Denuncian intención del gobierno de alterar balance electoral a su favor. Ejecutivo argumenta que se busca salida de brasileños y peruanos de la región.
La Prensa
El proyecto de dotación de tierras demandará una inversión total de 21,8 millones de dólares. El Centro de Acción Pandina se opone a la presencia de los colonizadores de otras regiones del país.
El Gobierno se apresta a llevar 4.068 familias a Pando, en el marco de un programa de asentamientos humanos, elaborado por el Viceministerio de Tierras. La presencia de estas personas será suficiente para inclinar la balanza electoral en ese departamento, a cinco meses de los comicios nacionales.
Cálculos del Órgano Electoral Plurinacional dan cuenta de que el total de votantes habilitados para ejercer su derecho al sufragio en esa región es de unas 26.000 personas.
En las elecciones nacionales de diciembre de 2005, 21.392 ciudadanos acudieron a las urnas, de éstos, 9.220 se inclinaron por el opositor Poder Democrático y Social (Podemos) y 4.255 por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el Referéndum Constituyente, celebrado el 25 de enero de este año, 10.403 individuos votaron a favor del proyecto de Carta Magna y 14.995 rechazaron la propuesta del oficialismo.
Si se considera que dos personas por familia podrán ejercer su derecho a votar el 6 de diciembre próximo, el oficialismo puede reunir 8.136 pronunciamientos favorables, con los que el panorama electoral regional variará por completo.
El proyecto comprende el asentamiento de estas familias entre julio y agosto, por lo que tendrán la posibilidad de registrarse en el padrón biométrico.
La Ley Electoral Transitoria establece que para la votación se levantará un nuevo padrón nacional, con cuya finalidad todos los ciudadanos deberán registrarse en el centro autorizado más próximo a su lugar de residencia. La única prohibición es el desplazamiento de ciudadanos temporalmente y dentro de las 24 horas previas al día destinado a sufragar.
Los lineamientos del plan
El programa pretende constituir 67 comunidades en ocho regiones de ese departamento: Santa Rosa del Abuná, Bella Flor, Puerto Rico, Filadelfia 1, Filadelfia 2, Nueva Esperanza, Santos Mercado y El Sena.
El 2 de agosto de 2008, técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) colocaron el último bulón, una placa metálica que simboliza la conclusión del proceso de saneamiento de 6,3 millones de hectáreas.
El martes 9 de junio, El Potosí entrevistó a Juvenal Pacheco, dirigente de la Federación Campesina de la Región Norte del departamento de Potosí, quien confirmó que 1.000 personas de esa región altiplánica serían desplazadas a la amazonia.
En principio, Pacheco habló de un millar de familias, pero luego se rectificó.
Pacheco explicó que se trataba de hombres jóvenes, algunos de éstos son solteros, pero otros tienen familia.
El programa prevé llevar campesinos potosinos a Pando.
Un resumen del proyecto, al que La Prensa tuvo acceso exclusivo, da cuenta de que en junio, el “100 por ciento de las familias solicitantes es censado para determinar su elegibilidad”, tarea a cargo del Viceministerio de Tierras.
El plan tiene una contradicción, pues su objetivo general consiste en asentar a 3.000 familias en ocho núcleos en 225.000 hectáreas fiscales, pero al revisar el desglose de contenido en el mismo proyecto, se observa que se formarán 67 comunidades para albergar a 4.068 familias.
Organizar el proceso de dotación, establecimiento de infraestructura básica, apertura y mantenimiento de caminos, además de alimentación e insumos para la producción de alimentos, demandará una inversión de 21,8 millones de dólares.
Esta suma es superior, por ejemplo, a la que el Estado destina a la Unidad Ejecutora de la Lucha contra el Narcotráfico, que asciende a 20 millones de dólares para este año.
El director general de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos, Clíver Rocha, explicó a este medio que cada año, el Gobierno reparte tierras fiscales a comunidades y pueblos indígenas, según lo dispone la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, particularmente en el norte de La Paz, Pando y el oriente del país.
Aseguró que al ser Pando el único departamento cuyas tierras del país han sido saneadas, “tiene un proceso muy dinámico de concesiones”.
“Estamos priorizando, de esta manera, la ocupación de regiones fronterizas del país, que son invadidas porque no hay presencia del Estado”.
La autoridad lamentó que en Pando, súbditos peruanos y brasileños exploten ilegalmente la madera y el bosque. “Somos víctimas de los piratas madereros”.
El presidente del Centro de Acción Pandina, Herbert Salvatierra, anunció que los dirigentes del organismo cívico se reunirán para oponerse al propósito del Gobierno.
Rechazo a la iniciativa
El presidente del Centro de Acción Pandina, Herbert Salvatierra, dijo ayer que en defensa de los legítimos intereses de esa región, el organismo que preside se opone a la intención del Gobierno.
“Hemos convocado a una reunión de emergencia de los dirigentes cívicos de Pando, pero puedo adelantar que no permitiremos el asentamiento de estas personas en la región”.
Explicó que la posición obedece a la posibilidad de que se produzcan daños irreparables al sistema ecológico, una de las más importantes fuentes de ingresos para los habitantes de la región.
Denunció que el propósito de esta migración interna tiene el propósito de alterar el balance electoral de Pando, cuando faltan cinco meses para el desarrollo de los comicios nacionales.
Dijo que Pando acoge con afecto a las personas que llegan a vivir al norte de Bolivia, pero que no es aceptable que una colectividad tan numerosa llegue para establecer nuevos parámetros de toda índole en la región.
Salvatierra dijo que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, se encuentra en Cobija, donde se prepara para efectuar una distribución de títulos de propiedad agraria.
Los recién llegados serán instalados, en principio, en tiendas de campaña, de acuerdo con el testimonio del dirigente cívico del departamento amazónico.
“No hay intenciones ocultas”
César Navarro, diputado oficialista por el departamento de Potosí, descartó la posibilidad de que el Gobierno pretenda desequilibrar a su favor el panorama electoral en el departamento de Pando con el asentamiento de 4.068 familias en áreas rurales de esa región. “No hay intenciones ocultas en esta acción”.
“Hay pedidos de campesinos del norte y de todas las regiones de Potosí para que reciban tierras fiscales en otras zonas del país. Algunas solicitudes se remontan a 1990 inclusive. Los campesinos potosinos enfrentan permanentemente desastres naturales, como sequías e inundaciones, y viven en una situación de mucha pobreza”.
Aunque admitió no conocer en detalle el programa elaborado por el Viceministerio de Tierras, Navarro dio cuenta de que la intención de las autoridades de esa repartición gubernamental busca dar soluciones consistentes a la situación complicada en la que “muchos compatriotas viven actualmente”.
Insistió en que al ser Potosí una región deprimida, se deben buscar opciones para mejorar la calidad de vida de sus pobladores.
Uno de los propósitos de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria es dotar de tierras a las comunidades campesinas o pueblos indígenas que no tienen los recursos suficientes para su subsistencia y la de sus familiares.
El director general de Distribución de Tierras, Clíver Rocha, explicó que “todos los años se identifican áreas fiscales como resultado del proceso de saneamiento, y constantemente se hace este tipo de adjudicaciones. El año pasado distribuimos tierras a los zafreros, que hasta ese momento sólo podían vivir con el producto de las cosechas, que son estacionales. Ahora, ellos son dueños de las áreas que cultivan para su propio beneficio”.
Rocha dijo que no conoce específicamente los detalles del proyecto que se aplica en Pando, “porque yo manejo las políticas generales”, sin embargo aseguró que el Plan Nacional de Distribución de Tierras busca la equidad en la posesión de espacios destinados al cultivo entre los bolivianos.
“Despierta dudas”
El analista político y ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte sostuvo ayer que el proyecto migratorio interno del Gobierno “despierta dudas”, aunque para que el Órgano Electoral Plurinacional investigue el caso, alguien debe formular una denuncia.
“En el Código Electoral está prevista la prohibición del traslado de votantes de un distrito a otro. Aunque faltan cinco meses para la realización de las elecciones nacionales, ya salió la convocatoria correspondiente”.
Lazarte explicó: “Si bien la fase de inscripción de ciudadanos no ha comenzado, el proceso electoral en sí ya está en curso”.
“Se puede decir que en algún sentido estamos ante la figura de un fraude electoral, porque estamos en un proceso electoral oficialmente convocado y es el organismo electoral el que debería apreciar esta situación”.
Luego agregó: “Teniendo en cuenta el Gobierno que tenemos, la situación particular de Pando y la importancia de las próximas elecciones, no sabemos si esos recursos están utilizándose sólo para este caso de migración hacia Pando y no hacia otros lugares del país, además si solamente se llevan personas desde Potosí u otras regiones de Bolivia”.
Por ello, el politólogo indicó que es necesario conocer otros detalles de este programa, tales como desde cuándo fue planificado, la cantidad de personas que se trasladarán, el financiamiento y otros, pero “este caso no deja de ser sospechoso y es preocupante”.
Reiteró que el tribunal electoral debe esperar una denuncia formal para conocer el caso, pues es probable que el Gobierno esgrima argumentos plenamente válidos para llevar adelante esta migración, pues existe una política nacional al respecto.
“De todas maneras, esta situación plantea dudas respecto de lo bien fundadas que estuviera haciendo las cosas el Gobierno. No se puede saber si está haciendo esto de manera transparente, pero las autoridades seguramente alegarán que esta acción no obedece a finalidades político-electorales”.
El Código Electoral vigente sólo prohíbe el desplazamiento de ciudadanos 24 horas antes de la votación y quienes se trasladen de un sitio a otro, independiente de su cantidad, pueden inscribirse en su nuevo lugar de residencia.
El programa de asentamientos humanos
ASENTAMIENTO COMUNIDADES FAMILIAS POR SUPERFICIE HECTÁREAS COMUNIDAD PROMEDIO POR FAMILIA
Dos asentamientos 14 núcleos 38 flias por com. 3.852 ha por com. 101 ha por flia en Santa Rosa del Abuná
Bella Flor 6 núcleos 41 flias por com. 3.564 ha por com. 87 ha por flia
Puerto Rico 2 núcleos 42 flias por com. 4.682 ha por com. 111 ha por flia
Filadelfia 1 8 núcleos 40 flias por com. 3.773 ha por com. 94 ha por flia.
Filadelfia 2 8 núcleos 40 flias por com. 4.475 ha por com. 112 ha por flia.
Nueva Esperanza 7 núcleos 40 flias por com. 3.817 ha por com. 95 ha por flia.
Santos Mercado 1 núcleo 39 familias 2.889 ha por com. 74 ha por flia.
El Sena 21 núcleos 107 flias por com. 1.341 ha por com. 12,5 ha por flia.
TOTAL 67 núcleos 4.068 familias
El cronograma prevé el establecimiento de las familias entre julio y agosto de este año.
El proyecto del Gobierno
El Vicepresidente anunció que una vez aprobada la Constitución, se llamará a elecciones.
Con esa elección se instalará la Asamblea Legislativa Plurinacional, el nuevo Legislativo.
También se elegirán a las autoridades del Tribunal de Justicia y la Corte Nacional Electoral.