El juez deja en libertad con cargos a los jefes que tiraron el brazo del ‘sin papeles’

Valencia, España. Los hermanos Rovira, más conocidos como ‘Los Veneno’, arrojaron el brazo del boliviano Franns Rilles Melgar a un contendor. El fiscal pide prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000€.

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Los hermanos Rovira tras comparecer ante el juez. | Benito Pajares



Los hermanos Rovira han llegado a las 9.20 entre una nube de periodistas. ‘Los Veneno’ podrían enfrentarse a penas de entre 6 y 10 años de cárcel. La Inspección de Trabajo ha ratificado las ‘graves deficiencias’ en el horno.

Gema Peñalosa | Francisco Álvarez | Valencia

Los hermanos Rovira, más conocidos como ‘Los Veneno’, dormirán esta noche en casa. Los empresarios que arrojaron el brazo de Franns Rilles Melgar a un contendor han quedado en libertad con cargos. Ambos han declarado este jueves en calidad de imputados en el juzgado número 6 de Gandía.

A su llegada a las dependencias judiciales, en torno a las 9.20 horas, les ha abordado un nutrido grupo de periodistas al que han evitado entrando con celeridad. Tras varias horas en los juzgados, los dos hermanos han salido como entraron. Libres, aunque con cargos.

El juez no ha atendido la petición del fiscal, que había solicitado prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de riesgos laborales, lesiones consumadas y contratación ilegal.

La defensa, por su parte, niega los hechos. Aunque UGT mantiene que los imputados arrojaron el brazo a la basura porque lo consideraban inservible y que dejaron al inmigrante herido a una «distancia prudencial» del hospital.

Según este sindicato, que es parte en esta causa, los hermanos descargan su responsabilidad en la autonomía de sus trabajadores, que accedían al local libremente con su propia llave. De hecho, les responsabilizan del mal uso de la maquinaria, así como de su manipulación irregular.

Amputación total

Los propietarios de la panificadora podrían enfrentarse a una pena de entre seis y diez años de cárcel, por delitos contra los derechos de los trabajadores, prevención de riesgos laborales, y contra el Estatuto de los Trabajadores, entre otros.

Melgar, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo trabajaba en esta empresa en situación ilegal desde hacía casi dos años, en turnos de doce horas diarias y con un sueldo 700 euros al mes, según sus propias declaraciones.

Este caso de explotación laboral ha estallado después de que se conociera que, tras el accidente, su jefe directo se deshizo de la extremidad amputada para proseguir con la producción. Según reiteran varios familiares de la víctima, el inmigrante fue abandonado a 50 metros del hospital de Gandía.

La versión del joven boliviano contrasta con la de los hermanos Rovira, quienes han llegado a insinuar que el joven estaba ebrio en el momento del siniestro (circunstancia que han deshechado los análisis clínicos). Además, acusan a sus empleados de trucar las máquinas de amasado.

Panificadora clausurada

La panificadora, encualquier caso, ya ha sido clausurada por la Guardia Civil a instancias de la Inspección de trabajo, que ha apreciado «graves deficiencias de seguridad e higiene». Además, se ha constatado que ni el trabajador accidentado ni otros seis compatriotas estaban dados de alta en la Seguridad Social. Todos ellos carecían de papeles.

El joven inmigrante, sin embargo, ya ha sido regularizado «por razones extraordinarias». La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega oficializó esta medida el pasado viernes, al término del Consejo de Ministros. elmundo.es