ya que considera que están implicados en los enfrentamientos.
“Haremos llegar las partes más esenciales de la investigación penal, a objeto de que se revierta el refugio que han obtenido a base de mentiras, pero respetaremos los canales diplomáticos», acotó Carrasco.
La abogada comentó que “recibe con sorpresa el refugio a 118 bolivianos que huyeron de la región pandina de Cobija” tras los hechos de Porvenir y dejó en claro que no todos tienen relación con la denominada masacre de Porvenir.
“La información que proporcionaron esas personas a las autoridades brasileñas son puras mentiras y que el proceso que se lleva adelante en Bolivia no es una persecución política. A nombre de las víctimas del 11 de septiembre podemos asegurar que no vamos a desfallecer en la batalla penal contra los fugitivos que se convirtieron en refugiados que el Gobierno del Brasil”, dijo la abogada Carrasco.
Cómo se lo tramitó
– La solicitud de asilo podrá ser efectuada en cualquier delegación de la Policía Federal de Brasil, que se encuentran en puestos fronterizos y puertos.
– El extranjero que llega al territorio brasileño podrá expresar su voluntad de solicitar el reconocimiento del estatuto de refugiado a cualquier autoridad migratoria que se encuentra en la frontera.
– La autoridad a quien fue presentada la solicitud deberá atender al que pide el asilo y preparar los trámites de la declaración, que deberá incluir las circunstancias relativas a su ingreso con Brasil y los motivos que lo hicieron huir de su país de origen.
– El ingreso irregular en el territorio brasileño no constituye un impedimento para la solicitud de asilo ante las autoridades competentes.
– No se rechazará en la frontera a quien manifiesta su deseo de solicitar asilo.
– La autoridad competente tomará las declaraciones del solicitante, acto que marca el inicio del procedimiento.
– Además de las declaraciones prestadas si es necesario, con la ayuda de un traductor, el solicitante deberá llenar el formulario de reconocimiento de la condición de refugiado, la cual deberá incluir su identificación completa, profesión, grado de escolaridad y también el de los miembros de su grupo familiar, así como la narración de las circunstancias y acontecimientos en que se basa su solicitud, proporcionando las pruebas pertinentes, si las posee.
– Los trámites de la solicitud tienen que ser realizados por un funcionario calificado y en condiciones que aseguran el secreto de las informaciones.
Fuente: Acnur
Declararon inocentes a 15 campesinos
La Fiscalía de Cobija determinó el sobreseimiento de 15 campesinos acusados de homicidio, lesiones graves y tentativa de asesinato en los hechos del 11 de septiembre de 2008.
De acuerdo con el informe del fiscal de materia Fidel Ribera, la etapa de investigación se encuentra ‘superabundantemente vencida’ y “los elementos probatorios sobre la acusación no fueron presentados en la etapa de la investigación”.
El 12 de septiembre de 2008, el Ministerio Público por intermedio de los fiscales de Materia Mario Mariscal Miranda y la Patricia Tania Romero, presentó una imputación contra 15 campesinos bajo los delitos de homicidio.
Luego del enfrentamiento de Porvenir, los cívicos apresaron a 15 campesinos y los llevaron a las oficinas del Comité Cívico de Pando. Allí, bajo amenazas, los afines al Gobierno declararon que la movilización la había pagado el dirigente del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra, y que habían llegado hasta Porvenir con armas. Para evitar que éstos sean ajusticiados, la Fiscalía intervino y los trasladó a la cárcel de Villa Busch y por las denuncias, los imputó por asesinato.
Un juez cautelar los liberó el 14 de septiembre y pudieron volver a sus comunidades./ABI
