Cómplice confiesa que Santos y los Navía lograron coima de $us 3,1 millones

Corrupción. “Ticoco” acusó a la esposa del ex capo del MAS y a sus parientes de recibir los pagos a nombre de Ramírez.

Una cámara escondida en la celda del hermano del asesinado presidente de Catler-Uniservice, autorizada por un juez, grabó la confesión. El testigo reveló que Jorge O’Connor pagó una cuota de $us 1,8 millones para que le dieran el contrato. Con el fruto de la extorsión, Javier Navia, cuñado de Santos, se compró 50 radiotaxis; la parte de Ramírez estaría en EEUU. Villegas admite que no cortó todos los tentáculos del preso en YPFB.

image Fiscales: Edward Mollinedo y César Romano presentan ayer públicamente el resultado de la investigación



La Prensa

Santos y los Navia arrancaron $us 3,1 millones a O’Connor

LA FISCALÍA PRESENTÓ VIDEO EN EL QUE “TICOCO” REVELA MONTOS, FECHAS Y PERSONAS

La Fiscalía solicitó autorización a la Corte Suprema para procesar a la diputada Jiovana Navia. Carlos Villegas pidió hallar a los “trabajadores infidentes” que dan información a Santos Ramírez.

A lo largo de seis meses, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fue víctima de extorsiones y pagó 3,1 millones de dólares al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, a su aún esposa Jiovana Navia, al hermano y al primo de ésta y a otras cuatro personas por habérsele adjudicado el contrato para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.

Sufrió, además, presiones de diputados que le exigían contribuciones para un senador por el departamento de Pando.

Una grabación hecha con cámara escondida por Miguel O’Connor D’Arlach, en su celda del penal de San Pedro, muestra a Luis Fernando Córdoba cuando revelaba montos, fechas y lugares de entrega. El fiscal Edward Mollinedo dijo que el video fue obtenido con orden judicial.

Jorge O’Connor D’Arlach era el principal ejecutivo de la empresa contratista. El 27 de enero fue asesinado en un atraco en el que cinco delincuentes le robaron 450.000 dólares, presumiblemente un soborno destinado a Santos Ramírez.

Córdoba aseguró en el video: “El Jorge decía ‘Estoy completamente amarrado con éstos’. Si éstos varias veces se le han aparecido hasta en su casa en El Urubó (Santa Cruz de la Sierra). Lo tenían jodido, lo estaba extorsionando mucha gente”.

El 14 de julio de 2008, YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice firmaron el contrato para erigir la factoría, cuyo costo total se estableció en 86 millones de dólares.

La investigación consecuente halló indicios de corrupción en el proceso que condujo a la firma del mencionado contrato.

Ramírez, entonces uno de los más influyentes dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), autorizó el pago de 3,3 millones de dólares a O’Connor D’Arlach sin que se haya encontrara, hasta el momento, la orden de inicio de trabajos.

Las revelaciones

En el diálogo sostenido en la celda del hermano de la víctima, Córdoba reveló que el 3 de diciembre el empresario y sus colaboradores entregaron 800.000 dólares a Jiovana Navia, a Javier Navia y Gonzalo Aramayo, hermano y primo, respectivamente, de la aún cónyuge de Ramírez. “A la Jiovana le hemos entregado 500.000 dólares (…) y de ahí 300.000 dólares para ellos (Navia y Aramayo)”.

El fiscal Edward Mollinedo, director de la comisión que investiga el caso, explicó que la parlamentaria suplente “se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio” y en aplicación de la anterior Constitución, vigente en el momento de cometerse los presuntos ilícitos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia el permiso respectivo para abrir un proceso contra la legisladora, pues goza de inmunidad.

Mollinedo explicó que reportes de Inteligencia dan cuenta de que la parlamentaria, quien recibió una demanda de divorcio, no salió del país.

La abogada María Teresa Montaño, quien había representado en principio a la diputada, informó: “Hace tres meses entregué un pase profesional, porque Jiovana me dijo que había contratado un extraordinario bufete para defenderla dentro del proceso que puede enfrentar”.

Córdoba mencionó también un giro de 57.000 dólares, además de cuotas 20.000 dólares, a tres personas llamadas “Del Carpio”, de quienes no hay mayores referencias; Daniel Álvarez Gantier, autor del proyecto inicial y quien está bajo investigación, y Mauricio Ochoa, ex asesor legal de la nacionalizada, quien conoce el contenido de las adendas que modificaron el contrato.

En determinado momento de la conversación, “Ticoco” Córdoba dijo: “Yo sé que el Santos ha recibido plata, porque la Navia le ha debido entregar, porque ese día lo hemos buscado en su oficina y le dijo ‘Ingeniero O’Connor, pase’”.

El hermano del asesinado preguntó: “¿El Santos?”. La respuesta fue: “Sí, el Santos, por eso él sabía y el Jorge le preguntó con quién voy a arreglar, y el Santos le contestó ‘Todo con el que acaban de hablar’”, en referencia a su aún cuñado Javier Navia.

Se trataba del pago de la supuesta coima a favor de la principal autoridad de YPFB.

Una requisa en el penal permitió encontrar en la celda de Ramírez una lista del personal de la petrolera nacionalizada y papel membretado en blanco.

El actual titular de YPFB, Carlos Villegas, admitió que su antecesor obtiene información reservada de la empresa a través de “trabajadores infidentes” que se mantienen leales a Ramírez.

“A los fiscales que están investigando les pido que realicen una indagación profunda sobre los canales de salida y llegada de la información de YPFB. No sólo saber los móviles, sino dar con los responsables de la infidencia”. Villegas exteriorizó su temor de que en las hojas impresas hubiese enviado correspondencia a alguna empresa para generar responsabilidad en los actuales ejecutivos, por lo que anunció “drásticas sanciones” a los culpables.

Danza de millones

Santos Ramírez y Agustín Tomás Melano, principal accionista de Catler International, convinieron una coima de 1,8 millones de dólares por la adjudicación de la obra al consorcio accidental.

Ese acuerdo fue hecho mucho antes de lanzarse la licitación, que ya estaba arreglada, de acuerdo con la grabación.

En este punto se menciona al ciudadano Raúl Jordán, quien entregó los documentos de unos terrenos que le pertenecen para garantizar la solvencia de la sociedad. Una fuente de la Fiscalía reveló a La Prensa que, a cambio, el garante recibió 80.000 dólares.

El 15 de enero hubo otro retiro, de 253.000 dólares, de la mencionada cuenta. Al sumar las cantidades abonadas se concluye que el pago total fue de 3,105 millones de dólares (ver recuadro).

Mollinedo dio cuenta de que “en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) están registrados los montos por fechas, lugares, horas y quienes obtuvieron el dinero, lo que coincide con las declaraciones que hace Córdoba, y no solamente ellos, sino los señores Navia y Aramayo en otro video que será presentado”.

En otra parte de la charla, Córdoba contó que Javier Navia compró con su parte una empresa de radiotaxis a nombre de un palo blanco, al que no se identifica, y 50 vehículos, por lo que la inversión sería de 150.000 dólares.

La Fiscalía, según Mollinedo, inició ayer “las diligencias respecto a este radiotaxi, tenemos algunos elementos. Recuerden que después de los hechos intervenimos un domicilio en Miraflores donde encontramos la vagoneta Mitsubishi que había sido utilizada por Javier Navia para guiar al vehículo Cherokee a donde después se produjo la muerte de O»Connor. En ese garaje encontramos una línea de radiotaxi y documentación que se vincula con estas afirmaciones”.

En ese inmueble residía la familia de Javier Navia.

En el diálogo en la penitenciaría, Córdoba recordó además que Jiovana Navia se llevó parte del dinero a Estados Unidos, probablemente en diciembre, cuando con sus dos hijos, de un anterior matrimonio, y una hija de Ramírez visitaron Disneylandia.

Hallan sorpresas en las celdas de los implicados

Las celdas de los aún parientes políticos de Santos Ramírez implicados en el caso YPFB ofrecen comodidades, en tanto que la de este último, ex presidente de la estatal, es modesta.

La comisión de fiscales que investiga los hechos de presunta corrupción en la estatal petrolera, mediante una orden judicial, requisó las habitaciones de la cárcel el 13 de julio. Los investigadores entraron en las piezas del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez; a las de Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo, Luis Fernando Córdoba, Mario Cossío Mac Galem y Miguel O’Connor D’Arlach.

Las paredes de la celda de Ramírez son de color celeste. En un estante, apoyado contra un muro, hay unos 20 libros y en una mesa se encontró una impresora, pero no se halló el equipo de computación correspondiente.

Los aposentos de los familiares de la aún esposa de Ramírez son diferentes. En el de Navia se ve un frigobar y casi todos los utensilios de cocina, alimentos y un cuarto de baño privado. Similar es la celda de Gonzalo Aramayo, que tiene un calentador eléctrico de agua en el lavaplatos.

Los representantes del Ministerio Público hallaron carteras de mujer en la celda ocupada por Luis Fernando Córdoba. El lugar cuenta con mobiliario completo y un baño privado.

Distinto es el sitio ocupado por Mario Cossío Mac Galem, que cuenta con una cama y una mesa, además de algunos enseres imprescindibles para vivir dentro del penal. En el diálogo sostenido por Córdoba y O’Connor D’Arlach, ambos coinciden en que la situación económica de éste no era buena, por lo que exteriorizó su malestar.

Melano declaró y la investigación casi termina

El fiscal Edward Mollinedo confirmó que el argentino Agustín Tomás Melano, principal ejecutivo de Catler International, prestó declaraciones en el Consulado de Bolivia en Buenos Aires, con lo que prácticamente ha concluido el proceso de averiguación de la verdad por el caso de presunta corrupción pública en Yacimientos.

La comisión de fiscales que investiga este tema evaluará las declaraciones del ejecutivo argentino para decidir si corresponde plantear su imputación por algún delito

“El Ministerio Público ha avanzado entre un 80 a 90 por ciento. Sólo es cuestión de tiempo que termine el trabajo; esta semana vamos a sacar nuevas imputaciones para otros funcionarios públicos, luego sólo tendremos que esperar un periodo de uno o dos meses y presentaremos las acusaciones correspondientes”, requisito para llevar a juicio a los involucrados en este caso.

Entretanto, el fiscal Aldo Ortiz, quien tiene bajo su responsabilidad la investigación del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, declarará en rebeldía a Yerko Soto y Ariel Paniagua, quienes presuntamente participaron en el atraco del 27 de enero en la avenida Tejada Sorzano esquina calle Monje.

A Rufino Rodríguez Coca se le imputa la autoría del disparo que mató al empresario tarijeño, en tanto que Franz Michael Rodríguez Caero es sindicado de haber participado en el hecho de sangre, mientras que Soto y Paniagua, otros miembros de la banda “Los Rufos”, de Cochabamba, huyeron y no se los ha podido localizar.

La declaratoria de rebeldía habilitará su arresto en cualquier momento y lugar sin que exista una orden fiscal o judicial previa.

Rodríguez Coca fue capturado con 50.000 dólares en su poder y Rodríguez Caero depositó 38.000 dólares en su cuenta bancaria.

Fiscalía presentará otros videos

El Ministerio Público se comprometió a mostrar, probablemente hoy, un segundo video que implica a los aún cuñados de Santos Ramírez, Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo, con los hechos de corrupción en Yacimientos.

Ese material audiovisual también fue filmado, con cámara escondida, por Miguel O’Connor D’Arlach cuando todavía guardaba reclusión preventiva en el penal de San Pedro.

El fiscal Edward Mollinedo dijo que en esa grabación se menciona que la ex asesora legal de Yacimientos Esther Carmona pidió un departamento en Santa Cruz de la Sierra para dar curso a la suscripción del contrato entre la estatal y Catler-Uniservice.

Carmona es una de las personas de mayor confianza de Ramírez, pues trabajó a su lado incluso en la Cámara de Senadores.

El representante del Ministerio Público anunció que en otra oportunidad (no precisó cuándo) presentará públicamente los registros de las conversaciones sostenidas por el teléfono celular de Luis Fernando Córdoba, en las que se revelan más nombres de presuntos involucrados, entre quienes figuraría algún político. Mollinedo espera otros dos videos, de los que aún no conoce el contenido.

Entregas en $us

MOTIVO/DESTINO MONTO

Adjudic. de obra 1.800.000

Jiovana Navia 500.000

J. Navia-G. Aramayo 300.000

Gastos de contrato 57.000

Del Carpio 20.000

Daniel Álvarez 20.000

Mauricio Ochoa 20.000

No especificado 55.000

Mario Cossío M. 10.000

Javier Navia 73.000

Gonzalo Aramayo 170.000

Raúl Jordán 80.000

TOTAL 3.105.000

Según video presentado por Fiscalía.

Otros detalles

Luis Fernando Córdoba dijo que el fallecido empresario tarijeño no le pagó por su trabajo.

Edward Mollinedo presentó una querella por desacato contra Córdoba y su abogado.

El demandado aseguró el lunes que los fiscales le habían pedido $us 300.000 por su libertad.