Últimos informes sobre inversiones en el territorio nacional dan cuenta de un descenso. La falta de seguridad jurídica está ahuyentando a los inversionistas extranjeros, lo que fue denunciado por empresas transnacionales que tienen intereses económicos en Bolivia.
Editorial El Diario
Por presiones sociales se les obligaría a dar nuevos tributos que disminuirían sus utilidades y, por otra, existe el temor de avasallamiento o tomas de empresas, para lo cual sectores sociales recurren incluso a la utilización de armas de fuego. Esta realidad que tiene que ser analizada por las autoridades, porque el interés por invertir en el país continuará en descenso y muchos inversores, tanto extranjeros como nacionales, buscarán otros países donde se les otorgue las garantías necesarias. En nuestro medio, gente afín o militante del partido de gobierno, amparándose en la nueva Constitución Política del Estado, comete abusos y recurre a la violencia, con el consentimiento de autoridades que desean conseguir réditos políticos y partidarios dentro del oficialista Movimiento Al Socialismo.
Varios problemas ahuyentan a los inversionistas foráneos y nativos, que dudan de las garantías que ofrece el Gobierno a sus actividades. Entre los motivos para esa falta de interés de los inversores está la permisividad del Ejecutivo, que nada hace para impedir que la gente salga a interrumpir el tránsito de vehículos y personas, casi a diario, como protestas y presiones sociales que originan grandes perjuicios. Pero lo peor son las tomas, apropiaciones y expropiaciones en el sector de la minería privada, donde muchas empresas fueron avasalladas por los comunarios, que se consideran propietarios de yacimientos, desconociendo el derecho de los dueños de las factorías que operan en el lugar.
Ahora los “originarios”, en cuyas comunidades existen recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minerales, exigen la elaboración y aprobación del ordenamiento jurídico que les permita cobrar impuestos o aranceles especiales y específicos a las empresas asentadas en el lugar con fines de explotación. Estas presiones, según los indígenas, están respaldadas por la nueva Constitución Política del Estado, caso contrario se opondrán a la explotación que realizan empresarios privados. Esta forma de actuar tiene la finalidad de amedrentar a los propietarios de las concesiones mineras y a las petroleras que operan en territorio boliviano, situación que puede crear conflictos incluso entre Estados, porque muchas de ellas responden a capitales europeos, norteamericanos, asiáticos, latinoamericanos y otros, que han hecho conocer sus preocupación y seguramente harán la representación que corresponde a las autoridades nacionales.
Los gobernantes deben reflexionar en que los inversionistas están abandonando el territorio boliviano porque no encuentran seguridad jurídica y por lo tanto no existen las garantías necesarias, que sí ofrecen otros estados. La falta de inversión con seguridad ocasionará problemas en el campo social y económico, sin descartarse el cierre de muchas empresas, con el consiguiente despido de trabajadores. Precisamente para evitar futuros conflictos, el Gobierno tiene que empezar a hacer prevalecer la ley y el principio de autoridad, porque es hora de frenar la toma y asalto de empresas y haciendas y sancionar a todos aquellos que ejercitan acciones que atemorizan a los empresarios que trabajan y quieren trabajar en territorio boliviano. Además deben saber los dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo que los nuevos impuestos y patentes deben ser refrendados por el Congreso Nacional, a no ser que existan disposiciones contrarias, como acostumbra emitir la actual administración gubernamental.
La falta de seguridad jurídica para las inversiones contribuye al descenso de las exportaciones, asunto que tiene que ser tomado en cuenta por el Ejecutivo, porque por informaciones del Banco Central se conoce que Bolivia exportó 700 mil barriles de petróleo a enero-mayo del año pasado, y en ese mismo tiempo del año en curso ni un barril vendió. Eso significa una caída del 100 por ciento, en cuanto a gas se refiere el país soportó un descenso del 25 por ciento, lo mismo que en la minería y otros rubros.
Bolivia está soportando un descenso de 402.8 millones a 216.2 millones de dólares, en relación con el año pasado, lo que significa una caída del 45 por ciento de la Inversión Extranjera Directa. Estas cifras constituyen el mejor indicador de lo que está pasando en el país, respecto a la captación y ejecución de inversiones en proyectos productivos. La razón de ello es, reiteramos, la falta de seguridad jurídica y garantías gubernamentales a las inversiones, tanto del exterior como las nacionales.