Gobierno boliviano condena la muerte de indígenas en Perú; Embajador protesta. Policía boliviana busca al líder indígena Pizango. Calma vuelve a Perú, hay 34 muertos; 23 son policías.
LA ACUSACIÓN • El presidente Alan García acusó a agentes externos de conspirar contra Perú, durante la ceremonia por el 129 aniversario de la Batalla de Arica, celebrada en Lima.
La Razón
El presidente del Perú, Alan García, denunció que detrás de los sangrientos enfrentamientos entre policías e indígenas de su país se encuentra una red internacional interesada en complotar contra la estabilidad política y económica del Perú. Bolivia negó cualquier vinculación con el hecho.
“Hay una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para fomentar el caos y la crisis (…) y esos son los ‘quinto-columnistas’ de nuestros adversarios y competidores internacionales. ¿A quién le conviene que el Perú no utilice su gas, que no encuentre más petróleo, que no pueda explotar mejor sus minerales? Sabemos a quiénes les conviene, lo importante es establecer los nexos en estas redes internacionales que han surgido para fomentar el desorden”, dijo García en Lima.
En Bolivia, las repercusiones no se dejaron esperar. El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, opinó que “es un acto incorrecto y desesperado el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú. No existe ninguna acción de injerencia del Gobierno boliviano, los datos están ahí, además es alejado con la frontera boliviana el lugar donde se produjo el hecho”, declaró.
La violencia en Perú, donde murieron 23 policías y 11 nativos, se desató el viernes cerca de Bagua, cuando los originarios iniciaron protestas para oponerse a un paquete de decretos que aprobó la administración de García, en los que autoriza la perforación en busca de petróleo y gas en tierra ancestral de los indígenas.
“Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración, que es de los que no quieren que el Perú progrese, o por sus intereses externos o por su ignorancia elemental”, denunció ayer García. Agregó que se trata de “una conspiración para detener a Perú en su carrera” de desarrollo “envidiada por muchos”.
“Quieren detenerlo y usan para eso la ignorancia de sus quinta columnas internas, organizándolos con el beneficio de los malos políticos que no pueden convencer al país nacional… y buscan en lo más retrasado y los más profundo de nuestro pasado, instrumentos para poder coartar y chantajear al Perú”, insistió.
En la misma línea, el ministro de Defensa del Perú, Antero Flores-Aráoz, invocó a los sectores de su país a mantenerse unidos ante la amenaza de la violencia.
“Es necesario llamar a todos a no hacer política pequeña, reducida, microscópica, sino ver las cosas con la dimensión que tiene el Perú, con la grandeza que tiene nuestro país; tenemos que estar juntos frente a las adversidades”.
En la otra vereda, el ex candidato a la Presidencia de Perú y líder del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, quien fue apoyado por los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Venezuela, Hugo Chávez, denunció al gobierno de García por promover una operación política encubierta en la Amazonía.
«Denunciamos este operativo político encubierto del Gobierno, por el cual han preferido la matanza de pobladores a la derogatoria de los decretos legislativos que, dicho sea de paso, han sido declarados inconstitucionales por una Comisión Extraordinaria en el Congreso de la República… y por la propia Comisión de Constitución, pronunciándose ambas a favor de la derogatoria», afirmó en una carta pública, según la agencia ABI.
Este hecho y las declaraciones posteriores provocaron un mayor tensionamiento en las deterioradas relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú, que se vieron afectadas tras las diferencias políticas entre los presidentes Morales y García, quienes se lanzaron una serie de acusaciones.
La calma vuelve a Perú y hay 34 muertos; 23 son policías
Los indígenas muertos son 11. También hay 39 civiles detenidos y 153 heridos. El Gobierno peruano y los nativos se acusan de lo sucedido.
TRAS LOS SUCESOS • Dos soldados custodian el ataúd de un policía muerto, en uno de los puntos de bombeo de petróleo, ayer en Bagua Grande, una de las zonas del enfrentamiento.
La Razón
El saldo de muertos por enfrentamientos entre policías e indígenas aumentó a 34 ayer en una zona de la selva norte peruana, que está ahora bajo toque de queda y férreamente militarizada, mientras que el Gobierno nacional y los nativos se responsabilizan mutuamente.
«Hay 23 policías y 11 nativos muertos, eso es lo que puedo certificar oficialmente», anunció el domingo el ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, al dar el nuevo saldo de las 24 horas de terror vividas entre viernes y sábado en la región de Bagua, 1.000 km al norte de Lima.
Flores Aráoz resaltó que «la cifra de policías fallecidos puede aumentar porque aún hay dos o tres desaparecidos».
Los indígenas evalúan entre 30 y hasta en 50 los civiles muertos por la represión policial, según dijo Shapiom Noningo, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónico.
El balance oficial de víctimas hasta el sábado era de 31 muertos, de los cuales 22 son policías y nueve civiles. Las muertes se produjeron durante la recuperación violenta el viernes de una carretera en la selva norte de Perú que había sido tomada por indígenas, y durante las protestas en las siguientes 24 horas, que incluyeron el secuestro de 38 policías por un millar de indígenas.
De los 23 policías muertos, 16 de ellos fueron degollados y acuchillados por los indígenas, según testimonios de los policías que sobrevivieron al secuestro.
El presidente Alan García calificó de «barbarie y salvajismo» estas muertes, mientras decretó al día de ayer como jornada de duelo nacional por lo que la bandera peruana ondeaba a media asta en el palacio presidencial.
Los acontecimientos de Bagua son los más violentos en lo que va del segundo mandato del mandatario Alan García.
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, recorrió en Bagua los hospitales, morgues, comisarías y cuarteles del ejército para verificar en el lugar el número de víctimas, heridos y detenidos.
La Defensora señaló que hay 39 civiles detenidos y otros 153 civiles estarían heridos y hospitalizados, de los cuales la mayoría había sido dada de alta.
En Bagua, ayer, la calma retornaba gradualmente conforme pasaban las horas, producto de la militarización de la ciudad desde el sábado, cuando el Gobierno decretó un toque de queda de tres de la tarde a seis de la mañana, que fue respetado sin ningún incidente, comprobó la AFP.
Este domingo había poca gente en las calles, mientras organizaciones civiles, junto con apoyo de la Iglesia, intentaban que 200 indígenas que se escondían en Bagua fueran llevados hacia sus lugares de origen.
El abogado a cargo del operativo, Santos Esparza, dijo : «Estamos recogiendo a los indígenas que están escondidos en casas atemorizados para remitirlos a sus zonas de origen, con ayuda de la Iglesia. Hemos hablado con la Policía y ellos dicen que no va a haber problema, pero hay temor».
En paralelo, los dirigentes de la amazonía peruana reclamaron ayer «al Gobierno que constituya una comisión nacional de alto nivel con presencia de la Defensoría del Pueblo y de observadores internacionales para que imparcialmente investiguen los hechos y determinen las responsabilidades», para esclarecer lo sucedido en Bagua el viernes, afirmó el representante de los indígenas. Bagua, Perú, AFP
LOS HECHOS
Conflicto • La protesta de los indígenas peruanos se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente de ese país, Alan García.
Decretos • Las normas fueron dictadas el 2008 por García con las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del TLC entre Perú y EEUU, según la BBC.
Perú denuncia intromisión en el caso de los indígenas
El embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas, calificó ayer como “intervención en asuntos internos” de su país la declaración de la ministra de Justicia, Celima Torrico, en la que acusó al gobierno de Alan García por las muertes registradas en Bague durante una protesta indígena.
«Hubo declaraciones oficiales, incluso de ministros (haciendo alusión a la ministra de Justicia) que se refirieron con bastantes calificativos y mucha dureza sobre estos hechos con informaciones que no fueron contrastadas. Esas declaraciones son intervención en asuntos internos peruanos”, dijo Rojas.
Torrico responsabilizó el sábado al presidente García por los hechos de violencia que se suscitaron el viernes en Perú.
Sin embargo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aclaró que Torrico no expresó una posición oficial del Gobierno, ya que ésta “será expresada por el propio Presidente de la República”. “Estamos muy preocupados en el sentido de la lucha reivindicatoria que tienen los pueblos indígenas que se dan a nivel continental y a nivel global, y en ese sentido fueron las palabras de nuestra hermana ministra de Justicia”, explicó Chávez.
Además, también rechazó las declaraciones del embajador Rojas, en el sentido que el Gobierno de Bolivia estaría “interviniendo en los asuntos internos de Perú”.
“No corresponde que se traslade una cuestión interna a un tema internacional, sobre todo porque no existe ninguna vinculación del Gobierno boliviano con los temas internos de Perú”, expresó Chávez.
Entre tanto, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, negó la «intromisión» al asegurar que las vinculaciones de ese enfrentamiento con el Gobierno boliviano son intentos del Gobierno peruano para evadir sus responsabilidades.
La Policía boliviana busca al líder indígena peruano
BOLIVIA • Inteligencia del Perú asegura que habría ingresado a Bolivia
EN CLANDESTINIDAD • Es Alberto Pizango, el líder de los indígenas peruanos.
La Razón
La Policía boliviana ordenó a sus reparticiones fronterizas una operación de rastreo para establecer si llegó al país el líder indígena peruano Alberto Pizango, quien, según autoridades del Perú, habría huido de ese país a Bolivia, luego de los violentos sucesos del viernes en la Amazonía peruana.
«Vamos a pedir a través de un fax memorando a todas las fronteras, especialmente en Casani, supongo que por ahí (podría haber ingresado) si es frontera, por Casani-Copacabana para que todo el efectivo de seguridad que se encuentre destinado allá pueda elevar su informe para saber si es que ha entrado», anunció el comandante de la Policía, Víctor Hugo Escóbar, según ANF.
Pizango tiene orden de captura desde el viernes porque el Gobierno peruano lo acusa de sedición y conspiración por los sucesos violentos del viernes.
El gobierno de Evo Morales aseguró ayer que no sabe sobre el paradero del líder indígena peruano. No sabemos nada del probable ingreso a Bolivia del señor Alberto Pizango», aseguró el portavoz gubernamental, Iván Canelas. “Otros medios me preguntaron lo mismo, la verdad es que no sabemos nada de ello”, agregó, informó ayer el diario peruano La República.
Según información de Inteligencia en el Perú, el líder indígena estaría en Bolivia. “De acuerdo con esa información, Pizango, que estaba el viernes en Lima cuando se desencadenaron los sucesos, cruzó la frontera por el estrecho de Tiquina”, afirma el diario peruano, según EFE.
Los parlamentarios del país buscarán el diálogo con Perú
Parlamentarios del país promoverán el diálogo con Perú en busca de mejorar las relaciones diplomáticas que se deterioraron a raíz de declaraciones de autoridades de ambas naciones.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Michiaki Nagatani, anunció que a nivel parlamentario se harán contactos con sus similares en Perú para promover un diálogo entre los cancilleres de Bolivia, David Choquehuanca, y del Perú, José Antonio García.
El senador Tito Hoz de Vila, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, dijo que se debe buscar el diálogo “en beneficio de mejorar las relaciones entre ambos países, hay que buscar un contacto directo entre representantes de ambos parlamentos”, declaró.
El Gobierno condena la muerte de indígenas en Perú; Embajador protesta
Conflicto. El representante peruano en Bolivia, Fernando Rojas, denunció injerencia del Gobierno boliviano en el conflicto desatado en la amazonia del país vecino. El Ejecutivo repudió la muerte de originarios y volvió a criticar la gestión de Alan García. Lima controla el estallido
Refugio: indígenas amazónicos se refugiaron ayer en un predio católico, pero temen represalias
El Gobierno peruano acusa a su par boliviano de injerencia
LA MINISTRA TORRICO REPUDIÓ LA MUERTE DE INDÍGENAS EN EL PAÍS VECINO
La Prensa
El diplomático peruano aseguró que no se implicó a autoridades bolivianas en acciones violentas.
El Gobierno boliviano repudió ayer la muerte violenta de indígenas amazónicos en Perú y responsabilizó al presidente Alan García de no haber atendido oportunamente sus demandas sociales. El embajador peruano Fernando Rojas consideró esas declaraciones como “injerencia” en asuntos internos del vecino país.
La ministra de Justicia, Celima Torrico, dijo, según Erbol: “Quiero sinceramente repudiar ese asesinato a los hermanos indígenas, humildes como nosotros. Somos solidarios”.
“El Gobierno neoliberal —prosiguió—, corrupto (de Alan García), sometido a gringos, está empezando a atacar a los hermanos peruanos. Queremos decirles que estamos con ellos porque son compañeros que también luchan por liberarse, por un nuevo país sin miseria y hambre”.
Comentó además que García “no atendió las demandas de los indígenas (peruanos). Ahora esperamos que asuman la responsabilidad sobre este hecho”.
La reacción del embajador de Perú en La Paz, Fernando Rojas, fue inmediata. Consultado por La Prensa, dijo que las declaraciones de Torrico son una “injerencia en los asuntos internos de mi país. Los temas internos no pueden, por norma internacional, ser asunto de comentario de las autoridades de otro país”.
“El Gobierno peruano —aseguró Rojas— no opina nunca de los asuntos estrictamente internos de Bolivia. Yo jamás he hecho un comentario sobre los problemas bolivianos”.
El diplomático no quiso hablar de las medidas que su Gobierno podría tomar para exigir una explicación, porque aún no recibió ninguna comunicación de Lima sobre este tema.
La Policía peruana desplegó el viernes un operativo para despejar la ruta nacional Fernando Belaúnde Terry (cerrada por un bloqueo desde abril), que une varias ciudades amazónicas con la costa, con un saldo de 22 muertos en las filas policiales y más de 30 entre los indígenas.
De acuerdo con BBC Mundo, las comunidades originarias cuestionan una serie de decretos legislativos que fueron promulgados en 2008 por el presidente Alan García en uso de facultades conferidas por el Congreso.
Una de esas normas es el Decreto 1090, que establece las pautas para el manejo de los recursos forestales. La derogación de este texto iba a ser debatida en el Congreso el jueves, pero las deliberaciones se postergaron por iniciativa del oficialismo.
Los manifestantes indígenas consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones. Desde el Gobierno sostienen, en cambio, que se trata de “ordenar” la explotación forestal y argumentan que el país necesita inversiones extranjeras para crecer y desarrollarse.
Supuesta injerencia boliviana
La ministra Torrico rechazó además, según la agencia ANF, las insinuaciones de políticos peruanos y del canciller del vecino país, José Antonio García Belaúnde, quienes aseguraron que en los actos violentos en la amazonia hubo “influencias foráneas e intereses antisistémicos” para desestabilizar al Gobierno de García. Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, dijo que “es un acto incorrecto y desesperado el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú”.
Sobre este punto, Rojas declaró: “Nosotros no hemos dicho absolutamente nada sobre eso. Es totalmente equivocado. Yo no he hablado nunca de que persona del Gobierno o siquiera de Bolivia hubiera participado en esos actos (de la amazonia)”. El Gobierno peruano otorgó en mayo refugio político a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).
Los beneficiados con esa medida son los ex titulares de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Desarrollo Económico Jorge Torres y Salud Javier Torres Goitia. Todos ellos afrontan un proceso por “genocidio”, por la muerte, en septiembre y octubre de 2003, de al menos 67 personas en una represión militar que además dejó medio millar de heridos de bala.
La agencia Efe informó ayer que el ministro Arce había explicado que, si Lima no acepta la petición de la Cancillería boliviana para cancelar el asilo a esos tres ex ministros, Bolivia evalúa presentar una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, Rojas contó que su país no recibió ninguna solicitud de ese tipo.
Para Arce, de abrirse el juicio, Bolivia tendría “las más amplias posibilidades de ganar”, porque el proceso contra el Gobierno de Sánchez de Lozada “es un tema ampliamente conocido en el mundo” y “fundamental”.
Sin embargo, el embajador Rojas aseveró: “Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de extradición”. Pero consideró que, cuando se tenga conocimiento de un pedido como ése, se lo tratará en las instancias gubernamentales y judiciales peruanas y conforme a las normas vigentes.
La Policía rastrea posible ingreso de Pizango
La Policía boliviana pidió informes y ordenó a sus reparticiones fronterizas una operación de rastreo para establecer si el líder indígena peruano Alberto Pizango, perseguido por la justicia de su país y acusado de la muerte de 22 policías, ingresó subrepticiamente en Bolivia, confirmó el domingo su comandante general, Víctor Hugo Escóbar.
“Vamos a pedir a través de un fax memorando a todas las fronteras, especialmente por (el puesto de) Casani, supongo que por ahí (pudo haber ingresado), si es frontera, por Casani-Copacabana, para que todo el efectivo que se encuentre de seguridad y destinado allá pueda elevar su informe para saber si es que ha entrado” Pizango, contó el jefe policial, según un reporte de la agencia ABI.
Autoridades de Lima pidieron “ayuda” internacional para establecer el paradero de Pizango, contra quien las autoridades peruanas han librado una orden de captura por “agitación social” en los incidentes que derivaron el viernes en la muerte de 22 uniformados, además de 12 campesinos, de acuerdo con reportes del domingo.
El sábado, medios peruanos reportaron la muerte de 34 campesinos y nueve agentes en una operación de la Policía de Perú para desbloquear una carretera neural en la amazonia de ese país.
Según Radio Programas del Perú (RPP), Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), acusó al Gobierno de su país de cometer un acto de “genocidio” por haber ordenado matar a los nativos en Bagua (amazonia).
La edición digital de El Comercio, de Lima, dijo anoche que el abogado de Pizango, Antonio Salazar, afirmó que el dirigente amazónico se encontraba en la capital peruana con otros dirigentes indígenas, pero no específico en qué zona de esa ciudad.
Calma en la amazonia
La normalidad volvió ayer en las ciudades amazónicas peruanas de Bagua Chica y Bagua Grande, escenario de violentos enfrentamientos el viernes que dejaron al menos 33 muertos, entre policías e indígenas, según las cifras oficiales.
Tras el primer toque de queda (que rige de las tres de la tarde a las seis de la mañana), los pobladores de ambas ciudades salieron muy temprano a las calles, a pesar de ser domingo, para hacer sus compras o acudir a misa bajo la mirada de policías y soldados, agrupados en puntos estratégicos sin romper el aparente clima de normalidad.
Los sucesos del viernes se han saldado ya con 24 muertos en las filas policiales y nueve entre los indígenas, de acuerdo con las cifras oficiales. No obstante, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia (Aidesep) cuenta 30 víctimas entre indígenas y otros civiles, una cifra “que puede subir a entre cuarenta y cincuenta”. Se teme que haya cuerpos desaparecidos en la selva.